Sala Segunda. Sentencia 51/2024
EXP.
N.º 02535-2022-PA/TC
LIMA
TRANOR
S.A.C.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17
días del mes de julio de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales Saravia, y con la participación del
magistrado Ochoa Cardich, convocado para dirimir la
discordia suscitada en autos, ha emitido la presente sentencia. El magistrado
Domínguez Haro emitió voto singular, el cual se agrega. Los magistrados
intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Tranor S.A.C. contra la resolución de fojas 273, de fecha 5 de abril de 2022, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2017 (f. 97), el recurrente promovió el presente amparo contra los jueces del Primer Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Primer Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el propósito de que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales emitidas en el proceso sobre obligación de dar bien mueble interpuesto en contra de él y de otros por el BBVA Banco Continental: i) la Resolución 9, de fecha 12 de julio de 2016 (f. 44), que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución 8, por lo que declaró consentida dicha resolución; ii) la Resolución 3, de fecha 15 de setiembre de 2016 (f. 54), que declaró infundada la queja interpuesta contra la Resolución 9; y iii) la Resolución 14, de fecha 2 de noviembre de 2016 (f. 60), que, al resolver que se tenga presente lo resuelto por el superior, deja sin efecto lo dispuesto por las Resoluciones 11 y 12, dejando constancia de que el auto contenido en la Resolución 8 ha obtenido calidad de cosa juzgada. Según su decir, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales (Expediente 10673-2014-0-1817-JR-CO-01).
En líneas generales, alega que en el proceso subyacente se ha producido la infracción de las normas procesales y sustantivas contenidas en el Código Procesal Civil, cuyas disposiciones se aplican supletoriamente en los procesos constitucionales, como el artículo 2 del Título Preliminar y los artículos 141, 147 y 155, así como los artículos 124 y 247 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues se ha señalado que "si bien es cierto la ceremonia de apertura del año judicial suspende el despacho judicial, en la práctica se suspende la atención al público pero no las labores del Poder Judicial”; asimismo, considera que se ha cometido una aberración jurídica al señalar que fueron notificados el 4 de enero de 2016, pues ese día fue inhábil por la apertura del año judicial y, por tanto, se suspendió el despacho judicial y no hubo atención de las casillas judiciales, por lo que no pudieron tomar conocimiento de lo notificado; en consecuencia, al no haber cumplido su finalidad dicho acto de notificación, la apelación contra el auto final fue presentada dentro del plazo de ley. Finalmente, agrega que en vez de proveerse su escrito que subsanaba la omisión y adjuntaba la tasa de apelación del auto, se procedió a emitir pronunciamiento sobre un acto procesal que ya había sido declarado nulo y lo deja sin efecto nuevamente.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada (f. 133). Refiere que de la lectura integral de los hechos en que se sustenta la demanda es evidente que lo que busca el demandante es dilatar la ejecución de lo decidido en el proceso subyacente, el cual ha sido resuelto conforme a la ley y al debido proceso, respetándose en todo momento los derechos a la defensa, al contradictorio y a la instancia plural, por lo que no se aprecia vulneración alguna a los derechos invocados. Agrega que se ha determinado, de manera clara y contundente, que el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 8 (auto final) fue planteado de manera extemporánea y que, en jurisprudencia constante y uniforme, el Tribunal Constitucional ha señalado que el amparo contra resoluciones judiciales no es un medio para replantearse una controversia que es de competencia de los órganos de la jurisdicción ordinaria.
Doña Rosario Alfaro Lanchipa contesta la demanda (f. 204) señalando que en su condición de jueza no ha incurrido en vulneración de derecho alguno, pues el proceso subyacente fue tramitado en observancia del derecho al debido proceso y que es falso que haya actuado haciendo y deshaciendo sus propias resoluciones en perjuicio de Tranor S.A.C. Agrega que mediante la Resolución 9, al declarar improcedente el recurso de apelación, declaró consentida la Resolución 8 (auto final), pero que, mediante la Resolución 11, que favoreció al ahora demandante, declaró de oficio la nulidad de las Resoluciones 9 y 10, por estimar que se había incurrido en error, y que tanto el ahora demandante como doña Alicia Meléndez Ibárcena fueron notificados el 4 de enero de 2016, fecha que corresponde a la apertura del año judicial, por lo que dicho día no debió considerarse para efectos del cómputo del plazo de impugnación, ordenando además que la secretaria de cuenta de los recursos de apelación de la Resolución 8. Posteriormente, la especialista legal da cuenta del oficio remitido por la Segunda Sala Comercial que declaró infundado el recurso de queja que fue promovido por Tranor SAC. Según el razonamiento expuesto por la Sala, el día de apertura del año judicial se suspende la atención al público, pero no las labores al interior del Poder Judicial, una de ellas la notificación de los justiciables, por lo que, al haberse presentado el recurso de apelación de Tranor SAC el 8 de enero de 2016, esta se presentó fuera del plazo legal. Indica que, en virtud de ello, dictó la Resolución 14, que dejó sin efecto lo ordenado en las Resoluciones 11 y 12, y que la Sala, mediante oficio, precisó que se había resuelto actuando en congruencia con el criterio fijado por la instancia superior y que por tratarse de los mismos hechos (recursos de queja por denegatoria del recurso de apelación del auto final dictado por Resolución 8) merecen la misma solución jurídica, “lo que explica precisamente la decisión adoptada por la juzgadora de origen, en cuanto sostiene la improcedencia de la apelación que fuera interpuesta por la ahora quejosa, quedando sin efecto, en consecuencia, la nulidad de la Resolución 9 que fuera declarada por Resolución 11, y la inadmisibilidad declarada por Resolución 12, debiendo la Resolución 14 permanecer incólume”.
El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 15 de noviembre de 2018 (f. 222), declaró improcedente la demanda, por estimar que las cuestionadas resoluciones judiciales se encuentran debidamente motivadas y que lo que en el fondo se pretende es el reexamen de la interpretación que realizan los emplazados respecto de la validez de las notificaciones efectuadas en el día de apertura del año judicial y que, por ende, se conceda apelación contra el auto final, lo cual no resulta factible en el proceso de amparo por no constituir una tercera instancia judicial.
A su turno, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 5 de abril de 2022 (f. 273), confirmó la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
§1. Petitorio
1. En el caso de autos, el demandante pretende que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales emitidas en el proceso sobre obligación de dar bien mueble interpuesto en contra de él y de otros por el BBVV Banco Continental: i) la Resolución 9, de fecha 12 de julio de 2016 (f. 44), que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución 8, por lo que declaró consentida dicha resolución; ii) la Resolución 3, de fecha 15 de setiembre de 2016 (f. 54), que declaró infundada la queja interpuesta contra la Resolución 9; y iii) la Resolución 14, de fecha 2 de noviembre de 2016 (f. 60), que, al resolver que se tenga presente lo resuelto por el superior, deja sin efecto lo dispuesto por las Resoluciones 11 y 12, dejando constancia de que el auto contenido en la Resolución 8 ha obtenido calidad de cosa juzgada. Según su decir, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales (Expediente 10673-2014-0-1817-JR-CO-01).
§2. Cuestión previa
2. Básicamente, el demandante afirma que, tras un indebido cómputo del plazo, se habría vulnerado su derecho al debido proceso. Aunque, en el presente caso, el demandante no lo ha afirmado específicamente, ese derecho no sería otro que el de acceso a la justicia.
§3. El
derecho de acceso a la justicia y su protección a través del amparo
3. En la sentencia recaída en el Expediente 02763-2002-AA/TC, este Tribunal señaló que el derecho de acceso a la justicia tiene base constitucional, puesto que se trata de un contenido implícito del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución.
4. Como tal, garantiza que un particular tenga la posibilidad real y efectiva de acudir al juez con el objeto de encargarle la determinación de sus derechos. Evidentemente, como sucede con todo derecho fundamental, también el de acceso a la justicia es un derecho que puede ser limitado. Sin embargo, cualesquiera que sean las restricciones o límites que se establezcan, la validez de estos depende de que no obstaculicen, impidan o disuadan irrazonablemente el acceso del particular a un tribunal de justicia.
5. Uno de los medios por virtud de los cuales dicho derecho se restringe en materia de acceso a la justicia es el establecimiento de plazos, transcurridos los cuales no es posible obtener una decisión sobre el fondo de la controversia.
6. Como es obvio, su fijación es una tarea que, en principio, la Constitución ha reservado al legislador ordinario, exigiendo de él la necesidad de respetar su contenido esencial y, además, que la restricción misma satisfaga los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
7. Pero, así como el legislador se encuentra vinculado por el derecho, in suo ordine, también lo están los órganos jurisdiccionales. De ellos el contenido constitucionalmente protegido del derecho exige que los límites establecidos legislativamente deban interpretarse de manera restrictiva, bajo los alcances del principio pro actione, y no de manera extensiva. Se exige así del juez judicial que las condiciones y limitaciones del derecho de acceder a la justicia sean comprendidas de manera tal que, frente a un caso de duda, ya sea por la existencia de dos disposiciones o, en una disposición, por la existencia de dos formas que puedan ser comprendidas, se opte por aquella disposición o norma que de mejor forma optimice el ejercicio del derecho fundamental.
§4. Análisis del caso concreto
8. Mediante la Resolución 8, de fecha 9 de diciembre de 2015 (f. 25), el Primer Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró saneado el proceso, infundadas las solicitudes de improcedencia de la demanda y las contradicciones formuladas por el ahora demandante y doña Alicia Menéndez Ibárcena, y se dispuso llevar adelante la ejecución. Contra dicha resolución el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la cuestionada Resolución 9, de fecha 12 de julio de 2016 (f. 44), que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 8 y consentida dicha resolución, por estimar que había sido notificado el 4 de enero de 2016, en tanto que su recurso lo había presentado el día 8 del mismo mes y año, resultando de aplicación el artículo 123 del Código Procesal Civil.
9. Sin embargo, a través de la Resolución 11, de fecha 2 de agosto de 2016 (f. 46), el referido juzgado declaró la nulidad de la Resolución 9, por considerar que, al indicarse que los ejecutados fueron debidamente notificados el 4 de enero de 2016, no se tuvo en cuenta que dicha fecha corresponde a la apertura del año judicial, de conformidad con el artículo 123 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, motivo por el cual no hubo atención al público en general y las Casillas Judiciales de la sede del edificio Alzamora Valdez tampoco atendieron al público, por lo que este día no se debió tomar en cuenta para efectos del cómputo del plazo. Es así como, en la misma fecha, 2 de agosto de 2016, se expidió la Resolución 12 (f. 48), que declaró inadmisible la apelación interpuesta por el ahora demandante contra la Resolución 8, por no haber cumplido con presentar el recibo que acredite el pago del arancel judicial por concepto de apelación.
10. Por otro lado, a través de la cuestionada Resolución 3, de fecha 15 de setiembre de 2016 (f. 54), la Sala emplazada declaró infundada la queja interpuesta contra la cuestionada Resolución 9, considerando que, si bien el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no hay despacho judicial por el inicio del año judicial, lo cierto es que, en la práctica, en la fecha en que se celebra la Apertura del Año Judicial, se suspende la atención al público, pero no las labores al interior del Poder Judicial. En tal sentido, se consideró que, al haberle sido notificada la Resolución 8 en la casilla física del ahora demandante el 4 de enero de 2016 y al haberse presentado el recurso de apelación el 8 de enero de 2016, es evidente que este se encuentra fuera del plazo concedido para tal efecto, por lo que el agravio expuesto carece de sustento.
11. A pesar de ello, mediante la cuestionada Resolución 14, de fecha 2 de noviembre de 2016 (f. 60), se resolvió tener presente lo resuelto por el superior; en consecuencia, se dejó sin efecto lo dispuesto por las Resoluciones 11 y 12, dejando constancia de que el auto contenido en la Resolución 8 había obtenido la calidad de cosa juzgada, porque cuando se había emitido la Resolución 11 (fundamento 9 supra), aún el superior no se había pronunciado sobre la queja interpuesta por la ahora demandante (fundamento 10 supra).
12. De todo ello, esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que la cuestionada Resolución 9 (fundamento 8 supra) recuperó su vigencia. En consecuencia, corresponderá emitir pronunciamiento sobre las resoluciones que se cuestionan en el presente proceso.
13. De la cuestionada Resolución 9, de fecha 12 de julio de 2016 (f. 44), se evidencia que el único argumento para declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 8 fue que el ahora demandante había sido notificado de esta el 4 de enero de 2016, en tanto que su recurso lo había interpuesto el día 8 del mismo mes y año. Asimismo, se declaró consentida la Resolución 8, por aplicación del artículo 123 del Código Procesal Civil, el cual dispone que una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios a los ya resueltos.
14. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que contra dicha resolución se interpuso correctamente el recurso de queja, el cual fue resuelto a través de la cuestionada Resolución 3, de fecha 15 de setiembre de 2016 (fundamento 10 supra), que declaró infundada la queja con el argumento de que “Si bien el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no hay Despacho Judicial, entre otros casos, por el inicio del año judicial, lo cierto es que, en la práctica, en la fecha en que se celebra la Apertura del Año Judicial, se suspende la atención al público, pero no las labores al interior del Poder Judicial”. En otras palabras, la Sala emplazada no dio cumplimiento al texto expreso del referido artículo 247, el cual no necesita mayor interpretación al establecer claramente que no hay atención al público en la fecha en que se celebra la apertura el año judicial, en este caso, el 4 de enero de 2016, más aún cuando el plazo debe siempre interpretarse y resolverse bajo los alcances del principio pro actione, en el sentido de permitir la mejor optimización del ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
15. Por otro lado, respecto de la cuestionada Resolución 14 (fundamento 11 supra), que dejó sin efecto lo dispuesto por las Resoluciones 11 y 12, básicamente porque, cuando estas se habían emitido, el superior no se había pronunciado sobre la queja interpuesta por el ahora demandante, cabe hacer notar que dicho argumento resulta correcto y no requiere mayor análisis, por lo que dicho extremo de la parte resolutiva mantiene su vigencia, mas no el referido a que el auto final contenido en la Resolución 8 ha obtenido la calidad de cosa juzgada por las consideraciones señaladas en los fundamentos precedentes.
16. Sentado lo anterior, al haberse acreditado que se han emitido resoluciones judiciales que han vulnerado el derecho de acceso a la justicia, al señalar que la Resolución 8 había adquirido la calidad de cosa juzgada, en aplicación del artículo 123 del Código Procesal Civil, sin tener en cuenta que aún procedía interponer recurso de queja contra la resolución que había declarado improcedente el recurso de apelación y que, además, se cambió el texto expreso del artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que no hay Despacho Judicial por inicio del Año Judicial, corresponde declarar fundada la demanda y, por tanto, tener por presentado el recurso de apelación dentro del plazo de ley, verificando previamente si el demandante cumplió con adjuntar el recibo que acredite el pago del arancel judicial por concepto de apelación.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse vulnerado el derecho de acceso a la justicia; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 9 y 3, de fechas 12 de julio y 15 de setiembre de 2016, así como NULA EN PARTE la Resolución 14, de fecha 2 de noviembre de 2016, de conformidad con lo señalado en el fundamento 14 supra.
2. Ordena a los emplazados que cumplan con emitir nuevas resoluciones conforme a lo indicado en los fundamentos de la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
OCHOA CARDICH
PONENTE MORALES
SARAVIA
VOTO DEL
MAGISTRADO OCHOA CARDICH
En el presente caso voto a favor de lo resuelto por la ponencia suscrita por los magistrados Morales Saravia y Gutiérrez Ticse, quienes se inclinan por declarar fundada la demanda.
Efectivamente, considero que en el caso de autos se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la parte recurrente, pues se le denegó la posibilidad de tramitar su recurso de queja por supuestamente haberlo presentado de modo extemporáneo, a pesar de que el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que no hay despacho judicial con ocasión de la apertura del Año Judicial. A la vez, valga agregar que en casos de duda corresponde tomar en cuenta la interpretación más favorable para el justiciable.
En este orden de ideas, mi voto es en el sentido de declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse vulnerado el derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, NULAS las Resoluciones 9 y 3, y NULA EN PARTE la Resolución 14, disponiéndose la emisión de nuevas resoluciones.
S.
OCHOA CARDICH
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto
por la opinión de mis honorables colegas magistrados, emito el presente voto
singular, pues, a mi juicio, la demanda es improcedente, en aplicación del
numeral 7 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, ya que la
misma fue ingresada luego de vencido el plazo para su presentación, regulado en
su momento en el segundo párrafo del artículo 44 del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Sustento mi posición
en las siguientes razones:
a.
La Resolución 9 [cfr. fojas 44], de fecha 12 de julio de 2016, emitida
por el Primer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de
Justicia de Lima, en el extremo que declara improcedente su recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 8 [cfr. fojas 25], de fecha 9 de
diciembre de 2015, expedida por dicho juzgado, que declara infundada su
contradicción y, en tal sentido, declara que esta última ha quedado consentida,
tras considerar que fue interpuesto fuera del plazo legal establecido;
b.
La Resolución 3 [cfr. fojas 54], de fecha 15 de setiembre de 2016,
emitida por la Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declara infundado el recurso de queja interpuesto contra
la Resolución 9, tras ratificar que su recurso de apelación es extemporáneo; y,
c.
La Resolución 14 [cfr. fojas 60], de fecha 2 de noviembre de 2016,
emitida por el Primer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que declara tomar conocimiento de la Resolución
3; y, en tal sentido, deja sin efecto las siguientes resoluciones: [1] la
Resolución 11 [cfr. fojas 46], de fecha 2 de agosto de 2016, que, a su vez,
declara la nulidad de la Resolución 9 [cfr. fojas 44] —cuyo sentido ha sido
antes reseñado— y de la Resolución 10 [que no ha sido adjuntada]; y, [2] la
Resolución 12 [cfr. fojas 48], de fecha 2 de agosto de 2016, que declara
inadmisible su recurso de apelación presentado contra la Resolución 8; y, por
consiguiente, reitera que la Resolución 8 ha quedado consentida.
S.
DOMÍNGUEZ HARO