EXP. N.° 02095-2023-PA/TC
LIMA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima,
a los 9 días del mes de abril de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Pacheco Zerga,
con su fundamento de voto que se agrega, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez pronuncia
la presente resolución. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal
de conformidad con lo votado.
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Eduardo Hidalgo Valdivia, procurador público adjunto de la Marina de Guerra del Perú, contra la resolución de foja 73, de fecha 18 de noviembre de 2021, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y
ATENDIENDO A QUE
1. Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2019, la recurrente interpuso demanda de amparo contra los jueces de la Segunda Sala Civil Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima[1], a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 5 de agosto de 2019[2], notificada el 30 de setiembre de 2019[3], que confirmó la Resolución 26[4] en la cual, entre otras cosas, se le ordenó suspender cualquier descuento superior al 4 % de la pensión del demandante en el proceso de amparo subyacente seguido en su contra por don Matías Pacheco Cornejo[5]. Solicita la tutela de sus derechos fundamentales al debido proceso, debida motivación y patrimonio del Estado.
2. El Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 13 de febrero de 2020[6], declaró improcedente de plano la demanda, fundamentalmente, por considerar que la cuestionada se encuentra suficientemente motivada y que no existen indicios de manifiesto agravio al derecho invocado.
3. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 3, del 18 de noviembre de 2021[7], confirmó la apelada, principalmente, por estimar que la resolución cuestionada cumple con los parámetros de motivación constitucionalmente exigidos.
4. En el contexto descrito en el presente caso se observa un doble rechazo liminar de la demanda.
5.
Como ya se ha señalado
en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta
válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la
carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de
un derecho fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que
admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo
que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, el 24
de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley
31307), que estableció en su artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la
demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.
6.
Asimismo,
la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional
señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a
los procesos en trámite.
7.
En
el presente caso, se aprecia que el amparo fue promovido el 18 de noviembre de
2019 y fue rechazado liminarmente el 13 de febrero de
2020 por el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima. Luego, con resolución de
fecha 18 de noviembre de 2021, la Primera Sala Constitucional
de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada.
8.
En tal sentido, si bien el Nuevo
Código Procesal Constitucional no estaba vigente cuando el Cuarto Juzgado
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió rechazar liminarmente la
demanda, sí lo estaba cuando la Primera Sala Constitucional del mismo distrito
judicial absolvió el grado. Por tanto, no correspondía
que la Sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el
contrario, declarase su nulidad y ordenase la admisión a trámite de la demanda.
9.
Por
lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional,
el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas
incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a
anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la
configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar todo lo
actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice
conforme a las reglas procesales ahora vigentes.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
1.
Declarar NULA la resolución de fecha 13 de febrero de 2020[8]
expedida por el Cuarto Juzgado Constitucional de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente su
demanda; y NULA la resolución del 18
de noviembre de 2021[9],
que confirmó la apelada.
2.
ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la
primera instancia del Poder Judicial.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
