EXP

Sala Segunda. Sentencia 0203/2024

EXP. N.° 01283-2023-PA/TC

PIURA

GUILIANA CHIROQUE SILVA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de febrero de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Guiliana Chiroque Silva contra la resolución de fojas 209, de fecha 13 de febrero de 2023, expedida por la Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2021[1], doña Guiliana Chiroque Silva, apoderada de don Rufino Chiroque Silupú y de doña María Marciana Silva de Chiroque, interpuso demanda de amparo contra los jueces del Juzgado Civil de Tambogrande de la Corte Superior de Justicia de Piura y de la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial. Solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 11, de fecha 5 de noviembre de 2018[2], que dispuso correr traslado del pedido de incorporación de litisconsorte necesario y, además, tuvo por propuestos los puntos controvertidos de la parte demandante; (ii) Resolución 12, de fecha 31 de diciembre de 2018[3], que declaró improcedente el pedido de abandono del proceso; (iii) Resolución 13, de fecha 4 de marzo de 2019[4], que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la Resolución 12 e integró al proceso como litisconsorte necesario a doña Merme Socorro Sernaqué Villegas; (iv) Resolución 14, de fecha 13 de mayo de 2019[5], que declaró improcedente la apelación formulada contra la Resolución 13; (v) Auto de vista de fecha 26 de febrero de 2021[6], que confirmó la Resolución 18, de fecha 3 de enero de 2020[7], en la que se declaró improcedente el pedido de nulidad formulado contra las Resoluciones 11, 12, 13 y 14. Dichas resoluciones fueron dictadas en el proceso nulidad de acto jurídico promovido por don Marcelino Sernaqué Chávez contra don Rufino Chiroque Silupú y doña María Marciana Silva de Chiroque, poderdantes y padres de la actora[8]. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y de defensa.

Aduce, en términos generales, que el proceso subyacente tuvo por objeto la nulidad del contrato de compraventa de un terreno agrícola celebrado el 19 de julio de 1994 y que mediante Resolución 9, de fecha 14 de marzo de 2018, resolviendo la excepción propuesta, se declaró saneado el proceso y se concedió a las partes un plazo de tres días para proponer sus puntos controvertidos, lo que la recurrente afirma haber cumplido, pero la parte demandante, en lugar de ello, el 13 de abril de 2018 formuló recusación contra el especialista legal, pedido que fue desestimado mediante Resolución 10, de fecha 15 de mayo de 2018, y habiendo transcurrido siete meses desde la notificación de esta resolución sin que se realizara algún acto de impulso procesal, el 19 de diciembre de 2018 la amparista solicitó que se declare el abandono del proceso, pero el Juzgado, en lugar de resolver esa petición, mediante Resolución 11 corrió traslado del pedido formulado el 11 de octubre de 2018 por doña Merme Socorro Sernaqué Villegas, hija del demandante, para ser incorporada como litisconsorte necesario y, además, se tuvo por propuestos los puntos controvertidos presentados por la apoderada del demandante, ambos pedidos presentados cuando ya el proceso había caído en abandono.

Agrega que mediante Resolución 12 se declaró improcedente el abandono solicitado, aun cuando no se encontraba en ninguno de los supuestos legales para ello y basándose en disposiciones normativas referidas a la dirección del proceso por el juez y a los deberes procesales de este. Señala que mediante Resolución 13 se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación que formuló contra la Resolución 12, pese a que habiendo sido esta notificada en dos fechas diferentes, el recurso fue presentado dentro del plazo computado desde la última notificación. Precisa que, ante esta situación, pidió que se declare la nulidad de las Resoluciones 11, 12, 13 y 14, pero que el pedido fue desestimado mediante la Resolución 18, que centró su atención en la Resolución 13 y no se pronunció sobre las dos primeras resoluciones, argumentando que al haberse rechazado la apelación contra esta última a través de la Resolución 14, no podía formularse un nuevo medio impugnatorio y que la nulidad no fue presentada en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, aunque considera que nada le impedía formular la nulidad de resoluciones que viciaban el proceso y que dicho medio impugnatorio podía proponerlo en cualquier momento, dado que el Código no establece plazo para ello.

Añade que, habiendo apelado dicha decisión, el órgano revisor la confirmó, convalidando los vicios procesales denunciados basándose en que mediante Resolución 11 solo se corrió traslado del pedido de incorporación de la litisconsorte omitiendo señalar que, además, se tuvo por propuestos los puntos controvertidos de la parte demandante, quien se vio favorecida pese a que había dejado caer en abandono el proceso. Adicionalmente, precisa que la cuestionada resolución de vista no se pronunció sobre la doble notificación de la Resolución 12 y que, además, tuvo por válida la primera notificación sin señalar por qué no se tuvo en cuenta la segunda notificación limitándose a indicar que, siendo apoderada de sus padres, la notificación válida es la que se cursó a ella. Finalmente, aduce que el ad quem estableció que la nulidad no se formuló en la primera oportunidad y que se propuso cuando ya habían transcurrido cinco meses desde la expedición de la Resolución 12 materia de nulidad, lo que a su consideración evidencia un desequilibrio procesal, pues el demandante propuso sus puntos controvertidos cuando ya se había producido el abandono del proceso y siete meses desde el requerimiento.

Mediante Resolución 1, del 4 de mayo de 2021[9], se declaró improcedente la demanda, decisión que fue revocada mediante Resolución 8, de fecha 30 de noviembre de 2021[10], en cuyo cumplimiento el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura admitió a trámite la demanda mediante Resolución 9, de fecha 27 de abril de 2022[11].

Mediante escrito de fecha 3 de junio de 2022[12] el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda señalando que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas interpretando y aplicando las normas procesales correspondientes.

La audiencia única se llevó a cabo el 27 de junio de 2022[13].

Mediante Resolución 15, de fecha 8 de setiembre de 2022[14], el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró infundada la demanda, porque, a su consideración, las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y, además, el recurrente no se vio limitado a impugnar y formular alegaciones, por lo que no se evidencia la vulneración de derecho alguno.

A su turno, la Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante Resolución 19, de fecha 13 de febrero de 2023[15], confirmó la apelada, con el argumento de que las resoluciones cuestionadas cuentan con argumentos fácticos y jurídicos que justifican la decisión adoptada en ellas y que lo que se evidencia de los alegatos de la amparista es que se encuentra en desacuerdo con lo resuelto en ellas.

FUNDAMENTOS

§1. Petitorio y determinación del asunto controvertido

1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 11, de fecha 5 de noviembre de 2018, que dispuso correr traslado del pedido de incorporación de litisconsorte necesario y, además, tuvo por propuestos los puntos controvertidos de la parte demandante; (ii) Resolución 12, de fecha 31 de diciembre de 2018, que declaró improcedente el pedido de abandono del proceso; (iii) Resolución 13, de fecha 4 de marzo de 2019, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la Resolución 12 e integró al proceso como litisconsorte necesario a doña Merme Socorro Sernaqué Villegas; (iv) Resolución 14, de fecha 13 de mayo de 2019, que declaró improcedente la apelación formulada contra la Resolución 13; (v) Auto de vista de fecha 26 de febrero de 2021, que confirmó la Resolución 18, de fecha 3 de enero de 2020, en la que se declaró improcedente el pedido de nulidad formulado contra las resoluciones 11, 12, 13 y 14; dictadas en el proceso nulidad de acto jurídico promovido por don Marcelino Sernaqué Chávez contra don Rufino Chiroque Silupú y doña María Marciana Silva de Chiroque, poderdantes y padres de la actora. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y de defensa.

2. Cabe señalar que, aun cuando en el petitorio de la demanda no se indicó expresamente, de los fundamentos que la respaldan se evidencia que la recurrente también cuestiona la Resolución 18 y que, además, alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, aspectos sobre los que la presente resolución también se pronunciará en virtud del principio de suplencia de queja deficiente.

§2. Sobre el derecho al debido proceso

3. El artículo 139, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, ha sido considerado por este Tribunal como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja), entre los cuales se encuentran el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etétera.

§3. Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

4. Cabe mencionar que el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política. Se trata de una manifestación del derecho fundamental al debido proceso, el cual se encuentra comprendido en lo que el Nuevo Código Procesal Constitucional denomina tutela procesal efectiva, una de cuyas manifestaciones es, en efecto, el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho.

5. Al respecto, en anterior oportunidad el Tribunal Constitucional ha dejado claro que[16]

[…] este derecho implica que cualquier decisión judicial cuente con un razonamiento (elementos y razones de juicio) que no sea aparente, defectuoso o irrazonable, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican (STC 06712-2005-PHC/TC, fundamento 10). De este modo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de que las partes conozcan el proceso lógico-jurídico (ratio decidendi) que conduce a la decisión, y de controlar la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales, pues ésta no puede ser arbitraria, defectuosa, irrazonada o inexistente.

6. En ese sentido, tal como lo ha precisado este Alto Tribunal en diversa jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta prima facie a) siempre que exista fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión^{^[17]}.

7. De esta manera, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y que garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.

8. Asimismo, resulta conveniente recordar que el derecho a obtener una resolución judicial debidamente motivada no supone que se dé respuesta a todos los argumentos de las partes, o terceros intervinientes, sino que la resolución contenga una justificación adecuada respecto de la decisión contenida en ella, conforme a la naturaleza de la cuestión que se esté discutiendo.

§4. Sobre el derecho de defensa

9. Por su parte, el derecho de defensa se encuentra reconocido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución. Este, en su sentido más básico y general, garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, penal, tributaria, mercantil, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión.

10. En relación con este derecho, el Tribunal Constitucional ha declarado que[18]

[…] el derecho a no quedar en estado de indefensión en el ámbito jurisdiccional es un derecho que se irradia transversalmente durante el desarrollo de todo el proceso judicial. Garantiza así que una persona que se encuentre comprendida en una investigación judicial donde estén en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento de tales derechos e intereses. Por tanto, se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos.

§5. Análisis del caso concreto

11. Como se indicó previamente, el objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 11, de fecha 5 de noviembre de 2018, que dispuso correr traslado del pedido de incorporación de litisconsorte necesario y, además, tuvo por propuestos los puntos controvertidos de la parte demandante; (ii) Resolución 12, de fecha 31 de diciembre de 2018, que declaró improcedente el pedido de abandono del proceso; (iii) Resolución 13, de fecha 4 de marzo de 2019, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la Resolución 12 e integró al proceso como litisconsorte necesario a doña Merme Socorro Sernaque Villegas; (iv) Resolución 14, de fecha 13 de mayo de 2019, que declaró improcedente la apelación formulada contra la Resolución 13; (v) Resolución 18, de fecha 3 de enero de 2020, que declaró improcedente el pedido de nulidad formulado contra las Resoluciones 11, 12, 13 y 14; y (vi) Auto de vista de fecha 26 de febrero de 2021, que confirmó la Resolución 18. Todas las resoluciones fueron dictadas en el proceso nulidad de acto jurídico promovido por don Marcelino Sernaqué Chávez contra don Rufino Chiroque Silupú y doña María Marciana Silva de Chiroque, poderdantes y padres de la actora. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y de defensa.

12. Ahora bien, de la revisión de la cuestionada Resolución 11 se puede apreciar que se trata de un decreto en el cual el a quo, por un lado, calificando el escrito presentado por doña Merme Socorro Sernaqué Villegas pidiendo ser incorporada al proceso como litisconsorte necesaria, se limitó a correr traslado de tal solicitud a los sujetos procesales para que manifiesten lo que a su derecho convenga; y, por otro lado, tuvo por propuestos los puntos controvertidos de la parte demandante. Así pues, siendo el decreto una resolución de mero trámite, no requiere contar con fundamentación fáctica y jurídica, tal como lo establece el artículo 122 del Código Procesal Civil, por lo que no se evidencia que con su expedición se hubiera afectado manifiestamente alguno de los derechos invocados en la demanda; por el contrario, se otorgó a la recurrente la posibilidad de formular objeciones al pedido de incorporación de la litisconsorte, como en efecto lo hizo, ejerciendo así su derecho de defensa y el debido proceso.

13. En cuanto a la Resolución 12, de su lectura se aprecia que en ella el a quo declaró improcedente el pedido de abandono del proceso amparándose en las disposiciones legales que regulan los supuestos en los que no procede tal forma de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, esto es, los artículos 346 último párrafo, 348 segundo párrafo, y 349 numerales 1-6 del Código Procesal Civil, además, de los artículos II del Título Preliminar y artículo 50, numeral 1, del mismo Código, que establecen que la dirección del proceso está a cargo del juez y que su deber es dirigir el proceso e impedir su paralización. Concluyó, a partir de ello, que el proceso subyacente no se encontraba dentro de los supuestos de procedencia de abandono. Así pues, se colige que dicha resolución cuenta con una motivación escueta, pero suficiente, que justifica la decisión de desestimar el pedido de abandono del proceso.

14. Cabe señalar que el argumento del recurrente de que el caso analizado no se encontraría dentro de ninguno de los supuestos de improcedencia del abandono carece de asidero pues, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 349 del Código Procesal Civil, no procede el abandono “[e]n los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora en dictarla fuera imputable al Juez […]”; y, en el caso de autos, tal como se indica en la demanda y consta de los actuados del proceso subyacente, mediante Resolución 10 se declaró saneado el proceso y se concedió a las partes plazo para proponer los puntos controvertidos, habiendo la amparista formulado su propuesta, no así la parte demandante, por lo que el proceso quedó paralizado en esta fase. Empero, tal como se indica en el artículo 468 del Código Procesal Civil “Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de notificadas propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el Juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos”. Así pues, la fijación de puntos controvertidos es un acto procesal que corresponde realizar al juez, aun cuando las partes no hubieran formulado propuesta alguna, por lo que la paralización del proceso por la omisión del juez en cumplir con dicha obligación no acarrea el abandono del proceso.

15. En relación con la cuestionada Resolución 13, de su revisión se aprecia que en ella se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación que la actora formuló contra la Resolución 12, pues fue interpuesto al quinto día de haber sido notificada de la apelada; además, en la misma resolución se dispuso integrar al proceso como litisconsorte necesaria a doña Merme Socorro Sernaqué Villegas, porque, en su condición de heredera de una de las participantes en el contrato cuya nulidad se pretendía, le asistía legitimidad para ser parte en el proceso. Así pues, efectuado el análisis externo de esta resolución se constata que también se encuentra debidamente motivada, pues cuenta con argumentos fácticos y jurídicos que respaldan la decisión contenida en ella.

16. Respecto a la objetada Resolución 14, de su lectura se advierte que en ella se declaró improcedente el recurso de apelación formulado por la recurrente contra la Resolución 13, argumentando el a quo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 401 del Código Procesal Civil, el medio impugnatorio adecuado para cuestionar la declaración de improcedencia de un recurso de apelación es el recurso de queja y no un recurso de apelación contra la desestimatoria de una apelación, de lo que se colige que esta resolución también cuenta con motivación suficiente.

17. Respecto al cuestionamiento a la Resolución 18, que declaró improcedente el pedido de nulidad formulado por la recurrente contra las Resoluciones 11, 12, 13 y 14, de su lectura se advierte que el recurrente habría fundado tal medio impugnatorio aduciendo que al expedirse la Resolución 13, que declaró improcedente el recurso de apelación formulado contra la Resolución 12, no se tuvo en cuenta que sus padres poderdantes fueron notificados el 1 de febrero de 2019, por lo que el medio impugnatorio fue presentado dentro del plazo de ley; además, aduce que, si bien no interpuso recurso de queja contra dicha decisión, la Resolución 13 también fue apelada en el extremo en que admitió la incorporación de la litisconsorte necesaria[19] y que ello no se tuvo en cuenta. Así, resolviendo el pedido, el a quo señaló que, habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la Resolución 13, el cual fue desestimado mediante Resolución 14, no cabe plantear recurso de nulidad contra aquella, porque ello supondría la formulación de doble recurso contra una misma resolución, lo que se encuentra prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, más aún cuando la nulidad no fue presentada en la primera oportunidad[20]. En relación con el argumento referido a que la Resolución 13 también fue apelada en el extremo en que dispuso incorporar a la litisconsorte necesaria y respecto a lo cual no se pronunció la Resolución 14, en la resolución analizada el a quo argumentó que tal decisión es inimpugnable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Código de Procesal Civil, por lo que la apelación de ese extremo resultaba improcedente.

18. Por último, en torno al cuestionamiento que se efectúa a la Resolución de vista 4, que confirmó la Resolución 18, de su revisión se constata que el ad quem se pronunció respecto a la nulidad formulada contra cada una de las resoluciones impugnadas. Así, se aprecia que [21]

a) En relación con la Resolución 11, señaló que en ella solo se corrió traslado a las partes sobre el pedido de incorporación de la litisconsorte necesaria, sin resolver ningún extremo controvertido, y que la recurrente no fundamentó ninguna causal de nulidad ni formuló el remedio en la primera oportunidad, habiéndose planteado luego de siete meses de expedida la cuestionada resolución, por lo que no resultaba amparable la nulidad.

b) En relación con la Resolución 12, el órgano revisor advirtió que esta se encontraba suficientemente justificada y que, además, la nulidad tampoco se formuló en la primera oportunidad que tuvo la nulidiscente para hacerlo.

c) Respecto a la Resolución 13, el ad quem señaló que la propia nulidiscente, apoderada de los demandados, fue notificada el 29 de enero de 2019 y, en relación con la notificación efectuada a los poderdantes, precisó que siendo la apoderada quien venía actuando en el proceso en representación de los demandados, lo que correspondía era que el plazo se compute desde que ella fue notificada; además, agregó que la nulidad tampoco fue formulada en la primera oportunidad que tuvo la recurrente para hacerlo.

d) Finalmente, respecto a la Resolución 14, el órgano revisor encontró que esta también se encontraba debidamente motivada, pues contra la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación correspondía formular el recurso de queja y no una apelación por denegatoria de apelación; y, en cuanto a la alegada apelación contra el extremo de la Resolución 13, que incorporó a la litisconsorte necesaria, precisó que tal decisión es inimpugnable conforme al artículo 101 del Código Procesal Civil, por lo que no encontró vicio que afecte la validez de dicha resolución.

19. Así pues, se puede advertir que la Resolución 18 justificó debidamente por qué no resultaba atendible la nulidad formulada contra las Resoluciones 13 y 14, y, si bien no se pronunció expresamente sobre el cuestionamiento a las Resoluciones 11 y 12, tal defecto fue superado por la Resolución de vista que la confirmó, en la que el órgano revisor se pronunció sobre las objeciones efectuadas contra cada una de dichas resoluciones, justificando fáctica y jurídicamente por qué no cabía hacer lugar al medio impugnatorio remedial formulado, interpretando y aplicando las normas procesales que rigen en materia de nulidad, especialmente la referida a la oportunidad, pues, contrariamente a lo alegado por el actor, dicho remedio procesal no puede ser presentado en cualquier momento, sino en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, tal como lo señala el artículo 176 del Código Procesal Civil, es decir, en el primer acto procesal o escrito que presente. Así pues, no se evidencia una manifiesta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

20. Por otro lado, tampoco se evidencia una manifiesta afectación al derecho de defensa de la recurrente, pues no se advierte que ella se hubiera visto impedida de modo injustificado de ejercer oportunamente los mecanismos legales previstos para su defensa y de formular los argumentos que a su derecho convengan; por el contrario, de lo actuado se advierte que sí ejerció tal derecho con amplitud, por ejemplo, tras ser notificada de la Resolución 11, formuló objeciones al pedido de incorporación de la litisconsorte necesaria, por lo que deviene también infundada la demanda en relación con el derecho en comento.

21. Finalmente, en relación con la alegada vulneración del derecho al debido proceso, además de lo establecido en los fundamentos que anteceden, de los actuados del proceso subyacente obrantes en autos se puede advertir que este se desarrolló conforme a las reglas del procedimiento preestablecidas; que la recurrente ejerció activamente, además del derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, entre otros; por lo que tampoco se aprecia una manifiesta afectación al derecho analizado.

22. Siendo ello así y no habiéndose acreditado la afectación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, se debe desestimar la pretensión.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

[16] Sentencia emitida en el Expediente 04302-2012-PA/TC, fundamento 5.

[17] Sentencia emitida en el Expediente 04348-2005-PA/TC, fundamento 2.

[18] Sentencia emitida en el Expediente 00582-2006-PA/TC, fundamento 3.