Sala Primera. Sentencia 121/2024
EXP. N.°
00062-2023-PHC/TC
SULLANA
JULIO CÉSAR SAAVEDRA GUERRERO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Dávalos Vásquez en representación de don Julio César Saavedra Guerrero contra la resolución de foja 134, de fecha 7 de diciembre de 2022, expedida por la Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 27 de setiembre de 2022, don Julio César Saavedra Guerrero interpuso demanda de habeas corpus y la dirigió contra don Rudy Ángel Espejo Velita, juez del Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Sullana; y contra los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, magistrados Castillo Gutiérrez, Palomino Calle y Holguín Aldave[1]. Denuncia la vulneración de los derechos de defensa, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal.
Don Víctor Raúl Dávalos Vásquez solicita que se declare la nulidad de lo siguiente: (i) la sentencia, Resolución 27, de fecha 26 de abril de 2022[2], mediante la cual se condenó a don Julio César Saavedra Guerrero a seis años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada; y (ii) la Resolución 34, de fecha 1 de agosto de 2022[3], que confirmó la sentencia condenatoria[4]; y que, como consecuencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral por un colegiado imparcial.
El recurrente refiere que el procurador público municipal de la Municipalidad Provincial de Talara formuló denuncia penal en contra del beneficiario por el delito de peculado y falsificación de documentos[5], por hechos acaecidos en la obra Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la vía que une la urb. Luis Negreiros Vega y la urb. Felipe Santiago Salaverry II etapa – distrito de Pariñas – provincia de Talara. Sin embargo, el Ministerio Público formuló acusación por la comisión del delito de colusión desleal agravada, acto que lesionó su derecho de defensa, dado que no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas de descargo por la desvinculación que formuló la fiscalía. Sostiene que la desvinculación realizada por el Ministerio Público solo podía darse si con ello se favorecía al imputado. Además de que no se respetaron los requisitos para aplicar tal institución procesal. Señala que los emplazados han inaplicado el Acuerdo Plenario 004-2007/CJ-116.
Por otro lado, expresa que el requerimiento acusatorio de fecha 21 de enero de 2020, la sentencia condenatoria, así como su confirmatoria, no cumplen con el principio de subsunción, toda vez que no concurren con los presupuestos normativos del delito de colusión desleal agravada, pues el Ministerio Público postula que el delito se habría producido en la etapa de ejecución contractual. Los hechos se sustentan en que con fecha 5 de diciembre de 2012, la Municipalidad Provincial de Talara y la empresa JUSAPERU Inversiones EIRL, suscribieron el contrato de ejecución de obra 056-12-12-MPT, como consecuencia de la Licitación Pública 015-2012-CE-LP/MPT, pero la colusión desleal agravada que postula el Ministerio Público y que fue materia de condena, no fue por actos preparatorios al proceso de selección, ni durante el proceso de licitación pública 015-2012-CE-LP/MPT, sino supuestamente en su ejecución contractual.
El Ministerio Público imputó el delito de colusión desleal agravada, en razón de que el actor habría concertado con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Talara para defraudar a dicha entidad; específicamente se habría coludido con el supervisor de la citada obra, don Víctor Manuel García Azañedo, profesional que habría elaborado tres informes respecto del avance de la ejecución de la mencionada obra y que permitieron la cancelación del costo a pesar de que se encontraba inconclusa. Sin embargo, la relación contractual con la citada municipalidad se inicia el 30 de enero de 2013. Por ende, no concurre la concertación para defraudar al Estado por cuanto el citado supervisor no tenía dominio del hecho, ni dominio funcional y tampoco tuvo relación contractual válida con la entidad agraviada a la fecha de la emisión de las tres valorizaciones de avance de obra, salvo el perjuicio económico que podría configurar el hecho de que no se haya cumplido con la culminación final de la citada obra que podría configurar posible responsabilidad civil por incumplimiento del contrato de obra o presunto delito de apropiación ilícita.
Por su parte, alega que la sentencia de vista repite la misma infracción, pues se le imputa la concertación con un funcionario del ente edil defraudado, quien no tenía relación contractual con la entidad supuestamente agravada. En este sentido, arguye que no existe indicio alguno ni elemento de convicción que acredite que entre el actor y el funcionario edil hubo concertación. Además, que la sentencia de vista contiene una errónea interpretación de los medios de prueba actuados en el juicio oral y un evidente desconocimiento del Código Civil, sobre la vigencia de los contratos de locación de servicios, así como de la Ley de Contrataciones del Estado, pues, un incumplimiento contractual, no puede significar el delito de colusión desleal agravada.
Finalmente, alega que en el requerimiento acusatorio se señala que la imputación fue porque habría concertado con el supervisor a fin de que dicho profesional no observe los datos falsos respecto del avance de la obra en tan solo cinco días. Sin embargo, la sentencia en los numerales 6.3 al 6.19 incorpora hechos que no han sido materia de acusación al señalar que él se coludió con el supervisor de la obra, don Víctor Manuel García Azañedo, para obtener el pago del 100 % del precio de la obra.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 27 de setiembre de 2022[6], declaró la incompetencia territorial y dispuso la remisión de los actuados al Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
El Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Sullana, mediante Resolución
1, de fecha 29 de setiembre de 2022[7],
admitió a trámite la demanda de habeas corpus.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda de habeas corpus[8] y solicitó que sea declarada improcedente. Argumenta que el demandante en puridad pretende el reexamen de las pruebas, ya valoradas por los jueces ordinarios. Agrega que la motivación efectuada por los magistrados demandados cumple con los estándares de motivación, por cuanto la responsabilidad del demandante, determinada en el proceso penal, ha sido el resultado de la actuación probatoria y aspectos periféricos y concomitantes desarrollados.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Sullana, mediante sentencia Resolución 3, de fecha 17 de octubre de 2022[9], declaró improcedente la demanda de habeas corpus. Considera que la sentencia condenatoria cumple con el principio de subsunción, pues indica cuál sería la prueba que acredita la concertación que habría existido entre el acusado y el funcionario edil. Por otro lado, alega que los cuestionamientos que plantea en la demanda constitucional han sido materia de apelación y pronunciamiento en la sentencia de vista en el considerando 36 y 37. Finalmente, sobre el cuestionamiento a la motivación de las decisiones judiciales, expresa que las resoluciones judiciales cuestionadas han sustentado debidamente la decisión, dadas las pruebas actuadas en el proceso.
La Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Sullana confirmó la sentencia apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del
petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria contenida en la Resolución 27, de fecha 26 de abril de 2022, mediante la cual se condenó a don Julio César Saavedra Guerrero a seis años de pena privativa de la libertad, por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada y su confirmatoria la Resolución 34, de fecha 1 de agosto de 2022; y que, en consecuencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral, por un colegiado imparcial.
2. Se alega la vulneración de los derechos de defensa, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal.
Análisis del caso
3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.
4. Conviene recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de habeas corpus.
5. En el caso de autos, este Tribunal considera que determinados extremos de la demanda deben ser desestimados, puesto que del contenido de la demanda se verifica que el demandante si bien denuncia la afectación de sus derechos constitucionales, esencialmente, la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en puridad cuestiona aspectos de subsunción penal, valoración probatoria y de responsabilidad penal. En efecto, el actor cuestiona la existencia de concertación, pues sostiene que no hubo acuerdo para defraudar al Estado, aunado a que el actor no tenía dominio del hecho, ni dominio funcional ni tampoco tuvo relación contractual válida que lo vincule con los hechos; y que, en todo caso, tendría responsabilidad civil por incumplimiento de contrato, pero no penal. Asimismo, expresa que no se ha acreditado la concertación con un funcionario, y que la sentencia de vista contiene una errónea interpretación de los medios de prueba actuados en el juicio oral y un evidente desconocimiento del Código Civil, sobre la vigencia de los contratos de locación de servicios, cuestionamientos que exceden el objeto de protección del proceso de habeas corpus.
6. De otro lado, el recurrente cuestiona el hecho de que el procurador municipal de la Municipalidad Provincial de Talara haya formulado denuncia penal en contra del beneficiario por el delito de peculado y falsificación de documentos y que el representante del Ministerio Público formulara acusación por el delito de colusión desleal agravada.
7. El Ministerio Público como titular de la acción penal, ante las denuncias que se presentan, previo análisis correspondiente puede subsumir la conducta imputada en determinado delito. Además, conforme lo ha establecido este Tribunal, el principio acusatorio sanciona que cualquier persona sea condenada por un hecho distinto al acusado por el Ministerio Público, razón por lo que la calificación jurídica diferente realizada por el Ministerio Público respecto de la denuncia presentada, no configura afectación alguna del principio acusatorio.
8. Por consiguiente, la reclamación del recurrente en estos extremos no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Sobre el Principio
de Congruencia o Correlación entre lo acusado y lo condenado
9. El principio acusatorio constituye un elemento del debido proceso que imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad (sentencia recaída en el Expediente 02005-2006-PHC/TC). Por eso, si el proceso penal continúa pese a que el representante del Ministerio Público en doble instancia decide no acusar, entonces ello resultaría vulneratorio del principio acusatorio.
10. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Principio de Congruencia o Correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal (tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público, en virtud de su competencia postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe precisar que el juez se encuentra premunido de la facultad para poder apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio (sentencias recaídas en los expedientes 02179-2006-PHC/TC y 00402-2006-PHC/TC).
11. El derecho de defensa reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos (Sentencia 1230-2002-HC/TC).
12. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que "la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión [...]"[10].
13. El recurrente también plantea como cuestionamiento al principio acusatorio el hecho de que el Ministerio Público haya variado el delito que fue materia de investigación, pues el requerimiento acusatorio de fecha 21 de enero de 2020 postula que el delito se habría producido en la etapa de ejecución contractual. Agrega que la sentencia condenatoria ha incluido hechos no postulados por el fiscal en los numerales 6.3 al 6.19. Además, la sentencia condenatoria, así como su confirmatoria, no cumplen con el principio de subsunción, toda vez que no concurren con los presupuestos normativos del delito de colusión desleal agravada.
14. Este Tribunal aprecia de autos lo siguiente:
a) De la sentencia condenatoria, los hechos que fueron materia de acusación fueron los siguientes:
“II.
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SUSTENTA LA ACUSACION FISCAL (ORALIZADA EN EL
PLENARIO)
2.1 TEORÍA DEL CASO: El representante del Ministerio
Público, imputa a los acusados CESAR EDUARDO NOVOA CORNEJO, como autor del
delito contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión Agravada en
agravio del Estado; y a VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑEDO y JULIO CESAR SAAVEDRA
GUERRERO, como cómplices primarios del delito contra la Administración Pública
en la modalidad de Colusión Agravada en agravio del Estado; sindicándoles que
mediante el contrato de ejecución de obra N°
056-12-12-MPT, de fecha 05-12- 2012, se suscribió un contrato con la empresa
JUSAPERU INVERSIONES E.I.R.L, con la Municipalidad Provincial de Talara, para
la ejecución de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad
vehicular y peatonal de la vía que une la Urb. Luis Negreiros Vega y la Urb.
Felipe Santiago Salaverry II Etapa - distrito de Pariñas - Provincia de
Talara", por el monto contractual ascendente a la suma de S/. 2'421,909.30
Soles; dicha obra tuvo como plazo de ejecución, noventa días (90] días
calendarios, la cual se iniciaría el 07-12-2012 y debía culminar el 06-03-2013,
sin embargo, de la ejecución de dicha obra, se ha logrado advertir una serie de
irregularidades, en primer lugar, respecto a la supervisión de la obra, estuvo
en primer lugar a cargo del Ingeniero Víctor Manuel García Azañedo
y el CONSORCIO B & B, siendo cronológicamente que el ingeniero Víctor
Manuel García Azañedo, elaboro tres informes respecto
del avance de la referida obra, en primer lugar el Informe N°
02-01-2013-VMGASO/MDEA, remitiendo la valoración N°
01 por el importe de S/ 1'454,132.46 soles, por el avance físico de la obra,
por porcentualmente hablando, del 60.40%, luego remite el informe N° 02-01-2013-VMGA-SO/MDEA, remitiendo la valoración N 02
por el importe de S/326,329,46 soles, por el avance físico de la obra del
13.47%; luego el Informe N" 021-03-2013/PSCR/MPT, remitiendo la valoración
N" 03 por el importe de S/ 641.447.39 soles, por el avance físico de la
obra al 26.49%. Dichos informes permitieron la cancelación de la obra, a pesar
que la obra se encontraba inconclusa. Asimismo, se señala que el acusado
Julio Cesar Saavedra Guerrero, habría adulterado la firma del supervisor de la
obra en el cuaderno de obra para poder sorprender a la entidad.
(…)
EL INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA ING.
JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO y representante legal de la empresa JUSAPERU EIRL
mediante asiento N" 106, de fecha 06-02-2013, solicita a la supervisión
del ING. VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑEDO, vía cuaderno de obra que nombre la
comisión de recepción de obra indicando que la obra ha sido culminada al 100%
lo cual demuestra una irresponsabilidad absoluta en el cumplimiento de sus
funciones ya que la obra se encuentra INCONCLUSA como se demuestra en el álbum
fotográfico y planos periciales.(…) Se comprueba
que el Ingeniero Residente de obra (JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO) sustentó
valorizaciones con partidas no ejecutadas en el avance de obra, como se
desprende de la inspección y constatación física realizada en obra el día 25 de
noviembre de 2016 Las valorizaciones presentadas por el residente de obra Ing.
JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO, quien fue además el titular Gerente de la
Empresa Contratista JUSAPERU INVERSIONES EIRL contenían AVANCES DE EJECUCIÓN DE
OBRAS IRREALES y fueron aprobadas y autorizadas por el SUPERVISOR de obra ING
VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑEDO quien NO REALIZO observación en alguna de las tres
valorizaciones de obra presentadas por el contratista, tampoco comprobó en campo
la realidad de los avances de obra ejecutados. Se concluye que las
valorizaciones no contenían el avance físico real de la ejecución de la obra
denominada "Mejoramiento de la Transitabilidad
vehicular y Peatonal de la vía que une la Urb. Luis Negreiros y la Urb. San
Felipe Salaverry II Etapa, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara-
Piura", por lo que se determina que: Los Fondos Públicos pagados
indebidamente (...). El total del perjuicio causado por la empresa contratista
JUSAPERU INVERSIONES EIRL en el patrimonio de la entidad asciende (...) por el
importe de S/ 814,932.08 soles.
(…)
Con respecto al imputado JULIO CESAR
SAAVEDRA GUERRERO, en su calidad extraneus, representante
legal de la empresa JUSA PERU EIRL e ingeniero residente, respecto de ésta
persona, debemos precisar que en primer lugar como Representante Legal de la
Empresa contratista, habría concertado con el Ingeniero Supervisor para que
éste no hiciera observación alguna ante los datos evidentemente falsos,
respecto del avance del 60% de la obra en tan solo 3 días, y los funcionarios
acusados de la Sub Gerencia de Infraestructura y la Gerencia de Desarrollo
Territorial, quienes lejos de cumplir sus labores y salvaguarda los intereses
de la Municipalidad, continuaron con el trámite de tan ilógica solicitud de
pago del avance de un 60% en tanto solo 03 días lo que permitió que el extraneus reciba más de UN MILLON DE SOLES EN TAN SOLO 5
DÍAS. (…)
(…)
2.2 PRETENSION
PENAL: El representante del Ministerio Público, señalo que la conducta
incurrida por los acusados CESAR EDUARDO NOVOA CORNEJO, en calidad de autor y
VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑEDO y JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO, en calidad de
cómplices primarios, por la comisión del delito de Colusión Agravada, previsto
en el artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado. Por lo cual,
solicita se les imponga a los acusados, la pena de NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD-EFECTIVA.
(…)
VI.
MATERIAS CONTROVERSIALES, CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS QUE SURGEN DEL JUICIO ORAL Y
VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL CASO EN CONCRETO.
(…)
6.16 La participación de los acusados
JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO, como representante de la contratista y como
Residente de obra se da en todo el proceso que es materia de investigación,
donde incluso dicho procesado informa en su calidad de residente de obra que la
obra se ha culminado al 100% cuando en la realidad no fue así, defraudando por
ello al aparato estatal; asimismo, el acusado VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑERO,
intervino como pseudo supervisor en las Valorizaciones N" 01 y 02, cuando
realmente no lo tenía en ese momento, habiéndose demostrado que incluso
intervino hasta la formulación de la tercera valorización, si bien es cierto no
remitió el informe de valorización al área de infraestructura, no es menos
cierto que si tomo conocimiento del informe evacuado por su co
procesado SAAVEDRA GUERRERO, sobre esta ultima
valorización ya qué el mismo fue dado el día 20MAR13 y además en el cuaderno de
obra figura su firma o suscripción dando fe a lo que había suscrito el
residente, siendo inerte su argumento que no le corresponde a su firma ya que
no existe prueba idónea que determine tal hecho, mas
aun cuando este procesado no se determina en forma clara hasta que fecha ejerció
la función real como supervisor en la obra materia de juzgamiento, por ende
también con su accionar al haber brindado informe al área de infraestructura,
valorizaciones N 01 y 02 con trabajos que en la realidad no se habían
ejecutado, defraudando al estado; por último el procesado CESAR NOVOA CORNEJO»
en su calidad de Sub Gerente de Infraestructura de la Municipalidad de Talara,
avalo la participación del acusado GARCIA AZAÑEDO, en la obra materia de autos
cuando este procesado aun no tenía contrato ni nombramiento como Supervisor
para emitir las valorizaciones N° 01 y 02, del mismo
modo se ha demostrado que si tenía conocimiento del no nombramiento o
contratación de dicho procesado GACIA AZAÑEDO, como supervisor de la obra en
cuestión, ya que mediante Informe N°
17-01-2013-SGIN-MPT de fecha 14ENE13 requirió a la Gerencia de Desarrollo
Territorial de la Municipalidad de Talara la contratación del procesado GARCIA
AZAÑERO, como supervisor de la obra materia de autos, (y) indicando en dicho
requerimiento el monto a pagarse y la fecha de inicio y fin del contrato
(06DIC12 al 05MAR13), demostrándose con ello su injerencia en los presentes
actuados en forma dolosa e interesada, defraudando con su accionar a la entidad
edil.
(…)
6.19 En este orden de ideas respecto al
delito de COLUSION AGRAVADA se tiene que los acusados JULIO CESAR SAAVEDRA
GUERRERO, VICTOR MANUEL GARCIA AZAÑERO y CESAR NOVOA CORNEJO, con su accionar
al haber defraudado, al estado dando pie al desembolso de dinero por obras no
ejecutadas, han incurrido en dicho ilícito adecuándose plenamente su conducta a
lo establecido en el segundo párrafo del art. 384° del Código Penal, siendo
pasibles a la imposición de una pena al no concurrir ninguna causa de
justificación a su favor.”
15. De fojas 13 se tiene la sentencia de vista de fecha 1 de agosto de 2022, que señala lo siguiente:
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACION
(…)
LA
DEFENSA DEL SENTENCIADO JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO EN SU ESCRITO DE
APELACIÓN HA FUNDAMENTADO CONCRETAMENTE LO SIGUIENTE:
7. Nótese que la fiscalía acusó a mi
defendido de coludirse con el Supervisor para recibir el pago del 60% del valor
de la obra. Y este acuerdo versaba en la aprobación de la valorización N° 01. Sin embargo, en la sentencia impugnada se Incrementa
el factum y se concluye condenando por hechos
adicionales: valorizaciones N''02 y 03.
8. La logicidad
del razonamiento judicial respecto de la condición de Manuel García Azañedo: ¿un seudo supervisor que es intraneus funcionario-
por un contrato con efecto retroactivo? En la sentencia el juzgador realizó
estas peculiares operaciones: Modificó el título de intervención delictiva de
Manuel García Azañedo: en la acusación figuró como -extraneus-cómplice primario y en la sentencia fue
considerado y condenado por ser autor del delito de colusión. Reconoció que
cuando se ejecutó el pacto colusorio el autor, no era intraneus: el decisor
dejó expresamente señalado que García Azañedo,
"al inicio de la ejecución de obra no tenía la condición de supervisor, ya
que recién su contrato fue suscrito el 30 de enero del 2013...".
9. Un segundo vicio de motivación: la
incomprensible fijación del resultado lesivo típico, en tanto, el perjuicio
patrimonial ha sido arbitrariamente establecido. (…)
10.
La prueba actuada en Juicio tiene defectos irremediables que la hacen, en
conjunto, una masa informativa incapaz de promover una validación racional de
la imputación fiscal.
(…)
12. Como notamos en la aplicación de la
pena el juez: No discriminó entre los autores y yo, el cómplice. La única
circunstancia atenuante fue no tener antecedentes. Esta decisión no coincide
con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente R.N.
66-2016, Ucayali en referencia a la ponderación de la pena para un extraneus.
(…)
VII.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
(…)
REPUESTA
A LA DEFENSA DEL SENTENCIADO JULIO CESAR SAAVEDRA GUERRERO A SU ESCRITO DE APELACIÓN
36. En principio la defensa sostiene que,
la fiscalía acusó a su defendido de coludirse con el supervisor de obra para
recibir el pago del 60.40% del valor de la obra. Y este acuerdo consistía en la
aprobación de la valorización lera. Sin embargo, en la sentencia impugnada se
incrementa el factum y se concluye condenando por
hechos adicionales: valorizaciones 2da y 3era.
37. Al respecto se debe precisar que tal
alegación no se ajusta a la verdad, en la acusación en el punto IV RELACIÓN
CLARA Y PRECISA DEL HECHO ATRIBUIDO AL IMPUTADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS
PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES, se lee:
Siendo que la persona de Víctor Manuel García
Azañedo elaboro tres Informes respecto del avance de
la referida obra (informe número 02- 01-2013-VMGA-SO/MDEA, remitiendo la
valoración No 01 por el importe de SI. 1 '4542132.46 soles por el avance físico
de la obra al 60.40%, Informe NO 02-012013-VMGA-SO/MDEA, remitiendo la
valoración No 02 por el importe de s/. 326,329.45 por el avance físico de la obra
al 13.47%; el Informe número 021-03-2013/PSCR/MPT, remitiendo la valoración No
03 por el imparte de S/. 641.447,39 soles por el avance físico de la obra al
26.49%). Dichos informes permitieron la cancelación de la obra, a pesar que la
obra se encontraba incompleta. Asimismo, [se] señala que el Investigado Julio
Saavedra Guerrero, adulteró la firma del supervisor de la obra en el cuaderno
de obra para poder sorprender a la entidad y realizar los cobros antes
mencionados, con anuencia de los denunciados.”
38. En segundo lugar, sostiene la defensa que, no hay logicidad en el razonamiento de la sentencia, el juzgador
modificó el título de intervención delictiva del acusado Manuel García Azanedo, pues en la acusación figuraba como -extraneu- cómplice primario; pero en la sentencia, se le ha
condenado como autor del delito de colusión.
39. En cuanto a este cuestionamiento que efectúa la defensa. En
primer lugar, que lo alegado sobre el título de imputación corresponde a otro
imputado no al título de imputación del apelante, por lo que no existe agravio
para este; en consecuencia, su alegación no tiene lugar. No obstante, se debe
precisar que el juez sí está facultado para variar el título de participación;
sin embargo, tiene una obligación inquebrantable de fundamentarla''; y en
efecto el juez ha fundamentado la variación del título de imputación de Víctor
Manuel García Azañedo en el punto 6.18 de la sentencia
a la cual nos remitimos. Además, que ha sido uno de las cuestiones probatorias
ampliamente debatida en el plenario, la extemporaneidad de la firma del
contrato de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Talara
y el encausado Víctor Manuel García Azañedo como
supervisor de obra.
(…)
43. Con relación a esta
afirmación que efectúa la defensa, se tiene que no puntualiza cuáles son esas
contradicciones o inexactitudes en cada una de las declaraciones de los peritos
y de los testigos, se limita a esbozar sólo generalidades. Además, respecto al
cuestionamiento de la prueba personal: declaración de testigos y examen de
peritos, en esta instancia no se ha presentado ni actuado nueva prueba que ponga
en cuestión lo que han afirmado los peritos y testigos, para que así esta
superior sala le dé un valor diferente, conforme a lo que prescribe el artículo
425° Inciso 2° del Código Procesal Penal. La prueba personal (peritos y
testigos) fueron examinados por el juez de primera instancia y función a ello
ha fundado la sentencia recurrida.
44. Finalmente sostiene la
defensa que, en cuanto a la aplicación de la pena el juez no ha diferenciado
entre autores y cómplices, su patrocinado tiene la condición de cómplice sin
embargo le ha impuesto la misma pena de los autores, solo ha mencionado como circunstancia
atenuante que no tiene antecedentes. Tal decisión no coincide con lo dispuesto
por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente Expediente R.N. 66-2016,
Ucayali en referencia a la ponderación de la pena para un extraneus.
45. Con respecto a este
argumento de la defensa, en primer lugar, se debe precisar que conforme a lo
que prescribe el artículo 25° del Código Penal, el cómplice primario responde
con la misma pena del autor. En segundo lugar, se tiene que el juez observando
lo que prescribe el artículo 54-A del Código Penal, al fijar la pena en el
tercio Inferior, imponiendo la pena mínima. Es decir, no existe ninguna
atenuante que le permita al juez poner una pena por debajo del mínimo legal; por
tanto, la dosificación de la pena se encuentra arreglada a ley.”
16. Este Tribunal aprecia de la sentencia de fecha 26 de abril de 2022, que los hechos imputados al actor se han mantenido incólumes e inalterables durante el proceso, además de advertir que se han detallado los actos concretos que se imputan al demandante, los que han sido materia de acusación fiscal. En efecto, la acusación fiscal postula contra el actor que en su condición de ingeniero residente de la obra y representante legal de la empresa JUSAPERU EIRL, se coludió con el supervisor de la obra, ing. Víctor Manuel García Azañedo, para que nombre la comisión de recepción de obra indicando que la obra ha sido culminada al 100 %, pese a tener conocimiento de que ésta se encontraba inconclusa, razón por la que indebidamente obtuvo el pago por una obra no culminada, acto que defraudó y ocasionó un perjuicio al Estado; hechos sobre los cuales la sentencia condenatoria ha realizado un análisis y una valoración probatoria, arribando a la responsabilidad del actor, sin variar ni modificar los hechos inicialmente planteados. Es así que la sentencia condenatoria ha desarrollado en forma clara y precisa el pacto colusorio y ha establecido todas las etapas en las que se alteraron los resultados de los avances de la obra, por lo que, contrariamente a lo afirmado por el demandante, la acusación no solo imputó hechos relacionados a la ejecución de la obra, sino de todo su desarrollo.
17. Asimismo, se aprecia que el actor, al realizar su defensa, conocía claramente la imputación fáctica y jurídica imputada en su contra, sin realizar objeción respecto a alguna alteración u omisión respecto de la imputación realizada.
18. Así, también se aprecia de la sentencia de vista que en el punto III se desarrollan los mismos hechos materia de acusación y sentencia en primera instancia. Agregado a ello, la sentencia de vista, al dar respuesta a los agravios planteados por el demandante, fundamentos 36 al 44, ratifica la imputación realizada en contra del sentenciado y concluye que la imputación en contra del actor es clara y precisa, encontrando que existe suficiente caudal probatorio para determinar su responsabilidad penal.
19. Este Tribunal ha procedido a analizar cada una de las decisiones judiciales, y se verifica que la sentencia condenatoria ha sido emitida sobre la base fáctica y jurídica planteada por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, manteniendo incólumes los hechos y el tipo penal establecidos en la acusación fiscal. En efecto, de los actuados se verifica que no ha existido variación ni alteración de los hechos ni el tipo penal; además que, la decisión condenatoria se encuentra debidamente sustentada y respaldada en un amplio acervo probatorio.
20. Por otro lado, se aprecia que la sentencia de vista ha dado respuesta a cada uno de los agravios planteados en el recurso de apelación, cumpliendo con el estándar constitucional exigido en cuanto a la motivación de su decisión.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política,
HA RESUELTO
1.
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus, conforme a lo expresado
en los fundamentos 5 a 8 supra.
2.
Declarar
INFUNDADA la demanda de habeas corpus, al no haberse acreditado
la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
y del principio acusatorio.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
