Sala Segunda. Sentencia 59/2024
EXP.
N.º 00126-2023-PA/TC
SANTA
PEDRO
BAUTISTA QUEVEDO PERALTA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27
días del mes de octubre de 2023, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Morales Saravia y Domínguez Haro, con la
participación del magistrado Ochoa Cardich,
convocado para dirimir la discordia suscitada en autos, han emitido la presente
sentencia. El magistrado Gutiérrez Ticse emitió voto singular, el cual se
agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de
conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por don Pedro Bautista Quevedo Peralta contra la resolución de
fojas 230, de fecha 10 de noviembre de 2022, expedida por la Segunda Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró
infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
El
recurrente, con fecha 14 de enero de 2019, interpone demanda de amparo contra Rímac
Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., con el objeto de que se
efectúe el recálculo de la indemnización por única vez contemplada en la Ley N°
26790, en concordancia con el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N° 003-98-SA
del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con el pago de los
intereses legales y los costos del proceso.
La
emplazada contesta la demanda manifestando que ha cumplido con otorgar la
indemnización prevista en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N° 003-98-SA
conforme a lo contemplado en dichas normas y en concordancia con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El Segundo
Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 11 de abril de 2021
(f. 174), declaró infundada la demanda, por considerar que el cálculo realizado en la indemnización es correcto y
conforme al actual criterio adoptado por el Tribunal Constitucional, en el que
se determina que en la fórmula establecida para el cálculo de la indemnización
única del artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA debe considerarse el
porcentaje de menoscabo que presenta el asegurado.
La
Sala Superior competente confirmó la apelada por el mismo fundamento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del
petitorio
1.
El demandante solicita que se recalcule el monto de la
indemnización otorgada por la demandada por única vez, por adolecer de
enfermedad profesional con 20 % de menoscabo global, y que se efectúe una
liquidación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2.4 del
Decreto Supremo 003-98-SA, con el abono de los
intereses legales y los costos del proceso.
2.
En cuanto a la
habilitación de este Tribunal para conocer del presente proceso de amparo debe
precisarse que, dada la naturaleza del beneficio previsto en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N° 003-98-SA,
resulta pertinente evaluar el fondo de la cuestión controvertida siguiendo el
criterio adoptado en las sentencias emitidas en los Expedientes 04977-2007-PA/TC
y 00540-2007-PA/TC, pronunciamientos en los que se dejó sentado que el
beneficio económico del seguro de vida está comprendido dentro del sistema de
seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas, sustentándose la procedencia de la demanda en la defensa del derecho a
la seguridad social.
3.
Adicionalmente, cabe
indicar que, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la
suma otorgada como indemnización contemplada en el artículo 18.2.4 del Decreto
Supremo N° 003-98-SA del SCTR, resulta procedente que este Tribunal efectúe su
verificación por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud
del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables.
Análisis
de la controversia
4.
En el caso de autos, el demandante
cuestiona el monto de la indemnización por invalidez permanente que se le
abonó. A su entender, el monto de la indemnización no fue calculado según lo
prescrito por el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, toda vez que
el porcentaje de menoscabo que presenta, esto es, 20 %, no debió
aplicarse al cálculo efectuado, puesto que lo que correspondía era aplicar el
70 % a la remuneración mensual (el promedio de las remuneraciones
asegurables de los 12 meses anteriores a la fecha de configuración de la
invalidez) y multiplicarlo por las 24 mensualidades.
5.
Al respecto, en su demanda, el actor
sostiene que la emplazada le abonó por concepto de indemnización, según el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N°003-98-SA del SCTR, la cantidad de S/ 13, 137.43
teniendo en consideración el porcentaje de menoscabo que presentaba (20 %),
por padecer de enfermedad profesional. Ello se
corrobora con la Liquidación de siniestro y orden de pago N° 77060282, de fecha
12 de octubre de 2009 (f. 3).
6.
Sobre el particular, el artículo 18.2.4
del Decreto Supremo N° 003-98-SA establece que “en caso de que las lesiones
sufridas por el asegurado dieran lugar a una invalidez parcial permanente
inferior a 50 %, pero igual o superior al 20 %, la aseguradora
pagará por una única vez al asegurado inválido el equivalente a 24
mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que
correspondería a una invalidez permanente total (…)” (la cursiva es nuestra). Por
consiguiente, de lo expuesto se infiere que la norma considera para la
indemnización la aplicación no solo del 70 % fijado para la pensión de
invalidez permanente total, sino que exige, además, que las 24 mensualidades de
pensión sean establecidas proporcionalmente, atendiendo al porcentaje de
menoscabo que presente el asegurado inválido, sobre cuya base se debe
determinar el monto indemnizable. Por ello, no resulta errado el cálculo
efectuado por la demandada. Importa mencionar que en similar sentido se ha
pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 17147-2013
AREQUIPA.
7.
Por
tanto, dado que, en la presente controversia, no
existe vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, se debe
desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar
INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular, ya que considero que la presente causa debe ser declarada FUNDADA. Las razones las sustento en los siguientes fundamentos:
Delimitación del petitorio
1. El
objeto de la presente demanda es que se realice un nuevo cálculo de la
indemnización otorgada al actor por padecer de invalidez parcial permanente con
menoscabo inferior al 50 %. Asimismo, se solicita el abono de los intereses
legales y los costos del proceso.
Consideraciones del
Tribunal Constitucional
2.
En el presente caso, el demandante cuestiona el monto
de la indemnización por invalidez permanente parcial que se le abonó. Alega que
el monto de la indemnización no fue efectuado según lo prescrito por el
artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA, toda vez que el porcentaje de
menoscabo que padecía, esto es, el 20 %, no debió adicionarse en el cálculo
realizado. A su parecer, únicamente correspondía multiplicar el 70 % de
la remuneración mensual que percibía por las 24 mensualidades.
3.
En lo referido al diagnóstico o al grado de invalidez
del demandante, se observa en autos que no existe ninguna controversia al
respecto.
4.
En todo caso, se advierte que la controversia de la
demanda estriba en el hecho de que existe diferente interpretación del artículo
18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA. Por un lado, la parte demandada ha
interpretado que dicha norma incluye en el cálculo de la indemnización, el
grado de invalidez del trabajador; mientras que, por otro lado, la parte
demandante plantea que su grado de invalidez no forme parte del cálculo del
monto de la indemnización o pensión de invalidez.
5.
Por consiguiente, este Tribunal Constitucional
analizará si la interpretación del artículo 18.2.4) del Decreto Supremo
003-98-SA, realizada por la parte demandada, vulnera el derecho a la pensión
del demandante.
6.
A fin de dilucidar la cuestión litigiosa, este
Tribunal Constitucional se pronunciará sobre los siguientes puntos:
(a) El derecho a la pensión de invalidez por
enfermedad profesional o renta vitalicia;
(b) El derecho a la pensión y su relación con la
pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %, establecida en el
artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA;
(c) Análisis de los sentidos interpretativos del
cálculo de la pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %,
establecida en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA;
(d) Análisis del caso concreto
a) El derecho a la pensión de
invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia
7.
El derecho a la pensión se encuentra reconocido en el
artículo 10 de la Constitución. La pensión es fuente segura de ingresos que
permite afrontar cualquier contingencia o riesgo social en reemplazo de las
remuneraciones[1]. De ahí
que este derecho garantiza el bienestar de la persona y su dignidad.
8.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado
que el derecho a la pensión impone la obligación de proporcionar las
prestaciones adecuadas a las personas en función de criterios y requisitos
determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y
satisfacer los estándares de la “procura existencial”[2].
9.
De
otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que las
enfermedades profesionales imponen costos enormes, empobrecen a los
trabajadores y sus familias, reducen la capacidad de trabajar e incrementan los
gastos en salud[3].
10. Asimismo, el Tribunal
Constitucional ha señalado que el objeto de la pensión vitalicia ––antes renta
vitalicia–– por enfermedad profesional es que quienes desarrollen su actividad
laboral en condiciones de riesgo, no queden en desamparo en caso de que un
accidente de trabajo o enfermedad profesional afecte su salud y disminuya su
capacidad laboral[4].
11. En ese sentido, la
pensión de invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia, es una
fuente de ingresos para subvenir las necesidades vitales y satisfacer los
estándares de la “procura existencial” de la persona que se enfermó o accidentó
a consecuencia de su trabajo, y que, como resultado de ello, se empobrece junto
a su familia, se reduce su capacidad de trabajar, se afecta su salud y se
incrementan los gastos para tratarla.
12. Ahora bien, el Tribunal
Constitucional ha señalado que es necesaria una protección objetiva y
proporcionada del derecho a la pensión de los pensionistas, en su calidad de
titulares de derechos fundamentales[5].
13. En atención de dicha
necesidad de protección proporcionada de la pensión, el Tribunal, en su
jurisprudencia, ha replanteado criterios de cálculo de las pensiones de
invalidez por enfermedad profesional y de renta vitalicia con la finalidad de
optimizar el derecho a la pensión y en aplicación del principio pro homine.
14. Así pues, en la RTC
2561-2012-PA/TC, este tribunal refirió que la razón subyacente de la regla
sobre la
determinación del monto de la pensión de invalidez por enfermedad profesional
para los casos en los que la enfermedad se produjo luego de la fecha del cese
laboral,
es que la pensión de invalidez por enfermedad profesional sea la máxima
superior posible, con la finalidad de optimizar el derecho a la pensión y en
atención al principio pro homine, dado que es necesario procurar la obtención del mayor beneficio para
el pensionista, más aún si se trata de una pensión de invalidez que se
constituye en el sustento de quien está imposibilitado de trabajar como
consecuencia de las labores realizadas[6].
15. Atendiendo a lo expuesto,
este Tribunal Constitucional advierte que es razonable revalorar los criterios
de cálculo de la pensión por enfermedad profesional adoptados, con la finalidad
de dar una protección proporcional de la pensión, sustentada en la optimización
de la pensión y aplicación del principio pro homine o pro persona.
16. En suma, la pensión de
invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia busca rehabilitar de la
lesión o discapacidad causada, proteger la vida, así como proveer ingresos para
sufragar las necesidades básicas y satisfacer los estándares de procura existencial
de la persona con discapacidad adquirida a consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional. Es más, dicha pensión busca proteger a la
familia de estos trabajadores, que dependía de él y que debe asumir los gastos
de su salud. Y, es razonable examinar los criterios de cálculo de la pensión
por enfermedad profesional adoptados.
b) El derecho a la pensión y
su relación con la pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %,
establecida en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA
17. El
artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, que
aprueba Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, regula
la pensión de invalidez parcial permanente para las personas con discapacidad
mayor al 20 % pero inferior al 50 %. Dicha disposición establece lo siguiente:
“Artículo
18.- Riesgos Asegurados y Prestaciones Mínimas
La cobertura de
invalidez y sepelio por trabajo de riesgo protegerá obligatoriamente al
ASEGURADO o sus beneficiarios contra los riesgos de invalidez o muerte
producida como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional;
otorgando las siguientes prestaciones mínimas:
(…)
b) Pensiones de
Invalidez
(…)
18.2 PENSIONES POR
INVALIDEZ:
"LA
ASEGURADORA" pagará al ASEGURADO que, como consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, quedara en situación de invalidez; las
pensiones que correspondan al grado de incapacidad para el trabajo conforme al
presente Decreto Supremo, de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el
Ministerio de Salud a propuesta de LA COMISION TECNICA MEDICA.
Los montos de pensión
serán calculados sobre el 100% de la "Remuneración Mensual" del
ASEGURADO, entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables de los
12 meses anteriores al siniestro,
(…)
18.2.2 Invalidez Total
Permanente:
"LA
ASEGURADORA" pagará, como mínimo, una pensión vitalicia mensual
equivalente al 70% de su "Remuneración Mensual", al
"ASEGURADO" que, como consecuencia de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional amparado por este seguro, quedara disminuido en su
capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción igual o
superior a los dos tercios.
(…)
18.2.4 Invalidez
Parcial Permanente Inferior al 50%:
En caso que las
lesiones sufridas por EL ASEGURADO dieran lugar a una invalidez parcial
permanente inferior al 50%, pero igual o superior al 20%; LA ASEGURADORA pagará
por una única vez al ASEGURADO inválido, el equivalente a 24 mensualidades
de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una
Invalidez Permanente Total”.
(El subrayado es nuestro)
18. Con
referencia al derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia, como
se mencionó supra, tiene por objeto amparar con prestaciones
adecuadas para sufragar las necesidades básicas y satisfacer los estándares de
procura existencial, a la persona con discapacidad adquirida a consecuencia de
un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Más aún, dicha pensión busca
proteger a la familia de estos trabajadores, que dependía de él y que debe
asumir los gastos de su salud.
19. En
esa línea, y de manera específica, la pensión de invalidez parcial permanente
inferior al 50 %, regulada en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo
003-98-SA, otorga prestaciones para afrontar ––por un tiempo determinado, dado
que se paga por única vez–– cualquier contingencia o riesgo social, así como
satisfacer las necesidades básicas y estándares de procura existencial de las
personas con discapacidad parcial permanente inferior al 50 % pero igual o
mayor al 20 % de menoscabo, producida por accidentes laborales o enfermedades
profesionales.
20. Si
bien en esta modalidad de pensión la discapacidad es parcial e inferior al 50 %
de menoscabo, es evidente que presupone una reducción de la capacidad para
generar ingresos económicos de la persona que lo adolece, lo que repercute en
el empobrecimiento de la familia que dependía de aquella. Por ende, la pensión
de invalidez parcial permanente inferior al 50 % beneficia al asegurado que
adquirió la discapacidad a causa de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, y a su familia.
21. Por
otra parte, el cálculo de esta modalidad de pensión de invalidez debe procurar
proporcionar protección, al menos por el periodo de tiempo que cubra el monto
de la pensión, al asegurado que ve disminuida su capacidad para laborar debido
al padecimiento de una discapacidad a causa de un accidente laboral o
enfermedad profesional, así como a la familia que dependía de él. Para ello,
dicho cómputo debe configurarse teniendo en cuenta la optimización de la
pensión y la atención al principio pro homine, máxime cuando se trata de
un pago por única vez.
22. En
resumen, la pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %, regulada
en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA, tiene como objeto
satisfacer las necesidades vitales y brindar estándares de procura existencial,
por el periodo que cubra el monto de la pensión, a la persona con discapacidad
menor del 50 % y mayor o igual al 20 %, que ve disminuida de manera permanente
su capacidad para trabajar y generar ingresos económicos. Esta pensión también
beneficia a la familia que dependía del asegurado con discapacidad. Además, a fin de dar una
protección proporcionada de la pensión, el cálculo de esta modalidad de
pensión debe considerar la optimización de la pensión y la atención del
principio pro homine.
c)
Análisis de los sentidos
interpretativos del cálculo de la pensión de invalidez parcial permanente
inferior al 50 %, establecida en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo
003-98-SA
23. Conforme
a lo expuesto anteriormente, el derecho a la pensión impone a los poderes
públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las
personas en función a criterios y requisitos determinados
legislativamente,
con la finalidad de ampararlos, cubrir sus necesidades básicas y satisfacer los
estándares de la ‘procura existencial’[7].
24. En lo
relativo a la regulación de los requisitos y criterios para la tutela efectiva
del derecho pensión, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Comité Desc) ha señalado que, en virtud de lo dispuesto en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado parte
debe velar porque la legislación, las políticas y los programas faciliten el
acceso a la seguridad social de todos los miembros de la sociedad[8].
25. Además,
dado que nuestro ordenamiento jurídico está totalmente impregnado por normas
constitucionales, la legislación está condicionada por la Constitución[9].
26. Así
pues, el legislador debe configurar el contenido del derecho a la pensión de
acuerdo a los fines de la Constitución, tratando de tutelar la vida digna y las
necesidades básicas de este grupo de la sociedad que es titular y facilitando
su acceso.
27. En el
ejercicio de la referida configuración legal, el legislador reguló la pensión
de invalidez como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales en la Ley 26790 ––antes en el Decreto Ley 18846––, en cuyo inciso
b) del artículo 19 señala lo siguiente:
“Artículo 19.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga
cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que
desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo
o norma con rango de ley. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora.
Cubre los riesgos siguientes:
(…)
b) Otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o
permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse
libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. (…)”
28. En
dicha disposición legal, a fin de garantizar el derecho a la pensión, el
legislador dispone otorgar pensión de invalidez temporal o permanente, a favor
de los sujetos que aquejan una discapacidad, como consecuencia de accidentes de
trabajo o de enfermedades profesionales.
29. Con
el propósito de hacer efectivo lo dispuesto por el legislador en la Ley 26790,
la Administración emitió el Decreto Supremo 003-98-SA[10],
en cuyo artículo 18.2.4) refiere lo siguiente:
“18.2 PENSIONES POR INVALIDEZ:
"LA
ASEGURADORA "pagará al ASEGURADO que, como consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, quedara en situación de invalidez; las
pensiones que correspondan al grado de incapacidad para el trabajo conforme al
presente Decreto Supremo, de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el
Ministerio de Salud a propuesta de LA COMISION TECNICA MEDICA.
(…)
18.2.4
Invalidez Parcial Permanente Inferior al 50%:
En caso que las lesiones sufridas por EL ASEGURADO dieran lugar a
una invalidez parcial permanente inferior al 50%, pero igual o superior al 20%;
LA ASEGURADORA pagará por una única vez al ASEGURADO inválido, el equivalente a
24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que
correspondería a una Invalidez Permanente Total.
(…)”.
(El resaltado es nuestro)
30. Como
se puede apreciar, en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, se
ordena pagar pensión de invalidez parcial para las personas que padecen de
discapacidad parcial permanente inferior al 50 % pero igual o superior al 20 %,
como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
31. Asimismo,
dicha disposición establece el cálculo que conduce al monto total que se le
otorgará como concepto de dicha pensión. Para ello, prescribe como regla
categórica que, si se tiene invalidez parcial igual o mayor del 20 % y menor
del 50 %, se dará por única vez el “equivalente a
24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que
correspondería a una Invalidez Permanente Total”.
c.1. Identificación de las tesis interpretativas
32. Ahora
bien, se observa que en la aplicación del artículo 18.2.4) del Decreto Supremo
003-98-SA, se han realizado varias interpretaciones. En dicho ejercicio
interpretativo, se han asignado diferentes significados a la expresión “en
forma proporcional”, lo que ha repercutido en el monto de la pensión de
invalidez parcial permanente inferior al 50 %, ya sea reduciéndolo o
ampliándolo.
33. Cabe
precisar que una expresión es ambigua cuando es posible asignarle más de una
interpretación o significado. Si se concibe a la ambigüedad como términos de
extensiones divergentes, se podría decir que un término es ambiguo si pueden
asignársele dos o más significados, uno de los cuales no denota algo que es
denotado por el otro.[11]
Atendiendo a lo expuesto, se observa que la expresión “en forma
proporcional”, consignada en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo
003-98-SA, es un término ambiguo del cual se ha derivado en su aplicación más
de una interpretación, con resultados diferentes.
34. Como
se indicó supra, es razonable examinar criterios de cálculo de la pensión por
enfermedad profesional adoptados, a fin de optimizar la pensión y la atención
del principio pro homine o pro persona. Además, el
Comité de Desc ha señalado que una de las características del derecho a la
seguridad social, del cual es parte el derecho a la pensión, es el nivel
suficiente, en virtud del cual el Estado debe otorgar prestaciones suficientes
para el ejercicio de los derechos y debe revisar periódicamente los criterios
de suficiencia[12].
35. En tal sentido, este
Tribunal Constitucional, a fin de optimizar el derecho a la pensión, con
arreglo al principio pro persona, y en atención a la obligación estatal de revisión periódica del nivel
suficiente del monto de la pensión, evaluará las dos interpretaciones que se
han realizado de la expresión “en forma proporcional”, consignada en el
artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA.
Ø Interpretación
que considera que la expresión “en forma proporcional” se refiere al porcentaje
de menoscabo de la discapacidad del asegurado (tesis interpretativa 1)
36. Como se expuso
anteriormente, en el artículo 18.2.4) del Decreto
Supremo 003-98-SA, se ordena pagar pensión de invalidez para las personas que
padecen de discapacidad parcial permanente inferior al 50 %, a causa de
accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se establece como regla
categórica que, si se tiene invalidez parcial menor del 50 %, pero igual o
mayor del 20 %, se dará por única vez el
“equivalente a 24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional
a la que correspondería a una Invalidez Permanente Total”.
37. Al
respecto, se observa que el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, no hace
referencia expresa al porcentaje de menoscabo de discapacidad del asegurado. No
obstante, en numerosas resoluciones, el Tribunal Constitucional ha interpretado
que la expresión “en forma proporcional”, consignada en dicha
disposición reglamentaria, equivale al porcentaje de discapacidad del
asegurado, el cual debe ser mayor o igual del 20 % pero menor del 50 % de
menoscabo.
38. Gráficamente,
el cálculo de la pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 % que
plantea esta tesis es de la siguiente manera:
39. Como
se puede observar, la tesis que interpreta que el término en forma
proporcional alude al porcentaje de discapacidad del asegurado, introduce
un nuevo valor (el porcentaje de menoscabo de discapacidad del asegurado) que
se adiciona a los dos elementos consignados expresamente en el artículo
18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA, los cuales son: a) las 24 mensualidades,
y b) la pensión de invalidez permanente total que le correspondería al
asegurado (según el artículo 18.2.2 del DS 003-98-SA, la pensión de invalidez
permanente total es equivalente al 70 % de la remuneración mensual).
40. La
consecuencia de la incorporación del mencionado porcentaje de menoscabo de
discapacidad del asegurado es que el monto de la pensión se reduce, pues a la
operación de multiplicación de las 24 mensualidades con la pensión de invalidez
permanente total que le correspondería al asegurado, se le multiplica
adicionalmente por el porcentaje de discapacidad del asegurado.
Ø Interpretación
que considera que la expresión “en forma proporcional” alude a la relación
entre 24 meses y el porcentaje de menoscabo de la discapacidad permanente total
(tesis interpretativa 2)
41. Otra interpretación del artículo
18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, es la que el Tribunal Constitucional ha
realizado en las sentencias recaídas en los expedientes 01814-2012-PA/TC,
1563-2012-PA/TC, entre otras, a través de la cual ha considerado que la
expresión “en forma proporcional”, se refiere a la relación de las 24 mensualidades con el monto de la pensión
de invalidez permanente total que le correspondería al asegurado (según el
artículo 18.2.2 del DS 003-98-SA, la pensión de invalidez permanente total es
equivalente al 70 % de la remuneración mensual).
42. Gráficamente,
el cálculo de la pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 % que
plantea esta tesis es de la siguiente manera:
43. Como
se puede observar, esta tesis implica multiplicar las 24 mensualidades con
el monto de la pensión de invalidez permanente total que le correspondería al asegurado.
44. En
dicho cálculo, no se introduce un nuevo porcentaje en el cálculo. Por tanto, la
consecuencia de esta tesis interpretativa es que no se reduce el monto
calculado sobre la base de los elementos expresamente mencionados en el artículo
18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA.
c.2.
Selección
del canon interpretativo
45. Este Tribunal
Constitucional advierte que la expresión “en forma proporcional”,
consignada en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, es un término
ambiguo al cual se le han asignado interpretaciones que tienen como
consecuencia la repercusión directa en el monto de la pensión del asegurado. La
interpretación que considera que la expresión “en forma proporcional” se refiere al porcentaje de menoscabo de la
discapacidad del asegurado (tesis interpretativa 1), reduce el monto de la
pensión. En contraste, la interpretación que considera que la expresión “en forma proporcional” alude a la
relación entre las 24 mensualidades y el porcentaje de menoscabo de la
discapacidad permanente total (tesis interpretativa 2), no reduce el monto de
la pensión.
46. Guastini señala que
frecuentemente sucede que una cierta disposición es susceptible de varias
interpretaciones. Corresponde entonces al juez elegir la interpretación
conforme con la Constitución, que evita toda contradicción entre la ley y la
Constitución y que armoniza la ley a la Constitución.[13]
47. Así pues, como se indicó supra, el derecho a la
pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %, regulada en el
artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA, tiene como objeto proporcionar
cobertura para satisfacer las necesidades básicas y brindar estándares de
procura existencial, a la persona con discapacidad menor del 50 % y mayor o
igual al 20 %, adquirida por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que
ve disminuida de manera permanente su capacidad para trabajar y generar
ingresos económicos.
48. En tal sentido, la tesis
interpretativa que más optimiza el derecho a la pensión es la que considera que
la expresión en forma proporcional alude a la
relación de las 24 mensualidades con el monto de la pensión de invalidez
permanente total que le correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2). Y
es que, con este criterio no se reduce la posibilidad de satisfacer las
necesidades básicas y la calidad de vida del asegurado, por el tiempo que cubra
el monto de la indemnización pagada por única vez, pues con un mayor monto de
la pensión se protege en mayor medida la vida y los medios de subsistencia del
asegurado que tiene discapacidad menor al 50 % de menoscabo, que ve reducida su
capacidad para trabajar, así como de la familia que dependía de él. Con ello,
se optimiza el derecho a la pensión del asegurado.
49. Por el contrario, la
interpretación que considera que la expresión en forma proporcional equivale al porcentaje de
discapacidad del asegurado, menor del 50 % pero igual o mayor del 20 % (tesis
interpretativa 1), no optimiza el derecho a la pensión del actor, porque lo
reduce. Con ello, se reduce la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas
y la calidad de vida del asegurado y de la familia que dependía de este.
50. Por
otra parte, la cláusula de Estado social, reconocida en los artículos 3 y 43 de
la Constitución, tiene entre sus objetivos garantizar la igualdad material. El
Tribunal Constitucional ha señalado que, en el marco jurídico de la cláusula
del Estado social, la igualdad jurídica deja de concebirse y aplicarse como
igualdad formal y se le agrega el valor de la igualdad sustantiva o material[14]. Siendo
así, entre las obligaciones que se derivan de la igualdad material, se
encuentra la de adoptar medidas que brinden protección especial a las personas
que se encuentran en situación de desventaja.
51. Las
personas con discapacidad menor al 50 % pero mayor o igual al 20 %, se
encuentran en situación de desventaja para laborar y generar recursos
económicos en relación con otros sujetos que no tienen dicho menoscabo, ya que se
reduce su capacidad para trabajar y eventualmente se ven imposibilitados de
trabajar en lo mismo. De esta manera, se reducen los ingresos económicos del
asegurado, con lo cual disminuyen las condiciones para que este y la familia
que dependía de él afronten las contingencias que se presenten y gocen de una
vida digna.
52. Por
ello, la tesis que considera que la expresión en forma proporcional alude
a la relación de las 24
mensualidades con el monto de la pensión de invalidez permanente total
que le correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2), al no reducir el
cálculo de la pensión, promueve la mayor garantía de las personas con
discapacidad menor al 50 %, a causa de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, que se encuentra en situación de desventaja porque con más dinero,
tiene mejor calidad de vida.
53. En
consecuencia, la tesis que considera que la interpretación que considera que la expresión en
forma proporcional alude a la relación de las 24 mensualidades con
el monto de la pensión de invalidez permanente total que le
correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2), coadyuva a la garantía de
la cláusula de Estado social, por cuanto promueve una mayor garantía en
las personas con discapacidad menor del 50 %, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
54. De otro lado, el
principio pro persona obliga a interpretar las normas que consagran
derechos en sentido amplio en favor de la persona. Al respecto, conforme con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina sobre la materia, el
principio pro
persona implica
que, en caso de duda o de incertidumbre con respecto de qué disposición
utilizar (entre varias aplicables), o sobre qué significado se le debe atribuir
a una disposición (es decir, al intentar establecer cuál es la norma que se
desprende de un enunciado jurídico, cuando existan varios significados
posibles), debe escogerse aquella disposición o significado (norma) que
favorezca más a la persona y a sus derechos[15].
55. Se observa que la
interpretación que considera que la expresión en forma proporcional equivale al porcentaje de
discapacidad del asegurado, menor del 50 % pero igual o mayor del 20 % (tesis
interpretativa 1), reduce el monto de la pensión, con lo cual se disminuye la
fuente de ingresos del asegurado y se limita la posibilidad de que este afronte
cualquier contingencia por el tiempo determinado que cubra el único pago de
dicha pensión, lo que termina siendo un perjuicio para él.
56. En sentido contrario, la
tesis que considera que la expresión en forma proporcional alude a la relación de las 24 mensualidades con el monto de
la pensión de invalidez permanente total que le correspondería al asegurado
(tesis interpretativa 2), no reduce el monto de la pensión, con lo cual se le
permite gozar de condiciones mínimas que garantizan una vida digna, por el
tiempo determinado que cubra el único pago de esta modalidad de pensión, de
cara a la disminución de su capacidad para trabajar, producto de su enfermedad
profesional o accidente profesional.
57. En
consecuencia, en virtud del principio pro
persona, este Tribunal Constitucional considera que, ante la
indeterminación sobre el significado que corresponde asignarle a la expresión en
forma proporcional, se verifica que el criterio interpretativo que considera que la expresión en forma proporcional alude a la relación de las 24 mensualidades con
el monto de la pensión de invalidez permanente total que le
correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2), es más favorable para el
pensionista. Ello debido a que garantiza en mayor medida que el asegurado
acceda a un mayor monto de pensión, sin reducciones, con lo cual se le
garantice gozar de condiciones mínimas ante cualquier contingencia, por el
tiempo que cubra el único pago de dicha pensión.
58. En suma, este Tribunal
Constitucional concluye que la tesis interpretativa que más optimiza el derecho
a la pensión, coadyuva en mejor medida a garantizar la cláusula de Estado
social, y más se adecúa al principio pro persona, es la tesis interpretativa que considera
que la expresión en
forma proporcional alude a la
relación de las 24 mensualidades con el monto de la pensión de invalidez
permanente total que le correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2).
59. Sobre
el particular, dicho criterio interpretativo optimiza el derecho a la pensión
toda vez que no reduce el monto de la pensión. Adicionalmente, esa tesis
coadyuva a la garantía de la cláusula de Estado social, en la medida que
promueve una mayor garantía en las personas con discapacidad menor al 50 % a
causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Finalmente, en virtud del principio pro
persona, la referida interpretación prevalece frente a la otra postura que
implica una reducción en el monto de la pensión, ya que garantiza en mayor
medida que el asegurado acceda a un mayor monto de pensión.
60. Finalmente, este Tribunal Constitucional, en
atención al principio de fuerza normativa de la Constitución, estima que la
expresión “en forma proporcional”, consignada en el artículo 18.2.4) del
Decreto Supremo 003-98-SA, debe aludir a la relación entre las 24 mensualidades
y el porcentaje de menoscabo de la discapacidad permanente total que le
correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2). El principio de fuerza normativa de la Constitución impone la obligación
de que la interpretación constitucional se oriente a relevar y respetar la
naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto, y que alcanza a todo poder público (incluido el Tribunal
Constitucional) y a la sociedad[16].
La tesis interpretativa 2 se encuentra más adecuada o conforme a la
Constitución y materializa su fuerza normativa, pues garantiza en mayor medida
el derecho a la pensión, la cláusula de Estado social y el principio pro persona, los cuales se encuentran reconocidos por el texto constitucional.
61. Por cierto, vale mencionar que en diversas
ocasiones este Tribunal, al resolver las causas, ha preferido aquellas
disposiciones o normas que favorecían más al justiciable (STC 03324-2021-PHC/TC,
STC 02561-2012-PA/TC, entre otras). Dado que el Tribunal es el supremo
intérprete de la Constitución y máximo garante de los derechos fundamentales,
conforme al artículo 201 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, prefiere la aplicación de la tesis interpretativa
2 expuesta supra, pues se encuentra más conforme con lo que la
Constitución garantiza y está en la línea de lo que jurisprudencialmente se ha
realizado frente a disposiciones con diversas normas, que viene a ser la
elección del criterio que más favorece el derecho del justiciable.
d)
Análisis del caso concreto
62. En el presente caso, el actor solicita que
se le otorgue pensión de invalidez parcial permanente inferior al 50 %,
conforme a lo establecido en el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA,
sin incluir en el cálculo el porcentaje de menoscabo de discapacidad que
adolece.
63. Al respecto, en el artículo 18.2.4) del Decreto
Supremo 003-98-SA, se ordena pagar pensión de invalidez para las personas que
padecen de discapacidad parcial permanente inferior al 50 %, a causa de
accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se establece que, si se tiene
invalidez parcial menor del 50 %, pero igual o mayor del 20 %, se dará por
única vez el “equivalente a 24 mensualidades de
pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una
Invalidez Permanente Total”.
64. Como se mencionó supra, corresponde considerar que
la expresión forma proporcional alude a la relación de las 24
mensualidades con el monto de la pensión de invalidez permanente
total que le correspondería al asegurado (tesis interpretativa 2), puesto que optimiza más el
derecho a la pensión, coadyuva en mejor medida a garantizar la cláusula de
Estado social, más se adecúa al principio pro persona y materializa el
principio de fuerza normativa de la Constitución.
65. En el presente caso, de la
Liquidación de siniestro y orden de pago N° 77060282, de fecha 12 de octubre de
2009 (f. 3), se abonó como indemnización al recurrente la suma de S/
13, 137.43. La parte demandada ha admitido en la secuela del proceso
administrativo (f. 10) y del presente proceso que en dicho cálculo de la
pensión de invalidez parcial permanente aplicó el porcentaje de menoscabo de
discapacidad que adolece el asegurado, el cual es menor del 50 % (f. 86).
66. Siendo así, se advierte que la parte demandada
aplicó la tesis interpretativa 1 expuesta supra, que considera que la expresión “en forma proporcional” se refiere al porcentaje
de menoscabo de la discapacidad del asegurado, con lo cual incorporó un nuevo
valor al cálculo de la pensión, lo que tuvo como consecuencia la reducción del
monto de la pensión del actor.
67. En tal sentido, este Tribunal Constitucional
considera que la parte demandada vulneró el derecho a la pensión del actor,
toda vez que el artículo 18.2.4) del Decreto Supremo 003-98-SA, no
implica aplicar el porcentaje del menoscabo de discapacidad del asegurado en el
cálculo de la pensión, pues la expresión en forma proporcional alude a la relación de las 24 mensualidades con el
monto de la pensión de invalidez permanente total que le correspondería
al asegurado (tesis interpretativa 2). Ello debido a que, conforme a lo
expuesto supra, con esta tesis interpretativa se optimiza más el
derecho a la pensión, se coadyuva en mejor medida a garantizar la cláusula de
Estado social, se adecúa más al principio pro persona y materializa el
principio de fuerza normativa de la Constitución.
68. Por consiguiente, habiendo quedado acreditado en
autos que se vulneró el derecho a la pensión del demandante, la emplazada debe
volver a calcular la pensión de invalidez parcial permanente por enfermedad
profesional menor al 50 % del actor, aplicando la tesis interpretativa adoptada
en este voto (tesis interpretativa 2), lo que implica multiplicar 24
mensualidades por el monto de la pensión de invalidez permanente total que le
correspondería al asegurado, sin incorporar su porcentaje de menoscabo de discapacidad
en el cálculo, de acuerdo con lo desarrollado en los
fundamentos supra; abonando los intereses legales y costos procesales
que correspondan.
Por lo expuesto, considero que la demanda debe ser declarada FUNDADA, y ORDENAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. recalcular la indemnización por enfermedad profesional de acuerdo a lo previsto en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo 003- 98-SA, sin tomar en consideración para el cálculo, el grado de menoscabo de discapacidad del asegurado, conforme a los lineamientos indicados en los fundamentos del presente voto, con el abono de los intereses legales y los costos procesales.
S.
GUTIÉRREZ TICSE