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Caso sobre la constitucionalidad de las excepciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal relacionadas con la tauromaquia, la gallística y otras actividades.

#TCporTransparencia

En el marco de la política de profundización de la transparencia promovida por la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, y en cumplimiento del acuerdo del Pleno del TC, adoptado hoy por unanimidad, se pone en conocimiento de la opinión pública, la ponencia del magistrado Carlos Ramos Núñez sobre la demanda competencial 00006-2019-CC/TC (Poder Legislativo vs. Poder Ejecutivo).

“Este Tribunal Constitucional considera que el derecho a una alimentación adecuada es un derecho que no solamente tiene reconocimiento a nivel de los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino que además tiene reconocimiento y vigencia en el ordenamiento jurídico peruano en tanto los tratados que los reconocen han sido aprobados e incorporados como derecho interno. (…)” (Fundamento 12)

"(…) este Tribunal considera que las decisiones concernientes a la seguridad del favorecido deben involucrarlo y adoptarse con el pleno respeto de sus derechos, en atención al principio de dignidad humana. Dichas decisiones, como corresponde, deben valorarse y adoptarse en el marco del proceso de establecimiento de apoyos y salvaguardas que, de conformidad con los fundamentos 30 a 33 supra, establecerá el juez del proceso de interdicción subyacente. Solo como ultima ratio, atendiendo a lo establecido en el fundamento 60 supra, podrán disponerse medidas que supongan una restricción de la libertad individual de favorecido”. (Fundamento 67)

“A juicio de este Colegiado, la aplicación de las medidas bajo examen (…), relativos a la prohibición de tenencia de mascotas en el edificio, de adquisición de nuevas mascotas y de uso del ascensor en compañía de ellas, resultan desproporcionadas y configuran una transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito en los términos expuestos en la presente sentencia, por lo que corresponde declarar su inaplicación al demandante”. (Fundamento 19)

“... se ha verificado que en los procesos penales 3015-2006 y 26546-2006 se procesó y sentenció a don César Adán Casanova Audante por pertenecer, entre los años 2005 y 2006, a una organización criminal destinada a la adquisición, almacenamiento y tráfico de armas de guerra, con destino al Ecuador, afectando con su conducta los bienes jurídicos seguridad pública y tranquilidad pública. Así, verificada la concurrencia de todas y cada una de las exigencias requeridas para la materialización de la afectación del principio del ne bis in ídem, corresponde declarar fundada la demanda”. (Fundamento 12)

"La violación del derecho al permiso por lactancia materna de la demandante, da lugar, a su vez, a la violación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de trabajo, a la protección de la familia y a la salud del medio familiar. También se han visto vulnerados los derechos del hijo de la actora, tales como la protección de la familia, la salud del medio familiar, así como el interés superior del niño. A ello se debe agregar que también se ha acreditado en autos que la jornada laboral de la actora excedía en exceso la jornada de las 8 horas diarias o 48 semanales" (fundamento 88).

"...observa este Tribunal que la medida de disponer el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a un fiscal por la infracción que cometió en el trámite de una denuncia que estuvo a su cargo, en tanto esta no ordena también acciones concretas de tutela para quien resultó agraviada por alguna de las distinta formas de violencia de género existentes, constituye una medida insuficiente de incidir en la materialización del objetivo público de eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, de erradicar la violencia de género y de promover la defensa de los derechos de las mujeres". (Fundamento 42)

"...considerando la magnitud de las posibles consecuencias que podían desencadenarse como producto de dicho procedimiento migratorio (la cancelación de la residencia, como de hecho ocurrió, y sanción de salida obligatoria del país), las autoridades involucradas estaban en la obligación tanto de informar a la 1 demandante sobre su derecho a contar con asistencia letrada, como de permitirle contar con la misma. Este derecho cobra especial relevancia en procedimientos de esta naturaleza que, si bien son procedimientos administrativos, tienen la particularidad de enfrentar a las personas extranjeras a un sistema jurídico que les resulta ajeno, lo cual las coloca ciertamente en una situación de particular vulnerabilidad". (Fundamento 14)