EXP. N.° 03660-2023-PA/TC

LIMA

GLADYS HORTENCIA CABEZAS GUTIÉRREZ

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, estos dos últimos con sus fundamentos de voto que se agregan, pronuncia la presente resolución. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Hortencia Cabezas Gutiérrez contra la Resolución 4, de fecha 6 de octubre de 2020^{^[1]}, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo; y

ATENDIENDO A QUE

1. Con fecha 11 de diciembre de 2014^{^[2]}, doña Gladys Hortencia Cabezas Gutiérrez interpuso demanda de amparo contra el Ministerio de Educación y el director de la Región de Educación del Callao, solicitando la inaplicabilidad de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en los extremos de: (i) cambio automático y perjudicial de régimen laboral; (ii) confiscación de sus derechos patrimoniales por remuneraciones ganadas, mediante su derogatoria inmediata desde la vigencia de la impugnada; (iii) discriminación de lesa humanidad prevista en el artículo 323 del Código Penal mediante el cese en la función docente para aquellos procesados sin sentencia o aquellos sentenciados que hubieran cumplido sus sentencias penales y el plazo de inhabilitación por razones de persecución política; y (iv) pérdida del derecho al nivel magisterial ganado en su régimen escalafonario por una escala menor en el nuevo escalafón. Asimismo, solicitó que se declare la ultra vigencia de la Ley 24029.

2. Alega que se han lesionado sus derechos fundamentales a la propiedad, a la remuneración, a sus beneficios sociales, al principio de irrenunciabilidad de sus derechos laborales y a la igualdad y no discriminación. Refiere que se ha derogado sus remuneraciones de bonificaciones prevista en la normativa derivada de la Ley 24029, apropiándose el Estado confiscatoriamente de su patrimonio incorporado a su esfera por la sola vigencia de la ley cuestionada.

3. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 29 de enero de 2015^{^[3]}, declaró la improcedencia liminar de la demanda, en aplicación del artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional (vigente al momento de interposición de la demanda), por considerar que la recurrente no cuestiona un específico acto administrativo que eventualmente afectaría el derecho invocado, sino que se aprecia un cuestionamiento en abstracto respecto de determinados artículos de la ley cuestionada, por lo que el amparo no resulta la vía idónea para tutelar los derechos invocados.

4. La Sala Superior revisora, mediante Resolución 4, de fecha 6 de octubre de 2020^{^[4]}, confirmó la apelada en aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional (vigente al momento de la interposición de la demanda), por estimar que no se observa la vulneración de los derechos invocados por la actora, y que lo pretendido no se encuentra dirigido al contenido constitucional protegido de los derechos invocados.

5. En el contexto descrito en el presente caso se observa un doble rechazo liminar de la demanda.

6. En el presente caso, se aprecia que el amparo fue promovido el 11 de diciembre de 2014^{^[5]} y fue rechazado liminarmente el 29 de enero de 2015^{^[6]}, por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. Luego, con Resolución 4, de fecha 6 de octubre de 2020^{^[7]}, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior Justicia de Justicia de Lima confirmó la apelada. En ambas oportunidades no estaba vigente el Nuevo Código Procesal Constitucional.

7. El artículo 47 del referido Código permitía el rechazo liminar de la demanda, pero siempre que resultara «manifiestamente improcedente», como expresaba ese artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad constituía una herramienta válida a la que sólo cabía acudir cuando no existía duda de la carencia de verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. No se aprecia en la demanda de autos esa manifiesta improcedencia. Se requiere del contradictorio para poder resolver.

8. No se aprecia en la demanda de autos esa manifiesta improcedencia. Se requiere del contradictorio para poder resolver.

9. Por lo tanto, en aplicación del artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, deben anularse las resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que sea admitida a trámite.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar NULA la Resolución 1, de fecha 29 de enero de 2015 expedida por Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que declaró improcedente su demanda; y NULA Resolución 4, de fecha 6 de octubre de 2020 emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.

2. ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

MONTEAGUDO VALDEZ

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE PACHECO ZERGA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ

Conforme a la jurisprudencia hoy vigente del Tribunal Constitucional, en casos como el presente, en el que llega a este órgano colegiado un proceso constitucional que ha sido objeto de un doble rechazo liminar en las instancias previas, corresponde declarar nulo lo actuado y disponer la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial. Esto es así, con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos fundamentales) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.

Cabe precisar que, en el presente caso, el Nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Resolución 1, de fecha 29 de enero de 2015 (f. 21), decidió rechazar liminarmente la demanda; y la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 4, de fecha 6 de octubre de 2020 (f. 51), absolvió el grado. Sin embargo, en el momento que el Tribunal Constitucional conoce del recurso de agravio constitucional ya está vigente el Nuevo Código Procesal Constitucional y, en consecuencia, la prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos fundamentales. Por tanto, en el presente caso, conforme a lo dispuesto por los citados artículo 6 y la primera disposición complementaria final del Código, corresponde nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta sea admitida y se tramite conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

Por lo expuesto, considero que debe resolverse el presente caso en el sentido mencionado.

MONTEAGUDO VALDEZ