SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de noviembre de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Cruz Lezcano, abogado de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), contra la resolución de fojas 286, de fecha 8 de abril de 2024, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que revocando y reformando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito del 25 de noviembre de 2020¹, la ONP promovió el presente amparo contra los jueces del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote y de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, así como contra don Julio Daniel Chong Gutiérrez, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 20 de noviembre de 2019², que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por don Julio Daniel Chong Gutiérrez y le ordenó otorgarle la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), más devengados e intereses legales; y, (ii) Resolución 6, de fecha 27 de julio de 2020³, que confirmó la Resolución 3⁴. Alega la violación de su derecho fundamental al debido proceso, en sus manifestaciones de no ser desviada de la jurisdicción predeterminada y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y a la igualdad.

Adujo, en términos generales, que los jueces emplazados no motivaron suficientemente por qué se otorgó la bonificación del FONAHPU al solicitante y que no expresaron las razones o justificaciones objetivas para aplicar el art. 2 de la Ley 27617 en vez del artículo 3 del Decreto Supremo 028-2002-EF. Además, omitieron precisar por qué no se tuvo en consideración lo señalado por la Corte Suprema en las Casaciones 1032-2015 Lima, 13861-2017 La Libertad y 7466-2017 La Libertad. Del mismo modo, refirió que tampoco se han expresado las razones por las cuales se decidió no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 02808-2003-AA y 00314-2012-AA, en las que se dejó establecido que el pensionista debía manifestar su voluntad oportunamente a través del acto de inscripción a efectos de acceder a la bonificación del FONAHPU. Finalmente, discrepa con la forma en la que han sido interpretados y aplicados los fundamentos jurídicos 6.1 y 6.2 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Acumulado 005-2002-AI/TC, 006-2002-AI/TC, 008-2002-AI/TC.

Por Resolución 1, de fecha 8 de enero de 2021⁵, se declaró improcedente la demanda, confirmándose la decisión mediante Resolución 7, de fecha 27 de julio de 2022⁶; empero, el Tribunal Constitucional, a través del auto de fecha 18 de abril de 2023⁷, anuló las precitadas y ordenó la admisión a trámite de la demanda, mandato que fue cumplido por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa mediante Resolución 10, de fecha 5 de junio de 2023⁸.

Por escrito ingresado el 7 de julio de 2023⁹, el procurador público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contestó la demanda señalando que la misma debe ser declarada improcedente o infundada porque de los fundamentos que la sustentan no se evidencia una afectación a los derechos invocados susceptible de ser revisada en sede constitucional.

La audiencia única estuvo programada para el 31 de agosto de 2023¹⁰, aunque ninguna de las partes concurrió, quedando los autos expeditos para resolver.

En la Resolución 15 (sentencia), de fecha 6 de noviembre de 2023¹¹, el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, de la Corte Superior de Justicia del Santa, que se avocó al conocimiento de la causa mediante Resolución 12, de fecha 12 de julio de 2023¹², declaró infundada la demanda porque, en su opinión, no se evidencia una manifiesta violación de los derechos invocados.

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante Resolución 20, de fecha 8 de abril de 2024¹³, revocando y reformando la apelada, declaró improcedente la demanda por considerar que la demandada en realidad pretende cuestionar el criterio asumido por los jueces demandados.

FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 20 de noviembre de 2019, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta contra la recurrente por don Julio Daniel Chong Gutiérrez y le ordenó otorgarle la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), más devengados e intereses legales; y, (ii) Resolución 6, de fecha 27 de julio de 2020, que confirmó la Resolución 3. Alega la violación de su derecho fundamental al debido proceso, en sus manifestaciones de no ser desviada de la jurisdicción predeterminada y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y a la igualdad.

§2. Derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

2. El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política. Se trata de una manifestación del derecho fundamental al debido proceso¹⁴, el cual se encuentra comprendido en lo que el Nuevo Código Procesal Constitucional denomina tutela procesal efectiva, una de cuyas manifestaciones es, en efecto, el derecho a la obtención de una resolución fundada en Derecho (artículo 9).

3. Tal como ha expuesto este Tribunal en reiterada jurisprudencia, el derecho fundamental al debido proceso y, concretamente, el derecho a la debida motivación de las resoluciones, no es un derecho que reduzca su ámbito de protección al espacio de las decisiones jurisdiccionales, sino que se extiende a toda situación en la que un acto de poder tenga competencia para adoptar decisiones sobre la esfera subjetiva de la persona humana, específicamente, sobre sus derechos¹⁵, siguiendo diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Caso del Tribunal Constitucional v. Perú¹⁶, Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá¹⁷; Caso Ivcher Bronstein v. Perú¹⁸. De ahí que el deber de motivar debidamente las resoluciones, además de otros ámbitos, rija también en el marco de los procedimientos administrativos.¹⁹.

§3. Análisis del caso concreto

4. En la sentencia emitida en el Expediente 04853-2004-AA/TC y en el marco de lo establecido por la normativa procesal constitucional, así como de su posterior desarrollo jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que el proceso de amparo contra amparo, así como sus demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra cumplimiento, amparo contra acción popular, etc.), es un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios, entre los cuales cabe mencionar que «solo procede cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta» y que «su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos».

5. En el presente caso, la ONP alega que las resoluciones judiciales que cuestiona no han expresado suficientemente las razones por las cuales se considera que el requisito de inscripción en los plazos previstos para gozar de la bonificación del FONAHPU no sería exigible. No obstante, dichas sentencias sí se encuentran debidamente motivadas, y han respetado las exigencias propias de una motivación suficiente, por cuanto cumplen con justificar debidamente su decisión.

6. Consecuentemente, este Tribunal juzga que las decisiones judiciales que se cuestionan han sido adoptadas sin lesionar ninguno de los derechos fundamentales que invoca la entidad administrativa demandante, razón por la cual corresponde desestimar la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

PONENTE DOMÍNGUEZ HARO