SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados Domínguez Haro y Ochoa Cardich emitieron fundamento de voto, los cuales se agregan. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karina Milagros Calagua Legua, en representación de don Héctor Valentín Michue Chuquillanqui, contra la resolución de fecha 18 de diciembre de 2023¹, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de julio de 2023, doña Karina Milagro Calagua Legua interpone demanda de habeas corpus a favor de don Héctor Valentín Michue Chuquillanqui² y la dirige contra el Poder Judicial. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en relación con la libertad personal.

La recurrente solicita que se declare la nulidad de (i) la sentencia, Resolución 46, de fecha 14 de marzo de 2019³, en el extremo que condenó a don Héctor Valentín Michue Chuquillanqui como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, y le impusieron diez años de pena privativa de la libertad; y de (ii) la Sentencia de Vista 419-2021, Resolución 57, de fecha 26 de noviembre de 2021⁴, que confirmó la precitada resolución⁵; y que, subsecuentemente, se disponga su inmediata libertad.

La recurrente refiere que la sentencia de primera instancia expedida por el Juzgado Mixto de Matucana se limita a enumerar los medios probatorios recabados durante la investigación, los cuales no son suficientes para justificar una sentencia de diez años y que el favorecido no tuvo el asesoramiento idóneo, ya que, en el presente caso, se advierte que han existido diversos aspectos a aclarar y hechos que requerían de prueba; sin embargo, la defensa no lo realizó, lo que evidencia la afectación al derecho de defensa; entre estos, la testimonial de Paola Capcha (testigo presencial del delito), una inspección ocular, las preguntas realizadas a los testigos y cuestionamientos a omisiones en la sentencia, lo que evidentemente no puede ir en perjuicio del procesado. Se discutía un delito grave y la imposición de una pena privativa de libertad alta, y, para ello, era necesaria la existencia de una defensa eficaz.

Añade que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, al no haberse tomado en cuenta el principio de inmediación y su relación con el derecho a la prueba, estando a que en el extremo de la sentencia condenatoria de primera instancia fue emitida por una magistrada (doña Mercedes Natividad Alarcón Schoreder) que no estuvo durante toda la instrucción y que, además, no tomó conocimiento de los actuados desde que ocurrieron los hechos en el año 2008 hasta la fecha en que se emitió la sentencia en el año 2019; por tanto, es un avocamiento indebido.

Manifiesta que hubo serias contradicciones en la manifestación de la presunta agraviada y de los testigos que el a quo no se preocupó en analizar ni descartar en la sentencia conforme a la prueba actuada, y que las conclusiones del Examen Médico Legal 002145-DCLS no se condicen con los actos de violencia que la agraviada sufrió (tipo de lesiones, reiterados jalones de cabello, etc.).

Agrega que, de igual modo, la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este no expresa el razonamiento ni la justificación que la lleva a concluir que el favorecido cometió el delito y que aplica antojadizamente el Acuerdo Plenario 002-2005/CJ-116.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria – sede Matucana de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante Resolución 1, de fecha 26 de julio de 2023⁶, admite a trámite la demanda.

El procurador público adjunto del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda⁷. Señala que del análisis de las resoluciones judiciales cuestionadas se evidencia que no se aprecia una manifiesta vulneración a los derechos invocados en la demanda; por el contrario, el proceso penal que motivó la sentencia condenatoria y la restricción de la libertad personal del beneficiario se llevó a cabo respetando el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Incluso a la parte beneficiaria se le permitió el acceso a todos los recursos previstos en la vía ordinaria, los cuales se desestimaron por no acreditar el agravio invocado en la vía ordinaria.

Doña Mercedes Natividad Alarcón Schoreder se apersona al proceso⁸ y contesta la demanda⁹. Señala que de la resolución cuestionada se puede evidenciar que se emitió dentro de los márgenes del derecho de la tutela procesal efectiva y debido proceso, siendo además que la mencionada sentencia desarrolla la carga probatoria y fundamentos que motivaron la condena de don Héctor Valentín Michue Chuquillanqui como autor del delito de violación sexual de menor de edad e impone diez años de pena privativa de libertad efectiva. Además, fue revisada por el superior jerárquico.

El 23 de agosto de 2023¹⁰, se realizó la Audiencia Única de Habeas Corpus con la participación de la recurrente, su defensa técnica y la defensa técnica de la demandada doña Mercedes Natividad Alarcón Schoreder.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria – sede Matucana de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante sentencia, Resolución 5, de fecha 31 de agosto de 2023¹¹, declara infundada la demanda, tras considerar que se advierte que tanto la sentencia de primera instancia como la confirmatoria de segunda instancia, han explicado los motivos por los cuales han dado validez probatoria a la versión incriminatoria de la agraviada, concatenada con el certificado médico legal que le fue practicado, de modo tal que han tenido por acreditada no solo la materialidad del delito, sino también la responsabilidad penal de los sentenciados, lo cual constituye una prerrogativa del juez ordinario, es decir, elegir las pruebas que considere necesario para formar convicción y en el presente caso, debido a la penalidad agravada del tipo penal materia de proceso, la pena privativa de libertad que se les ha impuesto a los condenados se encuentra debidamente motivada en las resoluciones materia de análisis.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este confirmó la resolución apelada por similares fundamentos. Además, porque se pretende un reexamen de los hechos y pruebas.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de (i) la sentencia, Resolución 46, de fecha 14 de marzo de 2019, en el extremo que condenó a don Héctor Valentín Michue Chuquillanqui como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, y le impusieron diez años de pena privativa de la libertad efectiva; y de (ii) la Sentencia de Vista 419-2021, Resolución 57, de fecha 26 de noviembre de 2021, que confirmó la precitada resolución¹²; y que, subsecuentemente, se disponga su inmediata libertad.

2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en relación con la libertad personal.

Análisis del caso concreto

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional.

5. No obstante, ello no implica que la actividad probatoria llevada a cabo al interior de un proceso penal quede fuera de todo control constitucional. Este Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido del derecho a la prueba señalando que¹³:

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado

6. En esa lógica, si la pretensión incide en el contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la prueba, sí es posible ingresar a controlar la prueba y su valoración, ya que definir el status jurídico de una persona demanda un proceso mental riguroso para definir una decisión jurisdiccional.

7. En virtud de lo expresado, los argumentos expuestos por cualquier beneficiario en un Estado Constitucional que invoquen tutela constitucional, deben ser analizados para determinar si hay razones, o no, para controlar el aludido derecho «a probar» y, solo en el caso de que sea evidente la irrelevancia del control constitucional de la prueba, se debe optar por su improcedencia, como ocurre en la presente causa ¹⁴.

8. En efecto, la recurrente cuestiona que: (i) la sentencia de primera instancia se limita a enumerar los medios probatorios recabados durante la investigación, los cuales no son suficientes para justificar una sentencia de diez años, tales como la testimonial de Paola Capcha (testigo presencial del delito), una inspección ocular, las preguntas realizadas a los testigos y cuestionamientos a omisiones en la sentencia; (ii) se discutía un delito grave y la imposición de una pena privativa de libertad alta, y que, para ello, era necesaria la existencia de una defensa eficaz; (iii) se ha vulnerado el derecho al debido proceso, al no haberse tomado en cuenta el principio de inmediación y su relación con el derecho a la prueba, estando a que en el extremo de la sentencia condenatoria de primera instancia fue emitida por una magistrada que no estuvo durante toda la instrucción y que, además, no tomó conocimiento de los actuados desde que ocurrieron los hechos en el año 2008 hasta la fecha en que se emitió la sentencia en el año 2019; por tanto, es un avocamiento indebido; (iv) hubo serias contradicciones en la manifestación de la presunta agraviada y de los testigos que el a quo no se preocupó en analizar ni descartar en la sentencia conforme a la prueba actuada; (v) las conclusiones del Examen Médico Legal 002145-DCLS no se condicen con los actos de violencia que la agraviada sufrió (tipo de lesiones, reiterados jalones de cabello, etc.); y (vi) de igual modo, la sentencia de vista no expresa el razonamiento ni la justificación que la lleva a concluir que el favorecido cometió el delito y que aplica antojadizamente el Acuerdo Plenario 002-2005/CJ-116.

9. Estos cuestionamientos no revisten una suficiente relevancia constitucional que permita a este Colegiado emitir una sentencia de fondo respecto a la prueba ni tampoco con relación a criterios de la jurisdicción penal; y esa es la razón concreta por la que se declara improcedente la pretensión del recurrente.

10. De otro lado, se alega que el favorecido no tuvo el asesoramiento idóneo, ya que, en el presente caso, se advierte que han existido diversos aspectos a aclarar y hechos que requerían de prueba; que, sin embargo, la defensa no lo realizó, lo que evidencia la afectación al derecho de defensa.

11. Al respecto, este Tribunal, respecto a la afectación del derecho de defensa por parte de un abogado de elección, ha señalado que el reexamen de estrategias de defensa de un abogado de libre elección, la valoración de su aptitud al interior del proceso penal y la apreciación de la calidad de defensa de un abogado particular, como en el caso de autos, se encuentran fuera del contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa¹⁵. En efecto, conforme se aprecia de diversa instrumental adjuntada en autos¹⁶, el favorecido contó con diferentes abogados particulares, quienes desplegaron diversa actividad al interior del proceso penal subyacente, por lo que no corresponde analizar dicho asunto vía el proceso constitucional de habeas corpus.

12. Por consiguiente, la reclamación de la recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO

En el presente caso, me aparto de los considerandos 5, 6, 7 y 9, por considerar que no son pertinentes para el presente caso.

En efecto, en el caso de autos, si bien la demandante denuncia la afectación de los derechos constitucionales, lo que, en puridad, pretende es el reexamen de lo resuelto en sede ordinaria. La recurrente cuestiona lo siguiente: (i) que la sentencia de primer grado se limita a enumerar los medios probatorios recabados durante la investigación, los cuales no son suficientes para justificar una sentencia de diez años; (ii) que se discutía un delito grave y la imposición de una pena privativa de libertad alta y que, para ello, era necesaria la existencia de una defensa eficaz; (iii) que hubo serias contradicciones en la manifestación de la presunta agraviada y de los testigos que el a quo no se preocupó en analizar ni descartar; (iv) que las conclusiones del Examen Médico Legal 002145-DCLS no se condicen con los actos de violencia que la agraviada sufrió; y (v) que la sentencia de vista no expresa el razonamiento que la lleva a concluir que el favorecido cometió el delito y que aplica antojadizamente el Acuerdo Plenario 002-2005/CJ-116.

En síntesis, se cuestiona la valoración y suficiencia de los medios probatorios, así como el criterio de los juzgadores aplicados al caso concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus, pues recaen sobre asuntos que corresponde dilucidar a la judicatura ordinaria. Por ello, la reclamación de la recurrente es improcedente, de conformidad con el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

S.

DOMÍNGUEZ HARO

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas, emito el presente fundamento de voto en tanto no concuerdo de una parte de la fundamentación contenida en la ponencia relacionada con el control de la actividad probatoria. Las razones que sustentan mi posición se resumen esencialmente en lo siguiente:

1. La debida motivación de las resoluciones judiciales implica que toda decisión judicial debe presentar tanto una adecuada justificación interna (por ende, la conclusión jurídica a la que arriba el juzgador debe inferirse de las premisas normativas y fácticas que fueron tomadas en consideración al resolver) como una una debida justificación externa (en este sentido, las premisas normativa y fáctica, en sí mismas, también deben encontrarse adecuadamente justificadas, por lo que no podrían tener un contenido írrito o ser enunciadas de modo solo retórico, antojadizo o arbitrario).

2. Pueden darse diferentes casos de insuficiente motivación interna; entre ellos tenemos, por ejemplo, supuestos en los que se arriba a un fallo prescindiendo de alguna de las premisas requeridas (la normativa o la fáctica), cuando el fallo no se deduce inferencial o lógicamente de las referidas premisas, cuando la interpretación es meramente circular (es decir, tautológica o si incurre en la falacia de petición de principio) o también si la motivación es meramente aparente (por ejemplo, si las razones ofrecidas no tienen que ver con el caso resuelto o si solo se hace un ejercicio retórico de justificación, sin base legal o fáctica). Relacionados con estos supuestos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha hecho referencia, por ejemplo, a vicios de motivación inexistente, aparente o insuficiente. Otro supuesto podría encontrarlo en las alegaciones referidas al principio de congruencia, que garantiza que el órgano jurisdiccional resuelva con base en lo demandado, impugnado o alegado por las partes (o que exista relación entre acusación y condena, entre otros supuestos).

3. Respecto de la motivación externa, esta garantía involucra, básicamente, que tanto la premisa normativa como la fáctica, cada una de ellas, se encuentre adecuadamente motivada. A este respecto es necesario precisar que, por lo general, los problemas relacionados con las premisas normativa y fáctica suelen remitirnos a asuntos que, inicialmente, son de competencia de la judicatura ordinaria y no de la judicatura constitucional. En este sentido, por ejemplo, establecer cuál es la norma de rango legal más pertinente o el artículo más adecuado para resolver una controversia de carácter civil o laboral; cómo debe interpretarse (es decir, cuál es el significado) una disposición de alcance penal o mercantil; si algo debe ser calificado como hurto simple o agravado; o si se debe tener por probado o no algo que alegado por las partes en el marco de procesos de familia o administrativos, no son cuestiones que inicialmente le competa dilucidar a la judicatura constitucional. No obstante, también es cierto que la judicatura constitucional sí tiene competencia para abordar cuestiones específicamente referidas a amenazas o vulneraciones de derechos fundamentales, por lo que es necesario esclarecer, de modo más preciso, qué es aquello que puede ser objeto de revisión a través de los procesos de tutela de derechos iniciados contra resoluciones judiciales, en especial cuando se invoca el derecho a la debida motivación.

4. En relación con los eventuales problemas relacionados con la justificación de las premisas normativas, estas pueden ser básicamente de dos tipos: (1) relacionados con la relevancia o determinación de la disposición normativa aplicable al caso y (2) relacionados con la debida interpretación de las disposiciones utilizadas. Desde luego, escoger la regulación pertinente para un caso legal u ordinario, e interpretar correctamente la norma legal son cuestiones que prima facie no son de competencia de la judicatura constitucional, a menos que haya una cuestión de carácter constitucional comprometida. Siendo así, es necesario precisar que los vicios que pueden invocarse y analizarse en sede constitucional, a efectos de que no se infrinjan competencias de la judicatura ordinaria, son aquellos relacionados con el principio de legalidad (por ejemplo, si se discute en torno a la relevancia o la determinación de la disposición normativa aplicable al caso y se alega que las disposiciones aplicadas habían sido derogadas, declaradas inconstitucionales o que nunca integraron el ordenamiento jurídico) o también cuando se haya incurrido en algún vicio de constitucionalidad (déficits de derechos fundamentales o de bienes constitucionales), por ejemplo, si se cuestiona a la interpretación efectuada de las disposiciones legales, pues ellas son incompatibles con la Constitución (porque no se han tomó en cuenta derechos, principios, garantías institucionales u otros bienes constitucionales que podrían verse implicados; no se les dio un contenido adecuado o se hizo un mal ejercicio de ponderación de bienes constitucionales).

5. De otro lado, en lo que se refiere a la adecuada justificación de las premisas fácticas, ella se refiere esencialmente a que la motivación debe contener: (1) una adecuada justificación respecto de aquello que se considera como probado (o como no probado) y (2) una adecuada calificación jurídica respecto de tales hechos.

6. Nuevamente, considerando que, con base en una eventual revisión de la motivación de las premisas sobre los hechos del caso, la judicatura constitucional podría terminar interfiriendo en asuntos propiamente legales o que corresponden eminentemente a la judicatura ordinaria, el Tribunal Constitucional ha efectuado importantes salvedades sobre este tema (Sentencia 03413-2021-PA/TC):

11. Es oportuno indicar que cuando se objeta la motivación externa de una decisión judicial, específicamente por defectos en la justificación de su premisa fáctica, el derecho fundamental que puede invocarse y debe analizarse en sede constitucional, a efectos de que no se infrinjan competencias de la judicatura ordinaria, es el derecho fundamental a la prueba (y no cualquier cuestión probatoria, de carácter meramente legal u ordinario, que pudiera invocarse). En otras palabras, en estos casos (cuando se aleguen problemas de motivación externa relacionados con la justificación de las premisas normativas) únicamente constituyen supuestos de manifiesto agravio del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales los cuestionamientos relacionados con los contenidos constitucionalmente protegido del derecho a la prueba.

12. El Tribunal Constitucional ha indicado que el derecho a la prueba es “un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (cfr. Sentencia 06712-2005-PHC/TC, fundamento 15, resaltado agregado). En este sentido, es importe precisar que, con base en el derecho a la prueba, no le compete a la judicatura del amparo reemplazar a los jueces ordinarios en la admisión, la actuación o la valoración de los medios probatorios cuando le competa evaluar la conformidad constitucional de un proceso ordinario. Su función es, si fuera el caso, establecer si existió un manifiesto agravio del derecho fundamental a la prueba y, si este fue acreditado, devolver la controversia a la sede ordinaria para que allí se emita una nueva resolución ajustada a Derecho.

13. Además de los contenidos antes mencionados (admisión, conservación, actuación y valoración), es necesario precisar que el derecho constitucional a la prueba comprende, asimismo, la posibilidad de cuestionar la presencia de pruebas ilícitas o pruebas prohibidas en el proceso (Sentencias 00445-2018-PHC y 00655-2010-PHC) o la existencia de una indebida inferencia para el caso de las pruebas indiciarias (Sentencia 00728-2008-PHC), entre otros supuestos.

7. De manera complementaria, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de referirse las características que debe cumplir la prueba o la actividad probatoria en el marco de los procesos judiciales (Sentencia 01014-2007-HC/TC):

12.  Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.

8. Así considerado, a efectos de que la judicatura constitucional no termine reemplazando a la justicia ordinaria en sus funciones legales u ordinarias y se termine convirtiendo en una especie de “cuarta instancia”, debe precisarse que su competencia, al analizar la motivación probatoria, no es la de dar por probados (o no) determinados hechos, ni la de valorarlos o calificarlos jurídicamente con base en criterios infraconstitucionales, sino básicamente garantizar que, en el marco de los procesos judiciales ordinarios, se haya respetado escrupulosamente las garantías relacionadas con el derecho a la prueba, y que las pruebas o la actividad probatoria desplegadas no hayan trasgredido otros derechos o bienes constitucionales.

9. De este modo, en el ámbito de los procesos de tutela de derechos contra resoluciones judiciales no cabe, de un lado –so pretexto de analizar el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales– incurrir en casos de reexamen o revaloración de asuntos meramente legales o probatorios, ni del otro –con la excusa de no incurrir en casos de reexamen o revaloración probatoria– desproteger supuestos en los que pudiera haber una vulneración iusfundamental del derecho a la prueba, o al debido proceso, respecto de aquellos contenidos que sí resultan tutelables en sede constitucional.

10. Así visto, recapitulando, en lo que corresponde a la motivación en materia probatorio, cabe acudir a la judicatura constitucional con la finalidad de analizar si se vulneró el derecho a la prueba, que típicamente comprende el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. Todo lo anterior, desde luego, tiene como presupuesto las características de utilidad, pertinencia y constitucionalidad que deben tener los medios probatorios, pues también es cierto que no toda prueba ofrecida o admitida, dependiendo de las circunstancias del caso, deberá ser necesariamente admitida o actuada, pues puede ser irrelevante, inconducente o incluso conculcar algún derecho o bien constitucionalmente protegido, pero en cualquier caso hay que explicarlo o motivarlo y no simplemente dar por hecho una determinada decisión en torno de la prueba.

11. Además de los contenidos antes mencionados (admisión, conservación, actuación y valoración), el derecho constitucional a la prueba comprende, asimismo, la posibilidad de cuestionar la presencia de pruebas ilícitas o pruebas prohibidas en el proceso (Sentencias 00445-2018-HC y 00655-2010-HC) o la existencia de una indebida inferencia para el caso de las pruebas indiciarias (Sentencia 00728-2008-PHC), entre otros supuestos.

12. Incluso más, este Tribunal ha explicitado algunos estándares en los que se requiere una justificación específica y/o calificada, a través del establecimiento de doctrina jurisprudencial. Este es el caso, por ejemplo, de los supuestos en lo que la sentencia dispone una medida de prisión preventiva (Sentencia 03248-2019-PHC/TC), supuestos en los cuales la judicatura penal dispone una limitación severa del derecho a la libertad personal, sin haberse arribado a una sentencia condenatoria, por lo que, sin entrar a reexaminar o revalorar lo resuelto en sede penal, es posible verificar en sede constitucional si la motivación cumplió con los estándares constitucionales y convencionales exigidos para decidir este tipo de intervenciones iusfundamentales (es decir, cabe verificar si la motivación es cualificada y si no incurre en algún déficit iusfundamental).

13. Siendo este el caso, con base en lo aquí indicado, coincido en que la presente demanda debe ser declarada improcedente.

S.

OCHOA CARDICH