Sala Segunda. Sentencia 226/2024

EXP. N.º 02633-2022-PHC/TC

HUANCAVELICA

ELI LLAMO SEGURA, representado por LUIS ALBERTO PUENTE ZÚÑIGA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 29 días del mes de febrero de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Puente Zúñiga, abogado de don Eli Llamo Segura, contra la resolución de fecha 2 de junio de 2022[1], expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones-Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de abril de 2022, don Luis Alberto Puente Zúñiga interpone demanda de habeas corpus[2] a favor de don Eli Llamo Segura, y la dirige contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, señores Jaramillo Garro, Contreras Ramos y Samaniego Espinoza. Alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

El recurrente solicita que se declare la nulidad del Auto de Vista, Resolución 5, de fecha 6 de abril de 2022[3], que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 2, de fecha 15 de marzo de 2022[4], que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado contra el favorecido por el plazo de cinco meses en el proceso que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial[5].

El recurrente alega que en el fundamento 7.4 de la resolución cuestionada se hace un análisis sobre la necesidad de un alto grado de probabilidad a nivel de sospecha fuerte o vehemente; se incurre en un vicio de lógica, toda vez que no hay ausencia de la premisa mayor, por lo que no se realiza un razonamiento inferencial. En otras palabras, no se utilizó el silogismo judicial, por lo que son puras especulaciones. Sostiene que la resolución se remite únicamente a la declaración del intervenido, las actas y la declaración de algunos testigos, pero que no explica cómo estos indicios, con base en una regla de inferencia, permiten llegar a afirmar que existe un alto grado de probabilidad a nivel de sospecha fuerte o vehemente.

Alega el recurrente que, en el numeral 7.4.3 del auto de vista, cuando aborda la relación funcionarial, se cita normas generales de la Policía; que el día de los hechos estaba en servicio de patrullaje a pie, pero no dice nada respecto al hecho en concreto, es decir, a la función específica de Eli Llamo Segura y la relación con el hecho específico, esto es, la intervención a don Julio César Enrique Tapipe, toda vez que quien interviene a dicha persona es el suboficial de la Policía Édgar Santiago Ipanaqué Paitán.

El Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria-Sede NCPP de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, por Resolución 2, de fecha 26 de abril de 2022[6], admite a trámite la demanda.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente[7]. Sostiene que los cuestionamientos expuestos en la demanda no son susceptibles de ser resueltos dentro de un proceso constitucional, sino por la jurisdicción ordinaria, teniendo en cuenta que el propio órgano jurisdiccional ordinario es el encargado de evaluar la trascendencia de los elementos de convicción presentados por el representante del Ministerio Público.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, a través de la Resolución 6, de fecha 16 de mayo de 2022[8], declaró improcedente la demanda, por considerar que la Sala emplazada ha especificado los medios probatorios que vinculan al favorecido y que la pena a imponer supera los cuatro años; que el delito por el cual se lo investiga es grave y que no existe arraigo de calidad ni familiar, ni laboral, ni de otra índole que haga colegir que el encausado no eludirá la acción de la justicia, hechos correlacionados con inferencias lógicas y con datos objetivos, por lo que no se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de la debida motivación.

La Primera Sala Penal de Apelaciones-Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica[9] declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución cuestionada no incurrió en violación a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Cabe precisar que este Tribunal, mediante auto de fecha 14 de abril de 2023, declaró nulo el concesorio, Resolución 11, de fecha 21 de junio de 2022[10], debido a que la resolución de fecha 2 de junio de 2022[11] no contaba con el número de firmas necesarias para su validez; en consecuencia, dispuso reponer la causa al estado respectivo, a efectos de que la citada Sala superior resuelva conforme a derecho.

La Primera Sala Penal de Apelaciones-Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, mediante Resolución 12, de fecha 25 de mayo de 2023[12], se da cuenta de que la Resolución 10, de fecha 2 de junio de 2022, ha tenido en consideración los tres votos de conformidad en cumplimiento del artículo 141 T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, si bien consta de la impresión de la resolución dos firmas, esto ha sido por defectos del SIJ, defectos informáticos, defectos de configuración entre otros; que, en consecuencia, la sentencia de vista ha sido votada y firmada por los tres jueces del colegiado. Por consiguiente, resuelve tener por aclarado que la Resolución 10, de fecha 2 de junio de 2022, ha sido suscrita de manera digital del SIJ por los tres jueces del colegiado; por lo que se concedió el recurso de agravio constitucional y se dispuso que se eleven los actuados a este Tribunal.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El recurrente solicita que se declare la nulidad del Auto de Vista, Resolución 5, de fecha 6 de abril de 2022, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 2, de fecha 15 de marzo de 2022, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra don Eli Llamo Segura por el plazo de cinco meses en el proceso que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial[13].

2. Se alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

Análisis del caso

3. El objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, es la protección de los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, y, por ende, la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, con lo cual carecerá de objeto emitir pronunciamiento de fondo cuando cese la amenaza o violación o cuando esta se torne irreparable.

4. En el presente caso, este Tribunal aprecia que la cuestionada Resolución 5, de fecha 6 de abril de 2022, expresa en el punto 2 del numeral 3.2 de su parte resolutiva que “SE DICTA: EL MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA contra el investigado ELI LLAMO SEGURA (….) por el periodo de CINCO (05) MESES, que inicia el día 14 de Marzo del año 2022, y concluye el 13 de agosto del año 2022 (…)”, lo que significa que el plazo de la medida de prisión preventiva dictada en contra del favorecido ha sido cumplido, de acuerdo a los mismos términos de dicha resolución.

5. Por lo expuesto, de lo expresado en el fundamento supra, no existe necesidad de emitir pronunciamiento de fondo al haberse producido la sustracción de la materia por haber cesado los hechos que en su momento sustentaron la interposición de la demanda (22 de abril de 2022), conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

PONENTE DOMÍNGUEZ HARO

[12] Foja 7 PDF del cuaderno de subsanación.