VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Justina Arbieto Chipana contra la resolución de fojas 69, de fecha 4 de noviembre de 2021, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

1. Con fecha 13 de febrero de 2020 (f. 28), la recurrente interpuso demanda de amparo contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declare nula la Casación 4043-2018 Lima Norte, de fecha 11 de abril de 2019 (f. 3), que declaró improcedente su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista de fecha 28 de mayo de 2018, que a su vez declaró fundada la excepción de prescripción extintiva planteada por Urbanizadora Pro S.A. y la Asociación de Vivienda de Trabajadores y Adjudicatarios de la Hacienda Pro, en el proceso sobre nulidad de acto jurídico. Manifiesta que se sostuvo que el decurso prescriptorio se inicia desde que el accionante toma conocimiento de la existencia del acto jurídico y consideró que, en el proceso subyacente, la accionante tomó conocimiento del contenido del Acto Jurídico –Acta de Acuerdo de fecha 16 de junio de 1997– el día 22 de febrero del 2001; sin embargo, los emplazados no tomaron en cuenta que el plazo prescriptorio se computa desde el momento en que el actor pueda ejercitar el derecho de acción, esto es, a partir de que la existencia del daño pueda probarse, por lo que no existió una correcta interpretación del artículo 1993 del Código Civil. Alega que se vulneraron sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales.

2. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 3 de marzo de 2020 (f. 34), declaró improcedente la demanda por considerar que el amparo no constituye una supra instancia en la que se pueda continuar revisando lo que ya fue resuelto en la vía ordinaria, en tanto que, el control constitucional de las resoluciones judiciales no tiene por finalidad reabrir o continuar analizando lo ya resuelto.

3. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 4, de fecha 4 de noviembre de 2021 (f. 69), confirmó la apelada por similares fundamentos.

4. En el contexto anteriormente descrito se evidencia que, en el presente caso, nos encontramos frente a un doble rechazo liminar de demanda.

5. Como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, el 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), estableciendo su artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

6. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional, señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

7. En el presente caso, se aprecia que el amparo fue promovido el 13 de febrero de 2020 y fue rechazado liminarmente mediante resolución de fecha 3 de marzo de 2020 por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Luego, con resolución de fecha 4 de noviembre de 2021, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada.

8. En tal sentido, si bien el Nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el Primer Juzgado Especializado decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, declarase su nulidad y ordenase la admisión a trámite de la demanda.

9. Por lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar NULA la Resolución 1, de fecha 3 de marzo de 2020 (f. 34), expedida por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró improcedente su demanda; y NULA la Resolución 4, de fecha 4 de noviembre de 2021 (f. 69), emitida por Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.

2. ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MORALES SARAVIA

PACHECO ZERGA

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE OCHOA CARDICH

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

PACHECO ZERGA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones.

1. La razón que me lleva a votar por la admisión a trámite de la presente demanda, interpuesta durante la vigencia del derogado Código Procesal Constitucional, es porque considero que hubo un indebido rechazo liminar.

2. En efecto, el artículo 47 del referido Código permitía el rechazo liminar de la demanda, siempre que resultara «manifiestamente improcedente», como expresaba dicho artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad constituía una herramienta válida a la que sólo cabía acudir cuando no existía duda de la carencia de verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental^{^[1]}.

3. No aprecio en la demanda de autos esa manifiesta improcedencia, por lo que se requiere del contradictorio para poder resolver.

4. Por lo tanto, en aplicación del artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, deben anularse las resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que sea admitida a trámite.

PACHECO ZERGA