Pleno. Sentencia 106/2024
EXP. N.° 03222-2022-PA/TC
LIMA
GUADALUPE ROBERTO
PASCASIO QUIÑONES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En
Lima, a los 26 días del mes de enero de 2024, los magistrados
Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta),
Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y
Hernández Chávez han emitido la presente sentencia. El magistrado Gutiérrez Ticse emitió un voto singular que se agrega. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo
votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por
Guadalupe Roberto Pascasio Quiñones contra la resolución de fojas 173, de fecha
17 febrero de 2021, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 10 de mayo de 2019 (f. 96), la recurrente
interpone demanda de amparo contra los señores jueces del Octavo Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia del Perú, a fin de que: (a) se declare la nulidad de la decisión
del Octavo Juzgado Especializado de Trabajo contenida en la Sentencia N° 349-2015 que declaró fundada en parte la demanda de
indemnización por daños y perjuicios que interpuso contra el Poder Judicial;
(b) se declare la nulidad de la decisión de la Tercera Sala Laboral, que revocó
la sentencia precitada y, reformulándola, declaró infundada la demanda de
indemnización por daños y perjuicios que interpuso; (c) se declare la nulidad
de la decisión de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República contenida en la
Casación Laboral N° 12982-2017 Lima, que declaró
improcedente el recurso de casación que interpuso contra la sentencia emitida
por la Tercera Sala Laboral; y (d) se declare que corresponde el pago de los
costos que irrogue el proceso a su favor. Denuncia la vulneración de su derecho
a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
Manifiesta que ingresó a laborar al Poder Judicial
mediante Resolución N° 069/79-TA-DIGA el 12 de marzo
de 1979, con el cargo de auxiliar; iniciando así su carrera administrativa bajo
el régimen laboral de la actividad pública regulada por el Decreto Legislativo
276. Indica que el 1 de marzo de 1996 ocupaba el cargo de jefe administrativo
I, nivel F 1 de la Gerencia General del Poder Judicial, y fue coaccionado a
renunciar al Poder Judicial conforme da cuenta la Resolución Administrativa del
Titular del Pliego del Poder Judicial N°
102-96-SE-TP-CME-PJ; renuncia que le fue exigida como parte del programa de
reorganización y racionalización de personal del Poder Judicial en el marco del
programa de reorganización y racionalización de personal de las entidades
públicas del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori,
que conllevó la violación de derechos laborales de miles de trabajadores
irregularmente cesados. Aduce que al momento del cese percibía la remuneración
mensual de S/ 713.86 soles, conforme a la constancia expedida por el subgerente
de Remuneraciones y Beneficios de la Gerencia General del Poder Judicial.
Sostiene que en el marco de las acciones del Estado por corregir los ceses
inconstitucionales del gobierno de Fujimori, se emitió la Resolución
028-2009-TR, de fecha 4 de agosto de 2009, la cual dispuso la publicación de la
lista de ex trabajadores cesados irregularmente, lista en la que figuraba con
el Nro. 5767-Poder Judicial, y que, conforme a las atribuciones de la Comisión
Ejecutiva a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 29059, deben ser
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Asevera
que mediante Resolución Administrativa 277-2010-GG-PJ, se aprueba la
contratación del demandante al Poder Judicial como asistente administrativo 1,
bajo la modalidad de reincorporación en cumplimiento de la Ley 27803, a partir
del 1 de junio de 2010, bajo los alcances del régimen laboral de la actividad
privada regulada por el Decreto Legislativo 728; esto es, a plazo
indeterminado.
Señala que, conforme a los medios probatorios adjuntados a
la demanda de daños y perjuicios, quedó comprobado que fue reincorporado al
Poder Judicial luego de 14 años y 3 meses de haber sido separado de dicha
entidad, tiempo que constituye daños y perjuicios en su contra. Afirma que el
reconocimiento y pago de la indemnización por daños y perjuicios se demandó el
30 de enero de 2015 ante el Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Lima, y se requirió al Poder Judicial que le
pague la suma de S/ 491 513.18 soles.
Refiere que mediante Sentencia N°
349-2015, notificada el 6 de octubre de 2015, el Octavo Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente declaró fundada en parte la demanda que interpuso
respecto de la indemnización de daños y perjuicios en el rubro de daño moral, y
ordenó el pago de S/ 8 566.32 soles más los intereses legales y costos del
proceso, sin costas. Indica que la Tercera Sala Laboral resolvió revocar la
Sentencia N° 349-2015 y, reformándola, declaró
infundada su demanda de indemnización por daños y perjuicios. Manifiesta que su
recurso de casación fue declarado improcedente con fecha 16 de enero de 2019, a
través de la Casación Laboral N° 12982-2017. Sostiene
que las tres decisiones fueron emitidas en agravio de su derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, en tanto se ignoró el daño moral
(salvo en el caso parcial de la primera sentencia), el lucro cesante y el daño a
su proyecto de vida.
El Primer Juzgado Constitucional Transitorio – Sede Custer, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
la Resolución 1, de fecha 16 de mayo de 2019 (f. 126), declara improcedente la
demanda, por considerar que lo que el demandante pretende es utilizar la vía
del amparo para replantear y reabrir la controversia resuelta en la
jurisdicción ordinaria, mediante la invocación de la vulneración a la debida
motivación.
La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lima, mediante Resolución 4, de fecha 17 febrero de 2021 (f. 173),
confirma la apelada. Aduce que se ha vencido el plazo de treinta días hábiles
para interponer demanda contra resoluciones judiciales.
FUNDAMENTOS
§1. Petitorio y determinación del asunto
controvertido
1.
Este Tribunal Constitucional
verifica de la revisión del escrito de demanda, que la decisión del Octavo
Juzgado Especializado de Trabajo de cumplir lo ejecutoriado fue notificada
electrónicamente al demandante el 22 de marzo de 2019 (f. 98). Sin embargo, la
presente demanda fue interpuesta el 10 de mayo de 2019; esto es, cuando ya
había vencido el plazo para promoverla. Por consiguiente, el recurso de agravio
constitucional debe ser rechazado, ya que la demanda fue planteada de manera
extemporánea, pues, según lo previsto en el artículo 44 del ahora derogado
Código Procesal Constitucional, el plazo para su interposición es solo de 30
días.
2.
En consecuencia, este Tribunal
Constitucional concluye que la demanda de autos incurre en la causal de
improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 10 del pretérito Código
Procesal Constitucional —aplicable al presente amparo por razón de
temporalidad—; ahora recogido en el artículo 7, inciso 7 del nuevo Código
Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos,
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO
ZERGA
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO
VALDEZ
OCHOA
CARDICH
HERNÁNDEZ
CHÁVEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido
respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular, ya que
la presente causa debe ser admitida por los siguientes fundamentos:
1.
En el presente
caso versa sobre una demanda de amparo interpuesta por Guadalupe Roberto
Pascasio Quiñones en contra de la Resolución s/n de fecha 16 de enero del 2019
de la Casación Laboral Nro. 12982-2017-Lima, de la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú,
que declaró improcedente la demanda de autos.
2.
Podemos
evidenciar que la Casación mencionada habría sido notificada el 28 de enero del
2019 (de acuerdo al registro del sistema de notificaciones electrónicas del
Poder Judicial que se evidencia de la misma resolución), siendo que la misma
fue remitida a primera instancia, en donde el Octavo Juzgado Especializado de
Trabajo Permanente, en el expediente Nro. 02935-2015-0-1801-JR-LA-08, expidió
la Resolución Nro. 9 (18.3.2019) mediante la cual se ordena que se cumpla lo
ejecutoriado[1], siendo
que la misma habría sido notificada al hoy demandante en fecha 26 de marzo del
2019.
3.
La demanda de
amparo contra la Casación Laboral Nro. 12982-2017-Lima, de la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del
Perú, la Sentencia Nro. 349-2015, y la Sentencia Nro. 349-2015 del Octavo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, fue interpuesta el 10 de mayo del
2019.
4.
El Alto
Tribunal en mayoría, considera que la demanda ha sido presentada fuera del
plazo que indica el artículo 44 del pretérito Código Procesal Constitucional
(treinta días hábiles), aplicable para aquel momento; ya que la notificación
del “cúmplase lo ejecutoriado” habría sido el 22 de marzo del 2019, y la
presentación de la demanda el 10 de mayo del 2019, excediendo el plazo prescriptorio que indica la norma.
5.
Al respecto,
hemos podido evidenciar, mediante la página web sobre Consulta de Expedientes
Judiciales (CEJ) del Poder Judicial, que el Octavo Juzgado Especializado de
Trabajo Permanente, ordenó la ejecución de lo resuelto por la Corte Suprema,
mediante la Resolución Nro. 9 del 18 de marzo del 2019, que fue notificada en
fecha 26 de marzo del 2019; para mayor certeza, copiamos lo registrado en el
sistema:
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6.
Entonces,
considerando que se habría notificado la Resolución Nro. 9 (18.3.2019) en fecha
26 de marzo del 2019 a la accionante, al día de la presentación de la demanda,
el 10 de mayo del 2019, se contabilizarían exactamente los 30 días hábiles que
exige la norma precitada, teniendo en consideración que la lista de feriados
para el año 2019 fueron: jueves 18 de abril, viernes 19 de abril (semana
santa), y miércoles 1 de mayo (día del trabajador).
7.
Por lo
expuesto consideramos que la contabilización de plazos debe tener en cuenta los
días feriados de los meses abril y mayo del 2019, como también la fecha de
notificación que figura en la página web sobre Consulta de Expedientes
Judiciales (CEJ) del Poder Judicial; estando a ello, la demanda habría sido
presentada dentro del plazo de ley de los 30 días hábiles, por lo cual se debe
ADMITIR a trámite la demanda y continuar con el proceso.
S.
GUTIÉRREZ
TICSE