Sala Primera. Sentencia 274/2024

EXP. N.° 02371-2022-AC/TC

LIMA

JOSÉ FROILÁN CORREA ZAVALA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro –convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del magistrado Ochoa Cardich que se agrega– y Monteagudo Valdez, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Froilán Correa Zavala contra la resolución de foja 92, de fecha 12 de abril de 2022, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de julio de 2020, don José Froilán Correa Zavala interpuso demanda de cumplimiento contra el comandante general del Comando de Personal del Ejército COPERE-JADPE, mediante la cual solicita que cumpla con lo dispuesto en los artículos 1, 2.2, 10, 11, 16 y otros de la Constitución Política de Perú; en las leyes 12326 y 10308 y en la Resolución Ministerial 1049; y que, como consecuencia, se ordene el pago de la pensión que le corresponde de acuerdo con las normas señaladas, con el pago de los montos dejados de percibir y los intereses de ley.

Alega que mediante la Resolución 10650-A-4.a.1.a.1/02.32.01, de fecha 22 de noviembre de 2004, la Dirección de Personal del Ejército-SDADPE, contraviniendo lo dispuesto en las citadas normas, le reconoce solo 15 años de servicios para efectos pensionarios y le otorga una pensión de retiro equivalente a 15/30 de las remuneraciones pensionables del grado de capitán en la situación de actividad, con carácter no renovable; con lo cual se recortan sus años de servicios así como el monto de su pensión.

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 26 de octubre de 2020 (f. 45), declaró improcedente la demanda por considerar que en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el Expediente 00168-2005-PC/TC, que constituye precedente, se establece que dado el carácter sumarísimo y breve del proceso de cumplimiento, no es el adecuado para discutir los contenidos de las normas generales cuyos mandatos no contienen las características mínimas establecidas en su fundamento 14 o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales específicas. Y, en el caso de autos, se aprecia que el accionante hace alusión a normas jurídicas que carecen de un mandato legal con las características mínimas establecidas; y, más bien, alega la infracción de los derechos constitucionales a la pensión entre otros, por lo que la pretensión planteada se podría tramitar en la vía del amparo, mas no en la presente vía.

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 3, de fecha 12 de abril de 2022 (f. 92), confirmó la apelada, por considerar que de acuerdo con las pretensiones de la demanda se advierte que la norma fundamental y las demás normas cuyo cumplimiento reclama en esta vía no contienen un mandamus específico y concreto a favor del actor, no reconocen un derecho cierto y claro a favor del demandante, siquiera de ineludible y/u obligatorio cumplimiento por la demandada, menos aún, las normas cuyo cumplimiento reclama lo individualizan, pues estas contienen un mandato genérico, y es el caso que la carta magna reconoce el derecho a la pensión como derecho alimentario y ocurre lo propio con las disposiciones contenidas en la Ley 12326 y Ley 10308 que invoca el accionante. Siendo así, en el presente proceso constitucional de cumplimiento no corresponde dilucidar el derecho a la nivelación del derecho pensionario que le pueda asistir al demandante en mérito a la normativa que invoca al incurrir en la causal de improcedencia establecida en el artículo 70, inciso 3 del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El demandante pretende que el comandante general del Comando de Personal del Ejército (COPERE-JADPE) en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, artículos 1, 2.2, 10, 11, 16 y otros; en las leyes 12326 y 10308; y en la Resolución Ministerial 1049, le pague la pensión que le corresponde de conformidad con la normatividad señalada y, como consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 10650-A-4.a.1.a.1/02.32.01, de fecha 22 de noviembre de 2004, que vulnera sus derechos pensionarios.

Análisis de la controversia

2. El artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política establece que la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo.

3. Por su parte, el artículo 65, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, señala que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme.

4. A su vez, el artículo 69 del Código Procesal Constitucional dispone que para la procedencia del proceso de cumplimiento se requiere que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud.

5. En el presente caso, se aprecia que si bien el demandante, mediante el documento diligenciado notarialmente el 11 de febrero de 2020 (f. 9), conforme consta en el sello de recepción de la entidad demandada, cumplió con el requisito establecido en el artículo 69 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, interpuso la demanda de cumplimiento el 26 de octubre de 2020 (f. 44), esto es, fuera del plazo contemplado en el artículo 70, inciso 8 del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, corresponde desestimar la demanda dado que no procede el cumplimiento si fue iniciado luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación del requerimiento.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

DOMÍNGUEZ HARO

MONTEAGUDO VALDEZ

PONENTE MONTEAGUDO VALDEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto a mis colegas magistrados quisiera mencionar que discrepo con el sentido y consideraciones de lo resuelto en el presente caso declarando la improcedencia de la demanda, pues considero que debiera disponerse la nulidad de las resoluciones judiciales correspondientes emitidas en primera y segunda instancia judicial y admitirse a trámite la demanda en sede judicial, con base en las consideraciones que explico seguidamente.

Corresponde enfatizar que, conforme a la jurisprudencia hoy vigente de este Tribunal Constitucional, en casos como el presente, en el que llega a este órgano colegiado un caso que ha sido objeto de un doble rechazo liminar en las instancias previas, corresponde declarar nulo lo actuado y disponer la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial. Esto es así, con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.

Cabe precisar que, en el presente caso, si bien el Nuevo Código Procesal Constitucional no estaba vigente cuando el Noveno Juzgado Constitucional de Lima decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, declarase su nulidad y ordenase la admisión a trámite de la demanda. Por tanto, corresponde aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

Finalmente, considero que el asunto planteado en la ponencia sobre la prescripción del plazo para interponer la demanda no es lo sustancial (ya que la comunicación que envió el demandante a la entidad no fue para pedir el cumplimiento del acto administrativo materia del caso, sino más bien para cuestionar su contenido, con lo cual correspondería considerarlo para efectos del cómputo del plazo para interponer la demanda).

Por lo expuesto, considero que debiera resolverse el presente caso en el sentido antes mencionado.

S.

OCHOA CARDICH