RESUELVE
ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.
Publíquese y notifíquese. SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
EXP. N.° 00532-2022-PA/TC
LIMA
MARCELINA MORI MEZA
En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2024, los magistrados Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta), con fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Hernández Chávez han emitido el presente auto. El magistrado Monteagudo Valdez, con fecha posterior, votó a favor del auto con fundamento de voto que se agrega. El magistrado Ochoa Cardich emitió un voto singular, que también se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marcelina Mori Meza contra la resolución de fojas 86, de fecha 17 de setiembre de 2020, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente su demanda de amparo; y
1. Con fecha 7 de marzo
de 2019, el recurrente interpuso demanda de amparo contra
los jueces del Vigésimo Tercer
Juzgado Especializado en lo
Civil y de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como de la Sala Civil Permanente
de la Corte Suprema de Justicia de la
República [cfr. fojas 22], solicitando la tutela de sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva
y al debido proceso.
2. El Décimo Juzgado
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 2 de abril de 2019 (f. 35), declaró improcedente de plano la demanda, fundamentalmente por
considerar que los hechos que la sustentan
fueron materia de pronunciamiento por la justicia ordinaria y que la demandante lo que busca en
el fondo es reabrir la controversia ya resuelta.
3. Posteriormente, la
Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 5, del 17 de setiembre
de 2020 (f. 86), confirmó
la apelada principalmente por estimar que las resoluciones cuestionadas desarrollaron suficientemente los argumentos
fácticos y jurídicos que las sustentan, cumpliendo con los parámetros de motivación
constitucionalmente exigidos.
4. En el contexto
anteriormente descrito se evidencia que, en el presente caso, nos encontramos frente a un doble rechazo liminar de demanda.
5.
Como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades,
el uso de la facultad de rechazar
liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía
mayor margen de duda de la carencia
de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho
fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que
admitían un razonable margen de
debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No
obstante, el 24 de julio de 2021
entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307),
estableciendo su artículo
6 que no cabe el rechazo liminar
de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.
6.
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria
Final del citado Código Procesal
Constitucional, señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos
en trámite.
7.
En el presente caso, se aprecia que el amparo fue
promovido el 7 de marzo de 2019 y fue
rechazado liminarmente el 2 de abril de 2019 por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Luego, con resolución
de fecha 17 de setiembre de 2020, la
Primera Sala Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada. En ambas oportunidades, no se encontraba vigente el
Nuevo Código Procesal Constitucional.
8. Sin embargo, en el momento que este Tribunal Constitucional conoce del recurso de agravio constitucional ya se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Constitucional y la prohibición de rechazar liminarmente las demandas; motivo por el cual, en aplicación de su artículo 6, corresponde que la demanda sea admitida en el Poder Judicial.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.
Publíquese y notifíquese. SS.
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA PACHECO ZERGA
Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:
1.
La razón que me lleva a votar por la admisión a
trámite de la presente demanda,
interpuesta durante la vigencia del derogado Código Procesal Constitucional, es porque considero
que hubo un indebido rechazo
liminar.
2.
En efecto, el artículo 47 del referido Código
permitía el rechazo liminar de la demanda, pero siempre que resultara “manifiestamente improcedente”, como expresaba dicho
artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad
constituía una herramienta válida a la que sólo cabía
acudir cuando no existía duda de la
carencia de verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental[1].
3.
No se aprecia
en la demanda de autos esa manifiesta improcedencia, por lo que
se requiere del contradictorio para poder resolver.
4.
Por lo tanto, en aplicación del artículo 116 del
Nuevo Código Procesal Constitucional,
deben anularse las resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión y
retrotraer el proceso hasta el estado
inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad todo lo actuado
hasta la calificación de la
demanda y disponer que sea admitida a trámite.
S.
Conforme a la jurisprudencia hoy vigente del Tribunal Constitucional, en casos como el presente, en el que llega a este órgano colegiado un proceso constitucional que ha sido objeto de un doble rechazo liminar en las instancias previas, corresponde declarar nulo lo actuado y disponer la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial. Esto es así, con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos fundamentales) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.
Cabe precisar que, en el presente caso, el Nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el Décimo Juzgado Constitucional de Lima mediante Resolución 1, de fecha 2 de abril de 2019 (f. 35), decidió rechazar liminarmente la demanda de amparo; y la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 5, de fecha 17 de setiembre de 2020 (f. 86), absolvió el grado. Sin embargo, en el momento que el Tribunal Constitucional conoce del recurso de agravio constitucional ya está vigente el Nuevo Código Procesal Constitucional y, en consecuencia, la prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos fundamentales. Por tanto, en el presente caso, conforme a lo dispuesto por los citados artículo 6 y la primera disposición complementaria final del Código, corresponde nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta sea admitida y se tramite conforme a las reglas procesales ahora vigentes.
Por lo expuesto, considero que debe resolverse el presente caso en el sentido mencionado.
MONTEAGUDO VALDEZ
Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas, discrepo parcialmente del fallo adoptado, conforme paso a precisar a continuación.
Efectivamente, debo indicar que, si bien me encuentro de acuerdo con lo dispuesto en la parte resolutiva de la resolución, pues se ordena la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial, a la vez considero que corresponde asimismo declarar la nulidad de todo lo actuado, tal como lo viene haciendo este órgano colegiado en casos similares.
Este colegiado viene resolviendo ello con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.
Con base en lo antes indicado, mi voto es el sentido de declarar NULO lo actuado y ordenar la ADMISIÓN A TRÁMITE de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.
OCHOA CARDICH
[1] Cfr. por todas, la recaída en el Exp. 03321-2011-PA/TC, ubicable en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03321-2011-AA%20Resolucion.pdf