Sala Segunda. Sentencia 547/2024
EXP.N.° 00953-2023-PA/TC
LIMA
JUAN MEDINA CALDERÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2024,
la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados
Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich,
ha emitido la presente sentencia. El magistrado Ochoa Cardich
emitió fundamento de voto, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes
firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto don Juan Medina Calderón contra la sentencia de fojas 230, de fecha 3 de febrero de 2021, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 22 de
noviembre de 2011[1],
interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional
(ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución Administrativa N°01698-2010-ONP/DPR.SC/DL
18846, de fecha 24 de mayo de 2010[2], que le denegó la pensión;
y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad
profesional conforme a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago
de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.
La emplazada deduce las excepciones
de falta de legitimidad para obrar pasiva y activa, y contesta la demanda[3] solicitando que se la declare
improcedente, con el alegato de que al actor no le corresponde el pago de la pensión
de invalidez solicitada por cuanto no acredita ser beneficiario de una póliza
del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) ni tampoco de la
percepción de subsidios por incapacidad temporal por el período máximo legal,
conforme a lo establecido por el artículo 19, literal b), de la Ley 26790, lo
cual es exigible a los trabajadores con vínculo laboral vigente, por lo que no
genera certeza.
El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima[4], con fecha 29 de mayo de 2019, declaró infundadas las excepciones deducidas y la demanda, por considerar que no se ha demostrado de forma incontrovertible la relación de causalidad entre la enfermedad profesional alegada y la labor minera que realizó el actor, ni que haya un contrato del SCTR con cobertura vigente a la fecha de la contingencia con la ONP; por tanto, no se han acreditado todos los requisitos para percibir la pensión solicitada.
La Sala Superior competente revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar que de los documentos adjuntados por la parte demandante en esta vía constitucional no resulta posible determinar suficientemente si adolece de la enfermedad profesional alegada con el menoscabo señalado, pues no se advierte que el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 8 de abril de 2006, se encuentre respaldado con la historia clínica, los exámenes auxiliares y los informes de resultados emitidos por especialistas, tal como lo exige el precedente vinculante sentado en la Sentencia 00799-2014-PA/TC; no obstante lo anterior, es menester precisar que con lo resuelto no se desconoce el derecho del demandante de poder acceder a una pensión vitalicia por enfermedad profesional, por lo que se deja a salvo que haga valer lo que corresponda, en una vía procedimental más lata.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la demanda es que se otorgue al actor pensión de invalidez
por enfermedad profesional bajo los alcances la Ley 26790 y su reglamento, el
Decreto Supremo 003-98-SA, por padecer de neumoconiosis con 60 % de
menoscabo. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, los
intereses legales y los costos del proceso.
2.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son
susceptibles de protección mediante el amparo los supuestos en que se deniegue
una pensión de invalidez por enfermedad profesional, a pesar de cumplirse con
los requisitos legales.
3.
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple con los presupuestos
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que
reclama; pues, de ser así, se estaría verificando la arbitrariedad en el
proceder de la entidad demandada.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
Análisis de la controversia
4.
El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto Ley
18846-Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del
Personal Obrero (SATEP) y luego sustituido por el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) creado por la Ley 26790, de fecha 17 de mayo de 1997.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de
abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, estableciéndose las prestaciones asistenciales y pecuniarias
que se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional.
5.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 02513-2007-PA/TC,
publicada el 8 de enero de 2009 en el portal web institucional, que constituye
precedente, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas
con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
6.
En el fundamento 14 de dicha sentencia se establece que “en los procesos
de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al
Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido
por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de
EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990”.
7.
El actor, a fin de acreditar la enfermedad profesional que alega padecer,
adjunta a su demanda como sustento el Informe
de Evaluación Médica de Incapacidad de fecha 8 de abril de 2006, emitido por la
Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Centro Asistencial Hospital Edgardo
Rebagliati Martins de EsSalud, en el que se consigna
que padece de neumoconiosis con 60 % de menoscabo[5].
8.
Por otro lado, a efectos de acreditar el nexo de causalidad entre las
labores que realizó y la enfermedad profesional de neumoconiosis, el actor presenta
los documentos siguientes: a) certificado de trabajo expedido por la Empresa
Minera del Centro del Perú La Oroya-Centromin Perú
S.A.[6]
con fecha 30 de marzo de 1993, en el que se indica que laboró desde el 21 de enero de 1976 hasta el 13 de marzo de 1977 como
carrilano en el Departamento de Ferrocarriles Sección de Mantenimiento de Vías,
y del 14 de marzo de 1977 al 21 de enero de 1993 como oficial en el
Departamento de Fundición y Refinería- Sección Refinería de plomo campamento La
Oroya; b) certificado de trabajo emitido por René Borja Ricra
Contratistas E.I.R.L. con fecha 20 de diciembre de 1996, en el que se consigna
que el actor prestó servicios a esta contrata como ayudante perforista en
sección mina subterránea en la Compañía Minera Animón-
Huayllay- Pasco, del 1 de abril de 1993 al 30 de
junio de 1996[7];
c) certificado de trabajo emitido por Cominc E.I.R.L.
con fecha 25 de noviembre de 2003, el cual indica que prestó servicios como
ayudante perforista en la sección minas subterráneas en la Compañía Minera Huarón-Huayllay – Pasco del 1 de julio de 1996 al 30 de
octubre de 2003[8].
9.
De lo expuesto se aprecia que el actor ha laborado en la Empresa Minera
del Centro del Perú, complejo minero metalúrgico de
la provincia de Yauli La Oroya, por el período comprendido desde el 21 de enero de 1976 hasta el 21
de enero de 1993 en labores de procesamiento de
minerales, con exposición a la toxicidad del área, y en mina subterránea; por
consiguiente, se encuentra dentro de los alcances del precedente emitido en el
fundamento 41 de la Sentencia 00419-2022-PA/TC.
10.
Por otra parte, se debe
precisar que la parte emplazada ha formulado diversos cuestionamientos a la
comisión médica evaluadora que expidió el informe médico presentado por el
actor para acreditar la enfermedad profesional que padece. Sin embargo, no advirtiéndose
en autos la configuración de ninguno de los supuestos previstos en las Regla sustanciales
2 y 3 contenidas en el fundamento 35 de la sentencia emitida en el Expediente
05134-2022-PA/TC, que, con carácter de precedente, establece las reglas
relativas al valor probatorio de los informes médicos emitidos por el
Ministerio de Salud y EsSalud, dichos cuestionamientos no enervan el valor
probatorio del informe médico presentado por el actor.
11.
Del Escrito 006426-2023-ES, recibido con fecha 2 de noviembre de 2023, se
aprecia que, si bien es cierto que no obra la historia clínica del demandante,
también lo es, en respuesta a la solicitud formulada al HNERM, con fecha el 23
de agosto de 2021, para que se le otorgue copias fedateadas de la historia
clínica que dio origen al informe de evaluación médica de incapacidad del 8 de
abril de 2006, se remitió al actor la Carta 910-RM-OAYRM-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2021,
de fecha 10 de setiembre de 2021, sobre solicitud de prestación asistencial, en
la que el jefe de la Oficina de Admisión y Registros Médicos de la Red
Asistencial Rebagliati de EsSalud le comunica que, habiendo transcurrido 10
años de su última atención, su historia clínica fue depurada en el 2015 en
cumplimiento de la normativa vigente[9].
12.
Por tanto, y de la evaluación
conjunta realizada, este Tribunal considera que el demandante tiene derecho a
gozar de la prestación estipulada por el SCTR y percibir una pensión de
invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo
003-98-SA, que define la invalidez permanente parcial como la disminución de la
capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50 %,
pero inferior a los 2/3 (66.66 %), la cual deberá ser calculada en relación con
el 50% de la remuneración mensual, entendida esta como el promedio de las
remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores a la fecha del siniestro,
con las pensiones devengadas correspondientes.
13.
En cuanto a la fecha en que
se genera el derecho, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que
acredita la existencia de la enfermedad profesional; esto es, desde el 8 de
abril de 2006.
14. Respecto a los intereses legales, mediante auto emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TC, este Tribunal ha establecido en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el interés legal aplicable en materia pensionable no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil.
15. En cuanto al pago de los costos procesales, de conformidad con el artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional, la entidad demandada debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA la
demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del
recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 01698-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 24 de
mayo de 2010.
2.
Reponiendo las cosas al
estado anterior, ORDENA a la Oficina
de Normalización Previsional (ONP) que otorgue al demandante la pensión de
invalidez que le corresponde por concepto de enfermedad profesional conforme a
la Ley 26790, desde el 8 de abril de 2006, atendiendo a los fundamentos de la
presente sentencia. Asimismo, dispone que se abonen los devengados
correspondientes, los intereses legales, así como los costos procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Si bien coincido con lo
resuelto en la sentencia en el presente caso considero pertinente efectuar
algunas consideraciones adicionales concernientes a cuestiones de relevancia
constitucional, habida cuenta que desde mi punto de vista y en materia pensionaria
debería resultar de aplicación la tasa de interés efectiva que implica el pago de intereses
capitalizables.
1.
En cuanto al pago de los
intereses legales, estimo que la jurisprudencia desarrollada en el Expediente 02214-2014-PA/TC no resulta concordante con la tutela del
derecho a la pensión reclamado en procesos constitucionales como el amparo.
Efectivamente en los amparos en los cuales se discute sobre deudas
previsionales se advierte dos características particulares
a)
El restablecimiento de las cosas al estado
anterior, lo cual implica que el juez constitucional además de disponer la
nulidad del acto u omisión lesiva, ordene a la parte emplazada la emisión del
acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a favor del
demandante; y
b) El mandato de pago de prestaciones no abonado oportunamente, lo
que supone reconocer también las consecuencias económicas generadas por la
demora de dicho pago a través de una orden adicional de pago de intereses
moratorios conforme al criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 00065-2002-AA/TC.
2.
Esta segunda particularidad plantea una
problemática producto del paso del tiempo, esto es, la pérdida del valor
adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se encuentre la fecha de
la regularización del pago de la prestación pensionaria. Además, esta situación
genera en el acreedor pensionario una afectación por no recibir el ingreso
económico necesario para solventar sus necesidades básicas durante el tiempo
que se omita el pago y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al
acceso a la pensión.
3.
Sobre este aspecto, mediante la Ley 28266,
publicada el 2 de julio de 2004, se inició la regulación de los intereses
previsionales aparejándolos a la tasa de interés legal fijada por el Banco
Central de Reserva del Perú (BCR). Dicha norma estableció lo siguiente:
Establécese
que el pago de devengados, en caso de que se generen para los pensionistas del
Decreto Ley Nº 19990 y regímenes diferentes al
Decreto Ley Nº 20530, no podrán fraccionarse por un
plazo mayor a un año. Si se efectuara el fraccionamiento por un plazo mayor a
un año, a la respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.
El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones
presupuestales a que haya lugar. (sic)
4.
De esta forma, el pago de las pensiones
devengadas que superara en su programación fraccionada un año desde su
liquidación merece el pago adicional de intereses conforme a la tasa fijada por
el BCR. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula dos tipos de tasas
de interés a fin de establecer la referencia porcentual que corresponde imputar
a deudas de naturaleza civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de
interés laboral o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244
del Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).
5.
Es claro entonces que las deudas previsionales
por mandato del legislador, vencido el año de fraccionamiento sin haberse
podido liquidar en su totalidad, generan un interés por el incumplimiento;
importa ahora determinar cuál es la naturaleza jurídica del interés que generan
las deudas pensionarias.
6.
En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas
sobre el incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas en el Código
Civil. Si bien es cierto que los procesos constitucionales no pueden resolverse
en aplicación del derecho privado, ello no impide que el juez constitucional
analice dichas reglas con el fin de coadyuvar a la resolución de controversias
que involucre derechos fundamentales, no sin antes verificar que esas reglas no
contravengan los fines esenciales de los procesos constitucionales y la
vigencia efectiva de los derechos.
7.
En ese sentido, el artículo 1219 del Código
Civil establece los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y
el deudor de la siguiente manera:
Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo
siguiente:
1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure
aquello a que está obligado.
2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a
costa del deudor.
3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para
asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o
cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos
mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización
judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.
8.
Asimismo, el artículo 1242 del mismo código
regula los tipos de intereses aplicables a las deudas generadas en el
territorio peruano y señala que:
El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación
por el uso del dinero o de cualquier otro bien.
Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el
pago.
9.
Se observa que nuestra legislación civil
establece como una de las consecuencias generales del incumplimiento de
obligaciones el derecho a reclamar una indemnización, y precisa que en el caso
de deudas pecuniarias no pagadas a tiempo se generan intereses moratorios, cuya
finalidad es resarcir al acreedor por la demora en la devolución del
crédito.
10.
En este punto resulta esencial recordar que el
derecho a la pensión es de naturaleza alimentaria por lo que su lesión
continuada, producto de la falta de pago de la pensión, genera una afectación
al aportante/cesante sin jubilación, dada la ausencia de solvencia económica
para la atención de sus necesidades básicas tales como alimentación, vivienda y
salud. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen de las deudas
previsionales y que son consecuencia directa del pago tardío, son de naturaleza
indemnizatoria, pues tienen por finalidad compensar el perjuicio ocasionado en
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía derecho.
Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza indemnizatoria de los intereses
previsionales, es necesario determinar cuál es el tipo de tasa de interés
aplicable para su determinación.
11.
El BCR, por mandato del artículo 84 de la
Constitución, es el órgano constitucional encargado de regular la moneda y el
crédito financiero. Asimismo, por mandato del artículo 1244 del Código Civil,
de la Ley 28266 y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de naturaleza civil,
previsional y laboral.
12.
Oportuno es recordar que el
artículo 2 inciso 2 de la Constitución reconoce el principio-derecho de
igualdad en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole”. Asimismo, en su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha
recordado que la igualdad, consagrada constitucionalmente, ostenta la doble
condición de principio y de derecho subjetivo constitucional (Cfr. Sentencia
00045-2004-AI/TC, fundamento 20). Como principio,
constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto
componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula
de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho
fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo,
esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad
oponible a un destinatario.
13.
También es importante señalar
que este derecho no garantiza que todas las personas sean tratadas de la misma
forma siempre y en todos los casos. Como ha sostenido la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, puesto que “la igualdad y la no discriminación se
desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es
preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse
ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana” (Opinión Consultiva Nº 4/84). La igualdad jurídica presupone, pues, dar un
trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se
afecta a esta no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da
un trato desigual (discriminación directa, indirecta o
neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente
desiguales se brinda un trato igualitario (discriminación por indiferenciación)
(Cfr. Sentencia 00374-2017-PA/TC, fundamento
14).
14.
En el contexto descrito, cabe mencionar que la
regulación del interés laboral constituye la excepción a la regla general del
interés legal, dado que por mandato del Decreto Ley 25920, se ha preferido
otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses generados por el
incumplimiento de obligaciones laborales. Sin embargo, esta situación
particular, no encuentra justificación similar en el caso de deudas
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño causado al derecho a
la pensión no afecta una inversión privada ni el Fondo Consolidado de Reservas
Previsionales.
15.
Se aprecia que el interés moratorio de las
deudas previsionales, en tanto el pago de pensiones no provienen de acreencias
producto de un contrato suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante
(deudas civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por el BCR
a través de la tasa de interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley
28266. Cabe indicar que los intereses previsionales tampoco se encuentran
sujetos a la limitación regulada por el artículo 1249 del Código Civil, pues dicha
disposición es exclusivamente aplicable a deudas provenientes de pactos entre
privados.
16.
Por estas razones, la deuda pensionaria como
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida como el goce
de una prestación con valor adquisitivo adecuado con la moneda vigente, pues
desconocer la naturaleza valorista de una deuda
pensionaria implica una forma de menoscabo o perjuicio al adulto mayor. Más
aún, si se considera que el derecho a la pensión comprende el derecho al goce
oportuno de la prestación pensionaria; situación que implica el pago de una
mensualidad acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación, no
un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun cuando el deudor
sea el Estado.
17.
Por ello, la deuda de naturaleza previsional,
producida por la falta de pago oportuno de la pensión, genera en el deudor la
obligación de pagar al acreedor (el pensionista) un interés moratorio, que es
el interés legal previsto en el artículo 1246 del Código Civil, aplicando para
su cálculo la tasa de “interés legal
efectiva”, a partir de una interpretación desde los valores, principios y
derechos que consagra la Constitución, acorde con una interpretación pro homine
y a partir de lo cual frente a la duda que podría presentarse de aplicar una
“tasa de interés legal simple” (sin capitalización de intereses) o una “una
tasa de interés legal efectiva” (con capitalización de intereses), se prefiere
lo segundo. Es preciso recordar que, respecto del principio
pro homine, el Tribunal Constitucional (Cfr. Sentencia 03248-2019-PHC/TC, fundamento 74) estipula que debe interpretarse
la norma de forma que mejor optimice el goce de los derechos fundamentales,
descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio (Sentencia
02061-2013-PA/TC, fundamento 5.11). Asimismo, implica
que debe preferirse la norma o interpretación más restringida cuando de lo que
se trata es de fijar restricciones al ejercicio de los derechos, sean estas de
carácter permanente o extraordinaria (Sentencia 02005-2009-PA/TC, fundamento 33).
18.
Asimismo, la prohibición de capitalización de
intereses contenida en el artículo 1249 del Código Civil no alcanza a la deuda
pensionaria o previsional, desde que esta no nace de un pacto entre el deudor y
el acreedor en un sentido clásico civil (de un acuerdo de voluntades entre
privados), sino de un sistema previsional que debe garantizar una pensión
adecuada y oportuna para el titular del derecho pensionario.
19.
A pesar de lo expuesto hasta
aquí sobre la naturaleza de la deuda previsional y no encontrarme conforme con el
extremo señalado en la ponencia respecto del no reconocimiento de intereses
capitalizables, he decido sin embargo apoyar la resolución del presente caso,
ya dicha discrepancia generaría perjuicio al demandante con relación a su
pretensión principal consistente en el otorgamiento de su pensión
de invalidez por enfermedad profesional. Al ser mi
posición la minoritaria en este aspecto concreto, una eventual insistencia mediante
un voto singular generaría dilación para que al demandante se le otorgue lo
centralmente pretendido.
20.
En las circunstancias
descritas y salvando mi posición sobre el extremo expuesto, suscribo la
resolución del caso en su totalidad, en aplicación de los principios procesales
de economía y de socialización regulados en el artículo III del Título
Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por las razones expuestas, mi voto es por declarar FUNDADA
la demanda; en consecuencia, declarar NULA la Resolución 01698-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846 de fecha 24 de mayo de 2010,
y ORDENAR que
la ONP otorgue al demandante la pensión de invalidez que le corresponde por
concepto de enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, desde el 8 de abril
de 2006, con los devengados correspondientes, intereses legales, y costos
procesales.
S.
OCHOA CARDICH