AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2024, en sesión de Pleno Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez han emitido el presente auto. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTA

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra los incisos 1, 2, 3 y 4 de la Décima Disposición Complementaria y Final de la Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público del año 2024; y,

ATENDIENDO A QUE

1. La calificación de la demanda de autos, interpuesta con fecha 20 de marzo de 2024, debe basarse en los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) y en la doctrina jurisprudencial de este Tribunal.

2. El artículo 200, inciso 4, de la Constitución, y el artículo 76 del NCPCo, disponen que la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución por la forma o por el fondo.

3. Mediante la presente demanda se cuestiona la constitucionalidad de los numerales 1, 2, 3 y 4 incorporados en la Décima Disposición Complementaria y Final de la Ley 31955, “Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024”; en tal sentido, se ha cumplido el requisito impuesto por las normas indicadas supra.

4. En virtud del artículo 203, inciso 7, de la Constitución, y de los artículos 98 y 101, inciso 5, del NCPCo, los alcaldes provinciales se encuentran legitimados para interponer una demanda de inconstitucionalidad en materias de su competencia, para lo cual requieren del acuerdo previo de su concejo municipal y contar con el patrocinio de un letrado.

5. En la demanda de autos, se advierte que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha adjuntado el Acuerdo de Concejo 049 (Anexo 1-D obrante a fojas 41-42 del documento que contiene la demanda en el cuadernillo digital), de fecha 15 de febrero de 2024, donde el Consejo Metropolitano de Lima autoriza interponer la presente demanda contra los numerales 1, 2, 3 y 4 incorporados en la Décima Disposición Complementaria y Final de la Ley 31955.

6. Asimismo, se evidencia que la parte demandante actúa en el proceso con el patrocinio de un letrado y que la controversia guarda relación con las competencias reconocidas a favor de los gobiernos locales por el artículo 195 de la Constitución. En consecuencia, se cumplen los requisitos de procedencia y admisibilidad mencionados supra.

7. Por otra parte, el artículo 99 del NCPCo preceptúa que el plazo para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra normas con rango legal es de seis años contados a partir del día siguiente de su publicación. Al respecto, este Tribunal advierte que la Ley 31955 fue publicada el 6 de diciembre de 2023 en el diario oficial El Peruano (Anexo 1-E obrante a fojas 43-49 del documento que contiene la demanda en el cuadernillo digital). Por consiguiente, la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en la norma antes citada.

8. Se han cumplido también los requisitos establecidos en el artículo 100 del NCPCo, toda vez que en la demanda se ha identificado a las partes, precisando su domicilio, y se ha adjuntado la copia simple del

diario oficial El Peruano correspondiente a la fecha en que la ley fue publicada.

9. Antes de analizar los argumentos expuestos para la procedencia de la demanda, corresponde destacar que con fecha 24 de diciembre de 2023, se publicó la Ordenanza 2590, expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo artículo segundo dispone:

(…) Declarar inaplicable en la provincia de Lima, lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, en concordancia con lo establecido en el artículo primero de la presente ordenanza; por tanto, ratificar que toda obra que se ejecute en áreas, espacios y vías de administración metropolitana, requiere de las autorizaciones y/o permisos de las unidades orgánicas competentes, según el procedimiento administrativo aprobado mediante las ordenanzas precitadas y normatividad conexa. (Énfasis añadido).

10. Sin perjuicio del análisis sustantivo que se vaya a realizar al emitir sentencia, este Tribunal considera indispensable poner de relieve ahora que la publicación de la ordenanza no afecta la vigencia de la ley sometida a control, y debe también recordar que “entre las leyes ordinarias y las ordenanzas municipales no rige el principio de jerarquía normativa, sino el principio de competencia. Por consiguiente, en la medida en que ambos dispositivos comparten la misma jerarquía normativa, no se puede establecer entre ellos relaciones de tipo derogatorio, sino más bien de orden competencial (Sentencia 00006-2010-AI/TC, fundamento 12).

11. Estando a lo expuesto, queda claro que este Tribunal, como órgano de control de la Constitución, se encuentra facultado para analizar la constitucionalidad de los extremos impugnados de la Ley 31955.

12. En el presente caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima alega que los numerales 1, 2, 3 y 4 incorporados en la Décima Disposición Complementaria y Final de la Ley 31955 vulneran los artículos 43, 74 y 195, incisos 4, 6 y 8, de la Constitución, así como otras normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

13. En relación con los alegados vicios de forma, la parte demandante sostiene que la ley impugnada “vulnera el principio de especialidad, legalidad y reserva de ley, al regular materias ajenas al endeudamiento público” (foja 12).

14. La Municipalidad recurrente aduce que la norma impugnada habría “introducido inconstitucionalmente una exoneración a diversos tributos municipales a través de la Ley de Endeudamiento” (foja 13), lo cual, a su juicio, contradice el artículo 9 del Decreto Legislativo 1437. Además, advierte que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que dio origen a la ley cuestionada, no propuso la incorporación de la Décima Disposición Complementaria y Final de la Ley 31955.

15. Afirma que, si bien la Constitución ha previsto expresamente que los tributos se crean por ley, la obligación debe encontrarse en una ley específica, que satisfaga las exigencias propias de los principios constitucionales tributarios y del principio de razonabilidad y proscripción de la arbitrariedad.

16. En cuanto a los alegados vicios de fondo, la Municipalidad demandante sostiene que la norma cuestionada habría infringido lo establecido en los incisos 4, 6 y 8 del artículo 195 de la Norma Fundamental, puesto que invade competencias reconocidas constitucionalmente a los gobiernos locales, y vulnera, asimismo, la autonomía municipal, delimitada por el artículo 9 de la Ley 27783.

17. Asevera que la norma impugnada vulnera las competencias de la MML en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, para autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas áreas, ya que exonera de permisos y/o autorizaciones municipales al desarrollo de los proyectos de obra incorporados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), y se otorga a los concesionarios o contratistas facultades de establecer y comunicar el plan de desvíos.

18. La parte demandante arguye que la ley impugnada vulnera las competencias de la MML en materia de circulación y tránsito urbano de peatones y vehículos y para autorizar la interferencia de vías, cuyo ejercicio se encuentra relacionado con la garantía y protección del derecho de los ciudadanos a transitar libremente y sin obstáculos por las vías públicas.

19. Por otro lado, advierte que la disposición impugnada contraviene los artículos 6, 7 y 17 de la Ordenanza 1680-MML, la cual regula la gestión de la infraestructura vial en su ámbito territorial. Puntualiza que la expedición de la ordenanza se realizó de acuerdo con sus competencias establecidas en los artículos 195 y 198 de la Constitución; los artículos 42 y 45 de la Ley de Bases de la Descentralización; y los artículos 79 y 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

20. Finalmente, señala que las disposiciones impugnadas vulnerarían la movilidad, accesibilidad y seguridad vial de los usuarios en el área de influencia directa e indirecta de la ejecución del proyecto de la “Línea 2 del Metro de Lima” en el Cercado de Lima. Asegura que la vigencia la norma impugnada genera un impacto negativo, ya que la administración no estaría evaluando el plan de desvío vehicular, las áreas de cerramiento, la seguridad vial, los centros atractores y otros aspectos regulados mediante la Ordenanza 1680-MML.

21. Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 97 y siguientes del NCPCo, se debe admitir a trámite la demanda. En tal sentido, y por lo dispuesto por el artículo 105, inciso 1, del NCPCo, corresponde emplazar al Congreso de la República para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

VISTA

ATENDIENDO A QUE

RESUELVE

SS.