Sala Segunda. Sentencia 965/2024
EXP. N.°
01571-2023-PA/TC
CAJAMARCA
LUIS
ALFREDO SOTO
CHUQUIMANGO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alfredo Soto Chuquimango contra la resolución de fojas 532, de fecha 2 de noviembre de 2022, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró infundada la demanda de amparo.
ANTECEDENTES
Con fecha 28 de mayo de 2021, el recurrente interpuso demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para que se homologue su remuneración con la de otros compañeros comprendidos dentro del Decreto legislativo 728, toda vez que vienen percibiendo una remuneración mucho mayor pese a realizar las mismas labores. Alega que dichos actos violan los derechos al trabajo, a una remuneración justa y equitativa, a la igualdad y a la protección frente a la discriminación, toda vez que la demandada ha cometido una discriminación directa, puesto que sus compañeros de trabajo también realizan la labor de serenazgo en el Área de Seguridad Ciudadana y están sujetos el régimen de la actividad privada; sin embargo, existe diferenciación en cuanto a los sueldos que perciben sin que haya justificación válida alguna para ello. Sostiene que percibe un sueldo de S/. 1,400.00, mientras que los otros obreros de serenazgo reciben como contraprestación la suma de S/. 2,842.78[1].
El Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, mediante Resolución 1, de fecha 7 de junio de 2021, admite a trámite la demanda[2].
El procurador público del municipio demandado se apersona al proceso y deduce las excepciones de incompetencia y razón de la materia, y contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, por considerar que la pretensión del demandante requiere de actuación probatoria, lo cual no resulta posible en el proceso de amparo, por carecer de estación probatoria, por lo que la vía idónea para dilucidar la controversia es el proceso ordinario laboral. Asimismo, refiere que no hay vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que el actor y los obreros con los cuales pretende establecer un término de comparación realizan labores distintas; por ende, no proceder nivelar sus remuneraciones[3].
El a quo mediante Resolución 5, de fecha 21 de febrero de
2022, declaró infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia[4]
y por Resolución
6, de fecha 1 de abril de 2022, declaró fundada la demanda, por considerar que en autos se acreditó que el actor, pese a realizar la misma
labor de obrero-serenazgo, viene percibiendo una remuneración menor que la de
sus otros compañeros de trabajo que también se desempeñaban como obrero –
serenazgo, por lo que existe vulneración al derecho a la igualdad y a la no
discriminación y a percibir una remuneración equitativa[5].
A
su turno, la Sala revisora
revocó la apelada
y declaró infundada la demanda, por considerar que, conforme al criterio adoptado
por el Tribunal Constitucional, la situación laboral de
un trabajador del régimen laboral público no es un término de comparación
válido para apreciar un trato desigual respecto de la situación de un
trabajador del régimen laboral de la actividad privada y porque las labores
realizadas por los otros trabajadores ofrecidos como términos de comparación
son diferentes de las realizadas por el actor[6].
FUNDAMENTOS
Delimitación
del petitorio
1.
El objeto del presente proceso es que se homologue la remuneración del demandante con la que perciben otros obreros
que también desempeñan la labor de obrero-serenazgo en la municipalidad
emplazada, debido a que, en su condición de trabajador contratado a plazo
indeterminado en cumplimiento de un mandato judicial, sujeto al régimen laboral
privado regulado por el Decreto Legislativo 728, percibe una remuneración menor
en comparación con la de otros trabajadores obreros pertenecientes al mismo
régimen laboral que realizan las mismas labores. Se alega la vulneración tanto
del principio-derecho de igualdad como del principio a la no discriminación,
así como del derecho a una remuneración justa y equitativa.
Procedencia de la demanda
2. Este Tribunal aprecia que lo que se ha denunciado es la vulneración del derecho a una remuneración justa y equitativa y del principio-derecho de igualdad y a la no discriminación recogidos en los artículos 24 y 2.2 de la Constitución; y hace notar que, conforme a su línea jurisprudencial, el proceso de amparo constituiría la vía idónea, eficaz y satisfactoria para proteger los derechos constitucionales alegados conforme lo establece la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC; no obstante, se debe previamente revisar algunas consideraciones al respecto que imposibilitan efectuar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente caso.
El derecho a la
remuneración
3. El artículo 24 de la Constitución Política del Perú prescribe que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”.
4.
Este Tribunal Constitucional,
en la sentencia emitida en el Expediente 00020-2012-PI/TC, ha precisado lo
siguiente respecto a la remuneración:
22.
En síntesis, la "remuneración
equitativa", a la que hace referencia el artículo 24 de la Constitución,
implica que ésta no sea objeto de actos de diferenciación arbitrarios que, por
ampararse en causas prohibidas, se consideren discriminatorios según lo
dispuesto en el artículo 2.2 de la Constitución.
[…]
23. En consecuencia, la remuneración suficiente, en tanto parte integrante
del contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración previsto en el
artículo 24 de la Constitución, implica también ajustar su quantum a un
criterio mínimo- bien a través del Estado, bien mediante la autonomía
colectiva-de tal forma que no peligre el derecho constitucional a la vida o el
principio-derecho a la dignidad.
Sobre la afectación del principio-derecho de igualdad y no
discriminación
5.
La igualdad como derecho fundamental está consagrada
por el artículo 2 de la Constitución de 1993, de acuerdo con el cual “[…] toda
persona tiene derecho […] a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole”. Se trata, pues, de un derecho
fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato
igual a los demás, sino a ser tratada del mismo modo que quienes se encuentran
en una idéntica situación.
6.
En tal
sentido, cabe resaltar que el contenido esencial del derecho a la igualdad tiene
dos facetas: igualdad en la ley e igualdad ante la ley. La igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente
iguales, y que, cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de
sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y
razonable. En cuanto a la igualdad ante la ley, la norma debe ser aplicable por
igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de
la norma. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no toda desigualdad
constituye necesariamente una discriminación; la igualdad solamente será
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y
razonable.
La bonificación por costo de vida
7. Mediante Decreto Supremo
109-90-PCMse otorgó una bonificación especial por costo de vida a los
servidores y pensionistas del Estado, beneficio que se hizo extensivo a los
trabajadores de las municipalidades. En efecto, en el artículo 3 de dicho
decreto supremo se estableció lo siguiente:
Los trabajadores de las Municipalidades tendrán
derecho a percibir la bonificación por costo de vida, así como la compensación
por movilidad que serán fijados por los respectivos consejos Municipales, con
cargo a sus recursos propios, por tanto no significará demandas adicionales al
Tesoro Público.
8. Mediante Decreto Supremo
264-90-EF se efectuó un incremento en dichos conceptos; en el artículo 4 se
precisa lo siguiente:
Compréndase en el presente Decreto Supremos al
personal que regula sus remuneraciones en base a lo dispuesto por el artículo
66 del Decreto Legislativo 543 […]
Asimismo, compréndase a los servidores a cargos de
las Municipalidades, al trabajador contratado, obrero permanente y trabajador
de proyectos por Administración Directa, Proyectos Especiales y reparticiones
públicas del Gobierno Central, instituciones públicas sujetas a las Ley N°
4916.
En ambos casos la bonificación especial por costo
de vida y compensación por movilidad no será superior a I/. 4´500,00.00.
Además, en el artículo 6 se hizo hincapié en lo siguiente:
Los funcionarios que
autoricen, procesen y ejecuten el pago de remuneraciones en cheque o en
efectivo en montos superiores a lo establecido por los Decretos Supremos.
296-89-EF, 198-90-EF, 109-90-EF y por el presente Decreto Supremo asumen
responsabilidad solidaria por dichos actos y serán sometidos a los procesos que
establece el Decreto Legislativo 276, Artículos 516 y 518 del Decreto
Legislativo 556 y las correspondientes normas de control, así como las demás
disposiciones vigentes como responsabilidad de autoridades, funcionarios y
servidores públicos.
Con posterioridad a la emisión de los decretos supremos antes referidos no se dictó norma alguna que en forma expresa dispusiera el incremento de la bonificación por costo de vida para los trabajadores de los Gobiernos locales.
9. Por otro lado, cabe acotar que el numeral 2 de
la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, publicada el 8 de diciembre de 2004, derogada por el
Decreto Legislativo 1044, vigente a partir del 1 de enero del año en curso,
establecía lo siguiente:
La aprobación y
reajuste de remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos y, refrigerio y
movilidad de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a
los ingresos corrientes de cada municipalidad. Su fijación se efectúa de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 070-85-PCM, publicado el 31 de
julio de 1985, y de conformidad a lo prescrito en el presente artículo.
Corresponde al Consejo Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo
responsabilidad, garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados
conceptos cuenten con el correspondiente financiamiento debidamente previsto y
disponible, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos que las formalicen.
10. Es
menester mencionar que el Decreto Supremo 070-85-PCM, derogado por el inciso
“n” de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento General
de la Ley 30057, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, publicada el 13 de
junio de 2014, en su artículo 1 señalaba “Establécese para los
Gobiernos Locales el procedimiento de la
negociación bilateral para la determinación de las remuneraciones por costo de
vida y por condiciones de trabajo de sus funcionarios y servidores”.
Y en su
artículo 4 disponía que “[l]os trabajadores de los Gobiernos Locales que
no adopten el régimen de negociación bilateral que se establece por el presente
Decreto Supremo, percibirán los incrementos que con carácter general
otorgue el Gobierno Central a los trabajadores del Sector Público”.
11. Así pues, queda claro que, en virtud de las
normas citadas en los fundamentos precedentes, los incrementos de
haberes de los trabajadores de los Gobiernos locales podían hacerse por
convenio colectivo o, en su defecto, por mandato expreso de la ley. Cabe anotar
que, tal como lo indicó Servir en su Informe Técnico 092-2017-SERVIR/GPGSC, los
convenios colectivos “se encontraba[n] sujeto[s] a las limitaciones de las
leyes anuales de presupuesto, las cuales venían siendo de observancia
obligatoria por todas las entidades del Sector Público”.
12. Además, las leyes de presupuesto de los años
2006 en adelante prohibieron los incrementos remunerativos, así como la
aprobación de nuevas bonificaciones y beneficios, incluso las derivadas de
convenio colectivo. Tal prohibición la encontramos en los artículos 8 de la Ley
28652, 4 de la Ley 28927, 5 de las Leyes 29142 y 29289, y 6 de las Leyes 29564,
29626, 29812, 29951, 30114, 30281, 30372, 30518, 30693, 30879, leyes de los presupuestos
públicos de 2006 a 2019.
Análisis
del caso concreto
13. En el presente caso, la controversia se centra en determinar si, con relación a la remuneración que percibe, “se está discriminando al demandante” por tratarse de un trabajador-obrero que en virtud de un mandato judicial fue contratado a plazo indeterminado. En tal sentido, deberá evaluarse si corresponde homologar la remuneración que percibe el demandante en el cargo de obrero de serenazgo, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con la que perciben otros obreros que se desempeñan en el mismo cargo y bajo el mismo régimen laboral.
14. Ahora bien, de las boletas de pago adjuntas a la demanda[7], de la sentencia judicial emitida en el Expediente 03561-2017-0-0601-JR-LA-03[8] y del "contrato de trabajo por orden judicial con ingreso a planilla de contratados"[9] se advierte que el recurrente pertenece al régimen laboral de la actividad privada, tiene un contrato a plazo indeterminado por disposición judicial, se desempeña como obrero serenazgo y, a la fecha de la interposición de la demanda, percibía un haber mensual ascendente a S/ 1,400.00.
Debe mencionarse también que de los documentos que obran en autos se puede apreciar que una de las diferencias del ingreso mensual del demandante, en relación con otros obreros que realizan la misma actividad de serenazgo, radicaba, desde julio 2019 hasta enero de 2020, en el concepto “costo de vida”[10]. La propia demandada ha manifestado en el Informe 297-2018- URBSSO-AP-MPC, de fecha 16 de octubre de 2018, que el “costo de vida varía según la remuneración de cada trabajador” [sic]. Del mismo modo, al verificar las boletas de pago de los obreros de serenazgo sujetos al régimen laboral privado se puede constatar que el concepto denominado “costo de vida” varía, asignándoles cantidades diferentes, esto es, sumas variables respecto al demandante, pues a este se le consigna la cantidad de S/ 1,321.79 por este concepto; mientras que a otros obreros se les asignan las sumas de S/. 2,731.34[11].
15. Con el objeto de establecer el término de comparación, en autos obran las boletas de pago de los trabajadores de dicha municipalidad que tienen el mismo cargo que el del actor. Del tenor de dichas boletas de pago se advierte que los trabajadores con los cuales el demandante compara su remuneración pertenecen también al régimen laboral de la actividad privada, se desempeñan como obreros y perciben remuneraciones superiores a la remuneración mensual que percibe el actor.
16. Importa hacer notar que en el Informe 32-2018-URBSSO-AP-MPC, de 13 de marzo de 2018, expedido por la Unidad de Recursos Humanos[12], no se precisó cuál es la forma de cálculo del denominado “costo de vida”, pese a que se requirió dicha información mediante decreto de fecha 9 de febrero de 2018, y solo se hace una lista de los conceptos comprendidos en la planilla de los trabajadores 276. Adicionalmente, mediante decreto de fecha 18 de setiembre de 2018, emitido en el Expediente 06613-2015-PA/TC, este Tribunal también solicitó a la Municipalidad de Cajamarca que informara, entre otras cosas, de las razones por las que se vendrían pagando montos diferentes por concepto de “costo vida” a los trabajadores obreros.
Y dando respuesta a dicho requerimiento, con fecha 30 de octubre de 2018 la emplazada remitió el Oficio 192-2018-OGGRRHH-MPC[13], en el que adjuntan, entre otros documentos, el Informe 298-2018- URBSSO-AP-MPC, en el que se limita a señalar que “El Costo de vida, varía según la Remuneración de cada trabajador” [sic].
17. De lo expuesto queda claro que la entidad municipal demandada no ha precisado cuál es la base legal para el otorgamiento del denominado “costo de vida”, ni tampoco cuáles son los criterios que utiliza para fijar los montos que perciben los obreros de esa comuna por dicho concepto. Tampoco ha justificado el pago diferenciado entre trabajadores de un mismo régimen laboral, que, se entiende, realizan funciones similares. Y si bien en el caso del actor se advierte que desde febrero de 2020 ya no se consigna en las boletas el denominado “costo de vida”, en el caso de los otros obreros dicho concepto se sigue manteniendo en sus boletas de agosto de 2020, enero 2021, entre otras.
18. Siendo ello así, se puede concluir que en autos no obran medios probatorios idóneos y suficientes que permitan a este Tribunal generar convicción respecto a la validez o licitud del término de comparación propuesto por el recurrente, lo que, a su vez, impide entrar en el análisis de si existe un trato discriminatorio hacia él o no, por lo que corresponde dictar sentencia inhibitoria; aunque dejando a salvo el derecho del demandante de acudir a la vía ordinaria en busca de tutela, si lo considera pertinente.
19. Finalmente, atendiendo a que las normas constitucionales del sistema presupuestal del Estado son de observancia obligatoria y dado que los funcionarios de la entidad municipal demandada no han indicado con precisión la base legal para otorgar el denominado “costo de vida”, su forma de cálculo y la razón para su abono en montos diferenciados entre trabajadores del mismo régimen laboral y que realizan funciones similares, se debe notificar a la Contraloría General de la República, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, por lo que deja a salvo el derecho del recurrente de acudir a la vía ordinaria, si lo considera pertinente.
2. Notificar a la Contraloría General de la República para que proceda con arreglo a sus atribuciones.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
FUNDAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Emito el presente
voto a favor del sentido resolutorio de la ponencia y por el cual se declara
improcedente la demanda; no obstante, me aparto del extremo en el que se
dispone notificar a la Contraloría General de la
República, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones, sin que ello
implique que no coincida en el hecho de que los funcionarios de la entidad
municipal demandada no han indicado con precisión la base legal para otorgar el
denominado “costo de vida”, su forma de cálculo y la razón para su abono en
montos diferenciados entre trabajadores del mismo régimen laboral que realizan
funciones similares.
En efecto, el
objeto del caso de autos, conforme a lo expuesto en el petitorio de la demanda,
es que se homologue la remuneración de la parte demandante con la que perciben otros
obreros que también desempeñan la
labor de serenazgo en la
municipalidad emplazada, debido a que, en su condición de trabajador contratado a plazo indeterminado en cumplimiento
de un mandato judicial, sujeto al
régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728, percibe una
remuneración menor que la de otros trabajadores obreros que realizan las mismas labores.
Conforme a lo expuesto en la ponencia,
obran las boletas de pago de los trabajadores de la municipalidad demandada,
los que, si bien serían obreros al igual que el actor, del tenor de dichas
boletas de pago se advierte que los trabajadores con los cuales el demandante
compara su remuneración no realizarían las mismas labores y que la diferencia
remunerativa radicaría, entre otros aspectos, en el denominado “costo de vida”.
Asimismo, la entidad municipal demandada no ha precisado cuál es la base legal para el otorgamiento de denominado “costo
de vida”, ni cuáles son los criterios utilizados para fijar los montos por dicho concepto,
ni ha justificado el pago diferenciado entre trabajadores de un
mismo régimen laboral, los cuales, se entiende, realizan funciones similares.
En ese sentido, concuerdo en sostener
que no obran medios probatorios idóneos y suficientes que permitan al Colegiado generar convicción respecto a la validez o licitud del término de comparación propuesto por la parte
recurrente, lo que, a su vez, impide
ingresar al análisis de si existe un trato discriminatorio o no. Por ello,
corresponde declarar improcedente la demanda; aunque dejando a salvo el derecho del demandante de acudir a la vía ordinaria en busca de tutela,
si así lo considera pertinente.
Cabe añadir que a pesar de lo expuesto hasta aquí sobre la impertinencia de disponer la notificación a la Contraloría General de la Republica y no encontrarme conforme con lo señalado en la ponencia respecto de ello he decido; sin embargo, apoyar la resolución del presente caso, ya que insistir en mi discrepancia en el extremo antes expuesto generaría una innecesaria demora en la tramitación del presente caso, toda vez que al producirse una discordia esta tendría que ser tramitada y resuelta por otro colega, integrante de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Al ser mi posición la minoritaria en este tipo de casos una eventual insistencia por vía de voto singular, solo generará mayor dilación para que al demandante se le brinde respuesta a lo centralmente pretendido.
En las circunstancias descritas y salvando mi posición sobre el extremo expuesto, suscribo la resolución del caso en su totalidad, en aplicación de los principios procesales de economía y de socialización regulados en el artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional.
S.
OCHOA CARDICH
VOTO
DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Habiendo sido
llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al sentido de la ponencia,
al respecto señalo los fundamentos que sustentan mi decisión:
1.
En el presente
caso, el recurrente alega la vulneración a su derecho al trabajo, a la igualdad
y no discriminación, y a percibir una remuneración justa y equitativa. Solicita
por medio de su demanda que se homologue su remuneración con la de sus
compañeros de trabajo, a quienes propone como término de comparación en su
demanda, adjuntando boletas de pago y otros medios probatorios.
2.
No obstante, de la revisión de los actuados, se advierte que
no obran medios probatorios idóneos y suficientes que permita tener convicción
sobre la licitud e idoneidad del término de comparación propuesto por el
demandante. Esto no permite determinar si existe o no un trato discriminatorio
en el presente caso, razón por la cual debe declararse improcedente para dejar
a salvo el derecho del recurrente a dilucidar dicha controversia en la vía
ordinaria pertinente.
3.
Asimismo, del caso se advierte una situación irregular
respecto a la modalidad de contratación, asignación de conceptos y montos en
las remuneraciones percibidas por los trabajadores, así como una discordancia
entre lo alegado por las partes y lo indicado en las boletas de pago ofrecidas
como medios probatorios. Por dicha razón, se debe de notificar a la Contraloría
General de la República para que proceda con arreglo a sus atribuciones.
En tal sentido, mi voto es por:
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo y
dejar a salvo el derecho del recurrente de acudir a la vía ordinaria, si lo
considera pertinente.
2. Notificar a la
Contraloría General de la República para que proceda con arreglo a sus
atribuciones.
S.
HERNÁNDEZ
CHÁVEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas,
emito el presente voto singular. Las razones las sustento en los siguientes
fundamentos:
1.
En el presente caso, el recurrente solicita que se homologue su
remuneración con la que perciben otros obreros que
también desempeñan la labor de obrero-serenazgo en la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, debido a que, en su
condición de trabajador contratado a plazo indeterminado en cumplimiento de un
mandato judicial, sujeto al régimen laboral privado regulado por el Decreto
Legislativo 728, percibe una remuneración menor en comparación con la de otros
trabajadores obreros pertenecientes al mismo régimen laboral que realizan las
mismas labores.
2.
Al respecto, considero que los
cuestionamientos formulados por el demandante revisten
relevancia constitucional, en tanto se relacionan con
el incumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, así como
de una presunta vulneración al derecho de recibir
una remuneración justa y equitativa. Esta disparidad salarial requiere una
revisión cuidadosa para asegurar la equidad y el respeto a los derechos
fundamentales del trabajador. Especialmente porque este tribunal ha conocido un
alto número de casos donde se emplaza a la Municipalidad Provincial de
Cajamarca con motivo de una desigualdad en la remuneración de los obreros.
3.
Conforme a lo expuesto, el presente caso
merece un pronunciamiento de fondo, previa audiencia pública; de lo contrario,
dejar sin posibilidad de informar oralmente a las partes solo abona en el
rechazo al sistema legal y no pacificamos el ordenamiento jurídico. Es
pertinente otorgar a los actores las condiciones que se requieran sobre todo en
casos de relevancia social y complejidad, entre otros criterios que el
Colegiado debe tomar en consideración.
4. Lo
expuesto es compatible con la interpretación efectuada por este Tribunal
Constitucional en la STC N° 30-2021-PI/TC, en la cual se señala que la
convocatoria de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa
pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que se considere indispensable.
Por
las consideraciones expuestas, mi voto es porque EL CASO TENGA AUDIENCIA PÚBLICA ANTE ESTA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
S.
GUTIÉRREZ
TICSE