EXP. N.° 02092-2023-PC/TC

LIMA

ELVIRA YRENE ARAUJO SERNA

 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 14 de mayo de 2024

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elvira Yrene Araujo Serna contra la resolución de fecha 27 de agosto de 2021[1], expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y

 

ATENDIENDO A QUE

 

1.        Con fecha 19 de febrero de 2020[2], la recurrente interpuso demanda de cumplimiento contra el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que cumpla con el artículo 13 de la Ley 27803, el artículo 4, tercer párrafo, de la Resolución Ministerial 024-2005-TR y el artículo 10 del Decreto Supremo 013-2007-TR, y que, como consecuencia de ello, se le pague las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) por un periodo de doce (12) años, más los costos del proceso.

 

Refiere haber sido cesada de manera irregular mediante acuerdo de concejo de fecha 30 de junio de 1996 y reincorporada mediante la Resolución Jefatural 316-2019-MML-GA-SP-RRLL, en cumplimiento de las Leyes 27803 y 30484. Alega que la demandada es renuente a cumplir lo dispuesto en la Ley 27803, lo cual, a su entender, vulnera sus derechos constitucionales.

 

2.        El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 11 de marzo de 2020[3], declaró improcedente de plano la demanda, por considerar que la norma legal reclamada no cumple los requisitos de procedencia establecidos en la sentencia recaída en el Expediente 00168-2005-PC/TC.

 

3.        A su turno, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 3, de fecha 27 de agosto de 2021, confirmó la apelada, por estimar que la supuesta conducta infractora no incide directamente sobre el contenido de los derechos constitucionalmente protegidos.

 

4.        En el contexto descrito en el presente caso se observa un doble rechazo liminar de la demanda.

 

5.        Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, el 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), cuyo artículo 6 dispone que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.

 

6.        Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional estableció que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

 

7.        En el presente caso, se aprecia que el proceso de cumplimiento fue promovido el 19 de febrero de 2020 y que fue rechazado liminarmente el 11 de marzo de 2020 por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. Luego, con resolución de fecha 27 de agosto de 2021, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior Justicia de Lima confirmó la apelada.

 

8.        En tal sentido, si bien el Nuevo Código Procesal Constitucional no estaba vigente cuando el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior Justicia de Lima absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, debió ordenar la admisión a trámite de la demanda. En consecuencia, corresponde ordenar esto último.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

 

RESUELVE

 

1.        Declarar NULA la Resolución 3, de fecha 27 de agosto de 2021[4], emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la Resolución 1, de fecha 11 de marzo de 2020[5], expedida por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento.

 

2.        ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

 

PONENTE DOMÍNGUEZ HARO



[1] Fojas 56.

[2] Fojas 17.

[3] Fojas 28.

[4] Fojas 56.

[5] Fojas 28.