Sala Primera. Sentencia 277/2024
EXP. N.º 04330-2019-PA/TC
LIMA
ECKERD AMAZONÍA SAC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 5 días
del mes de abril de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Domínguez Haro –convocado para dirimir la
discordia suscitada por el voto singular de la magistrada Pacheco Zerga que se agrega–, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados
intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Eckerd Amazonía SAC contra la resolución 7 de fecha 3 de junio de 2019[1], expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de diciembre de
2017[2], Eckerd Amazonía SAC interpuso
demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) y el Tribunal Fiscal. Solicitó que se ordene retrotraer las cosas al
estado anterior a la afectación de su derecho a un procedimiento sin dilaciones
indebidas (artículo 139, numeral 3 de la Constitución), a formular peticiones
ante la autoridad competente con respuesta dentro del plazo legal (artículo 2,
numeral 20 de la Constitución), a la proscripción del abuso del derecho (artículo
103 de la Constitución) y al principio de no confiscatoriedad de los tributos
(artículo 74 de la Constitución), producida por la demora de las emplazadas en
resolver sus medios impugnatorios interpuestos, que vienen devengando y
aplicando intereses moratorios fuera del plazo legal para resolver tales
recursos.
Por ello, solicitó la inaplicación del
artículo 33 del Código Tributario y de la Tercera Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Legislativo 981, en cuanto a la aplicación de intereses
moratorios sobre la deuda tributaria relativa al impuesto general a las ventas
(IGV) de abril a diciembre de 2004, así como las multas impuestas en aplicación
del numeral 1, del artículo 178 del Código Tributario por la declaración de dicho
tributo y periodo, manteniéndose dicho interés únicamente al periodo de
impugnación (reclamación y apelación), dentro de los plazos previstos en los
artículos 142 y 150 del Código Tributario. Asimismo, solicitó que se deje sin
efecto el cobro de intereses moratorios desde el momento en que se superó el plazo
previsto en los artículos 142 y 150 del Código Tributario, para que la
Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal resolvieran sus recursos de
reclamación y apelación. De la misma forma, solicitó que se ordene a la Sunat la devolución de los importes pagados o que se paguen
por intereses moratorios generados fuera del plazo legal para resolver los medios
impugnatorios al interior del procedimiento contencioso tributario relativo al
IGV de abril a diciembre de 2004.
Por otro lado, solicitó el cese de la afectación de los principios de culpabilidad, tipicidad, razonabilidad, no confiscatoriedad y el debido proceso, con motivo de la emisión y notificación, por parte de la Administración Tributaria, de la actualización de la deuda tributaria correspondiente al IGV de abril a diciembre de 2004 y las multas emitidas por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el numeral 1, del artículo 178 del Código Tributario, sobre la base de la tasa de interés moratorio (en adelante "TIM"), a todas luces irrazonable y desigual en comparación con aquella que paga la Administración Tributaria por la devolución del pago indebido o por error, por ello, solicita que se calcule sobre una tasa de interés moratorio razonable, como es la relativa a la tasa de devolución de pagos indebidos que efectúa la Sunat, y se efectúe respecto a la deuda devengada por el término legal de resolución de las impugnaciones administrativas. Accesoriamente a esta pretensión, requirió que se deje sin efecto cualquier acto administrativo que contenga, confirme o ponga a cobro la deuda tributaria por las multas antes aludidas y los intereses moratorios por el impuesto a la renta del ejercicio señalado y en su caso que devuelva lo pagado por dicho concepto. Finalmente, solicitó que se disponga la quiebra de cualquier acto administrativo para su correcta reliquidación aplicando una tasa de interés equivalente a la establecida para el supuesto de devolución de pagos indebidos o por error puntualmente, sobre la deuda por interés moratorio devengada por el término legal de resolución de las impugnaciones relativas al reclamo y la apelación administrativa.
El
Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima Sub Especializado en Asuntos
Tributarios, Aduaneros e Indecopi, con fecha 12 de enero de 2018, declaró
improcedente in limine la
demanda[3], por
considerar que, a la fecha, no existe amenaza cierta e inminente de los
derechos constitucionales invocados, pues, en el presente caso, aún no se ha
determinado la deuda tributaria que le corresponde al recurrente, ya que aún se
encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación que formuló en contra
de la Resolución de Intendencia 125-014-0000477/SUNAT; de modo que la
existencia y eventual exigibilidad del pago de los intereses moratorios se encuentra
en función a la existencia de la deuda principal tributaria que determinará o
no el Tribunal Fiscal al emitir pronunciamiento.
A su
turno, la Sala Superior revisora, mediante Resolución 7, de fecha 3 de junio de
2019[4],
confirmó la apelada por similares consideraciones; asimismo, estableció que, el
proceso contencioso-administrativo constituye la vía igualmente satisfactoria a
la cual la recurrente debe acudir para tutelar sus intereses.
Mediante
auto de fecha 20 de mayo de 2021, se admitió a trámite la demanda de amparo en
sede del Tribunal Constitucional, y se confirió a las partes emplazadas un
plazo de 5 (cinco) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de
defensa, aleguen lo que juzguen pertinente.
Con
fecha 3 de junio de 2021[5], la
Procuraduría Pública de la Sunat dedujo la excepción
de falta de agotamiento de la vía administrativa, contestó la
demanda y señaló que: el proceso contencioso-administrativo constituye una vía
igualmente satisfactoria a la cual debió acudir el recurrente para dilucidar su
pretensión; los intereses moratorios que se cuestionan se generaron únicamente
por la reticencia de la demandante a cumplir con su obligación tributaria de
forma oportuna; la supuesta
negligencia de la Sunat o del Tribunal Fiscal en
resolver los medios impugnatorios o determinar la deuda no es un supuesto
regulado en el artículo 170 del Código Tributario para la improcedencia de
intereses; la
deuda tributaria corresponde ser determinada por el deudor tributario en su
oportunidad y los intereses corren desde su incumplimiento de pago, no desde su
confirmación por el Tribunal Fiscal; los intereses capitalizados y
moratorios tienen una finalidad compensatoria y una finalidad resarcitoria a
favor del Estado frente a la no disposición oportuna del dinero proveniente de
una obligación tributaria, los cuales se generan exclusivamente, por la
renuencia del contribuyente a cumplir con su deber de contribuir; el derecho al
plazo razonable no es equiparable al cumplimiento del plazo legal, en
consecuencia, excederse en los plazos legales no configura automáticamente la
vulneración de dicho derecho; la aplicación de los intereses capitalizados y
moratorios (tanto su forma de cálculo como su cómputo) no vulneran per se
derecho constitucional alguno, por el contrario, cumplen una finalidad
constitucionalmente valiosa que justifica su aplicación en todo supuesto que se
haya incurrido en el incumplimiento del deber de contribuir; el principio de no confiscatoriedad no constituye un límite a la
aplicación y generación de intereses moratorios, pues estos no se establecen ni
se generan teniendo en cuenta el patrimonio de un sujeto, sino de manera
objetiva y abstracta por el incumplimiento del deber de contribuir; y la accionante
no ha acreditado que el cobro de los intereses moratorios haya afectado su
derecho de propiedad ni que haya tenido efecto confiscatorio.
Con fecha 5 de julio de 2021[6], el procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía (MEF) contestó la demanda y expresó que: el Tribunal Constitucional, conforme a lo resuelto en procesos similares, debió disponer la admisión a trámite de la demanda ante el juez constitucional de primera instancia y no tramitarla directamente en su sede; la capitalización de los intereses moratorios al 31 de diciembre de 2005 y los intereses moratorios del artículo 33 del TUO del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo 981 y la Ley 30230, no vulneran el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas (plazo razonable), a formular peticiones ante la autoridad competente con respuesta dentro del plazo legal, la proscripción del abuso del derecho ni el principio de no confiscatoriedad, por lo que su aplicación en el presente caso resulta conforme a derecho; no existe amenaza o acto concreto que acredite la vulneración de los derechos constitucionales invocados por la recurrente ni una dilación indebida en el trámite del procedimiento contencioso tributario, pues la controversia planteada por la actora se refiere a operaciones complejas; la demandante ha incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código Tributario, por lo que las resoluciones de multa que se le impusieron se encuentran debidamente sustentadas; y no puede considerarse que la aplicación de los intereses moratorios y su capitalización constituya afectación a derecho constitucional alguno, pues si el contribuyente desea evitar el pago de los intereses debe adecuar su conducta a lo que el ordenamiento exige, esto es, cumplir oportuna y debidamente con sus obligaciones tributarias.
FUNDAMENTOS
Delimitación del
petitorio
1.
De la
demanda se aprecia que la recurrente pretende lo siguiente:
-
Solicita
que se ordene retrotraer las cosas al estado anterior a la afectación de su
derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas (artículo 139, numeral 3 de
la Constitución), a formular peticiones ante la autoridad competente con
respuesta dentro del plazo legal (artículo 2, numeral 20 de la Constitución), a
la proscripción del abuso del derecho (artículo 103 de la Constitución) y al
principio de no confiscatoriedad de los tributos (artículo 74 de la
Constitución), producida por la demora de las emplazadas en resolver sus medios
impugnatorios interpuestos, que vienen devengando y aplicando intereses
moratorios fuera del plazo legal para resolver tales recursos.
-
Se
inaplique el artículo 33 del Código Tributario y de la Tercera Disposición
Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo 981, en cuanto a la
aplicación de intereses moratorios sobre la deuda tributaria relativa al IGV de
abril a diciembre de 2004, y las multas impuestas en aplicación del
numeral 1, del artículo 178 del Código Tributario relativas a dicho tributo y
periodo, manteniéndose dicho interés únicamente por los plazos previstos en los
artículos 142 y 150 del Código Tributario, para la resolución de sus recursos
de reclamación y apelación interpuestos [primera
pretensión accesoria a la primera pretensión principal].
-
Se deje
sin efecto el cobro de los intereses moratorios desde el momento en que se
superó el plazo previsto en los artículos 142 y 150 del Código Tributario, para
que la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal resolvieran sus recursos
de reclamación y apelación [segunda pretensión accesoria a la primera
pretensión principal].
-
Se ordene
a la Sunat la devolución de los importes pagados o
que se paguen por intereses moratorios generados fuera del plazo legal para
resolver los medios impugnatorios al interior del procedimiento contencioso tributario
relativo al IGV de abril a diciembre de 2004 [tercera pretensión
accesoria a la primera pretensión principal].
-
Se disponga el cese de la afectación de los principios de
culpabilidad, tipicidad, razonabilidad, no confiscatoriedad y el debido proceso,
con motivo de la emisión y notificación, por parte de la Administración Tributaria,
de la actualización de la deuda tributaria correspondiente al IGV de abril a
diciembre de 2004 y las multas emitidas por la supuesta comisión de la
infracción tipificada en el numeral 1, del artículo 178 del Código Tributario,
sobre la base de la tasa de interés moratorio (en adelante "TIM") a
todas luces irrazonable y desigual en comparación con aquella que paga la
Administración Tributaria por la devolución del pago indebido o por error, por
ello, solicita que se calcule dicha deuda sobre una tasa de interés moratorio
razonable, como la que es relativa a la tasa de devolución de pagos indebidos
que efectúa la Sunat, y se efectúe respecto a la
deuda devengada por el término legal de resolución de las impugnaciones
administrativas.
- Se deje sin efecto cualquier acto administrativo que contenga, confirme o ponga a cobro la deuda tributaria por las multas antes aludidas y los intereses moratorios por el impuesto a la renta del ejercicio señalado, y en su caso que devuelva lo pagado por dicho concepto [primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal].
-
Se disponga la quiebra de
cualquier acto administrativo para su correcta reliquidación aplicando una tasa
de interés equivalente a la establecida para el supuesto de devolución de pagos
indebidos o por error puntualmente, sobre la deuda por interés moratorio
devengada por el término legal de resolución de las impugnaciones relativas al
reclamo y la apelación administrativa [segunda
pretensión accesoria a la segunda pretensión principal].
Sobre el precedente en materia tributaria
2.
En el
reciente pronunciamiento emitido por este Tribunal Constitucional en la
Sentencia 10/2023, recaído en el Expediente 03525-2021-PA/TC, publicado en el diario
oficial El Peruano el 11 de febrero de 2023, se ha establecido como
precedente constitucional, las siguientes reglas:
Regla sustancial: A partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia,
incluso en los procedimientos en trámite, la Administración Tributaria, se
encuentra prohibida de aplicar intereses moratorios luego de que se haya
vencido el plazo legal para resolver el recurso administrativo, con
prescindencia de la fecha en que haya sido determinada la deuda tributaria y
con prescindencia de la fecha que haya sido interpuesto dicho recurso, a menos
de que pueda probar objetivamente que el motivo del retraso es consecuencia de
la acreditada conducta de mala fe o temeraria del administrado. El Poder
Judicial, incluso en los procesos en trámite, se encuentra en la obligación de
ejercer control difuso sobre el artículo 33 del TUO del Código Tributario, si
este fue aplicado por el periodo en el que permitía el cómputo de intereses moratorios
luego de vencido el plazo legal para resolver un recurso en el proceso
administrativo tributario, y, por consiguiente, debe declarar la nulidad del
acto administrativo que hubiese realizado dicho inconstitucional cómputo y
corregirlo. Dicho cómputo será válido solo si la administración tributaria
acredita objetivamente que el motivo del retraso fue consecuencia de la
conducta de mala fe o temeraria del administrado.
Asimismo, el Poder Judicial debe ejercer control
difuso contra el artículo 33 del TUO del Código Tributario, y no aplicar
intereses moratorios luego de vencidos los plazos legales para resolver la
demanda o los recursos impugnatorios en el proceso contencioso administrativo,
a menos de que pueda objetivamente acreditarse que el motivo del retraso fue
consecuencia de la conducta de mala fe o temeraria del justiciable.
Regla procesal: En el caso de los recursos de apelación interpuestos
que se encuentran en trámite ante el tribunal fiscal y cuyo plazo legal para
ser resueltos se haya superado, se tiene derecho a esperar la emisión de una
resolución que deberá observar la regla sustancial de este precedente o a
acogerse al silencio administrativo negativo para dilucidar el asunto
obligatoriamente en un proceso contencioso administrativo, por ser una vía
igualmente satisfactoria, y no en un proceso de amparo.
Toda demanda de amparo en trámite que haya sido
interpuesta cuestionando una resolución administrativa por el inconstitucional
cobro de intereses moratorios o por el retraso en la emisión de una resolución
en la que se presumía que se realizaría dicho inconstitucional cobro, debe ser declarada
improcedente en aplicación del artículo 7, inciso 2, del NCPCo.
En tal caso, se tiene 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación
de la resolución de improcedencia para acudir al proceso contencioso
administrativo, en el que deberá observarse la regla sustancial de este
precedente.
3.
En tal
sentido, las pretensiones relacionadas con el cuestionamiento de resoluciones
administrativas que pretendan el cobro de deudas tributarias que incluyan
intereses moratorios o que se encuentren vinculadas al cuestionamiento de la
demora en la emisión de una resolución administrativa en la que se presuma la
aplicación de intereses moratorios luego de vencido el plazo legal para resolver
dicho recurso, corresponden ser evaluadas en el proceso contencioso-administrativo,
por ser dicha vía procesal igualmente satisfactoria al amparo para el análisis
de este tipo de petitorio, esto de conformidad con el artículo 7.2 del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
Análisis de la controversia
4.
Teniendo
en cuenta las reglas del precedente constitucional citado y la pretensión
demandada, se advierte que, en el presente caso, corresponde aplicar la regla procesal
descrita, pues la parte demandante está solicitando la inaplicación de los
intereses moratorios devenidos de la deuda tributaria correspondiente al impuesto general a las ventas del ejercicio 2004. Razón por la cual, corresponde declarar la improcedencia
de la demanda.
5.
De los
actuados se ha podido apreciar que, si bien, durante el trámite del recurso de
reclamación no hubo mayor demora por parte de la Administración; sin embargo, en
caso del recurso de apelación se advierte que dicha impugnación se interpuso el
15 de diciembre de 2006 y se resolvió 3 años y 11 meses después, por la
Resolución del Tribunal Fiscal 019080-10-2011, de fecha 16 de noviembre de 2011[7], que declaró nula e insubsistente la resolución de
intendencia cuestionada y ordenó a la Sunat emitir
nuevo pronunciamiento. Es así como, en cumplimiento de tal mandato, el 12 de abril
de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución de Intendencia 125-015-0000181/SUNAT[8], que declaró infundado el recurso de reclamación presentado
por la demandante. Posteriormente, con fecha 10
de mayo de 2012, la recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución de Intendencia 125-015-0000181/SUNAT,
y que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Como puede apreciarse de
las fechas señaladas, el plazo para resolver los recursos interpuestos fue
excedido. En ese sentido, tales hechos corresponden ser valorados por el juez
del proceso contencioso en su oportunidad.
6.
Siendo
así, corresponde declarar la improcedencia de la demanda y otorgar a la
recurrente el plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente a la
notificación de la presente sentencia, a los efectos de que, de considerarlo
pertinente y de acogerse al silencio administrativo negativo, acuda al proceso contencioso-administrativo
a solicitar tutela jurisdiccional, por ser dicha vía procesal la idónea para el
análisis de su pretensión referida al cobro de los intereses moratorios,
proceso en el cual se deberá observar la regla sustancial referida para su
resolución definitiva. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el derecho de la
recurrente a esperar la emisión de una resolución que
observe la regla sustancial establecida en el precedente aludido se encuentra
garantizado en su derecho de acción que puede ejercitar contra la resolución
administrativa que se emita, cuando su contenido no respete los criterios
vinculantes establecidos por este Colegiado, la que podrá ser cuestionada a
través del proceso contencioso-administrativo.
7. En relación con el cuestionamiento de las multas impuestas, cabe señalar que ello no corresponde ser evaluado en el proceso de amparo, toda vez que requiere estación probatoria lata en la que se pueda dilucidar si la recurrente incurrió o no en la infracción imputada. Lo propio ocurre con el extremo referido al incremento irrazonable de la deuda por la aplicación de intereses moratorios, pues como se ha desarrollado en la presente sentencia, toda pretensión relacionada con dichos intereses debe ser dilucidada en la vía igualmente satisfactoria. Por tanto, ambas pretensiones son improcedentes en aplicación del artículo 7, inciso 2 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
8.
Por último, en cuanto a que se deje sin efecto el
cobro realizado por la Administración Tributaria y la devolución de los
importes pagados por conceptos de intereses moratorios generados fuera del
plazo legal para resolver los medios impugnatorios al interior del
procedimiento contencioso tributario y la reliquidación de la deuda tributaria
que se le imputa al recurrente; también corresponde declarar la improcedencia
de la demanda en aplicación del artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, dado que el proceso contencioso-administrativo constituye la
vía igualmente satisfactoria en la cual el demandante puede reclamar la devolución
de los montos que indebidamente se hubieran pagado por los intereses moratorios
generados fuera de los plazos legales con los que contaba la Administración
Tributaria para resolver sus recursos de reclamación y apelación; más aún
cuando, en el presente caso, no se ha acreditado la existencia de un riesgo de
irreparabilidad de los derechos invocados, ni se ha demostrado la necesidad de
tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la
gravedad de algún daño que podría ocurrir de transitar por la vía ordinaria,
que permita habilitar el proceso de amparo para analizar el fondo de este
extremo de la controversia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
2.
OTORGAR a la parte demandante el plazo de 30 días
hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia
para acudir al proceso contencioso-administrativo, si así lo considera pertinente,
para dilucidar su pretensión de inaplicación de los intereses moratorios.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA PACHECO ZERGA
Con el debido respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes razones.
1.
Considero que el proceso
constitucional de amparo es la vía idónea para brindar una adecuada tutela a
los derechos invocados en el caso de autos, pues lo pretendido en la demanda de
amparo –esto es, el no cobro de intereses moratorios durante el tiempo en que
la administración tributaria excedió los plazos legales para resolver– no
podría ser atendido en sede administrativa, ya que, según el Tribunal Constitucional
en la sentencia recaída en el expediente N.º 03525-2021-PA/TC, “la
administración tributaria, en razón del principio de legalidad al que se
encuentra sometida, a diferencia del Poder Jurisdiccional, no tiene la competencia
para ejercer motu proprio el control
difuso de constitucionalidad de las leyes”[9].
2. Por tales motivos, la demandante se encontraba eximida de agotar la vía previa por el riesgo de que la agresión pudiera convertirse en irreparable, conforme al artículo 46, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, vigente a la fecha de interposición de la demanda[10].
3. En cuanto al fondo del asunto, considero que la demanda debe ser estimada por las razones dadas por el Tribunal Constitucional en la referida sentencia del expediente N.º 03525-2021-PA/TC[11], a la que me remito y aquí sólo cito en los párrafos siguientes:
“A la luz de lo expuesto supra, autorizar legalmente el cobro de intereses moratorios una vez vencido el plazo legal para resolver un recurso es violatorio del derecho de petición y del derecho de propiedad, y resulta cualitativamente confiscatorio, a menos que tal vencimiento pueda ser atribuido a la responsabilidad del administrado.
En efecto, si en razón de lo previsto por una ley, como resultado de la interposición de un recurso impugnatorio administrativo, el administrado se ve perjudicado por el retraso más allá del plazo legal para resolverlo, y dicho retraso no es su responsabilidad, entonces, dicha ley viola su derecho de petición; y si dicho perjuicio se manifiesta bajo la forma del cobro de una deuda tributaria, este deviene en cualitativamente confiscatorio y, por ende, en violatorio del derecho a la propiedad”[12].
“[…] lo cierto es que, respecto de las deudas tributarias y de los recursos interpuestos con anterioridad a las reformas de los años 2014 y 2016, el tribunal fiscal ha computado los intereses moratorios incluso luego de vencido el plazo legal para resolver el recurso de apelación. Tal proceder es manifiestamente inconstitucional, puesto que, tal como se ha argumentado, la imposibilidad de aplicar tales intereses luego de cumplido el plazo legal, no es consecuencia de lo que pueda o no establecer la ley, sino de las exigencias provenientes directamente del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de petición y de propiedad”[13].
“No obstante, es evidente que permitir que se cobren intereses
moratorios hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento tributario, con
prescindencia de que se haya superado el plazo legal, se convierte en un
incentivo indebido para no resolver dentro de dicho plazo y hacerlo más bien en
un tiempo exageradamente dilatado, pues mientras mayor sea la demora, más se
incrementará la deuda tributaria. Es evidente que dicho escenario se encuentra
reñido con los valores constitucionales tributarios y, en particular, con los
derechos fundamentales de petición y de propiedad. El contribuyente en ningún
caso debe verse perjudicado como consecuencia del incumplimiento de la ley,
cuando este es ajeno a su responsabilidad”[14].
4. En el caso de autos, la sentencia en mayoría señala que de “los actuados se ha podido apreciar que, si bien, durante el trámite del recurso de reclamación no hubo mayor demora por parte de la Administración; sin embargo, en caso del recurso de apelación se advierte que dicha impugnación se interpuso el 15 de diciembre de 2006 y se resolvió 3 años y 11 meses después, por la Resolución del Tribunal Fiscal 019080-10-2011, de fecha 16 de noviembre de 2011[15], que declaró nula e insubsistente la resolución de intendencia cuestionada y ordenó a la Sunat emitir nuevo pronunciamiento. Es así como, en cumplimiento de tal mandato, el 12 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución de Intendencia 125-015-0000181/SUNAT[16], que declaró infundado el recurso de reclamación presentado por la demandante. Posteriormente, con fecha 10 de mayo de 2012, la recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución de Intendencia 125-015-0000181/SUNAT, y que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Como puede apreciarse de las fechas señaladas, el plazo para resolver los recursos interpuestos fue excedido”[17].
5.
Por tanto, en virtud de las
razones arriba expuestas, el cobro de intereses moratorios durante el tiempo en
que la administración tributaria excedió el plazo legal para resolver, sin
culpa del administrado, vulnera los derechos de petición y de propiedad.
6.
En lo que respecta al
cuestionamiento de las multas impuestas, ello, como indica la sentencia en mayoría[18], no
corresponde ser evaluado en el proceso de amparo, ya que se requiere de
estación probatoria lata en la que se pueda dilucidar si la recurrente incurrió
o no en la infracción imputada, por lo que la demanda resulta improcedente en
este extremo, de conformidad con el artículo 7, inciso 2, del Nuevo Código
Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, mi voto es por:
1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda.
2. DISPONER que la parte demandada efectúe el cálculo de los intereses moratorios sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo en exceso que, respecto del plazo legal establecido, tomó la administración tributaria para resolver los medios impugnatorios planteados por la recurrente.
3. ORDENAR a la parte demandada el pago de costos procesales.
4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene.
S.
PACHECO ZERGA