SANTA
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2024, los magistrados Morales
Saravia (presidente), Pacheco Zerga
(vicepresidenta), con fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez han emitido el presente auto.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Cruz Lezcano, abogado de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), contra la resolución de fojas 125, de fecha 29 de marzo de 2022, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que confirmó la improcedencia liminar de la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A QUE
1.
Mediante
escrito presentado el 28 de octubre de 2020 (f. 51), la ONP interpone demanda
de amparo contra el Segundo Juzgado Civil de Chimbote de la Corte Superior de
Justicia del Santa y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del
Santa, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones
judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 27 de diciembre de 2019 (f. 25), que
declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por don Luis
Alfredo Vergara Pilcon y le ordenó otorgar la
bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu),
más devengados e intereses legales; y, (ii) Resolución 7, de fecha 29 de
setiembre de 2020 (f. 32), que confirmó la Resolución 3.
2. Afirma que los jueces emplazados no motivaron suficientemente por qué se otorgó la bonificación del Fonahpu al solicitante ni expresaron las razones objetivas para aplicar el artículo 2 de la Ley 27617, en vez del artículo 3 del Decreto Supremo 028-2002-EF. En tal sentido, denuncia la violación de su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación de motivación de las resoluciones judiciales.
3.
Mediante
Resolución 1, de fecha 8 de febrero de 2021 (f. 73), el Cuarto Juzgado Civil de
la Corte Superior de Justicia del Santa declara la improcedencia in limine de la demanda.
4.
A su
turno, la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial, mediante Resolución
7, de fecha 29 de marzo de 2022 (f. 125), confirma la apelada.
5.
Ahora
bien, como ya se ha precisado en reiteradas oportunidades, el uso de la
facultad de rechazar liminarmente la demanda
constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no
existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen
verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que
suponía que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen
de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo
liminar resultaba impertinente. No obstante, con la entrada en vigencia del
nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), su artículo 6 establece que
no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data
y de cumplimiento.
6. Asimismo, cabe señalar que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional, las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.
7. En el caso de autos, se advierte que el amparo fue promovido el 28 de octubre de 2020 y fue rechazado liminarmente el 8 de febrero de 2021, por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Luego, con fecha 29 de marzo de 2022, la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial confirmó la apelada.
8. En tal sentido, si bien el nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirme la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, debió declarar su nulidad y ordenar la admisión a trámite de la demanda.
9. Por lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio; esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
1.
Declarar NULA la resolución de fecha 8 de
febrero de 2021 (f. 73), expedida por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente la demanda; y NULA la resolución de fecha 29 de marzo
de 2022 (f. 125), que confirmó la apelada.
2.
ORDENAR la admisión a
trámite de la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
PACHECO
ZERGA
GUTIÉRREZ
TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO
VALDEZ
OCHOA
CARDICH
HERNÁNDEZ
CHÁVEZ
|
PONENTE
DOMÍNGUEZ HARO |
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
PACHECO ZERGA
Con el mayor respeto por la posición de mis colegas
magistrados, emito el presente fundamento de voto por las siguientes
consideraciones.
1.
La razón que me lleva a
votar por la admisión a trámite de la presente demanda, interpuesta durante la
vigencia del derogado Código Procesal Constitucional, es porque considero que
hubo un indebido rechazo liminar.
2.
En efecto, el artículo 47
del referido Código permitía el rechazo liminar de la demanda, que la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional extendió al hábeas corpus[1], pero siempre que la
demanda resultara «manifiestamente improcedente», como expresaba dicho
artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad constituía una herramienta válida a la que sólo
cabía acudir cuando no existía duda de la carencia de verosimilitud de la
amenaza o vulneración de un derecho fundamental.
3.
No aprecio en la demanda de
autos esa manifiesta improcedencia, pues, de ella se advierte, más bien, que
las resoluciones del proceso judicial subyacente colisionarían con el
ordenamiento jurídico, ya que se habría ordenado incorporar al Fonahpu a una persona,
cuando ya había culminado el plazo legal para hacerlo.
4.
Por lo tanto, en aplicación
del artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, deben anularse las
resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido
de la decisión y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la
ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de todo
lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta sea admitida
a trámite.
S.
PACHECO ZERGA