SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2024, los magistrados Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez han emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Amanda Jiménez Cuentas contra la resolución de fojas 172, de fecha 18 de agosto de 2022, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de febrero de 2021 (f. 67), la recurrente interpone demanda de amparo contra la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales: pretensión principal: i) la resolución recaída en la Casación Laboral 17563-2018 Arequipa, de fecha 13 de julio de 2020 (f. 48), que declaró improcedente el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de vista de fecha 25 de junio de 2018; y, pretensión accesoria: ii) la Sentencia de vista 431- 2018-3SL, de fecha 25 de junio de 2018 (f. 32), que, confirmando la apelada, declaró infundada su demanda sobre pago de beneficios interpuesta en contra de Incalpaca TPX S.A. (Expediente 8916-2015).

Manifiesta que la sala suprema emplazada optó por anteponer el análisis de los requisitos de procedencia del recurso, en lugar de aplicar la causal excepcional de admisión del recurso de casación, previsto en el artículo 392-A del Código Procesal Civil, el cual correspondía aplicar por ser un tema “controversial permanente”, y así analizar el fondo de la controversia referida al pago de la prima textil y la disminución del jornal diario del trabajador. Sin embargo, afirma que, al no admitirlo, dejó abierto un conflicto de intereses en detrimento de las normas constitucionales y laborales que amparan al trabajador. Agrega que tanto la sentencia de vista como la resolución casatoria contienen una motivación sesgada, por lo que se ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela procesal efectiva.

Mediante resolución de fecha 2 de febrero de 2022 (f. 134), el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa admite a trámite la demanda.

El Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 14 de marzo de 2022 (f. 144), advierte que se prescindió de la audiencia única por haber transcurrido el plazo para contestar la demanda. Asimismo, declara improcedente la demanda, por considerar que la procedencia o improcedencia del recurso de casación, es una decisión que le compete a la Corte Suprema, la misma que ha expresado los fundamentos de hecho y derecho para resolver la improcedencia. Por otro lado, considera que el proceso subyacente se llevó a cabo de manera regular.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 18 de agosto de 2022 (f. 172), confirma la apelada, por estimar que la sentencia de vista se encuentra debidamente fundamentada, en tanto que, respecto de la resolución casatoria, precisa que la revisión, cumplimiento y aplicación de las normas procesales para la procedencia del recurso de casación en materia laboral, es de exclusiva competencia de la justicia ordinaria. Agrega que el cumplimiento de los requisitos, sobre todo las causales de procedencia, han sido materia de análisis en dicha resolución.

FUNDAMENTOS

1. El Tribunal Constitucional recuerda que la judicatura constitucional no puede avocarse a conocer cualesquiera problemas o cuestionamientos relacionados con la justificación de decisiones judiciales, en la medida en que “la competencia de la justicia constitucional está referida a asuntos de relevancia constitucional” (Sentencia 00445-2018-PHC/TC). En este sentido, en sede constitucional no cabe revisar asuntos propios de la judicatura ordinaria, salvo que al impartir justicia se hubiera violado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental o bien de rango constitucional.

2. En el presente caso, la recurrente cuestiona la resolución recaída en la Casación Laboral 17563-2018 Arequipa, de fecha 13 de julio de 2020, básicamente porque discrepa de lo resuelto en esta. Así, arguye que se debe establecer si correspondía a los jueces supremos emplazados hacer uso de su facultad de aplicar la procedencia excepcional establecida en el artículo 392-A del Código Procesal Civil y analizar el fondo de la controversia referida al pago de la prima textil y la disminución del jornal diario del trabajador. Al respecto, el Tribunal Constitucional debe precisar que la sola disconformidad con lo resuelto por la judicatura ordinaria no constituye un supuesto de manifiesto agravio de los derechos que puede tutelarse a través del amparo contra resoluciones judiciales.

3. Más aún si, como en el caso, en la cuestionada resolución suprema se ha expuesto que, en el modo en que la demandante había planteado sus argumentaciones, se evidenciaba que lo realmente pretendido era cuestionar la valoración fáctica llevada a cabo por la instancia de mérito respecto a los hechos involucrados en la litis; esto es, si a la accionante le correspondía el pago del beneficio de la prima textil y la asignación por movilidad, o no, lo que no es factible efectuar en sede casatoria, ya que tal pretensión vulnera la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación. Por tanto, se concluyó que el recurso de casación no cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haberse señalado de manera clara y precisa en qué consistiría la infracción normativa invocada, ni haberse demostrado cómo tendría incidencia directa sobre la decisión impugnada.

4. En tal sentido, se verifica que la parte recurrente, en el fondo, busca revertir en esta sede lo que fue decidido por la judicatura ordinaria, como si el proceso de amparo fuera una instancia más en la que puede continuarse la discusión agotada en la vía ordinaria. Así, se constata que lo alegado por la parte recurrente, en definitiva, no se refiere a un agravio al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal efectiva o a la motivación de las resoluciones judiciales, sino que su propósito es que se revalore lo que fue resuelto en el caso de autos; es decir, que el Tribunal opere como una especie de instancia adicional de la judicatura ordinaria.

5. Así entonces, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, debido a que “[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ASUNTO

ANTECEDENTES

FUNDAMENTOS

HA RESUELTO

MORALES SARAVIA

PACHECO ZERGA

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

HERNÁNDEZ CHÁVEZ