Sala Segunda. Sentencia 580/2024
EXP. N.° 04447-2022-PA/TC
LIMA
DONATO ROMERO VIVAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 20 días del mes de mayo de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. El magistrado Ochoa Cardich emitió fundamento de voto, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Donato Romero Vivas contra la resolución de fecha 11 de agosto de 2022[1], expedida por la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de agosto de 2017[2], el recurrente interpone demanda de amparo contra Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, a fin de que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, el Decreto Supremo 009-97-SA y el Decreto Supremo 003-98-SA. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales, los costos y las costas procesales.
Manifiesta haber realizado labores mineras desde el 15 de enero de 1995 hasta la fecha, expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Refiere que, a consecuencia de ello, padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis en I estadio con 56% de menoscabo, conforme se advierte del Certificado médico N.° 391-2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.
Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA deduce las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de convenio arbitral, formula tacha al certificado médico de fecha 28 de diciembre de 2016 y contesta la demanda[3]. Señala que la demanda debe declararse improcedente, porque el certificado de comisión médica presentado no es idóneo en tanto existe manifestación expresa del Ministerio de Salud respecto a que éste no evalúa enfermedades profesionales, lo cual se contradice con el diagnóstico indicado. Agrega que el certificado médico emitido por el Hospital Lanfranco La Hoz no es prueba suficiente para acreditar la enfermedad alegada, toda vez que dicho hospital no cuenta con autorización para conformar comisiones médicas evaluadoras. Por último, aduce que el accionante tampoco ha acreditado el nexo de causalidad entre las enfermedades alegadas y las labores que realizó.
El Sétimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 3, de fecha 17 de mayo de 2018[4], declaró infundada las excepciones deducidas por la emplazada. A través de la Resolución 12, de fecha 10 de diciembre de 2020[5], declaró improcedente la demanda, por considerar que el accionante se negó a someterse a una nueva evaluación médica ante el INR, cuya finalidad era determinar fehacientemente el padecimiento de las enfermedades alegadas, motivo por el cual resulta aplicable la Regla sustancial 4 establecida en el precedente emitido en el Expediente 0799-014-PA/TC.
La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 17, de fecha 11 de agosto de 2022, confirmó la apelada por similar argumento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del
petitorio y procedencia de la demanda
1.
El recurrente interpone demanda de amparo contra la aseguradora
Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, a fin de que se le
otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790
y su reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA, más el pago de los devengados
correspondientes, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.
2.
En reiterada jurisprudencia,
este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido constitucionalmente
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que
establecen los requisitos para su obtención.
3.
En consecuencia, corresponde
analizar si la parte recurrente cumple los presupuestos legales que permitirán
determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser esto
así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad
demandada.
Análisis de la controversia
4. El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto Ley 18846-Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Personal Obrero (Satep) y luego sustituido por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) creado por la Ley 26790, de fecha 17 de mayo de 1997.
5. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), estableciéndose las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
6. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 8 de enero de 2009 en el portal web institucional, que constituye precedente, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidente de trabajo y enfermedades profesionales).
7. Así, en el fundamento 14 de la referida sentencia, se establece que, “en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990”.
8. A su vez, este Tribunal ha puntualizado que, a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Respecto a la enfermedad profesional de neumoconiosis, cabe señalar que, por sus características, el Tribunal Constitucional ha considerado, invariablemente, que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por periodos prolongados.
9. Así, en el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, se ha considerado que el nexo de causalidad entre las condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes han realizado actividades mineras en minas subterráneas o de tajo abierto, siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA, ya que la neumoconiosis es una enfermedad irreversible y degenerativa causada por la exposición a polvos minerales esclerógenos. De lo anotado se infiere que la presunción relativa al nexo de causalidad contenida en la regla precitada opera únicamente cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto, desempeñando las actividades de riesgo (extracción de minerales y otros materiales).
10. En el presente caso, con la finalidad de acreditar la relación de nexo de causalidad entre las labores que realizó el demandante y la enfermedad de neumoconiosis, se adjuntó los siguientes medios probatorios:
a) Constancia de trabajo[6], perfil ocupacional de fecha 31 de mayo de 2019[7] y boletas de pago[8] emitidas por la empresa Construcciones Civiles y Mineras – COMILUZ SAC, de las cuales se desprende que el accionante realizó labores como maestro operación 2 y maestro 1 operación mina-perforista, desde el 15 de enero de 1995 hasta la actualidad. Cabe señalar que en el rubro riesgos potenciales se indica: exposición al polvo, exposición al ruido, exposición a gases tóxicos por inhalación, exposición a sustancias químicas, entre otros (el énfasis es nuestro).
b) Certificado médico N.° 391-2016, de fecha 28 de diciembre de 2016[9], en el que la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz dictaminó que el actor padece de neumoconiosis I estadio con 56 % de incapacidad permanente parcial. Cabe mencionar que en autos obra la Historia clínica N.° 5568500, la cual contiene el certificado médico[10].
11. De lo expuesto en el fundamento precedente, este Tribunal advierte que don Donato Romero Vivas, en el desempeño de sus labores para su exempleador COMILUZ SAC, estuvo expuesto a los polvos (de sílice) de los minerales, sustancias químicas, entre otros, y que dichas labores las realizó por un espacio prolongado en el área de mina. En consecuencia, se ha cumplido con la presunción del nexo de causalidad establecido en el precedente recaído en el Expediente 02513-2007-PA/TC.
12. Por consiguiente, comoquiera que el accionante cumplía los requisitos para gozar de una pensión de invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, y su reglamento, el Decreto supremo 003-98-SA, a criterio de este Tribunal corresponde estimar la demanda.
13. Así las cosas, habiéndose determinado la vulneración del derecho pensionario del demandante, se debe ordenar a la demandada que le otorgue pensión de invalidez al recurrente desde el 28 de diciembre de 2016.
14. Respecto a los intereses legales, este Tribunal, mediante auto emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TC, ha establecido en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el interés legal aplicable en materia pensionable no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil.
15. En cuanto al pago de los costos procesales, de conformidad con el artículo 28 del nuevo Código Procesal Constitucional (anterior artículo 56 del Código Procesal Constitucional hoy derogado), la entidad demandada debe asumir los costos y las costas procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda, al
haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante.
2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la
vulneración, ordena a la aseguradora Mapfre Perú Vida
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. otorgar a don Donato Romero Vivas pensión de invalidez con arreglo a la
Ley 26790 y conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el abono
de las pensiones devengadas dejadas de percibir, los intereses legales a que
hubiere lugar, los costos y las costas procesales.
Publíquese y
notifíquese
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA
CARDICH
Si bien coincido con lo resuelto en la sentencia y con la
conclusión a la que se arriba en el presente caso considero pertinente efectuar
algunas consideraciones adicionales concernientes a cuestiones de relevancia
constitucional, habida cuenta que desde mi punto de vista y en materia
pensionaria debería resultar de aplicación la tasa de interés efectiva que
implica el pago de intereses capitalizables, toda vez que la deuda social con
los adultos mayores requiere que autoridades del sistema de justicia tengamos
la debida diligencia para resolver los casos.
1.
Efectivamente, el amparista
interpone
demanda contra la aseguradora Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, a
fin de que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad
profesional conforme a la Ley 26790 y su reglamento, el Decreto Supremo
003-98-SA, más el pago de los devengados correspondientes, los intereses
legales, las costas y los costos del proceso.
2. Coincido con la ponencia en que de una apreciación conjunta de los medios probatorios se encuentra acreditada la relación de causalidad entre la enfermedad que padeció y las labores desarrolladas por el demandante, y que este cumplió con los requisitos legales para gozar de una pensión de invalidez por enfermedad profesional. Por lo cual, ante la lesión al derecho a la pensión de la demandante corresponde estimar la demanda.
3.
No obstante, discrepo con mis dilectos colegas en la
aplicación de la doctrina jurisprudencial desarrollada en el Expediente
02214-2014-PA/TC por lo siguiente. Toda vez que estimo que en materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés
efectiva que implica el pago de intereses capitalizables.
4.
Efectivamente, en el caso de las deudas
pensionarias reclamadas a propósito de los procesos constitucionales de amparo,
se advierte la presencia de dos características particulares:
a)
El restablecimiento de las cosas al estado
anterior, lo cual implica que el juez constitucional además de disponer la
nulidad del acto u omisión lesiva, ordene a la parte emplazada la emisión del
acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a favor del
demandante; y
b) el mandato de pago de prestaciones no abonado oportunamente, lo
que supone reconocer también las consecuencias económicas generadas por la
demora de dicho pago a través de una orden adicional de pago de intereses
moratorios conforme al criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/TC.
5.
Esta segunda particularidad plantea una
problemática producto del paso del tiempo, esto es, la pérdida del valor
adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se encuentre la fecha de
la regularización del pago de la prestación pensionaria. Además, esta situación
genera en el acreedor pensionario una afectación por no recibir el ingreso
económico necesario para solventar sus necesidades básicas durante el tiempo
que se omita el pago y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al
acceso a la pensión.
6.
Mediante la Ley 28266, publicada el 2 de julio
de 2004, se inició la regulación de los intereses previsionales aparejándolos a
la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
Dicha norma estableció lo siguiente:
Establécese
que el pago de devengados, en caso de que se generen para los pensionistas del
Decreto Ley Nº 19990 y regímenes diferentes al
Decreto Ley Nº 20530, no podrán fraccionarse por un
plazo mayor a un año. Si se efectuara el fraccionamiento por un plazo mayor a
un año, a la respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.
El
Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones presupuestales a que
haya lugar. (sic)
7.
De esta forma, el pago de las pensiones
devengadas que superara en su programación fraccionada un año desde su
liquidación merece el pago adicional de intereses conforme a la tasa fijada por
el BCR. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula dos tipos de tasas
de interés a fin de establecer la referencia porcentual que corresponde imputar
a deudas de naturaleza civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de
interés laboral o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244
del Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).
8.
Es claro entonces que las deudas previsionales
por mandato del legislador, vencido el año de fraccionamiento sin haberse
podido liquidar en su totalidad, generan un interés por el incumplimiento;
importa ahora determinar cuál es la naturaleza jurídica del interés que generan
las deudas pensionarias.
9.
En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas
sobre el incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas en el Código
Civil. Si bien es cierto que los procesos constitucionales no pueden resolverse
en aplicación del derecho privado, ello no impide que el juez constitucional
analice dichas reglas con el fin de coadyuvar a la resolución de controversias
que involucre derechos fundamentales, no sin antes verificar que esas reglas no
contravengan los fines esenciales de los procesos constitucionales y la
vigencia efectiva de los derechos.
10.
Así, el artículo 1219 del Código Civil establece
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el deudor de la
siguiente manera:
Es
efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente:
1.-
Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que
está obligado.
2.-
Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor.
3.-
Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.-
Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa,
con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la
ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso,
no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar
a su deudor en el juicio que promueva.
11.
Asimismo, el artículo 1242 del mismo código
regula los tipos de intereses aplicables a las deudas generadas en el
territorio peruano y señala que:
El
interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del
dinero o de cualquier otro bien.
Es
moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.
12.
Se observa que nuestra legislación civil
establece como una de las consecuencias generales del incumplimiento de
obligaciones el derecho a reclamar una indemnización, y precisa que en el caso
de deudas pecuniarias no pagadas a tiempo se generan intereses moratorios, cuya
finalidad es resarcir al acreedor por la demora en la devolución del
crédito.
13.
Es importante recordar que el derecho a la
pensión es de naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto
de la falta de pago de la pensión, genera una afectación al aportante/cesante
sin jubilación, dada la ausencia de solvencia económica para la atención de sus
necesidades básicas tales como alimentación, vivienda y salud. En tal sentido,
se aprecia que los intereses que provienen de las deudas previsionales y que
son consecuencia directa del pago tardío, son de naturaleza indemnizatoria,
pues tienen por finalidad compensar el perjuicio ocasionado en el pensionista
por el retardo del pago de la pensión a la que tenía derecho. Ahora bien,
teniendo en cuenta la naturaleza indemnizatoria de los intereses previsionales,
es necesario determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su
determinación.
14.
El BCR, por mandato del artículo 84 de la
Constitución, es el órgano constitucional encargado de regular la moneda y el
crédito financiero. Asimismo, por mandato del artículo 1244 del Código Civil,
de la Ley 28266 y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de naturaleza civil,
previsional y laboral.
15.
Cabe mencionar que la regulación del interés
laboral constituye la excepción a la regla general del interés legal, dado que
por mandato del Decreto Ley 25920, se ha preferido otorgar un tratamiento
especial para el pago de intereses generados por el incumplimiento de
obligaciones laborales. Sin embargo, esta situación particular, no encuentra
justificación similar en el caso de deudas previsionales, en la medida que el
resarcimiento del daño causado al derecho a la pensión no afecta una inversión
privada ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.
16.
Se aprecia que el interés moratorio de las
deudas previsionales, en tanto el pago de pensiones no provienen de acreencias
producto de un contrato suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante
(deudas civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por el BCR
a través de la tasa de interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley
28266. Cabe indicar que los intereses previsionales tampoco se encuentran
sujetos a la limitación regulada por el artículo 1249 del Código Civil, pues
dicha disposición es exclusivamente aplicable a deudas provenientes de pactos
entre privados.
17.
Por estas razones, la deuda pensionaria como
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida como el goce
de una prestación con valor adquisitivo adecuado con la moneda vigente, pues
desconocer la naturaleza valorista de una deuda
pensionaria implica una forma de menoscabo o perjuicio al adulto mayor. Más aún,
si se considera que el derecho a la pensión comprende el derecho al goce
oportuno de la prestación pensionaria; situación que implica el pago de una
mensualidad acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación, no
un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun cuando el deudor
sea el Estado.
18.
Por ello, la deuda de naturaleza previsional o
pensionaria, producida por la falta de pago oportuno de la pensión, genera en
el deudor la obligación de pagar al acreedor (el pensionista) un interés
moratorio, que es el interés legal previsto en el artículo 1246 del Código
Civil, aplicando para su cálculo la tasa de “interés
legal efectiva”, a partir de una interpretación desde los valores,
principios y derechos que consagra la Constitución, acorde con una
interpretación pro homine y a partir
de lo cual frente a la duda que podría presentarse de aplicar una “tasa de interés legal simple” (sin
capitalización de intereses) o una “una
tasa de interés legal efectiva” (con capitalización de intereses), se
prefiere lo segundo.
19.
Asimismo, la prohibición de capitalización de
intereses contenida en el artículo 1249 del Código Civil no alcanza a la deuda
pensionaria o previsional, desde que esta no nace de un pacto entre el deudor y
el acreedor en un sentido clásico civil (de un acuerdo de voluntades entre
privados), sino de un sistema previsional que debe garantizar una pensión
adecuada y oportuna para el titular del derecho pensionario.
21.
En las circunstancias descritas y salvando mi
posición sobre el extremo expuesto, suscribo la resolución del caso en su
totalidad, en aplicación de los principios procesales de economía y de
socialización regulados en el artículo III del Título Preliminar del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
Por
los fundamentos expuestos, mi voto es por declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la
pensión de la recurrente. ORDENAR que la
aseguradora Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. otorgue pensión
de invalidez con arreglo a la Ley 26790 y conforme a los fundamentos de la
presente sentencia. Asimismo, que se
abonen los devengados correspondientes, los intereses legales capitalizables a
que hubiere a lugar, así como los costos procesales.
S.
OCHOA CARDICH