EXP. N.° 03340-2023-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AUTO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días
del mes de abril de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Pacheco Zerga con su
fundamento de voto que se agrega, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, ha emitido
la presente resolución. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en
señal de conformidad con lo votado.
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación (Minedu) contra la resolución de fecha 6 de enero de 2022[1], expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y
ATENDIENDO A QUE
1.
Con fecha 13 de noviembre de
2019, la entidad recurrente interpuso demanda de amparo[2]
contra los jueces del Vigésimo Noveno Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Décima Sala Laboral Contencioso
Administrativo ‒ Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a
fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i)
la Resolución 15, de fecha 13 de agosto de 2017[3],
que declaró improcedente la observación formulada ‒en etapa de ejecución‒
contenida en el Informe Pericial 027-2017-HYA-ETP-CSJL/PJ requiriéndose que cumpla
con pagar a favor de la parte demandante la suma ascendente a S/ 45 392.31 por
concepto de bonificación especial por preparación de clases y evaluación e
intereses legales por el monto de S/ 19 522.79; y (ii)
la Resolución 4, de fecha 23 de mayo de 2019[4],
que confirmó la Resolución 15; emitidas en el proceso sobre cumplimiento de
actuación administrativa interpuesto por doña Luz Agripina Aguayo Peralta de
Pachas en contra del Minedu[5].
Solicita la tutela de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa,
a la tutela jurisdiccional efectiva, a la debida motivación de las resoluciones
judiciales y a la educación, así como los principios de legalidad y de la
interdicción a la arbitrariedad y de equilibrio presupuestario.
2.
El Décimo Juzgado
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 1,
de fecha 23 de diciembre de 2019[6],
declaró improcedente de plano la demanda, fundamentalmente por considerar que
se pretende que la judicatura actúe como una supra instancia de revisión en la
que se pueda evaluar los criterios asumidos por los magistrados emplazados, no
obstante, se verifica que las resoluciones cuestionadas han sido motivadas
razonablemente y dentro de la normatividad vigente y se han pronunciado sobre
los puntos peticionados en la vía ordinaria.
3.
Posteriormente, la
Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución 4, de fecha 6 de enero de 2022[7],
confirmó la apelada por similares fundamentos.
4.
En el
contexto descrito en el presente caso se observa un doble rechazo liminar de la
demanda.
5.
Como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades,
el uso de la facultad de rechazar liminarmente la
demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir
cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen
verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que
supone que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de
debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo
liminar resultaba impertinente. No obstante, el 24 de julio de 2021 entró en
vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), que estableció su
artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos
constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.
6.
Asimismo, la
Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional
señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a
los procesos en trámite.
7.
En el
presente caso, se aprecia que el amparo fue promovido el 13 de noviembre de 2019
y fue rechazado liminarmente el 23 de diciembre de 2019 por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Luego,
con Resolución 4, de fecha 6 de enero de 2022, la Primera Sala Constitucional
de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada.
8.
En tal
sentido, si bien el Nuevo Código Procesal Constitucional no estaba vigente
cuando el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo
estaba cuando la Primera Sala Constitucional de
la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió
el grado. Por tanto, no correspondía que esta Sala revisora confirmase la
decisión de primer grado, sino que, por el contrario, declarase su nulidad y
ordenase la admisión a trámite de la demanda.
9.
Por lo expuesto, corresponde
aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual
faculta al Tribunal Constitucional, frente a resoluciones que han sido
expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la
decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato
anterior a la configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar
todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se
realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.
Por estas consideraciones,
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú,
RESUELVE
1.
Declarar NULA la Resolución 1, de fecha 23 de diciembre
de 2019, expedida por el Décimo
Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo;
y NULA la Resolución 4, de fecha 6
de enero de 2022, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.
2.
ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia
del Poder Judicial.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
