EXP. N.º 02404-2022-PA/TC

SANTA

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2024, los magistrados Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta), con fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez han emitido el presente auto. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Delton Gonzales Rodríguez, apoderado judicial de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), contra la resolución de fojas 96, de fecha 12 de abril de 2022, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que confirmó la improcedencia liminar de la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

1. Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2021 (f. 36), la ONP interpone demanda de amparo contra los jueces del Primer Juzgado Mixto y de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 18 de setiembre de 2020 (f. 12), que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por don Víctor Yrribarren Vásquez y le ordenó otorgar la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), más devengados e intereses legales; y, (ii) Resolución 8, de fecha 9 de abril de 2021 (f. 22), que confirmó la Resolución 3 (Expediente 00650-2019-0-2506-JM-CI-01).

2. Sostiene que los jueces emplazados no motivaron suficientemente por qué se otorgó la bonificación del Fonahpu al solicitante, ni expresaron las razones objetivas para aplicar el artículo 2 de la Ley 27617, en vez del artículo 3 del Decreto Supremo 028-2002-EF. Además, refiere que omitieron precisar por qué no se tuvo en consideración lo indicado por la Corte Suprema en las sentencias recaídas en las Casaciones 7466-2017 La Libertad, 13861-2017 La Libertad, 1032-2015 Lima, ni se expresaron las razones por las cuales se decidió no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en el Expediente 00314-2012-PA/TC y en el Expediente acumulado 00005-2002-AI/TC, 00006-2002-AI/TC, 00008-2002-AI/TC. En tal sentido, denuncia la violación de su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación a la motivación de las resoluciones judiciales.

3. Mediante Resolución 1, de fecha 13 de julio de 2021 (f. 57), el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, declara la improcedencia in limine de la demanda.

4. A su turno, la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial, mediante Resolución 7, de fecha 12 de abril de 2022 (f. 96), confirma la apelada.

5. Ahora bien, como ya se ha precisado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que suponía que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), su artículo 6 establece que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

6. Asimismo, cabe señalar que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional, las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

7. En el caso de autos, se advierte que el amparo fue promovido el 12 de julio de 2021 y fue rechazado liminarmente el 13 de julio de 2021, por el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Luego, con fecha 12 de abril de 2022, la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial confirmó la apelada.

8. En tal sentido, si bien el nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirme la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, debió declarar su nulidad y ordenar la admisión a trámite de la demanda.

9. Por lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio; esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar NULA la resolución de fecha 13 de julio de 2021 (f. 57), expedida por el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente la demanda; y NULA la resolución de fecha 12 de abril de 2022 (f. 96), que confirmó la apelada.

2. ORDENAR la admisión a trámite de la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MORALES SARAVIA

PACHECO ZERGA

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE MORALES SARAVIA

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA PACHECO ZERGA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:

1. La razón que me lleva a votar por la admisión a trámite de la presente demanda, interpuesta durante la vigencia del derogado Código Procesal Constitucional, es porque considero que hubo un indebido rechazo liminar.

2. En efecto, el artículo 47 del referido Código permitía el rechazo liminar de la demanda, pero siempre que resultara “manifiestamente improcedente”, como expresaba dicho artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad constituía una herramienta válida a la que sólo cabía acudir cuando no existía duda de la carencia de verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental[1].

3. No se aprecia en la demanda de autos esa manifiesta improcedencia, por lo que se requiere del contradictorio para poder resolver.

4. Por lo tanto, en aplicación del artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, deben anularse las resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que sea admitida a trámite.

PACHECO ZERGA