EXP. N.° 02435-2022-PA/TC

JUNÍN

NORBERTO VELÁSQUEZ

MAYTA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Norberto Velásquez Mayta contra la sentencia de foja 563, de fecha 25 de abril de 2022, expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín que, revocando y reformando la apelada, declaró infundada la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de setiembre de 2019 (f. 1), el actor interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se deje sin efecto la Resolución 5846-2007-ONP/GO/DL 18846, de fecha 11 de octubre de 2007, que le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846. Solicita que se le otorgue pensión de invalidez bajo los alcances de la Ley 26790 y su reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA; y, en consecuencia, se efectúe un nuevo cálculo de su pensión, tomándose en consideración su remuneración asegurable a la fecha de la contingencia, pues al habérsele diagnosticado padecer de enfermedad profesional en el año 2007, la contingencia se ha producido bajo el amparo de la Ley 26790 y no del Decreto Ley 18846. Asimismo, solicita el pago de los reintegros y los intereses legales correspondientes.

La emplazada contestó la demanda y alegó que la pensión del actor fue calculada bajo los alcances del Decreto Ley 18846 y su reglamento, el Decreto Supremo 002-72-TR, dado que la incapacidad fue diagnosticada como preexistente al 28 de febrero de 1997. Refiere que de aplicarse al presente caso la Ley 26790 se generaría una deuda a su favor desde la fecha de inicio de pago de la renta (f. 29).

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 28 de octubre de 2021 (f. 522), declaró fundada la demanda por considerar que la fecha de la contingencia se produjo el 23 de febrero de 2007, fecha de emisión del certificado médico, cuando se encontraba en vigor la Ley 26790.

La Sala Superior revocó la apelada y declaró infundada la demanda por estimar que, en otro proceso judicial, en el que el actor solicitó el pago de los intereses legales derivados del pago de los devengados (S/ 88 860.03) de la renta vitalicia otorgada, ya se emitió pronunciamiento respecto al régimen previsional, esto es, el Decreto Ley 18846, así como de la fecha de la contingencia: 28 de febrero de 1997 y de los intereses legales que le correspondían al actor derivados de los devengados, y toda vez que dicha decisión no fue impugnada por el actor, tal resolución goza de la autoridad de cosa juzgada.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 5846-2007-ONP/GO/DL 18846, de fecha 11 de octubre de 2007, que le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y, como consecuencia, se efectúe un nuevo cálculo de su pensión de invalidez bajo los alcances de la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, desde el 23 de febrero de 2007, fecha de emisión de su certificado médico de discapacidad, debiendo efectuarse el nuevo cálculo sobre la base de sus 12 últimas remuneraciones anteriores a la fecha de la contingencia.

Procedencia de la demanda

2. El Tribunal Constitucional ha precisado en su jurisprudencia que, aun cuando la demanda cuestione la suma específica de la pensión que percibe el accionante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud), a fin de evitar consecuencias irreparables.

Análisis del caso

3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, en calidad de precedente, ha precisado los criterios en la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

4. Cabe señalar que el régimen de protección de riesgos profesionales fue inicialmente regulado por el Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP.

5. En el fundamento 14 de la sentencia mencionada se reitera que “la fecha en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez de la Ley N.º 26790 y sus normas complementarias y conexas”. (subrayado agregado)

6. Es preciso indicar que el criterio señalado en el fundamento supra, el Tribunal Constitucional ya lo había dispuesto en el fundamento 20 de la sentencia recaída en el Expediente 01008-2004-PA/TC publicada en la página web institucional el 7 de julio de 2005 y como doctrina jurisprudencial, donde determinó que es la fecha del pronunciamiento médico que acredita la enfermedad profesional la que se debe considerar para establecer la contingencia y el otorgamiento de la pensión. (subrayado agregado)

7. Consta en la Resolución 5846-2007-ONP/GO/DL 18846, de fecha 11 de octubre de 2007 (f. 13), que la ONP, de lo dispuesto en los artículos 209 y 213 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, artículos 2 y 3 del Decreto Ley 18846, artículo 41 del Reglamento del Decreto Ley 18846, la Ley 28532 y el Reglamento de Organización y Funciones de la ONP, aprobado mediante la RS 306-2001-EF, le otorgó al actor renta vitalicia por enfermedad profesional por el importe de S/ 580.30, actualizada al monto de S/ 600.00, a partir del 28 de febrero de 1997, en virtud del Informe de Evaluación Médica de Incapacidad 416, de fecha 23 de febrero de 2007, emitido por la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo, en el que se dictaminó que el accionante “tiene una incapacidad de 64 %, a partir del 28 de febrero de 1997”.

8. A su vez, de la Hoja de Liquidación de fecha 21 de setiembre de 2007 (f. 14), se advierte que para el cálculo de la pensión del actor, la ONP utilizó la fórmula de cálculo establecida en el Decreto Supremo 002-72-TR, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley 18846.

9. Ahora bien, al haberse constatado que la fecha de expedición del Informe de Evaluación Médica fue el 23 de febrero de 2007, el recurrente se encontraba dentro del ámbito de protección legal de la Ley 26790 y su reglamento, por lo que le corresponde gozar de la prestación estipulada por esta norma y no por el Decreto Ley 18846, y percibir una pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA.

10. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, la contingencia debe establecerse desde el 23 de febrero de 2007, fecha del pronunciamiento de la comisión médica del Hospital Pasco II - EsSalud (f. 17) que acredita la existencia de la enfermedad profesional con un porcentaje global de 64 %, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión de invalidez y no desde el 28 de febrero de 1997 como lo ha hecho la ONP.

11. Por consiguiente, habiéndose acreditado en autos la vulneración del derecho a la pensión del demandante, corresponde estimar la demanda y ordenar que se recalcule la pensión de invalidez del actor bajo los alcances de la Ley 26790 y su reglamento, así como el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales.

12. Para determinar cuál es la fórmula de cálculo sobre la que corresponde que el actor goce de la pensión de invalidez, resulta necesario acudir al artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA, que señala que se pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 50 % de su remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los dos tercios (66.66 %). Teniéndose en cuenta que el demandante adquirió la enfermedad el 23 de febrero de 2007, esto es, después de su actividad laboral, pues cesó en agosto de 2006 (f. 19), debe aplicarse para el cálculo de la pensión de invalidez lo prescrito en la sentencia emitida en el Expediente 01186-2013-PA/TC, allí, el Tribunal Constitucional establece en el fundamento 2.2.14 que el cálculo del monto de la pensión de invalidez se efectuará sobre el 100 % de la remuneración mínima mensual vigente en los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que el 100 % del promedio que resulte de considerar las doce últimas remuneraciones asegurables efectivamente percibidas antes de la culminación del vínculo laboral sea un monto superior, en cuyo caso será aplicable esta última forma de cálculo por ser más favorable para el demandante.

13. Respecto a los intereses legales, el Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente 05430-2006-PA/TC que el pago de dicho concepto debe efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil y conforme a lo dispuesto en el considerando 20 del auto recaído en el Expediente 02214-2014-PA/TC, que constituye doctrina jurisprudencial.

14. Así las cosas, se ha determinado que la ONP incurrió en diversos errores. En efecto, en primer lugar, la ONP abonó los devengados desde el 28 de febrero de 1997, cuando debieron abonarse desde el 23 de febrero de 2007, fecha de la contingencia. En segundo lugar, le otorgó renta vitalicia bajo los alcances del Decreto Ley 18846, pese a que la contingencia se produjo cuando se encontraba en vigor la Ley 26790.

15. Conforme se ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 02677-2016-PA/TC, que con carácter de precedente ha establecido reglas sobre el pago en exceso de la prestación, corresponde que, en el presente caso se corrijan los errores en que ha incurrido la ONP, y se adopten las siguientes medidas: (i) que se deje sin efecto la renta vitalicia por enfermedad profesional otorgada mediante Resolución 5846-2007-ONP/GO/DL 18846, de fecha 11 de octubre de 2007; (ii) que se ordene a la ONP emita una resolución otorgando al actor pensión de invalidez al amparo de la Ley 26790, a partir del 23 de febrero de 2007, con el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes; (iii) que del monto que arroje la liquidación de las pensiones devengadas e intereses legales, se descuente el monto total que ha recibido el actor indebidamente de la ONP por concepto de la renta vitalicia mensual, devengados e intereses legales; y (iv) que la ONP determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios que tuvieron a su cargo la calificación de la solicitud de pensión y emitieron las resoluciones administrativas que generaron el error.

16. En la etapa de ejecución de sentencia, el juez de la causa dispondrá que se efectúe una liquidación a fin de que se determine lo siguiente: (i) el monto total de las pensiones devengadas y los intereses legales que le adeuda la ONP al actor, desde el 23 de febrero de 2007 hasta la fecha en que empiece a abonarle la pensión de invalidez; (ii) el monto total de la renta vitalicia mensual que ha percibido el actor de parte de la ONP, desde la fecha en que inició dicho pago; y (iii) el monto de los devengados y los intereses legales que la ONP ha abonado al actor.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haber haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión; en consecuencia, se declara la nulidad de la Resolución 5846-2007-ONP/GO/DL 18846.

2. Ordenar que la ONP otorgue al actor la pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas desde el 23 de febrero de 2007, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, más el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales.

3. Ordenar al juez de la causa que en la etapa de ejecución disponga que se practique la liquidación correspondiente para determinar el total de lo abonado por la ONP al actor, a fin de que se proceda conforme a lo señalado en los fundamentos 15 y 16 supra de la presente sentencia.

4. Ordenar que la ONP determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios que tuvieron a su cargo las decisiones administrativas que originaron el error.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

MONTEAGUDO VALDEZ

HERNÁNDEZ CHÁVEZ