Sala Segunda. Sentencia 692/2024
EXP. N. º 03784-2023-PHD/TC
SAN MARTÍN
MATILDE TUANAMA DE SALAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zerdy Miguel Reza Burga, abogado de doña Matilde Tuanama de Salas, contra la Resolución 12, de fecha 15 de agosto de 2023[1], emitida por la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de abril de 2021, doña Matilde Tuanama de Salas interpuso demanda de habeas data[2], subsanada mediante escrito de fecha 17 de junio de 2021[3], contra la Red de Salud El Dorado y el Gobierno Regional de San Martín. Solicitó que la red de salud demandada, además de los costos procesales, le entregue copia de todas las historias clínicas que se abrieron para su atención médica, más la Historia Clínica 6234, información que, afirmó, se encuentra en resguardo de esta Unidad de Gestión Territorial de Salud.
Manifestó que, mediante solicitud de fecha 28 de enero de 2021[4], requirió a la demandada las referidas historias clínicas, las cuales se encuentran en sus archivos o en poder de sus órganos descentralizados (postas médicas y centros de salud); que, sin embargo, transcurrido el plazo legal, al no haber obtenido respuesta, consideró vulnerados sus derechos de acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Adicionalmente, indicó haber iniciado los trámites de incorporación al Registro de víctimas de esterilización forzada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que los documentos solicitados servirán para acreditar ante las instancias ordinarias la esterilización forzada de la que, asegura, haber sido víctima.
Mediante Resolución 2, de fecha 10 de noviembre de 2021[5], el Juzgado Mixto de San José de Sisa admitió a trámite la demanda.
El director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo de la Dirección Regional de Salud de San Martín, mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2021[6], se apersonó al proceso y contestó la demanda. Refirió que la recurrente no cuenta con historia clínica y presentó el Oficio 392-2021-J. MICRO RED SISA, de fecha 15 de octubre de 2021[7] como medio probatorio.
La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2021[8], se apersonó al proceso y contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente. Alegó que, mediante el Oficio 392-2021-J. MICRO RED SISA, el representante de la Microrred de Salud de San José de Sisa determinó que la recurrente no cuenta con historia clínica y que, por ello, en el presente caso no existe ningún sustento constitucional en la demanda formulada. Además, indicó que la recurrente no ha logrado acreditar que la información que solicita esté en poder de los demandados.
Mediante Resolución 6, de fecha 26 de noviembre de 2021[9], el juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda con costos procesales. Estima que el Oficio 392-2021-J. MICRO RED SISA solo dice que la actora no cuenta con historia clínica, pero no se logra dilucidar la causa o motivo de la inexistencia de la información solicitada, de manera que dicho oficio no justifica que no se haya atendido el pedido de la recurrente de manera oportuna; que, por tanto, la inercia de la demandada afectó el derecho fundamental alegado. Además de ello, el Juzgado argumenta que no se advierte de autos que la información solicitada se encuentre inmersa en los lineamientos de restricción y reserva, y que tampoco afecta la seguridad nacional ni la intimidad personal, por lo que a su criterio se afectó el derecho invocado.
La Sala Superior revisora, mediante Resolución 12, de fecha 15 de agosto de 2023[10], revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, tras considerar que en autos no obra medio de prueba —atención médica u otro documento del cual se pueda advertir el año, la fecha, los nombres del médico o de los médicos que la atendieron en la supuesta esterilización forzada, a fin de acreditar su existencia— que permita verificar que las historias clínicas solicitadas se encuentran en el acervo documentario de la entidad demandada, para así poder exigir su entrega; más aún si mediante el Oficio 392-2021-J. MICRO RED SISA la demandada ha precisado que la recurrente no cuenta con historia clínica en la Microrred de San José de Sisa, por lo que resulta aplicable el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806), en tanto que la entidad demandada no está obligada a crear o producir información de la cual carece. Por último, argumenta que también se debe tener en cuenta que comunicó tal situación a la recurrente.
FUNDAMENTOS
Cuestión procesal previa
1. Conforme se advierte del documento de fecha 28 de enero de 2021[11], la recurrente requirió a la parte emplazada “copia total de todas las historias clínicas aperturadas para la atención médica a favor de la accionante (que debe entenderse que también incluye la Historia Clínica 6234 pedida en la demanda), dentro de sus instancias de la Unión de Gestión Territorial de esta jurisdicción”.
2. Cabe agregar que, conforme refiere la recurrente en su demanda, el requerimiento de fecha 28 de enero de 2021 no fue atendido por la parte emplazada. Por esta razón, corresponde evaluar si tal denegatoria lesionó alguno de los derechos invocados o no.
Delimitación del petitorio
3. La presente demanda tiene por objeto que la entidad emplazada le proporcione a la recurrente copia de todas las historias clínicas que se abrieron para la atención médica de la accionante, las cuales se encuentran en resguardo de la Unidad de Gestión Territorial de Salud Red de Salud de El Dorado. Invocó la tutela de sus derechos constitucionales de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa.
Análisis de la controversia
4. El habeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución, que disponen lo siguiente:
Toda persona tiene
derecho:
[…]
5. A solicitar sin
expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
[…]
6. A que los
servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
5. Por su parte, este Tribunal Constitucional ha dejado claro que
(...) la protección del derecho a la
autodeterminación informativa a través del habeas
data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente
la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no,
cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los
datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer
qué es lo que se encuentra registrado, para qué y para quién se realizó el
registro de información, así como la (o las) persona(s) que recabaron dicha
información. En segundo lugar, el habeas data
puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, ya sea por
la necesidad de que se actualicen los que se encuentran registrados, o bien con
el fin de que se incluyan aquellos no registrados, pero que son necesarios para
que se tenga una cabal referencia sobre la imagen e identidad de la persona
afectada. Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él, mediante
el habeas data, un individuo puede rectificar
la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir que esta
se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o,
incluso, tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran
encontrarse almacenados[12].
6. En el presente caso, durante el trámite del presente proceso, la recurrente no ha presentado algún documento que indique que ha recibido atención médica en algún nosocomio de la Microrred de San José de Sisa y que permita inferir que se generó una historia médica con los datos de atención respectiva. Cabe precisar que la Constancia de Inscripción al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas[13], emitida en noviembre de 2016, por corresponder a un registro a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no coadyuva a demostrar la existencia de alguna historia médica de la recurrente.
7. Por otra parte, la demandante refiere haber sido víctima de un procedimiento de esterilización, pero tampoco aporta mayores datos como fechas, nombre del nosocomio, nombres de los médicos o del personal de salud que habría participado de tal acción, lo cual permita identificar, meridianamente, que la demandada generó una historia clínica de su persona.
8. Por el contrario, a través del Oficio 392-2021-J. MICRO RED SISA[14], la parte emplazada dio cuenta de que la recurrente no tiene historia clínica en la Microrred de San José de Sisa.
9. Siendo ello así, y al no contar la parte emplazada con historias clínicas de la recurrente, se debe desestimar la demanda, en la medida en que no puede exigírsele la entrega de información inexistente.
10. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde ordenar al juez de ejecución que proceda a notificar a la recurrente el Oficio 392-2021-J MICRO RED SISA, de fecha 15 de octubre de 2021.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
VOTO DEL MAGISTRADO
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Habiendo sido llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al sentido de la ponencia de mayoría, que resuelve: Declarar INFUNDADA la demanda.
Sin perjuicio de ello, preciso que los fundamentos que sustentan mi decisión son los siguientes: De acuerdo al escrito de demanda, la recurrente interpuso demanda de habeas data contra la Red de Salud El Dorado y el Gobierno Regional de San Martín. No obstante, conforme se identifica en la Consulta en Línea del Seguro Integral de Salud[15], el establecimiento de salud que le corresponde a la recurrente es “Punta del Este”, identificado con Código Único N°00006370.
Sobre ello, de acuerdo a la consulta actual en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)[16], se advierte que el referido centro de salud pertenece a la Red de Salud “San Martín” y, específicamente, a la Microrred “Tarapoto”.
Por consiguiente, resulta claro que la entidad emplazada no ostenta legitimación para obrar pasiva en los términos del artículo 56 del Nuevo Código Procesal Constitucional, toda vez que, en realidad, es la Red de Salud “San Martín”, la responsable de proveer la información requerida por la demandante. En ese sentido, se puede concluir que, en el caso en concreto, al no haber requerido la información a la entidad correspondiente, no se acredita la vulneración al derecho a la autodeterminación informativa.
S.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por
la posición de mis distinguidos colegas, emito el presente voto singular por no
encontrarme de acuerdo con lo resuelto. Considero que la demanda debe ser
declarada improcedente en un extremo y fundada en parte en cuanto a la entrega de copia de todas las historias clínicas abiertas
para la atención médica de la recurrente que se encuentre en Unidad de Gestión
Territorial de Salud de la Red de Salud El Dorado. Mi postura se sustenta en las razones que seguidamente paso a señalar.
1. En el presente caso, con relación a la solicitud de entrega de la Historia Clínica 6324, considero que no se ha cumplido el requisito establecido por el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Constitucional, anteriormente regulado por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional derogado, por lo que corresponde desestimar tal extremo.
2. De otro lado, se aprecia que mediante documento de fecha 28 de enero de 2021 la actora solicitó al director de la Red de Salud de El Dorado, la entrega copias certificadas del “total de todas las historias clínicas aperturadas para la atención médica a favor de la accionante, dentro de sus instancias de la Unidad de Gestión Territorial de Salud de esta jurisdicción”, no constando de autos que la entidad requerida hubiera atendido o dado alguna respuesta formal dirigida a la parte demandante en virtud de su pedido. Es más, al tomar conocimiento de la demanda de autos, recién a través de sus escritos de contestación el director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo de la Dirección Regional de Salud de San Martín como el Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín acompañaron el Oficio N°392-2021-J. MICRO RED SISA, de fecha 15 de octubre de 2021, en el que la Micro Red San José de Sisa comunicó a la directora ejecutiva de la Red de Salud El Dorado que, en el caso de la recurrente, ella no contaba con historia clínica.
3.
Por otra
parte, se advierte que en el documento de fecha 28 de
enero de 2021 la
actora solicitó la entrega de las copias de las historias clínicas aperturadas para su atención médica dentro de la Unidad de
Gestión Territorial de Salud de la Red de Salud El Dorado, la cual a su vez
cuenta con tres (3) micro redes[17]; empero, el Oficio N°392-2021-J.
MICRO RED SISA, de fecha 15 de octubre de 2021, presentado ante el órgano judicial
correspondiente y por el cual se comunica que la actora no cuenta con historia
clínica, fue remitido solo por una de ellas, la Micro Red San José de Sisa, sin
precisar si en ella se conserva la información sobre las historias clínicas de
las otras dos (2) micro redes que forman parte de la Red de Salud El Dorado.
4.
Así pues,
se advierte que la parte demandada no dio respuesta formal oportuna a la actora
en atención a su pedido de información formulado en ejercicio de su derecho a
la autodeterminación informativa y que incluso el oficio precitado (alcanzado
única y posteriormente al órgano jurisdiccional mediante escrito de apelación
de la demandada en el presente proceso) incorporaría información parcial
proveniente que solo una de las micro redes de la Red de Salud El Dorado. En
tal sentido, este extremo de la demanda debe ser estimado.
5.
No obstante lo expuesto, esta Sala advierte la existencia de
diversos procesos de hábeas data similares, impulsados por el mismo abogado
patrocinante Julio Miguel Reza Huaroc[18], en los que en vez de formular argumentos y/o acompañar medios
probatorios para enervar la afirmación de la emplazada así como la conclusión
arribada por la sala revisora a partir del Oficio N°392-2021-J. MICRO RED SISA,
de fecha 15 de octubre de 2021, no se verifica la existencia de la información
solicitada y se insiste en la necesidad de que se le abonen los costos
procesales. Siendo así, el objetivo del presente recurso parece estar animado,
más que en buscar la tutela de los derechos fundamentales invocados, en el pago
de costos procesales, desnaturalizando de ese modo la finalidad de los procesos
constitucionales, por lo que debe exonerarse a la demandada del pago los referidos
costos.
Por los fundamentos
expuestos y distanciándome de lo resuelto por mis colegas sobre uno de los
extremos de la ponencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda en
relación con la pretensión referida a la entrega de copia certificada de la
Historia Clínica 6234; declarar FUNDADA
en parte la demanda en relación con la pretensión referida
a la entrega de copia de todas las historias clínicas abiertas para la atención
médica de la recurrente que se encuentre en unidad de gestión territorial de
salud de la Red de Salud El Dorado, en consecuencia, se ORDENA a la demandada entregar las copias
solicitadas por la demandante o, de ser el caso, comunicar formalmente a la
recurrente sobre la inexistencia de la información solicitada proveniente de
todas las micro redes que forman parte de la Unidad de Gestión Territorial de El Dorado; y, exonerar a la parte demandada del pago de costos procesales.
S.
OCHOA CARDICH
[1] Foja 95.
[2] Foja 5.
[3] Foja 16.
[4] Foja 2.
[5] Foja 18.
[6] Foja 26.
[7] Foja 25.
[8] Foja 36.
[9] Foja 51.
[10] Foja 95.
[11] Foja 2.
[12] Cfr. Sentencia emitida en el
Expediente 01797-2002-HD/TC, fundamento 4.
[13] Foja 3.
[14] Foja 25.
[15] Consulta realizada en: http://app.sis.gob.pe/SisConsultaEnLinea/Consulta/FrmDetalleEnLinea.aspx
[16] Consulta realizada en: http://app20.susalud.gob.pe:8080/registro-renipress-webapp/ipress.htm?action=mostrarVer&idipress=00006370#no-back-button
[17] Conforme a la
información obtenida de la web institucional de la Dirección Regional de Salud
de San Martín: https://www.saludbajomayo.gob.pe/web/redes-de-salud/red-dorado , la Unidad de Gestión Territorial de El
Dorado cuenta con las siguientes tres (3) micro redes: Agua Blanca, San José de
Sisa y San Martín de Alao.
[18] A mayor
abundamiento, si bien el recurso de agravio constitucional aparece firmado por
el letrado Zerdy Miguel Reza Burga, la casilla
electrónica señalada como domicilio procesal continuó siendo la que pertenece
al abogado Julio Miguel Reza Huaroc.