EXP. N.º 04697-2022-HC/TC

AREQUIPA

JUAN MANUEL GIL SANCHO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Gil Sancho contra la resolución, de fecha 14 de octubre de 2022^{^[1]}, expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2022, don Juan Manuel Gil Sancho interpuso demanda de habeas corpus^{^[2]} y la dirigió contra los integrantes del Juzgado Supraprovincial Penal de Arequipa, señores Medina Tejada, Navia Ortega y Chalco Ccallo; contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señores Rodríguez Romero, Fernández Ceballos y Abril Paredes; y contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Barrios Alvarado, Quintanilla Chacón, Castañeda Otsu, Pacheco Huancas y Prado Saldarriaga. Alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia y del principio de imputación necesaria.

El recurrente solicita que se declare la nulidad de lo siguiente: i) la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2015^{^[3]}, en el extremo que lo condenó como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir a tres años de pena privativa de la libertad, coautor de los delitos de homicidio calificado en grado consumado y homicidio calificado en grado de tentativa a veinte años de pena privativa de la libertad, y por concurso real de delitos a veintitrés años de pena privativa total de la libertad^{^[4]}; ii) la Sentencia de Vista 72-2016, Resolución 24-2016, de fecha 3 de agosto de 2016^{^[5]}, en el extremo que lo condenó como coautor aditivo de los delitos de homicidio simple y de homicidio simple en grado de tentativa, y le impuso treinta y cinco años de pena privativa de la libertad; y iii) la sentencia de casación, de fecha 11 de junio de 2019^{^[6]}, declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista^{^[7]}. En consecuencia, solicita que se realice un nuevo juicio oral y se ordene su inmediata excarcelación.

El recurrente alega que, mediante Sentencia 047-2018, de fecha 7 de diciembre de 2017, fue absuelto del delito de asociación ilícita para delinquir, lo que demuestra que jamás tuvo un acuerdo común o una decisión compartida, elementos inherentes a la coautoría. En ese sentido, mediante la cuestionada sentencia de vista, no pudo ser considerado coautor aditivo para condenarlo por los delitos de homicidio simple y de homicidio simple en grado de tentativa.

Sostiene que, si bien se ha establecido el resultado de muerte de tres agraviados, así como las lesiones de los agraviados sobrevivientes, sin embargo, no ha sido posible acreditar la concurrencia plena de los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal invocado, en concreto, su participación dolosa, ya que no se ha actuado prueba alguna que de manera fehaciente se demuestre el nexo causal. Agrega que no se ha podido establecer la tipicidad objetiva por deficiencia probatoria, menos se puede determinar la tipicidad subjetiva, y solo con mencionar la coautoría aditiva fue sentenciado. Aduce que dos de las víctimas fallecieron por tres disparos, por lo que correspondería que hubiese sido sentenciado por el delito de homicidio agravado por ferocidad, pero es sentenciado por el delito de homicidio simple, debido a que no pudieron probar su participación, menos su culpabilidad.

De otro lado, precisa que la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público bajo el principio de imputación necesaria. Sin embargo, es el juzgado quien sostiene la acusación. Añade que la acusación y la carga de la prueba recaen en el Ministerio Público y no en la defensa y, en su caso, concurre el supuesto de la insuficiencia probatoria, pues con la actividad probatoria no ha sido factible acreditar su partición dolosa. Por consiguiente, correspondía que se dicte una sentencia absolutoria.

El Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Resolución 1, de fecha 25 de enero de 2022^{^[8]}, admitió a trámite la demanda.

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial^{^[9]} se apersonó al proceso, absolvió la demanda y solicitó que sea declarada improcedente. Sostiene que el proceso penal que motivó la sentencia condenatoria y la restricción de la libertad personal del recurrente obedece a un proceso regular; esto es, las resoluciones judiciales hoy cuestionadas se han emitido con respeto al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, y se ha motivado la responsabilidad penal del recurrente. Por consiguiente, solo se cuestiona el criterio judicial y la valoración probatoria, lo que duda no corresponde tutelarse en la vía constitucional. Añade que, en la demanda no se expone cuál sería el vicio en la motivación de la resolución judicial o cuál sería la incongruencia en la motivación. Por el contrario, se limita a firmar (en sentido general y abstracto) que se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, seguidamente expone los argumentos por los que no se encuentra de acuerdo con la decisión judicial, pues, a su criterio, se interpretó de manera incorrecta la norma jurídica, no se realizó un debido análisis de la realidad fáctica y de las pruebas.

El Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Resolución 5, de fecha 1 de agosto de 2022^{^[10]}, declaró infundada la demanda por considerar en cuanto a la coautoría, que la judicatura ordinaria ha sustentado su decisión en criterios objetivos y coherentes, y que existen medios probatorios objetivos y verificables para afirmar la participación del recurrente. Además, la parte demandante en realidad pretende que esta judicatura se pronuncie sobre la valoración probatoria y su suficiencia para determinar o estimar un juicio de reproche penal sobre su culpabilidad o inocencia, lo cual supondría actuar como una instancia de revisión. Estima también que no se ha podido acreditar o crear certeza con respecto a la existencia de una afectación iusfundamental en las resoluciones cuestionadas, porque se ha acreditado que la justicia penal ordinaria actuó en observancia y cumplimiento de los derechos fundamentales del recurrente.

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada por considerar que se realizó un adecuado análisis de la autoría aditiva y su diferenciación con la configuración del delito de asociación para delinquir. Expresando acertadamente que, para la configuración de este último, es necesaria la verificación, observancia o acreditación de la existencia de una asociación o corporación preconstituida, entre otros elementos. Sin embargo, la coautoría aditiva o coautoría agregada, está referida al grado de participación en el que varias personas al mismo tiempo siguen una decisión común reprochable penalmente y, pese a que todos participan al mismo tiempo en la acción ejecutiva, sólo una o algunas de las acciones producen un resultado típico.

Además, la conducta atribuida al recurrente ha sido debidamente sustentada a través de la acusación fiscal, que ha sido postulada por la fiscalía de manera previa a la etapa de juzgamiento y fue debatida y sometida a contradicción en el respectivo juicio oral, sin que se advierta alguna adición fáctica oficiosa por parte del juzgado penal que lo sentenció. Asimismo, no se ha presentado mayor argumento para sostener que, el juzgador demandado, haya sido quien hubiese sostenido la acusación, ni tampoco se ha presentado algún medio probatorio idóneo para corroborar dicha alegación.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: i) la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2015, en el extremo que condenó a don Juan Manuel Gil Sancho como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir a tres años de pena privativa de la libertad, coautor de los delitos de homicidio calificado en grado consumado y homicidio calificado en grado de tentativa a veinte años de pena privativa de la libertad, y por concurso real de delitos la pena total es de veintitrés años de pena privativa de la libertad^{^[11]}; ii) la Sentencia de Vista 72-2016, Resolución 24-2016, de fecha 3 de agosto de 2016, en el extremo que lo condenó como coautor aditivo de los delitos de homicidio simple y de homicidio simple en grado de tentativa, y le impuso treinta y cinco años de pena privativa de la libertad; y iii) la sentencia de casación, de fecha 11 de junio de 2019, declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista^{^[12]}. En consecuencia, solicita que se realice un nuevo juicio oral y se ordene su inmediata excarcelación.

2. Se alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia y del principio de imputación necesaria.

Análisis del caso en concreto

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.

4. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la adecuación de una conducta en un determinado tipo penal, verificar los elementos constitutivos del delito, el grado de participación en la comisión del delito, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, la determinación del quantum de la pena llevada a cabo dentro del marco legal sea esta efectiva o suspendida, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal y es materia de análisis de la judicatura ordinaria.

5. En el presente caso, este Tribunal advierte que aun cuando se invoca la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y del principio de imputación necesaria, en realidad se cuestiona el criterio de los magistrados demandados para considerar acreditada la responsabilidad penal del recurrente. En efecto, alega que al haber sido absuelto del delito de asociación ilícita para delinquir, no correspondía que sea condenado como autor aditivo de los delitos de homicidio simple y de homicidio simple en grado de tentativa; que no ha sido su participación dolosa, ya que no se ha actuado prueba alguna que de manera fehaciente se demuestre el nexo causal; que si no se ha podido establecer la tipicidad objetiva por deficiencia probatoria, menos se puede determinar la tipicidad subjetiva; que, en su caso, se presenta el supuesto de la insuficiencia probatoria, pues con la actividad probatoria no ha sido factible acreditar su partición dolosa; por lo que correspondía que sea absuelto. Sin embargo, dichos alegatos, relacionados a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal, la valoración de los medios probatorios y su suficiencia, así como los alegatos de inocencia, deben ser analizados por la judicatura ordinaria conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional.

6. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

MONTEAGUDO VALDEZ

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE PACHECO ZERGA