Sala Segunda.
Sentencia 917/2024
EXP. N.°
03970-2023-PHC/TC
JUNÍN
MARINO TEODORO CARHUALLANQUI LAVADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Teodoro Carhuallanqui Lavado contra la resolución de fecha 20 de junio de 2023[1], expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de mayo de 2023,
don Marino Teodoro Carhuallanqui Lavado
interpone demanda de habeas corpus[2]
contra doña Janeth Genoveva Torres Coronación, jueza del Quinto Juzgado de
Familia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Se alega la
amenaza de vulneración del derecho a la libertad personal.
El recurrente solicita que se declare la nulidad del auto contenido en la Resolución 11, de fecha 11 de mayo de 2023[3], que acumula una denuncia, ratifica las medidas de protección primigenias y amplía las medidas de protección dictadas a favor de doña Julia Lavado Vda. de Carhuallanqui, en la denuncia formulada contra don Marino Teodoro Carhuallanqui Lavado en el proceso de violencia familiar que se le sigue[4].
El recurrente refiere que
debido a que en una ocasión presentó una denuncia a favor de doña Julia Lavado
Vda. de Carhuallanqui contra doña Aydée
Julia Carhuallanqui Lavado y su esposo don Pablo
Rosell Gonzalo Delgadillo, estos, en venganza, también formularon otra denuncia
por violencia psicológica a favor de ella, pero esta vez en su contra. Todo
ello tuvo lugar en el año 2021; posteriormente, en el año 2023, aquella
pareja denuncia nuevamente por los
mismos hechos (del 10 de marzo de 2021), por lo que la jueza demandada emite
una resolución arbitraria considerando el incumplimiento de las medidas de
protección dictadas el 12 de marzo de 2021 a través de la Resolución 1, con lo
que se disponen varias prohibiciones, y que, en caso de incumplimiento, se dispondrá
su conducción de grado o por fuerza, o será detenido por la Policía Nacional
del Perú, con lo que se demuestra la existencia de una amenaza cierta e
inminente de que ocurra la privación de su libertad.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante Resolución 1, de fecha 18 de mayo de 2023[5], admite a trámite la demanda.
Doña Janeth Genoveva Torres Coronación, juez del Quinto Juzgado de Familia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, se apersona al proceso y contesta la demanda[6]. Señala que la resolución cuestionada se emitió debido a los hechos suscitados el 10 de mayo de 2013, esto es, por nuevos hechos, y, además, porque el recurrente no habría cumplido con la evaluación psicológica dispuesta mediante la Resolución 1. Agrega que las normas le otorgan como juez la facultad para emitir las medidas dispuestas por la resolución cuestionada y que bajo ningún extremo se ha ordenado la detención del denunciado, toda vez que solamente se dictan medidas preventivas con la finalidad de interrumpir el ciclo de la violencia, considerando además que la presunta agraviada es una persona adulta mayor de 97 años, que por su situación es una persona vulnerable; por lo que al denunciado no se le ha vulnerado su derecho a la libertad individual. En su defecto, si él consideraba que la resolución emitida le causaba algún agravio pudo haberla cuestionado mediante los recursos impugnatorios que prevé la ley, mas no mediante una acción constitucional de habeas corpus que no corresponde.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda[7]. Alega que la resolución que se cuestiona no goza del requisito de firmeza, en la medida en que a la fecha de interposición de la demanda aún se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del recurrente.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante sentencia, Resolución 4, de fecha 26 de mayo de 2023[8], declaró improcedente la demanda, tras considerar que la resolución que se cuestiona no es firme y que, además, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la resolución apelada, tras estimar que la resolución cuestionada no redunda de manera directa y concreta en el derecho a la libertad personal del recurrente y que, además, no ha adquirido la calidad de firme.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la demanda es que se declare la
nulidad del auto contenido en la Resolución 11, de fecha 11 de mayo de 2023,
que acumula una denuncia, ratifica las medidas de protección primigenias y
amplía las medidas de protección dictadas a favor de doña Julia Lavado Vda. de Carhuallanqui, en la denuncia formulada contra don Marino
Teodoro Carhuallanqui Lavado en el proceso de
violencia familiar que se le sigue[9].
2.
Se alega la amenaza de vulneración del derecho a
la libertad personal.
Análisis del caso concreto
3.
La Constitución
establece expresamente en su artículo 200,
inciso 1, que el habeas corpus
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o sus derechos
constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado por
inconstitucional necesariamente debe incidir de manera negativa, real, directa
y concreta del derecho a la libertad personal o sus derechos constitucionales
conexos. Es por ello que el artículo 7, inciso
1, del Nuevo Código Procesal Constitucional establece
que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio
de la demanda no están referidos en forma
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
4.
Así, si bien los derechos al debido proceso y a
la tutela procesal efectiva, entre otros derechos constitucionales conexos,
pueden ser objeto de tutela vía habeas
corpus, para que ello ocurra el agravio del derecho conexo debe ser
manifiesto y necesariamente derivar en un agravio concreto al derecho a la
libertad personal, lo que no acontece en el caso de autos respecto de dos
extremos de la demanda.
5.
En efecto, en el caso de autos, el demandante
cuestiona la Resolución 11, de fecha 11 de mayo de 2023[10], que dispuso, entre otros,
lo siguiente:
1.- […] Téngase por aceptado la
acumulación.
2.- Ratificar las medidas de protección
primigeniamente dictadas mediante Resolución 1, que no se opongan a la
presente.
3.- Amplíese las medidas de protección a
favor de Julia Lavado viuda de Carhuallanqui en la
denuncia interpuesta contra Marino Teodoro Carhuallanqui
Lavado, las siguientes:
[…]
3.4.- Prohíbase al denunciado Marino
Teodoro Carhuallanqui Lavado vigilar, perseguir,
hostigar, celar, asediar o buscar establecer contacto con la denunciante Julia
Lavado viuda de Carhuallanqui, bajo apercibimiento en
caso de incumplimiento de ser detenido en flagrancia por la Policía Nacional
del Perú y remitir copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus
atribuciones […]
4.- Se hace de conocimiento del
denunciado Marino Teodoro Carhuallanqui Lavado, en
caso de incumplimiento de alguna de las medidas de protección dictadas se
dispondrá la conducción de grado o fuerza, multa compulsiva y progresiva, la
imposición de medidas más drásticas y la remisión de las copias al Ministerio
Público por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en
el artículo 368 del Código Penal, inclusive hasta la detención por el término
establecido por ley, con la debida motivación que el caso amerite.
6.
De lo expuesto se advierte que lo dispuesto en
la cuestionada resolución no incide de manera negativa, real, directa y
concreta en el derecho a la libertad personal del recurrente o en sus derechos
constitucionales conexos, ya que no dispone alguna limitación a su libertad
personal, y tampoco se evidencia amenaza
cierta e inminente a este derecho, toda vez que se trata de apercibimientos
dictados en el marco de las medidas ordenadas por el Juzgado de Familia en el proceso
que se le sigue por presunta violencia psicológica, es decir, que los
apercibimientos están sujetos a la condición de que el demandante cumpla o
incumpla lo allí ordenado, por lo
que, finalmente, dependerá de las actuaciones que él despliegue.
7.
Por consiguiente, la reclamación del recurrente
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho
tutelado por el habeas corpus, por lo
que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
