Sala Segunda. Sentencia 464/2024
EXP. N.° 00284-2022-PA/TC
LIMA
FIDEL
EMILIO SALAZAR BARRA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Emilio Salazar Barra contra la resolución de fecha 28 de septiembre de 2020[1], expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de mayo de 2014[2],
el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP). Solicita que se le otorgue pensión
de invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, el Decreto
Supremo 007-97-SA y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las
pensiones devengadas, los intereses legales, los costos y las costas
procesales.
Manifiesta
haber laborado en la empresa minera Doe Run Perú SRL, desde el 13 de febrero de 1973 hasta el 14 de abril de
2013, desempeñando los cargos de operario, electricista y sobrestante, en el
Departamento de Fundición y Refinería, Sección Mantenimiento Eléctrico
Fundición, de la Unidad de Producción La Oroya. Refiere que, a consecuencia de ello, padece de la enfermedad
profesional de neumoconiosis en II estadio y enfermedad pulmonar
intersticial difusa con 69.3 % de menoscabo global, conforme lo acredita
con el certificado médico de fecha 20 de diciembre de 2013.
Mediante Resolución 7, de fecha 3 de marzo de 2016[3], se resuelve emplazar a Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA, en atención a que, a la fecha del cese laboral del demandante, la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se encontraba vigente con esta empresa aseguradora. Asimismo, mediante Resolución 18, de fecha 18 de diciembre de 2017[4], se declaró fundada la extromisión del proceso de la ONP.
Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA formula tacha contra el certificado médico de fecha 20 de diciembre de 2013, deduce las excepciones de convenio arbitral y de incompetencia por razón de la materia, y contesta la demanda[5]. Alega que el certificado médico presentado por el demandante no ha sido emitido por una comisión médica autorizada para evaluar enfermedades profesionales ni ha sido suscrito por un neumólogo, y que las fichas médicas ocupacionales del actor dan cuenta de que no padece de neumoconiosis.
El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 11, de fecha 25 de agosto de 2017[6], declaró infundadas las excepciones propuestas por la aseguradora demandada. Mediante Resolución 35, de fecha 21 de junio de 2019[7], declaró improcedente la demanda, por estimar que se dispuso que el recurrente sea sometido a una nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores, a fin de determinar fehacientemente las enfermedades profesionales que padece y el porcentaje de menoscabo; sin embargo, el accionante se negó a someterse a una nueva evaluación médica ante el mencionado nosocomio.
La Primera Sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 8, de fecha 28 de setiembre de 2020, confirmó la apelada, por estimar que no existe certeza del estado de salud del demandante y de su grado de incapacidad, pues el certificado médico de fecha 20 de diciembre de 2013 presentado por el accionante deja constancia de que padece de neumoconiosis segundo estadio y enfermedad pulmonar intersticial difusa con 69.3 % de menoscabo; sin embargo, el certificado médico de fecha 8 de mayo de 2018 presentado por la emplazada señala que no presenta menoscabo neumológico.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda
1. El demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional dentro de los alcances de la Ley 26790 y su reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA, por padecer de neumoconiosis con 69.3 % de menoscabo a consecuencia de haber laborado en la actividad minera. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales, los costos y las costas procesales.
El derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional
2. El Tribunal Constitucional siguiendo lo prescito por el artículo 10 de la Constitución, ha señalado que el derecho a la pensión impone la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función de criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la “procura existencial”[8].
3. En ese orden de ideas, los trabajadores no solamente tienen derecho a una pensión sino además a recibir prestaciones económicas que sean necesarias como consecuencia de haber sufrido graves afectaciones a la salud derivadas de la actividad laboral.
4. Sensu contrario, el trabajador no podría disponer de su pensión sino para el pago de sus tratamientos de salud. Como lo ha advertido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que las enfermedades profesionales imponen costos enormes, empobrecen a los trabajadores y sus familias, reducen la capacidad de trabajar e incrementan los gastos en salud[9].
5. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha expresado que el objeto de la pensión de invalidez por enfermedad profesional es que quienes desarrollen su actividad laboral en condiciones de riesgo, no queden en desamparo en caso de que un accidente de trabajo o enfermedad profesional afecte su salud y disminuya su capacidad laboral[10].
6. En ese sentido, la pensión de invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia, es una fuente de ingresos para subvenir las necesidades vitales y satisfacer los estándares de la “procura existencial” de la persona que se enfermó o accidentó a consecuencia de su trabajo, y que, como resultado de ello, se empobrece junto a su familia, se reduce su capacidad de trabajar, se afecta su salud y se incrementan los gastos para tratarla.
7. En suma, busca rehabilitar de la lesión o discapacidad causada, proteger la vida, así como proveer ingresos para sufragar las necesidades básicas y satisfacer los estándares de procura existencial de la persona con discapacidad adquirida a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
8.
El régimen de
protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto Ley 18846 y luego
sustituido por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 1997.
9.
Posteriormente,
mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se
aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
estableciéndose las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al
titular o beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
10.
En los
artículos 18.2.1 y 18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, que aprueba el
reglamento de la Ley 26790, se señala que se pagará como mínimo una pensión
vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual al asegurado
que, como consecuencia de su accidente de trabajo o enfermedad profesional,
quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en una
proporción igual o superior al 50%, pero inferior a los dos tercios (66.66 %);
y una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de su remuneración mensual
al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma
permanente en una proporción igual o superior a los dos tercios (66.66 %).
11.
En la
sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero
de 2009, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con
la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales). En dicha sentencia ha quedado
establecido que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez
conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser
acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS,
conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
12.
A su vez, este
Tribunal ha puntualizado que, a efectos de determinar si una enfermedad es
producto de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación
causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Respecto a la
enfermedad profesional de neumoconiosis, cabe señalar que, por sus
características, el Tribunal Constitucional ha considerado, invariablemente,
que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la
inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias
minerales, especialmente de sílice cristalina, por periodos prolongados.
13. En el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, se ha considerado que el nexo de causalidad entre las condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes han realizado actividades mineras en minas subterráneas o de tajo abierto, siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA, ya que la neumoconiosis es una enfermedad irreversible y degenerativa causada por la exposición a polvos minerales esclerógenos.
14. No obstante, con fecha 3 de junio de 2022 se emitió el Decreto Supremo N° 008-2022-SA que actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley 26790, incluyendo como trabajo de riesgo al servicio de apoyo para la extracción de minerales, criterio precisado en el precedente vinculante Exp. 05137-2022-PA/TC fundamento 44.
15. Así también, en el fundamento 41 de la sentencia emitida en el Expediente 00419-2022-PA/TC, este Tribunal estableció con carácter de precedente lo siguiente:
Adicionalmente
a lo establecido en el precedente vinculante emitido en la Sentencia
02513-2007-PA/TC, se presume el nexo de causalidad entre las enfermedades
profesionales que afectan el sistema respiratorio, como la neumoconiosis,
silicosis, entre otras, y las labores realizadas en el complejo metalúrgico de
la provincia de Yauli La Oroya, cuando se trate de trabajadores mineros que
hayan participado directamente en la extracción o el procesamiento de
minerales, así como en servicios de
apoyo para la extracción minera de minerales metálicos ––referidas en el anexo 5 del Decreto Supremo
009-97-SA y el Decreto Supremo 008-2022-SA–– durante un tiempo prolongado (énfasis agregado).
Análisis de los hechos
16.
En el presente
caso, el actor con la finalidad de acreditar la enfermedad que alega padecer,
adjunta copia del Certificado Médico N ° 198-2013, de fecha 20 de diciembre de
2013[11], emitido por la Comisión Médica Calificadora de
Incapacidad del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, que le diagnostica
neumoconiosis II estadio y enfermedad pulmonar intersticial difusa con
menoscabo global del 69.3%.
17.
Dicho informe
médico se encuentra corroborado en la historia clínica[12] la cual
contiene los exámenes auxiliares debidamente firmado por los médicos
especialistas los cuales corroboran el diagnóstico alegado.
18.
Ahora bien,
respecto a las labores realizadas, el demandante ha presentado Certificado de
trabajo[13] y
Declaración jurada del empleador[14] el cual
señal que ha laborado en la empresa Doe Run Perú, en
el Complejo Metalúrgico de la Oroya, centro de producción minero-metalúrgico,
en los periodos y labores siguientes:
-
Del 13 de
febrero de 1973 al 13 de mayo de 1973 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Edificios y Terrenos, en el cargo de operario.
-
Del 14 de mayo
de 1973 al 04 de mayo de 1975 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico Fundición, en el cargo de Operario.
-
Del 05 abril
de 1975 al 07 de setiembre de 1982 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico Fundición, en el cargo de Electricista 3.
-
Del 06 de
setiembre de 1982 al 08 de julio de 1984 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico Fundición, en el cargo de Electricista 2.
-
Del 09 de
julio de 1984 al 04 de enero de 1987 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico Fundición, con el cargo de Electricista 1.
-
Del 05 de
enero de 1987 al 31 de agosto de 1991 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico Fundición, en el cargo de Eléctrico Especialista.
-
Del 01 de
setiembre de 1991 al 28 de febrero de 2005 en el Área de Fundición y
Refinamiento Mantenimiento Eléctrico FyR, en el cargo
de Técnico Electrónico.
-
Del 01 de
marzo de 2005 al 14 de abril de 2013 en el Área de Fundición y Refinamiento
Mantenimiento Eléctrico FyR, en el cargo de Técnico
Electrónico.
19.
Es así que, en
aplicación de la regla sustancial del precedente vinculante Exp.
00419-2022-PA/TC, opera la presunción del nexo causal implícita entre las
condiciones de trabajo y la enfermedad pulmonar que presenta el demandante
(neumoconiosis), debido a que el actor laboró durante un tiempo prologado,
desde el año 1973 hasta el año 2013 (40 años) , en la empresa Doe Run Perú, en el Complejo Metalúrgico de la Oroya,
ubicada en la provincia de Yauli La Oroya, en los cargos de operario, electricista y técnico eléctrico,
actividades que se encuentra relacionada con servicios complementarios o de
apoyo para la extracción minera de minerales metálicos ––labor referida en el
Decreto Supremo 008-2022-SA-, aplicable al caso.
20.
Por lo
expuesto, la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento
del certificado médico, esto es, 20 de diciembre 2013 (fecha del informe de
Evaluación Médica)— que acredita la existencia de la enfermedad profesional,
dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante; y es
a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia —antes renta
vitalicia— en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto
Supremo 003-98-SA.
21.
Con relación a
los intereses legales, el Tribunal mediante auto emitido en el Expediente
02214-2014-PA/TC ha precisado en calidad de doctrina jurisprudencial aplicable
incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución de
sentencia que el interés legal aplicable en materia pensionaria no es
capitalizable conforme al artículo 1249 del Código Civil.
22.
En lo que se refiere al pago de
los costos procesales, corresponde abonarlos conforme al artículo 28 del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA la demanda.
2.
ORDENAR a
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), otorgar al demandante la pensión
de invalidez vitalicia que le corresponde por concepto de enfermedad
profesional conforme a la Ley 26790, desde el 20 de diciembre de 2013,
atendiendo a los fundamentos de la presente sentencia. Asimismo, se dispone que se abonen los devengados correspondientes, los
intereses legales, así como los costos procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE
GUTIÉRREZ TICSE
[1] Fojas 633
[2] Fojas 16
[3] Fojas 58
[4] Fojas 268
[5] Fojas 99
[6] Fojas 237
[7] Fojas 474
[8] STC
00050-2004-AI/TC / 00051-2004-AI/TC / 00004-2005-AI/TC / 00007-2005-AI/TC / 00009-2005-AI/TC,
acumulados, fund. 74.
[9] Organización
Internacional del Trabajo, 23 de abril de 2013. “Preguntas y respuestas sobre
la prevención de las enfermedades profesionales”. Recuperado el 25 de setiembre
de 2023, en: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_211485/lang--es/index.htm
[10] STC 01008-2004-AA/TC, fund. 7.
[11] Fojas 4-5
[12] Fojas 147-155
[13] Fojas 8
[14] Fojas 3