EXP

EXP. N.° 03338-2022-PA/TC

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2024, los magistrados Morales Saravia (presidente), Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, con fundamento de voto que se agrega, han emitido el presente auto. Los magistrados Pacheco Zerga (vicepresidenta) y Hernández Chávez emitieron votos singulares que también se agregan. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nidia Rosario Elías Espinoza contra la resolución de fojas 579, de fecha 21 de octubre de 2021, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

1. Con fecha 28 de junio 2019 (f. 490), la recurrente interpone demanda de amparo contra los jueces integrantes de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, denunciando la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales.

2. El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 6 de agosto de 2019 (f. 512), declara improcedente de plano la demanda, fundamentalmente por considerar que la demanda se había presentado fuera del plazo legal.

3. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución del 21 de octubre de 2021 (f. 579), confirma la apelada, por el mismo fundamento.

4. En el contexto anteriormente descrito se evidencia que, en el caso, se presenta un doble rechazo liminar de demanda.

5. Como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que suponía que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, el 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), que establece en su artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

6. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional prescribe que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

7. En el presente caso, se aprecia que el amparo fue promovido el 28 de junio 2019 y fue rechazado liminarmente el 6 de agosto de 2019, por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima. Luego, con resolución de fecha 21 de octubre de 2021, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada.

8. En tal sentido, si bien el nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba en vigencia cuando el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirme la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, debió declarar su nulidad y ordenar la admisión a trámite de la demanda.

9. Por lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio; esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar NULA la resolución de fecha 6 de agosto de 2019 (f. 512), expedida por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda; y NULA la resolución de fecha 21 de octubre de 2021 (f. 579), emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.

2. ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MORALES SARAVIA

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

OCHOA CARDICH

Si bien coincido con lo resuelto en el sentido de declarar nula la resolución judicial emitida en segunda instancia del presente proceso de amparo y de ordenar la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial, estimo necesario efectuar algunas consideraciones concernientes al extremo de declarar nula la resolución judicial emitida en segunda instancia.

En efecto, conforme a la jurisprudencia hoy vigente de este Tribunal Constitucional, en casos como el presente, en el que llega a este órgano colegiado un caso que ha sido objeto de un doble rechazo liminar en las instancias previas, corresponde declarar nulo lo actuado y disponer la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial. Esto es así, con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.

No obstante, cabe precisar que en el presente caso el Nuevo Código Procesal Constitucional aún no se encontraba vigente cuando el juzgado de primera instancia decidió rechazar liminarmente la demanda; por lo que no correspondería nulificar la resolución que este expidió, ya que en estricto no se habría incurrido en un vicio procesal al guiarse por lo regulado en el anterior Código Procesal Constitucional. Distinto es lo suscitado con la resolución emitida en segunda instancia cuando ya estaba vigente la prohibición del rechazo liminar.

En tal sentido, solo correspondería nulificar la resolución de segunda instancia y que la demanda sea admitida en el Poder Judicial conforme a las reglas procesales ahora vigentes. Sin embargo, en aras de evitar una dilación en la expedición de la decisión del Colegiado, en aplicación de los principios procesales de economía y de socialización regulados en el artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional y salvando mi posición sobre el extremo expuesto, procedo a dar mi conformidad a la ponencia del presente caso.

OCHOA CARDICH

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA

PACHECO ZERGA

Con el debido respeto, me aparto de lo resuelto por mis colegas, por las razones que expreso a continuación:

Sobre las excepciones para la admisión a trámite de la demanda

1. En el presente caso los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia en el presente proceso de amparo declararon la improcedencia liminar de la demanda. Por lo que correspondería, en principio, que se declare la nulidad de todo lo actuado, a fin de que se admita a trámite la demanda, de conformidad con el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

2. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia emitida en el Expediente 00030-2021-PI/TC, fundamentos 80 y 81, sobre demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra diversos artículos de la Ley 31307, publicada el 23 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano, que aprobó el Nuevo Código Procesal Constitucional, estableció algunos supuestos en los que no correspondería la admisión obligatoria de la demanda en los procesos constitucionales.

3. Esto ocurriría cuando los petitorios de las demandas carezcan de verosimilitud o cuando no contengan alguna pretensión real, o se evidencie algún imposible jurídico^{^[1]}.

Análisis del caso concreto

4. Con fecha 28 de junio 2019^{^[2]}, la recurrente interpone demanda de amparo contra los jueces integrantes de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, denunciando la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. Solicita la nulidad del auto que deniega su recurso de casación de fecha 22 de marzo de 2019 (Casación Laboral 24374-2017-LIMA).

5. En el presente caso cabe recordar que el artículo 45 del Código Procesal Constitucional vigente establece actualmente que, tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme. Asimismo, la norma aplicable al presente caso es el segundo párrafo del artículo 44 del pretérito Código Procesal Constitucional, pues se encontraba vigente cuando fue presentada la demanda de autos.

6. Así, la norma derogada establecía que, tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se iniciaba cuando la resolución quedaba firme y concluía treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordenaba que se cumpla lo decidido.

7. No obstante, este Tribunal Constitucional dejó establecido que, tratándose de una resolución judicial que tenía la calidad de firme desde su expedición ‒pues contra la misma ya no procedía ningún otro recurso‒ y no contenía extremos resolutivos cuyo cumplimiento fuera a ser dispuesto a través de un subsiguiente acto procesal, el plazo que habilita la interposición del amparo debía computarse desde el día siguiente al de su notificación.

8. En el presente caso, se tiene que el cuestionado Auto de Calificación recaído en la Casación Laboral 24374-2017-LIMA es firme porque es irrecurrible, además de que no requiere de ningún acto posterior para su cumplimiento. En ese sentido, el plazo para la interposición del amparo debe computarse a partir del día siguiente de su notificación, la cual se dio el 1 de abril de 2019^{^[3]} según autos.

9. Así las cosas, el plazo de 30 días para interponer demanda de amparo inició el día 2 de abril de 2019. Por tanto, al 28 de junio de 2019, fecha de interposición de la demanda^{^[4]}, evidentemente había transcurrido en exceso el plazo previsto.

10. En atención a lo expuesto, la demanda deviene en improcedente. Asimismo, en nada cambiaría la situación si se declara la nulidad de todo lo actuado y se admite a trámite la demanda.

En atención a lo expuesto, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

PACHECO ZERGA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular, el cual sustento en los siguientes fundamentos:

1. En el presente caso, la recurrente solicita que se deje sin efecto la Casación Laboral 24374-2017-Lima de fecha 22 de marzo de 2019, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Alega la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales.

2. Al respecto, la ponencia dispone la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial al haberse configurado un doble rechazo liminar, lo cual contraviene lo previsto en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual proscribe el rechazo liminar de la demanda en los procedimientos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

3. Empero, respetuosamente, discrepo de dicha posición, porque considero que, conforme a los actuados, en el presente caso se advierte que la demanda de autos fue interpuesta fuera del plazo legal, lo que amerita declarar improcedente la misma por extemporánea.

4. En esa línea, si bien es cierto que el artículo 45 del Nuevo Código Procesal Constitucional prevé que, tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme; también lo es que al interponerse la demanda estaba vigente el segundo párrafo del artículo 44 del pretérito Código Procesal Constitucional. La norma derogada establecía que, tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme y concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

5. Ahora bien, la Casación Laboral 24374-2017-Lima de fecha 22 de marzo de 2019, le fue notificada a la demandante el 1 de abril de 2019 (f. 483), mientras que la demanda de amparo fue presentada el 28 de junio de 2019 (f.490).

6. Cabe agregar que, del contenido de la precitada resolución judicial, no hay ningún extremo resolutivo por ejecutar, por lo que, el plazo de los 30 días hábiles se computa desde el día siguiente de la correspondiente notificación. Siendo así, la demanda fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 44 del pretérito Código Procesal Constitucional ―hoy artículo 45 del Nuevo Código Procesal Constitucional― aplicable al caso de autos.

7. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la demanda, de conformidad con el artículo 7, inciso 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, mi voto es por: Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

[1] Los citados fundamentos 80 y 81 señalan lo siguiente:

“80. No se puede soslayar que también hay casos extremos, por tratarse de petitorios carentes de verosimilitud. Los ejemplos consignados como el de la persona que alegaba ser perseguida por “armas electromagnéticas” (sentencias recaídas en los Expedientes 02744-2002-PHC/TC, 00491-2007-PHC/TC) o la demanda interpuesta a favor de un roedor (véase Cfr. sentencia emitida en el Expediente 02620-2003-PHC/TC), entre otras, no requieren ser admisibles obligatoriamente por la vigencia de la regla de prohibición del rechazo liminar.

81. El juez constitucional peruano tiene capacidad de poder interpretar la norma sin sustraerla de su finalidad, es decir, admite las causas por regla general, pero aquellas que no contienen alguna pretensión real deben rechazarse de plano, por contener un imposible jurídico. En consecuencia, si la demanda contiene una pretensión que carece de virtualidad, no es calificable…”