EXP. N.° 03926-2021-PA/TC

LIMA

DISTRIBUIDORA VEGA S.A.

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de mayo de 2024

VISTO

El recurso de apelación por salto interpuesto por don Hugo Escobar Agreda, abogado de la Distribuidora Vega SAC, contra la Resolución 21, de fecha 13 de marzo de 2019[1], emitida por el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima; y

ATENDIENDO A QUE

1. Con fecha 10 de julio de 2002[2], la recurrente interpuso demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal (TF), a fin de que se declare inaplicable a su caso la Ley 26777, que creó el impuesto extraordinario a los activos netos (IEAN), y que, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución del Tribunal Fiscal 01825-2-2002, que confirmó la Resolución de Intendencia 015-4-14206/SUNAT, y la Orden de Pago 011-01-0063221, por concepto del IEAN correspondiente al mes de mayo de 1997. Asimismo, solicitó a la SUNAT que se abstenga de cobrar el monto de los intereses devengados por dicha orden de pago o por cualquier otra expedida en dicho ejercicio. Señaló que, en tanto la empresa no ha generado rentas con las cuales pueda pagar el monto del impuesto en dicho periodo, su exigencia genera efectos confiscatorios y vulnera sus derechos constitucionales a la propiedad, a la libertad de empresa, al trabajo y a la seguridad jurídica.

2. Mediante sentencia de fecha 4 de abril de 2007[3], emitida en el Expediente 04344-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional dispuso en su parte resolutiva:

1. Declarar INFUNDADA la demanda.

2. Ordenar a la SUNAT que se abstenga de considerar el monto de los intereses moratorias derivados de la cobranza de la Orden de Pago 011-01-0063221, de mayo de 1997, conforme a lo dispuesto en el fundamento 4 supra, y que oriente al contribuyente a fin de que pueda acceder a las facilidades de pago establecidas en el Código Tributario y las leyes de la materia.

3. Asimismo, en su fundamento 4, declaró que “la SUNAT debe abstenerse de cobrar el monto de los intereses devengados por la orden de pago cuestionada desde la fecha de la reclamación, por cuanto en tal supuesto el monto de la deuda, debido al tiempo transcurrido, terminaría por afectar económicamente a la recurrente de manera desproporcionada”.

4. Con fecha 19 de agosto de 2010[4], el abogado de Distribuidora Vega S.A. presentó un pedido de represión de actos lesivos homogéneos y solicitó que se deje sin efecto la Resolución de Intendencia 0250140012073/SUNAT[5]. Como consecuencia de ello requirió que se le devuelva lo indebidamente pagado por concepto de intereses moratorios originados en la Orden de Pago 011-01-0063221. Manifestó que, pese a que el Tribunal Constitucional ordenó a la SUNAT no cobrarle por dicho concepto a través de la sentencia recaída en el Expediente 04344-2006-PA/TC, esta se ha negado a devolver la suma de dinero requerida.

5. Mediante auto de fecha 19 de abril de 2016[6], recaído en el Expediente 03308-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró infundada la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos por estimar que “Una solicitud de represión de actos lesivos homogéneos cobra sentido cuando, habiéndose ejecutado una sentencia estimatoria de amparo, habeas corpus, habeas data o cumplimiento, deviene un acto vulneratorio de derechos sustancialmente igual al que dio origen al proceso. De allí que no corresponda recurrir a dicha figura procesal para solicitar la ejecución de una sentencia toda vez que, en dicho supuesto, lo que se solicita no es la represión de un acto homogéneo, sino la debida actuación de un mandato contenido en una sentencia de condena […]. Así, se advierte que la actora no denuncia la producción de un nuevo acto lesivo, sino que acciona frente a lo que percibe como una deficiente actuación de la sentencia”. No obstante, en el considerando 6 indicó lo siguiente: “Desde un primer nivel de análisis, dicho fallo es desestimatorio en sentido simple como lo han interpretado en las instancias jurisdiccionales precedentes. Sin embargo, más allá del nomen iuris empleado, se advierte que la sentencia en realidad es parcialmente estimatoria”. En el considerando 11 señaló que “[…] queda a salvo su derecho para exigir la ejecución de la sentencia de conformidad con los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional y, si fuera el caso, valerse de la doctrina jurisprudencial vinculante contenida en las sentencias emitidas en los Expedientes 00168-2007-Q/TC y 00004-2009-PA/TC.”

6. Devuelto el expediente[7], el juez del Séptimo Juzgado Civil emitió la Resolución 20, de fecha 13 de agosto de 2018 [8], ordenó que se cumpla lo ejecutoriado y que se continúe el proceso conforme a la etapa que corresponde.

Solicitud de ejecución de sentencia

7. Mediante escritos de fechas 23 de mayo de 2018[9] y de 18 de setiembre de 2018[10], la parte recurrente solicitó al Juzgado que ordene a la SUNAT la devolución de los intereses cobrados, argumentando que, antes de que el Tribunal Constitucional expida sentencia, la SUNAT emitió la Resolución de Intendencia 0250140012073/SUNAT[11], mediante la cual se cobró la suma imputada en la Orden de Pago 011-01-0063221, incluyendo los intereses.

Resolución de primera instancia

8. El Juzgado de primera instancia, a través de la Resolución 21, de fecha 13 de marzo de 2019[12], [i] corrigió la Resolución 20, del 13 de agosto de 2018, dando por concluido el proceso y ordenando que se remita los autos al Archivo Central; y [ii] declaró improcedente lo solicitado por el recurrente mediante escritos de fechas 23 de mayo de 2018 y 18 de setiembre de 2018, señalando que el auto recaído en el Expediente 04344-2006-PA/TC solo ordenó la abstención del cobro de intereses, mas no su devolución.

Apelación por salto

9. Con fecha 4 de abril de 2019[13], la recurrente interpuso recurso de apelación por salto, a fin de que se declare nula la Resolución 21 y se ordene a la SUNAT que proceda a la devolución de los intereses cobrados indebidamente por medio de la Orden de Pago 011-01-0063221. Afirmó que el a quo denegó su pedido, pese a que el fundamento 11 del auto recaído en el Expediente 03308-2013-PA/TC dejó a salvo su derecho de solicitar la devolución del pago de intereses en la vía de ejecución de sentencia[14].

10. Por medio de la Resolución 22, de fecha 15 de julio de 2019[15], el a quo declaró improcedente el recurso de apelación por salto, tras considerar que la causa debía archivarse en virtud de lo resuelto en el auto dictado en el Expediente 03308-2013-PA/TC.

11. Contra la Resolución 22, la recurrente interpuso recurso de queja, el cual fue declarado fundado mediante auto emitido en el Expediente 00108-2019-Q/TC[16], por lo que se ordenó la remisión de todo lo actuado a este Colegiado, a fin de resolver el citado recurso de apelación por salto.

Absolución de la apelación por salto

12. Mediante Escrito 003102-2023-ES, la Procuraduría del MEF señaló que el Tribunal Fiscal no tiene competencia para cobrar sumas de dinero y que ello es atribución exclusiva de la Administración tributaria, específicamente de SUNAT.

13. Con Escrito 003150-2023-ES, la Procuraduría de SUNAT manifestó que con la Orden de Pago 011-01-0063221 se requirió a la demandante el monto de S/. 59,264.00, por la omisión al pago del impuesto extraordinario a los activos netos correspondiente al periodo mayo 1997, más los intereses. Agregó que, paralelamente al proceso de amparo, en la vía administrativa, la demandante solicitó la devolución de un saldo a su favor que fue aceptado por SUNAT; que, empero, dicho saldo fue compensado con la deuda señalada en la referida Orden de Pago 011-01-0063221, por lo que dicha compensación fue imputada a la deuda y luego deducida parcialmente. Por ello, afirma que la deuda fue pagada y que al haberse extinguido ya no resulta exigible.

Delimitación de la apelación por salto

14. El objeto del presente recurso de apelación por salto es que se declare la nulidad de la Resolución 21, de fecha 13 de marzo de 2019, y se ordene a la SUNAT proceder a la devolución de los intereses cobrados indebidamente mediante la Orden de Pago 011-01-0063221.

15. La parte recurrente señala que el juez de ejecución estaría incumpliendo el mandato de la sentencia recaída en el Expediente 04344-2006-PA/TC y del auto dictado en el Expediente 03308-2013-PA/TC, ambos emitidos por el Tribunal Constitucional, respecto a que la demandada se abstenga de cobrar intereses.

Análisis de la controversia

16. La efectiva ejecución de las sentencias constitucionales encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Constitución al establecer que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retrasar su ejecución (…)”, así como en la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (artículo 139.3), tutela que debe caracterizarse por ser efectiva, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida en que toda persona tiene derecho a un “recurso efectivo” ante los tribunales o jueces competentes.

17. Por otro lado, este Tribunal generó, a través de su jurisprudencia, la figura del recurso de apelación por salto como un medio para mejorar la efectiva ejecución de sus propias decisiones participando directamente. Actualmente, dicha figura se encuentra regulada en el artículo 22.c) del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que “de forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en procesos de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó. No procede cuando i) el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, de los devengados o de los reintegros de los intereses de las costas o de los costos; y ii) el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende se establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo.

18. Así, el recurso de apelación por salto procede cuando la tutela judicial otorgada por una sentencia del Tribunal Constitucional a los derechos fundamentales conculcados no viene siendo adecuadamente ejecutada por el juez de ejecución de primera instancia. En otras palabras, no se ha cumplido con restituir judicialmente la eficacia del derecho conforme al mandato ordenado. En dicho caso, no existe necesidad de que la Sala Superior conozca de tal recurso (Cfr. artículo 23 c, del Nuevo Código Procesal Constitucional).

19. A efectos de resolver la controversia planteada, resulta preciso examinar qué es lo que evaluó, determinó y ordenó el Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente 04344-2006-PA/TC, pues solo así podrá analizarse si la sentencia mencionada ha sido ejecutada, en sus propios términos, por el órgano judicial emplazado.

20. En tal sentido corresponde precisar que, en el fundamento 3 de la sentencia emitida en el Expediente 04344-2006-PA/TC, este Tribunal declaró infundada la demanda considerando que

… el argumento principal de la recurrente consiste en alegar que el cobro del IEAN resulta confiscatorio en su caso, en tanto la empresa presentó una situación de pérdida en el ejercicio 1997. A ese respecto reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que el hecho de que el contribuyente haya obtenido ganancias o pérdidas no es determinante para eximirse del pago en el caso de impuestos al patrimonio (STC 2727-2003-AA/TC, STC 1907-2003-AA/TC, STC 1255-2003-AA/TC).

21. En tal caso, la fundamentación de la sentencia es clara y concreta y ha ingresado al tema de fondo resolviendo la litis en contra de la recurrente, por cuanto el IEAN resulta ser un tributo patrimonial y no está determinado por el monto de sus ingresos (rentas).

22. Por su parte, el fundamento 4 de la referida sentencia agregó lo siguiente:

No obstante la demanda deba ser desestimada respecto a la inaplicación de las resoluciones administrativas cuestionadas y la inexigibilidad de la orden de pago N.º 011-01-0063221, lo cierto es que al igual que en la STC 1255-2003-AA/TC y la STC 3591-2004-AA/TC en el presente caso también debe aplicarse el criterio que ordena a la SUNAT abstenerse de cobrar el monto de los intereses devengados por la orden de pago cuestionada desde la fecha de la reclamación, por cuanto en tal supuesto el monto de la deuda, debido al tiempo transcurrido, terminaría por afectar económicamente a la recurrente de manera desproporcionada.

23. Mientras que la parte resolutiva estableció lo siguiente:

1. Declarar INFUNDADA la demanda.

2. Ordenar a la SUNAT se abstenga de considerar el monto de los intereses moratorias derivados de la cobranza de la orden de pago 011-01-0063221, de mayo de 1997, conforme a lo dispuesto en el fundamento 4 supra, y que oriente al contribuyente a fin de que pueda acceder a las facilidades de pago establecidas en el Código Tributario y las leyes de la materia.

24. Como se advierte, el último fundamento fue claro al establecer una obligación de no hacer para la SUNAT, esto es, que desde la fecha de reclamación y hacia adelante la SUNAT, por mandato judicial, debía abstenerse de cobrar intereses moratorios y, en sentido contrario, desde esa fecha hacia atrás la SUNAT está facultada para cobrarlos por cuanto la demanda fue declarada infundada y el IEAN resultó aplicable a la recurrente.

25. Estando a lo dicho, se aprecia que la fecha de reclamación es del 22 de agosto de 2001 [17] y que se dirige contra la Orden de Pago 011-01-0063221 [18], que fue notificada el 16 de agosto de 2001 con el siguiente detalle:

(…)

Fecha de vencimiento: 19-06-1997

(…)

- Importe de omisión : S/. 59,246.00

- Intereses al 31-12-2000 : S/. 78,784.00

- Intereses a partir del 01-01-2001 : S/. 18,836.00

- Total : S/. 156,416.00

La deuda ha sido calculada hasta el 10 de agosto de 2001. Posterior a esta fecha será actualizada.

26. Como se aprecia, a la fecha de reclamación (22-8-2001) ya existía una obligación tributaria principal por S/. 59,246.00, a lo que se debe agregar los intereses por un importe de S/. 97,620.00[19]. Este último monto se obtiene de la suma de los intereses al 31 de diciembre de 2000 y los intereses del 1 de enero de 2001 a agosto de 2001, tal como se señala en la referida Orden de Pago 011-01-0063221[20]. Siendo esto así, la SUNAT, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, solo debía cobrar dicho monto, por intereses, y abstenerse de cobrarlos desde el 22 de agosto de 2001 hacia adelante.

27. Sin embargo, a efectos del análisis del recurso de apelación por salto, corresponde verificar, en observancia de lo resuelto por este Tribunal, si la emplazada dejó de incluir intereses en la deuda de la recurrente vinculada al IEAN desde el 22 de agosto de 2001, o si, por el contrario, la emplazada, en claro desacato a lo ordenado, imputó o cobró intereses para dicha deuda con posterioridad a dicha fecha. Esta fecha corresponde al día en que la demandante hizo su reclamación.

De cómo la SUNAT se valió de un proceso administrativo al interior de su sede para cobrar el impuesto extraordinario a los activos netos (IEAN) y luego afirmar inejecutabilidad de la sentencia del Tribunal Constitucional por extinción de la obligación

28. En el 2005, la demandante inició un procedimiento administrativo de manera paralela y ajena al presente proceso constitucional, en el cual solicitó a la SUNAT la devolución del importe de S/. 151,737.00, que había pagado por concepto de anticipo adicional del impuesto a la renta (AAIR) correspondientes a los periodos de abril a diciembre de 2003.

29. Este hecho ha sido reconocido por la emplazada mediante su Escrito 003150-23-ES, del 7 de junio de 2023[21], donde además reconoció que mediante Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT[22], de fecha 25 de octubre de 2005, aprobó la devolución. Asimismo, reconoció que el importe aceptado en devolución por concepto de AAIR fue imputado contra la deuda generada por el IEAN. Es así que procedió a compensar el monto de S/. 134,211.00 con la deuda que se había imputado en contra de la recurrente en la Orden de Pago 011010063221 (que fue cuestionada en la demanda de amparo de estos autos y que incluía el pago de intereses desde la fecha de reclamación hasta el 2005), conforme se desprende del artículo 2 de la mencionada resolución, donde aparece un cuadro que detalla los importes devueltos, compensados y cobrados:

Artículo 2.- Aplíquese la nota de crédito negociable autorizada en el punto 1 del artículo anterior a la cancelación de la deuda tributaria, según detalle[23]:

30. Más aún, la demandada indica en el octavo considerando del aludido Escrito 003150-23-ES que, al haberse cobrado la deuda total (25 de octubre de 2005), la orden de pago ya se encontraba extinguida cuando se dictó la sentencia del 4 de abril de 2007, añadiendo que procedieron a cobrarse la deuda porque el artículo 119 del Código Tributario regula las causales de suspensión y conclusión del procedimiento de ejecución coactiva y que, conforme a dicho artículo, la sola interposición de la demanda de amparo no suspende ni concluye la ejecución coactiva, sino que para ello se requiere de una medida cautelar emanada en el proceso. No obstante lo referido, la demandada afirmó literalmente que “…ejecutó la compensación (y cobro) sin conocimiento de lo actuado en sede judicial… motivo por el cual, no resultaba posible ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia… (y que además) …el Tribunal no dispuso la devolución de los intereses moratorios… por tanto, la STC No 04344-2006-AA/TC deviene en inejecutable…”.

31. En efecto, de la lectura de la parte resolutiva de la Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT se extrae que la demandada cobró intereses a la recurrente más allá de la fecha de reclamación, que data del 22 de agosto de 2001, hasta el 25 de octubre de 2005, contrariamente a lo dispuesto en la sentencia.

Del cumplimiento efectivo de la sentencia

32. Como quedó expuesto en los numerales 16 a 18 de la presente resolución, ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retrasar su ejecución; asimismo, debe respetarse el debido proceso y la tutela jurisdiccional, que se caracteriza por ser efectiva, lo que incluye que toda persona tiene derecho a un “recurso efectivo” ante los tribunales o jueces competentes, como el recurso de apelación por salto como un medio para mejorar la efectiva ejecución de sus propias decisiones participando directamente.

33. Por ello, si bien resulta cierto que, conforme alega la SUNAT, la Orden de Pago 011010063221, al 25 de octubre de 2005, fecha de emisión de la Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT, mantenía su vigencia en cuanto a la deuda fijada, también resulta cierto que dicha determinación de deuda resultaba inconstitucional en cuanto al cobro de los intereses conforme se estableció a la fecha de publicación de sentencia emitida en el Expediente 04344-2006-AA/TC, esto es, al 25 de mayo de 2007.

34. En tal sentido, aun cuando el cobro de dicha orden de pago se ejecutó antes de la emisión de la sentencia de autos, lo cierto es que su contenido incluyó intereses generados con posterioridad a la reclamación, monto liquidado que era inconstitucional, razón por la cual su cobro anticipado resultó indebido.

35. Con fecha 4 de agosto de 2008, la demandante solicitó la devolución de los intereses por la suma de S/. 25,087.00, pedido ante el cual la SUNAT emitió la Resolución 012-018-0010058/SUNAT, de fecha 30 de setiembre de 2008[24], que declaró improcedente dicho pedido.

36. Contra dicha decisión la recurrente presentó un recurso de reclamación que fue resuelto mediante la Resolución de Intendencia 0250140012073/SUNAT[25], que lo declaró infundado, por considerar que

…la deuda contenida en la mencionada orden de pago ya había sido cobrada el 25 de octubre de 2005, antes de la emisión de la Sentencia, mediante Resolución de Intendencia N° 012-018-0004347/SUNAT, por lo tanto, no cabe abstenerse de efectuar la cobranza de la deuda tributaria, ni orientar al contribuyente para la obtención de facilidades de pago…. (énfasis agregado)

37. De lo expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional concluye que la SUNAT ejecutó un cobro indebido de los intereses moratorios determinados en la Orden de Pago 011-01-0063221, de mayo de 1997, monto que, con la emisión de la sentencia en el caso de autos, resultaba inconstitucional por incluir intereses con posterioridad a la fecha de reclamación. Tal decisión fue conocida por la SUNAT desde la fecha de la notificación de dicha sentencia —4 de julio de 2007[26]—, según aparece en el Expediente 04344-2006-PA/TC, que obra en los archivos de este Tribunal. Pese a ello, y a que la recurrente requirió la devolución del pago indebido de los intereses el 4 de agosto de 2008, la SUNAT no corrigió su conducta y se ha negado a devolver lo indebidamente cobrado a través de la Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT.

38. Así las cosas, materialmente, tanto la Resolución 012-018-0010058/SUNAT, de fecha 30 de setiembre de 2008, como la Resolución de Intendencia 0250140012073/SUNAT, de fecha 25 de mayo de 2010, han desconocido los términos de la sentencia de autos alegando que, como ya se ejecutó el cobro de la Orden de Pago 011-01-0063221 y se extinguió la deuda —a través de la Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT— “la aplicación posterior de la disposición del Tribunal Constitucional respecto de la deuda tributaria debiera producirse respecto de hechos o situaciones jurídicas existentes —siguiendo el mismo principio— de donde tenemos que, al encontrarse extinguida la deuda tributaria —que el mismo Tribunal Constitucional declara absolutamente constitucional— su aplicación resulta un imposible jurídico[27]”.

39. Siendo ello así, y estando a lo dispuesto en el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que señala que se debe velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos, y que puede adoptar cualquier otra decisión o medida que sea proporcional y razonable para la preservación, restitución y protección de los derechos constitucionales objeto del proceso, corresponde declarar nulas las Resoluciones de Intendencia 0250140012073/SUNAT y 012-018-0010058/SUNAT, mediante las cuales la SUNAT se negó a la devolución de lo indebidamente cobrado, a pesar de que el Tribunal Constitucional dispuso que no se cobren intereses a la recurrente con posterioridad al recurso de reclamación, porque dichas decisiones distorsionaron la ejecución de la sentencia de autos. Asimismo, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT, a efectos de que la demandada realice una correcta determinación de la deuda que correspondía cobrar a la recurrente en atención a lo dispuesto por la sentencia emitida en estos autos, a fin de que se defina con exactitud aquel monto que no debió cobrarse de la Orden de Pago 011-01-0063221, y que se proceda con la devolución de aquello que fue indebidamente cobrado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto.

2. Declarar la nulidad de las Resoluciones de Intendencia 012-018-0004347/SUNAT, 0250140012073/SUNAT y 012-018-0010058/SUNAT.

3. ORDENAR a la SUNAT que emita una nueva resolución que determine el monto correcto de la deuda de la recurrente, correspondiente al IEAN, a efectos de que se proceda con la devolución del monto indebidamente cobrado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

[26] Cfr. foja 60 del cuadernillo del Tribunal Constitucional del Expediente 4344-2006-PA/TC.