Sala Primera. Sentencia 267/2024
EXP. N.° 01173-2023-PHC/TC
SELVA CENTRAL
JAVIER ARTURO ATENCIO MEZA Y OTRA
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En
Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2024, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Hernández
Chávez, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman
digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don
Edwin David Heredia abogado de don Javier Arturo Atencio
Meza y doña Hubertila Florencia Gómez Mark contra la
resolución de fecha 22 de febrero de 2023[1],
expedida por la Sala Mixta Única de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia
de la Selva Central, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de noviembre de 2022, don
Javier Arturo Atencio Meza y doña Hubertila
Florencia Gómez Mark interpusieron demanda de habeas corpus[2] y la dirigieron contra doña Rosa María
Amarillo Obregón. Alegan la vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
Los recurrentes solicitan que doña Rosa María Amarillo
Obregón cese la vulneración del libre tránsito peatonal y vehicular al haber
destruido una carretera y colocado de manera arbitraria y prepotente cuatro
troncos plantados en forma continua y sujetada por alambre de púas.
Señalan que son propietarios del “Fundo San Roque”,
parcela con código catastral 30425, ubicada en el sector campamento “chino las
delicias” del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, de una extensión
superficial de 600 hectáreas, cuyo derecho de dominio, linderos y medidas
perimétricas se encuentran ampliamente detalladas en la Partida Electrónica
11007613 del registro de predios rurales de la Oficina Registral de La Merced.
Sostienen que existe una carretera que conduce a su
predio, desde hace aproximadamente cuarenta años, siendo de utilidad, pues la
utilizan para su desplazamiento para realizar sus actividades agrícolas.
Además, han alquilado a las empresas de telefonía para la instalación de sus
antenas, por lo que también transitan por dicha carretera para realizar el
mantenimiento.
El Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Merced-Chanchamayo de la Corte
Superior de Justicia de la Selva Central, mediante Resolución 1, de fecha 11 de
noviembre de 2022[3], requirió
a los demandantes para que, en el plazo de veinticuatro horas de notificados,
cumplan con precisar el lugar de los hechos e informar si su predio tiene otros
accesos o ingresos; y que una vez cumplido esto se admita a trámite la demanda.
La parte
demandante, mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2022[4], cumple
con lo dispuesto en la Resolución 1, y precisa que la carretera es la
continuación de la que conduce al Cementerio General de San Ramón, y que la
destrucción de la carretera y la colocación de cuatro troncos y alambrado se ha
realizado al inicio del ingreso del Fundo “San Roque”. Refiere que el ingreso
al predio denominado “San Roque” del sector Campamento Chino – Las Delicias,
del distrito de San Ramón no tiene otros ingresos.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La
Merced-Chanchamayo, mediante Resolución 2, de fecha 15 de noviembre de 2022[5], tiene por
cumplido el mandato, y dispuso que se realicen las diligencias de toma de dicho
de la demandada y de inspección en el lugar de los hechos.
Este Tribunal considera que, mediante la Resolución 2,
el juez del habeas corpus tácitamente
admitió a trámite la demanda, conforme a lo referido en la Resolución 1, de
fecha 11 de noviembre de 2022, cuando precisó que luego de cumplir con precisar
la información requerida a la parte demandante, se admita a trámite la demanda.
En la
diligencia de Toma de Dicho[6] de doña Rosa María Amarillo Obregón manifestó
que la trocha carrozable existe hace cuarenta y cinco años, que los demandantes
no han respetado este acceso y no les dan acceso a los vecinos; que no hay
troncos, solo son palos movibles colocados en su terreno, para de esta manera
hacer respetar su terreno. Indica que es propietaria del terreno, que tiene
título y que se vio obligada a poner palos para hacer respetar su derecho, sin
embargo, ha cedido dos metros para que sus vecinos puedan acceder a la parte
alta. Sostiene que es la empresa Maquisen la que con
sus maquinarias han dañado la carretera.
La diligencia
de inspección judicial fue realizada en fecha 17 de noviembre de 2022, conforme
se advierte del acta manuscrita[7], de la
cual se concluye que por la alegada trocha carrozable sí se puede transitar,
tanto vehículos motorizados como peatones.
El Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Merced-Chanchamayo de la Corte
Superior de Justicia de la Selva Central, a través de la sentencia, Resolución
4, de fecha 23 de noviembre de 2022[8], declaró
improcedente la demanda por considerar que de los actuados se colige que la
supuesta vulneración a la libertad de tránsito peatonal – vehicular no procede,
pues el demandante, en la diligencia de inspección judicial ha referido no
vivir en el lugar mencionado en la demanda, y se ha verificado que se cuenta
con acceso libre peatonal y de vehículos menores. Si bien el abogado del
demandante ha dejado constancia de que no puede desplazarse por sí solo, sino
que requiere de una movilidad, esto sería irrelevante por cuanto no vive en el
lugar.
La Primera
Sala Mixta Única de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de la Selva
Central confirmó la resolución que declaró improcedente la demanda[9], por
considerar que la alegada trocha carrozable es una vía de carácter privado, que
constituiría, de hecho, una servidumbre de paso, y los troncos delgados de
madera que se han plantado no se trata de una tranquera que impida el tránsito
total, pues al estar alineados en medio de la trocha permite el paso de
personas y vehículos menores. La servidumbre es un derecho real sobre cosa
ajena, por lo que debe estar reconocida para que el habeas corpus prospere, pues, al alegarse afectación al derecho al
libre tránsito, se requiere que la servidumbre de paso tenga existencia y
validez legal. En tal sentido, las alegaciones respecto a que existe una trocha
carrozable desde hace varios años deben ser merituadas en la justicia
ordinaria, para declarar la existencia de una servidumbre de paso.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El
objeto de la demanda es que se ordene a
doña Rosa María Amarillo Obregón que cese la vulneración del libre
tránsito peatonal y vehicular al haber destruido una carretera que es la continuación
de la que conduce al Cementerio General de San Ramón, y colocado de manera
arbitraria cuatro troncos plantados en forma continua y sujetada por alambre de
púas al inicio del ingreso del Fundo “San Roque”, del sector Campamento Chino –
Las Delicias, del distrito de San Ramón de propiedad de don Javier Arturo Atencio Meza y doña Hubertila
Florencia Gómez Mark.
2.
Se
alega la vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
Análisis del
caso en concreto
3.
La
Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera
o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello
implica que para que proceda el habeas
corpus el hecho denunciado de inconstitucional necesariamente debe redundar
en una afectación negativa, real, directa y concreta del derecho a la libertad
personal o sus derechos constitucionales conexos, como es del derecho al libre
tránsito.
4.
Asimismo,
la Constitución, en su artículo 2, inciso 11, y el Nuevo Código Procesal
Constitucional, en su artículo 33, inciso 7, respectivamente, reconocen y
prevén la tutela del derecho al libre tránsito de la persona a través del habeas corpus. Al respecto, se tiene que
mediante el presente proceso es permisible tutelar el derecho al libre tránsito
de la persona frente a restricciones arbitrarias o ilegales de tránsito a
través de una vía pública o de una vía privada de uso público o común cuya
existencia legal conste de autos, así como del supuesto de restricción total de
ingreso y/o salida del domicilio de la persona (vivienda/morada) y no de
cualquier bien sobre el cual tenga disposición.
5.
El
Tribunal Constitucional ha precisado que el análisis constitucional del fondo
de una demanda que alegue el agravio del derecho a la libertad de tránsito de
la persona requiere mínimamente que conste de autos la existencia y validez
legal de la alegada vía, y que se manifieste su restricción de tránsito a través
de ella, pues es en dicho escenario que resulta viable la verificación de la
constitucionalidad de tal restricción[10].
6.
Entonces,
para que ello ocurra debe acreditarse de manera inequívoca y constatable la
existencia legal de la vía respecto de la cual se reclama tutela y el
cuestionado impedimento de tránsito que será materia de análisis
constitucional, pues, así como los procesos constitucionales no son
declarativos de derechos, sino restitutorios de estos, la tarea del juzgador
constitucional –que tutela el derecho al libre tránsito– es constatar la
manifestación de la alegada restricción material del referido derecho
fundamental y, de ser así, determinar si tal restricción es inconstitucional o
constitucionalmente compatible con el cuadro de valores, principio y/o demás
derechos fundamentales que reconoce la Constitución, sin que aquello implique
la labor de establecer, constituir o instituir la existencia de una vía de
tránsito[11].
7.
En
el presente caso, este Tribunal, a partir de la revisión de los documentos que
obran en autos, advierte que el reclamo realizado por los demandantes no
encuentra sustento para un análisis de fondo, ya que la alegada trocha
carrozable no se encuentra debidamente acreditada. En efecto, la existencia y
validez legal de la servidumbre no se halla suficientemente acreditada conforme
a la ley de la materia. Debe tenerse presente que el transcurso del tiempo o el
uso que las personas den a una vía no configuran, necesariamente, la existencia
y validez legal de una servidumbre de paso.
8.
Además,
debe tenerse en cuenta que el juez de primera instancia en el presente procesó
verificó que existe libre tránsito peatonal y de vehículos menores.
9.
Por
consiguiente, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido
del derecho tutelado por el habeas corpus.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO
VALDEZ
HERNÁNDEZ
CHÁVEZ
