SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de agosto de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro, con la participación del magistrado Hernández Chávez, convocado para dirimir la discordia suscitada en autos, ha emitido la presente sentencia. El magistrado Ochoa Cardich emitió voto singular, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Adelmith Sinarahua de Sinarahua contra la Resolución 8, de fecha 12 de mayo de 2023, emitida por la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de abril de 2021, doña Adelmith Sinarahua de Sinarahua interpuso demanda de habeas data¹, subsanada mediante escrito de fecha 15 de junio de 2021, contra la Red de Salud El Dorado y el Gobierno Regional de San Martín. Solicitó que, además de los costos procesales, se le entregue copia de todas las historias clínicas que se abrieron para su atención médica, más la Historia Clínica n.º 0738, información que, afirmó, se encuentra en resguardo de esta Unidad de Gestión Territorial de Salud.

Manifestó que, mediante solicitud de fecha 28 de enero de 2021, requirió a la demandada las referidas historias clínicas, las cuales se encuentran en sus archivos o en poder de sus órganos descentralizados (postas médicas y centros de salud); que, sin embargo, transcurrido el plazo legal y al no obtener respuesta consideró vulnerados sus derechos de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Adicionalmente, indicó haber iniciado los trámites de incorporación al Registro de víctimas de esterilización forzada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que los documentos solicitados servirán para acreditar ante las instancias ordinarias la esterilización forzada de la que, asegura, fue víctima.

Mediante Resolución 2, de fecha 16 de setiembre de 2021², el Juzgado Mixto de San José de Sisa de San Martín admitió a trámite la demanda.

El director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo de la Dirección Regional de Salud de San Martín, mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2021, se apersonó al proceso y contestó la demanda. Refirió que la recurrente no cuenta con historia clínica y presentó como medio probatorio el Oficio 340-2021-J-MICRO RED SISA, de fecha 12 de octubre de 2021.

La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2021, se apersonó al proceso y contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente. Alegó que, mediante el Oficio 359-2021-J-MICRO RED SISA, el jefe de la Microrred de Salud de San José de Sisa determinó que la recurrente no cuenta con historia clínica y que, por ello, en el presente caso no existe ningún sustento constitucional en la demanda formulada. Además, adujo que la recurrente no ha logrado acreditar que la información que solicita esté en poder de los demandados.

Mediante Resolución 4, de fecha 27 de octubre de 2021³, el juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda con costos procesales, al considerar que, en el Oficio 359-2021-J-MICRO RED SISA, sólo se señala que la actora no cuenta con historia clínica, pero no se logra dilucidar la causa o motivo de la inexistencia de la información solicitada, de manera que el referido oficio no justifica que no se haya atendido el pedido de la recurrente de manera oportuna, por lo que la inercia de la demandada afectó el derecho fundamental invocado. Además, determinó que no se advierte que la información solicitada se encuentre inmersa en los lineamientos de restricción y reserva; que tampoco afecta la seguridad nacional y la intimidad personal; y que por esta razón se afectó el derecho invocado.

La Sala Superior revisora, mediante Resolución 8, de fecha 12 de mayo de 2023⁴, revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda, tras considerar que la entidad demandada ha precisado que la recurrente no tiene historia clínica en la Microrred de San José de Sisa; que, por ello, resulta aplicable el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806), en tanto la entidad demandada no está obligada a crear o producir información con la que no cuenta, y que también se debe tener en cuenta que comunicó tal situación a la recurrente.

FUNDAMENTOS

Cuestión procesal previa

1. Se advierte del documento de fecha 28 de enero de 2021⁵ que la recurrente requirió a la parte emplazada copia total de todas las historias clínicas aperturadas para su atención médica (que debe entenderse que incluye la Historia Clínica 0738 pedida también en la demanda) dentro de las instancias de la Unión de Gestión Territorial de esta jurisdicción.

2. Conforme refiere la recurrente en su demanda, el requerimiento de fecha 28 de enero de 2021 no fue atendido por la parte emplazada. Por esta razón, corresponde evaluar si tal denegatoria lesionó alguno de los derechos invocados o no.

Delimitación del petitorio

3. La presente demanda tiene por objeto que la entidad emplazada le proporcione a la recurrente copia de todas las historias clínicas que se abrieron para su atención médica, las cuales se encuentran en resguardo de la Unidad de Gestión Territorial de Salud Red de Salud de El Dorado. Invocó la tutela de sus derechos constitucionales de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa⁶.

Análisis de la controversia

4. El habeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución, que disponen lo siguiente:

Toda persona tiene derecho:

 

[…]

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

[…]

 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

5. Por su parte, este Tribunal Constitucional ha dejado claro que

(...) la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del habeas data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información, así como la (o las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar, el habeas data puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, ya sea por la necesidad de que se actualicen los que se encuentran registrados, o bien con el fin de que se incluyan aquellos no registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él, mediante el habeas data, un individuo puede rectificar la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o, incluso, tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados⁷.

6. En el presente caso, de autos se aprecia que la recurrente está registrada en el Seguro Integral de Salud y que este se encuentra activo⁸; sin embargo, el hecho de que dicho registro se haya efectuado ante el establecimiento de salud de Fausa Lamista, departamento de San Martín, provincia El Dorado, distrito de Santa Rosa, no demuestra que la recurrente, con posterioridad a tal inscripción, haya hecho uso de los servicios del referido establecimiento de salud, a efectos de generarse una historia clínica, debido a que, durante el trámite del presente proceso, la recurrente no ha presentado algún documento que indique que ha recibido atención médica en algún nosocomio de la Microrred San José de Sisa.

7. De otro lado, la demandante refiere haber sido víctima de un procedimiento de esterilización, pero tampoco aporta mayores datos como fechas, nombre del nosocomio, nombres de los médicos o del personal de salud que habría participado de tal acción, lo cual permita identificar, meridianamente, que la demandada generó una historia clínica de su persona.

8. Por el contrario, a través del Oficio 359-2021-J. MICRO-RED-SISA, de fecha 21 de octubre de 2021⁹, la parte emplazada dio cuenta de que la recurrente no tiene historia clínica en la Microrred San José de Sisa.

9. Siendo ello así, y al no contar la parte emplazada con historias clínicas de la recurrente, se debe desestimar la demanda, en la medida en que no se le puede exigir la entrega de información inexistente.

10. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde ordenar al juez de ejecución que proceda a notificar a la recurrente el Oficio 359-2021-J. MICRO-RED-SISA, de fecha 21 de octubre de 2021.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE DOMÍNGUEZ HARO

VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Habiendo sido llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al sentido de la ponencia de mayoría, que resuelve: Declarar INFUNDADA la demanda.

Sin perjuicio de ello, preciso que los fundamentos que sustentan mi decisión son los siguientes: De acuerdo al escrito de demanda, la recurrente interpuso demanda de habeas data contra la Red de Salud El Dorado y el Gobierno Regional de San Martín. No obstante, conforme se identifica en la Consulta en Línea del Seguro Integral de Salud (¹⁰), el establecimiento de salud que le corresponde a la recurrente es “Fausta Lamista”, identificado con Código Único N°00006499.

Sobre ello, de acuerdo a la consulta actual en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) (¹¹), se advierte que el referido centro de salud pertenece a la Red de Salud “Bellavista” y, específicamente, a la Microrred “San Pablo”.

Por consiguiente, resulta claro que la entidad emplazada no ostenta legitimación para obrar pasiva en los términos del artículo 56 del Nuevo Código Procesal Constitucional, toda vez que, en realidad, es la Red de Salud “Bellavista”, la responsable de proveer la información requerida por la demandante. En ese sentido, se puede concluir que, en el caso en concreto, al no haber requerido la información a la entidad correspondiente, no se acredita la vulneración al derecho a la autodeterminación informativa.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas, emito el presente voto singular por no encontrarme de acuerdo con lo resuelto. Considero que la demanda debe ser declarada improcedente en un extremo y fundada en parte en cuanto a la entrega de copias de todas las historias clínicas abiertas para la atención médica de la recurrente que se encuentre en Unidad de Gestión Territorial de Salud de la Red de Salud El Dorado. Mi postura se sustenta en las razones que seguidamente paso a señalar.

1. En el presente caso, con relación a la solicitud de entrega de la Historia Clínica 0738, considero que no se ha cumplido el requisito establecido por el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Constitucional, anteriormente regulado por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional derogado, por lo que corresponde desestimar tal extremo.

2. De otro lado, se aprecia que mediante documento de fecha 28 de enero de 2021 la actora solicitó al director de la Red de Salud de El Dorado, la entrega copias certificadas del “total de todas las historias clínicas aperturadas para la atención médica a favor de la accionante, dentro de sus instancias de la Unidad de Gestión Territorial de Salud de esta jurisdicción”, no constando de autos que la entidad requerida hubiera atendido o dado alguna respuesta formal dirigida a la parte demandante en virtud de su pedido. Es más, recién en el marco del presente proceso constitucional la parte emplazada remitió el Oficio N°359-2021-J. MICRO-RED-SISA, de fecha 21 de octubre de 2021, en el que la Micro Red San José de Sisa comunicó a la directora ejecutiva de la Red de Salud El Dorado que la recurrente no contaba con historia clínica.

3. Por otra parte, se advierte que en el documento de fecha 28 de enero de 2021 la actora solicitó la entrega de las copias de las historias clínicas aperturadas para su atención médica dentro de la Unidad de Gestión Territorial de Salud de la Red de Salud El Dorado, la cual a su vez cuenta con tres (3) micro redes¹²; empero, el Oficio N°359-2021-J. MICRO-RED-SISA, de fecha 21 de octubre de 2021, presentado ante el órgano judicial correspondiente y por el cual se comunica que la actora no cuenta con historia clínica, fue remitido solo por una de ellas, la Micro Red San José de Sisa, sin precisar si en ella se conserva la información sobre las historias clínicas de las otras dos (2) micro redes que forman parte de la Red de Salud El Dorado.

4. Así pues, se advierte que la parte demandada no dio respuesta formal oportuna a la actora en atención a su pedido de información formulado en ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa y que incluso el oficio precitado (alcanzado única y posteriormente por la parte demandada al órgano jurisdiccional en el presente proceso) incorporaría información parcial proveniente que solo una de las micro redes de la Red de Salud El Dorado. En tal sentido, este extremo de la demanda debe ser estimado.

5. No obstante lo expuesto, se advierte la existencia de diversos procesos de hábeas data similares, impulsados por el mismo abogado patrocinante Julio Miguel Reza Huaroc¹³, en los que en vez de formular argumentos y/o acompañar medios probatorios para enervar la afirmación de la emplazada así como la conclusión arribada por la sala revisora a partir del Oficio N°359-2021-J. MICRO-RED-SISA, de fecha 21 de octubre de 2021, no se verifica la existencia de la información solicitada y se insiste en la necesidad de que se le abonen los costos procesales. Siendo así, el objetivo del presente recurso parece estar animado, más que en buscar la tutela de los derechos fundamentales invocados, en el pago de costos procesales, desnaturalizando de ese modo la finalidad de los procesos constitucionales, por lo que debe exonerarse a la demandada del pago los referidos costos.

Por los fundamentos expuestos y distanciándome de lo resuelto por mis colegas sobre uno de los extremos de la ponencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación con la pretensión referida a la entrega de copia certificada de la Historia Clínica 0738; declarar FUNDADA en parte la demanda en relación con la pretensión referida a la entrega de copias de todas las historias clínicas abiertas para la atención médica de la recurrente que se encuentre en unidad de gestión territorial de salud de la Red de Salud El Dorado, en consecuencia, se ORDENA a la demandada entregar las copias solicitadas por la demandante o, de ser el caso, comunicar formalmente a la recurrente sobre la inexistencia de la información solicitada proveniente de todas las micro redes que forman parte de la Unidad de Gestión Territorial de El Dorado; y, EXONERAR a la parte demandada del pago de costos procesales.

S.

OCHOA CARDICH