ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Marilú Bolívar Bermúdez, don Williams Frank León Mendoza y don Antonio Vega Sánchez, contra la resolución de fecha 31 de julio de 2023[1], expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de marzo de 2023, doña Betty Marilú Bolívar Bermúdez, don Williams Frank León Mendoza y don Antonio Vega Sánchez interponen demanda de habeas corpus contra don Alfredo Barrientos Espillco, exjuez del Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Asimismo, mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2022[2], precisan los agravios de la demanda. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al principio de legalidad, en conexión con la libertad personal.

Los recurrentes solicitan que se declare la nulidad de (i) la Resolución 127. de fecha 30 de mayo de 2018[3], que dispuso, entre otros, amonestarles por no cumplir con el pago de la totalidad de la reparación civil fijada en la sentencia, prorrogar el periodo de suspensión de dos a tres años y les requirió por última vez para que cumplan con pagar el monto restante de S/. 29,605.00 en el plazo de tres meses en el proceso que se les siguió por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de daño agravado y usurpación agravada^{^[4]}; (ii) la Resolución 162 ,de fecha 30 de octubre de 2018^{^[5]}, que revocó la suspensión de la pena y la convirtió en efectiva, por lo que les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad ^{^[6]}; y (iii) todas las demás resoluciones que se emitieron como consecuencia de la ejecución de la Resolución 162; subsecuentemente, solicitan que se ordene la excarcelación de doña Betty Marilú Bolívar Bermúdez y don Williams Frank León Mendoza, y que se deje sin efecto las órdenes de captura dictadas contra don Antonio Vega Sánchez.

Los recurrentes sostienen que el demandado emitió la Resolución 127 cuando ya se había superado el periodo de prueba de dos años contados desde la fecha de emitida la sentencia de primera instancia el 10 de febrero de 2016, de conformidad con el artículo 330 del Código de Procedimientos Penales, que establece que la sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad, con lo que el periodo de prueba venció el 10 de febrero de 2018; sin embargo, la Resolución 127 data del 30 de mayo de 2018.

De otro lado, manifiesta que se vulnera la debida motivación con la emisión de la Resolución 162, ya que el juez no aplicó la excepción establecida en el fundamento 9 de la Casación 131-2014-Arequipa, que señala que se debe tener en cuenta que cuando el sentenciado acredita que no puede pagar o que lo está haciendo de modo fraccionado, se salva la razonabilidad de exigir el pago y de revocar la suspensión de la pena en caso de incumplimiento. En tales presupuestos se encontraban los demandantes y demás sentenciados, pues se estaba efectuando un pago fraccionado y de acuerdo a sus posibilidades económicas el monto de la reparación civil; además, habían acreditado no tener posibilidades económicas para pagar la totalidad de la reparación civil.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante Resolución 1, de fecha 17 de marzo de 2023, admite a trámite la demanda[7].

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda[8]. Señala que es cierto que la sentencia de primera instancia tiene como fecha de emisión el 10 de febrero de 2016; que, sin embargo, esta sentencia fue impugnada en la vía ordinaria, a consecuencia de lo cual se emitió el Ejecutoria Suprema 920-2016-Ayacucho, de fecha 9 de diciembre de 2016, que declaró no haber nulidad en la sentencia. En ese sentido, el periodo de prueba de dos años vencería recién el 9 de diciembre de 2018. En consecuencia, la revocatoria de la pena suspendida por efectiva se emitió dentro del plazo de periodo de prueba; esto es, el 30 de octubre de 2018.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante sentencia, Resolución 5, de fecha 3 de julio de 2023[9], declaró improcedente la demanda de habeas corpus, por considerar que, en la práctica, los recurrentes no agotaron los recursos que la norma procesal prevé contra la Resolución 162, que revoca la suspensión de la pena, toda vez que el recurso de apelación que formularon fue declarado improcedente mediante resolución del 17 de noviembre de 2018 y, consecuentemente, sin mérito a pronunciamiento de fondo, por lo que carece de firmeza la citada resolución.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho confirmó la resolución apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Determinación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas (i) la Resolución 127, de fecha 30 de mayo de 2018, que dispuso, entre otros, amonestarlos por no cumplir con el pago de la totalidad de la reparación civil fijada en la sentencia, prorrogar el periodo de suspensión de dos a tres años y les requirió por última vez para que cumplan con pagar el monto restante de S/. 29,605.00 en el plazo de tres meses en el proceso que se les siguió por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de daño agravado y usurpación agravada^{^[10]}; (ii) la Resolución 162, de fecha 30 de octubre de 2018, que revocó la suspensión de la pena y la convirtió en efectiva, por lo que les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad^{^[11]}; y (iii) todas las demás resoluciones que se emitieron como consecuencia de la ejecución de la Resolución 162. Subsecuentemente, solicita que se deje sin efecto las órdenes de captura dictadas contra don Antonio Vega Sánchez y se ordene la excarcelación de doña Betty Marilú Bolívar Bermúdez y don Williams Frank León Mendoza.

2. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al principio de legalidad, en conexión con la libertad personal.

Análisis del caso concreto

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado por inconstitucional necesariamente debe incidir de manera negativa, real, directa y concreta del derecho a la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos. Es por ello que el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

4. Así, si bien los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, entre otros derechos constitucionales conexos, pueden ser objeto de tutela vía habeas corpus, para que ello ocurra el agravio del derecho conexo debe ser manifiesto y necesariamente derivar en un agravio concreto al derecho a la libertad personal, lo que no acontece en el caso de autos.

5. En efecto, en el caso de autos, los demandantes cuestionan la Resolución 127 de fecha 30 de mayo de 2018, que dispuso, entre otros, amonestarlas por no cumplir con el pago de la totalidad de la reparación civil fijada en la sentencia condenatoria, prorrogó el plazo de suspensión a tres años y les requirió por última vez para que cumplan con pagar el monto restante de S/. 29,605.00 en el plazo de tres meses en el proceso que se les siguió por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de daño agravado y usurpación agravada. Sin embargo, este Tribunal advierte que lo dispuesto en la cuestionada resolución no incide de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad personal de los recurrentes o de sus derechos constitucionales conexos, ya que no disponen alguna limitación a su libertad personal, sino que es una resolución que, en ejecución de la sentencia, ordena determinadas actuaciones a fin de que se efectivice el pago de la reparación civil.

6. Por consiguiente, la reclamación de los recurrentes en cuanto a este extremo no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

7. De otro lado, alegan que se viola su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y solicitan que se declare la nulidad de la Resolución 162, de fecha 30 de octubre de 2018[12], que revocó la suspensión de la pena y la convirtió en efectiva, por lo que les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, dicho extremo constituye cosa juzgada.

8. En efecto, conforme al artículo 15 del Nuevo Código Procesal Constitucional “En los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo”.

9. En el presente caso, se desprende de la sentencia contenida en la Resolución 2, de fecha 1 de octubre de 2019, expedida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Andahuaylas, que se declaró infundada la demanda de habeas corpus presentada por don Guido Luis Ízaga Pellegrín a favor de doña Betty Marilú Bolívar Bermúdez, don Williams Frank León Mendoza y don Antonio Vega Sánchez, entre otros, contra el juez Alfredo Barrientos Espillco (Expediente 00917-2019-0-0302-JR-PE-03)[13], y que en dicho proceso de habeas corpus también los recurrentes solicitaron la nulidad de la Resolución 162. Además, la citada Resolución 2 no habría sido impugnada, esto es, que se dejó consentir; por tanto, dicho pronunciamiento tiene calidad de cosa juzgada y resolvió en su momento la controversia de autos.

10. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener presente que el segundo párrafo del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que el habeas corpus procede contra una resolución judicial firme que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Al respecto, se advierte que la Resolución 162 no cumple el requisito de firmeza, en tanto que según la Resolución 8, de fecha 17 de diciembre de 2018[14], se declaró la nulidad de la Resolución 169, de 7 de noviembre de 2018[15], que concedió el recurso de apelación contra la Resolución 162 y reponiendo el estado del proceso al momento de calificar el escrito de apelación, se declaró improcedente, toda vez que no se señalaron los agravios ni se precisaron los fundamentos fácticos y jurídicos en el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los recurrentes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GUTIÉRREZ TICSE

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

[4] Expediente Judicial Penal 00011-2013-31-0501-JR-PE-04.

[6] Expediente Judicial Penal 00011-2013-31 (ejecución).

[10] Expediente Judicial Penal 00011-2013-31-0501-JR-PE-04.

[11] Expediente Judicial Penal 00011-2013-31 (ejecución).

[13] Extraído de la resolución del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente 02793-2021-PHC/TC (la sentencia, Resolución 2, a la que se hace referencia, obra a fojas 101 del Expediente 02793-2021-PHC/TC).