EXP. N.° 02093-2023-PA/TC
AUTO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Lima, 20
de noviembre de 2023
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Julio Torres Aliaga contra la resolución de fecha 6 de octubre de 2021[1], expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, declaró improcedente su demanda de amparo; y
ATENDIENDO A QUE
1. Con fecha 3 de febrero de 2020[2], el recurrente interpuso demanda de amparo contra el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de Crimen Organizado, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 37, dictada y notificada oralmente el 20 de diciembre de 2019[3], que declaró infundado su pedido de sobreseimiento de la acusación por el presunto delito de lavado de activos, así como todos los actos dictados con posterioridad[4]. Alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y de defensa.
2. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 11 de febrero de 2020[5], declaró improcedente de plano la demanda, fundamentalmente por considerar que lo que pretende el demandante es reabrir el debate de lo actuado en la fase de investigación preparatoria en el proceso penal que indica; que, sin embargo, el proceso de amparo no constituye una suprainstancia de la vía ordinaria para prolongar el debate.
3. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución del 6 de octubre de 2021, confirmó la apelada por similar fundamento.
4. En el contexto anteriormente descrito se evidencia que, en el presente caso, nos encontramos frente a un doble rechazo liminar de la demanda.
5.
Como ya se
ha señalado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta
válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la
carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de
un derecho fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que
admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del
dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No
obstante, el 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional
(Ley 31307), cuyo artículo 6 dispone que no cabe el rechazo liminar de la
demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.
6.
Asimismo, la Primera Disposición
Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional estableció que
las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los
procesos en trámite.
7.
En el presente caso, se aprecia que el
amparo fue promovido el 3 de febrero de 2020 y que fue rechazado liminarmente el 11 de febrero de 2020 por el Primer Juzgado
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Luego, con resolución de fecha 6 de octubre de 2021, la Primera Sala
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada.
8.
En tal sentido, si bien
el Nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba en vigencia cuando el Primer
Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Primera
Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la
Sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el
contrario, declarase su nulidad y ordenase la admisión a trámite de la demanda.
9.
Por lo expuesto, corresponde aplicar el
artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este
Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios
procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer
el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio,
esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación
de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora
vigentes.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
1.
Declarar NULA la resolución de fecha 11 de febrero
de 2020, expedida
por el Primer Juzgado Especializado en lo
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente su demanda; y NULA la resolución de fecha 6 de octubre
de 2021,
emitida por la Primera Sala Constitucional de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.
2.
ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la
primera instancia del Poder Judicial.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE