En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2024, los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), con fundamento de voto que se agrega, Domínguez Haro (vicepresidente), Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, han emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Nicolás Trujillo López contra la resolución de fecha 18 de octubre de 2022¹, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

Con fecha 29 de enero de 2020, don Segundo Nicolás Trujillo López interpone demanda de habeas corpus y la dirige contra los señores César San Martín Castro, Aldo Figueroa Navarro, Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza y Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella, jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República². Denuncia la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y del principio de legalidad.

Solicita la nulidad de la resolución, ejecutoria suprema (R.N. 2752-2017), de fecha 3 de junio de 2019³, que declaró no haber nulidad en la sentencia del 23 de octubre de 2017, emitida esta última por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que condenó a don Segundo Nicolás Trujillo López como autor del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y le impuso tres años de pena privativa de la libertad efectiva, y dispuso que se oficie a las entidades las respectivas órdenes de captura a nivel nacional, a fin de que cumpla con lo que resta de pena; esto es, un año y nueve días⁴. Además, solicita que se declare prescrita la acción penal y, subsecuentemente, se disponga su inmediata libertad.

El recurrente refiere que el proceso que se le siguió se encuentra prescrito, ya que han transcurrido 21 años, 4 meses y 28 días y tampoco constituye delito de lesa humanidad el delito por el que fue condenado. Afirma que el 2 de febrero de 2001 se inició investigación sobre la base de una denuncia presentada por la Procuraduría Ad Hoc, y que con fecha 23 de octubre de 2013 fue absuelto de los delitos de prevaricato y cohecho y condenado por el de asociación ilícita para delinquir, que ya había prescrito. Señala que la demora en el proceso no fue por actos imputables a él, ya que se limitó a defenderse y presentar los recursos que la ley le franquea. Añade que hasta en dos oportunidades solicitó la prescripción y que la respuesta que dieron los magistrados demandados es que se trataba de un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.

Manifiesta que la motivación de la sala suprema demandada es la existencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Baruch Ivcher. No obstante, dicha sentencia se refiere únicamente a aquel caso y no vincula al proceso penal subyacente. Puntualiza que para condenarlo se ha tomado como argumento el hecho relacionado a don Jorge Yamii Mufarech Nemy, por el delito de prevaricato, el que además estaba prescrito y fue absuelto sin que se impugne este extremo, pero lejos de apartarse de ese caso, la sala suprema lo considera como sustento de la asociación delictiva por el que fue condenado. Acota que habiendo sido absuelto por prevaricato y cohecho en relación con el caso de don Jorge Yamii Mufarech Nemy, por lógica, si no hubo pruebas de la comisión de esos delitos, tampoco existen pruebas del delito de asociación ilícita respecto a aquel señor. Además de que, por tratarse de delitos que no constituyen de lesa humanidad, no son imprescriptibles.

Aduce que no se resulta lógico que se le haya condenado por asociación ilícita cuando es evidente, que por un solo hecho no se configura tal tipo penal (el caso del señor Bruch Ivcher); tanto más si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto de un caso del año 1997, por lo que la demanda ante dicha instancia se inició ese mismo año y el caso que el recurrente ventiló como juez fue del año 1998, por lo tanto, el asunto sobre el que decidió no puede tener alguna relación con la sentencia de la Corte IDH, toda vez que ese proceso penal se inició siete (07) meses y veintiséis (26) días después de presentada la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asevera que el asunto por el que fue condenado no puede calificarse como delito de lesa humanidad, ya que la sentencia de la CorteIDH en el caso Baruch Ivcher no indica en qué consistieron los actos irregulares realizados en el proceso penal seguido por ante el Juzgado Tributario y Aduanero, a cargo de su persona, por delito de defraudación de rentas de aduana y fe pública, en relación con la empresa “Productos Paraíso del Perú” (Expediente N° 30-1998). Se dice que se violaron sus derechos al debido proceso, pero no se precisa en qué consistieron; solo concluye que se iniciaron procesos penales con fines de persecución. Además, anota que la calificación de imprescriptibilidad del tipo penal asociación ilícita para delinquir no tiene asidero en nuestra legislación penal, pues no constituye un delito de lesa humanidad, por ende, se viola el principio de legalidad. En tal sentido, habiendo transcurrido el plazo establecido, ha prescrito la acción penal.

Detalla también que la Sala Suprema le imputa situaciones de obstrucción que dilataron la identificación, el juzgamiento y sanción a los responsables del quebrantamiento de derechos fundamentales, como causal de imprescriptibilidad. Empero, nunca se puso en debate la presunta dilación que se le atribuye y tampoco se le puede objetar, ya que solo dedujo excepción dos veces, recusaciones y otros pedidos en ejercicio de su derecho de defensa

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Molina de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante Resolución 1, de fecha 30 de enero de 2019 (debe decir 2020), admite a trámite la demanda⁵.

Don Hugo Príncipe Trujillo, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, se apersona al proceso y contesta la demanda⁶. Sostiene que la ejecutoria cuestionada es clara y precisa en la decisión, pues esta esgrimió sobre la base de los recaudos y sentencia de primera instancia, expedida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, conforme con lo revisado, es evidente la responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado y, a la vez, constituye elementos suficientes para enervar la presunción de inocencia conforme a los elementos de prueba precitados por el superior colegiado, de allí que la condena impuesta se estableció conforme a ley. Así, su responsabilidad se acreditó mediante juicio que produjo suficiente convicción sobre la credibilidad de los hechos imputados conforme la revisión de los autos, y con apreciación de los hechos y las pruebas se declaró no haber nulidad en la sentencia, en el extremo que condenó a Segundo Nicolás Trujillo López y otro como autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante resolución de fecha 1 de junio de 2022⁷, declara infundada la demanda, por considerar que existe congruencia de las conclusiones con las premisas establecidas por el colegiado demandado al momento de emitir la resolución que declara no haber nulidad en la sentencia, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima; de modo que, como tal, se encuentra justificada y debidamente motivada.

La Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este revoca la resolución apelada, la reforma y declara improcedente la demanda, tras considerar que en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia controvertida, dado que se ha recabado el reporte de antecedentes judiciales del recurrente emitido por la Dirección de Registro Penitenciario (INPE), en el cual se aprecia que demandante ingresó al establecimiento penitenciario el 17 de setiembre de 2019 y egresó el 29 de mayo de 2020, en razón de haber cumplido la pena privativa de libertad efectiva dictada en su contra en el Expediente 38-2002 (1001-2002).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto para apartarme de la frase “…del estudio de autos no se advierte que la presente causa se encuentre dentro del régimen excepcional, atendiendo al agravio producido…”, inserta en el fundamento 5 de la ponencia; pues, a mi juicio, una afirmación así, significa que se ha realizado un análisis de fondo del caso, del cual se concluye que no hay un agravio manifiesto. En mi opinión, la razón por la que se debe declarar improcedente la demanda es porque, al ya no estar el actor detenido en un establecimiento penitenciario, como se menciona en el fundamento 4 de la ponencia, acontece la sustracción de la materia, en una aplicación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional¹⁰.

F. 412 del expediente.↩︎
F. 1 del expediente.↩︎
F. 23 del expediente.↩︎
Expediente 1001-02.↩︎
F. 296 del expediente.↩︎
F. 315 del expediente.↩︎
F. 320 del expediente.↩︎
R.N. 2752-2017.↩︎
F. 398 del expediente.↩︎
Segundo párrafo del artículo 1 del anterior código.↩︎