EXP. N.°
01351-2021-PA/TC
LIMA
ALEJANDRO RAMOS
REÁTEGUI
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 12 de julio de 2021
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Iris Crisálida Manzaneda Pineda, abogada de don Alejandro Ramos Reátegui, contra la resolución de fojas 59, de 8 de febrero de 2021, expedida por la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos.
FUNDAMENTOS
1.
En
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 29 de agosto de
2014, este Tribunal estableció, en el fundamento 49, con carácter de
precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin
más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente
están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, los cuales se presentan cuando:
a)
Carezca
de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b)
La
cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional.
c)
La
cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d)
Se
haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2.
En
este caso, el recurrente pretende que se declare la nulidad del auto de
calificación de 14 de septiembre de 2018 (f. 3), mediante el cual la Primera Sala
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República (Casación 23911-2017 Lima) declaró improcedente su recurso de
casación, tras considerar que se incumplieron los requisitos de procedencia
contemplados en el artículo 388, incisos 2 y 3, del Texto Único Ordenado del
Código Procesal Civil. Alega que cumplió con precisar y desarrollar
correctamente los fundamentos que sustentaron su recurso de casación, así como
su incidencia en la decisión impugnada y que por ello no correspondía declarar
su improcedencia. Ante ello denuncia la agresión de sus derechos fundamentales
a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la debida motivación
de las resoluciones judiciales.
3.
Al
respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que, según ha sido
reseñado en el fundamento precedente, el actor frente a la calificación
desfavorable de su recurso de casación por incumplimiento de los requisitos de
procedencia contemplados en el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil
se ha limitado a rebatir escuetamente lo sostenido en la resolución judicial
cuestionada, afirmando, sin más, que sí cumplió los aludidos requisitos de
procedencia. No obstante, cabe resaltar que el recurrente, en su recurso de
casación, se limitó a denunciar la infracción normativa del artículo 2, inciso
20, y del artículo 24 de la Constitución, sustentando dichas supuestas infracciones
normativas en que, tratándose de incrementos remunerativos, no cabe aplicar
plazo de prescripción y en que tampoco puede contravenirse el derecho de
petición bajo la supuesta cosa decidida, pues esta no es inmutable, ni
inimpugnable.
4.
En
su oportunidad, estos argumentos del recurso de casación fueron evaluados por
la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, la cual expresó las siguientes razones
para justificar su decisión de desestimar por improcedente el recurso de
casación interpuesto:
Octavo. Evaluada
las causales descritas del recurso, se advierte que no satisfacen los
requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código
Procesal Civil, es decir, cumplir con describir con claridad y precisión en qué
radica la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de la
infracción sobre la decisión impugnada, limitándose a citar las normas legales
que a su criterio se habrían infringido al expedirse el auto de vista, sin
exponer mayor fundamento que las respalde; pues no basta invocar la norma cuya
aplicación o interpretación al caso concreto se pretende, sino que debe
demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo
su aplicación o correcta interpretación modificaría el resultado del
juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos; en consecuencia, los cargos
descritos, deben ser declarados improcedentes (sic).
5.
En
opinión de esta Sala del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista del
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ninguna objeción
cabe censurar en el auto de vista cuestionado, pues la Primera Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República ha expuesto las razones de su decisión, esto es, ha analizado las
causales denunciadas y, tras dicho análisis, ha concluido que el recurso de
casación no satisface los requisitos de procedencia contemplados en el artículo
388, incisos 2 y 3, del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
6. En efecto, como se sabe, este Tribunal ha establecido que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley (Cfr. Expediente 08125-2005-HC/TC, sentencia de 14 de noviembre de 2005, fundamento 11). Asimismo, cabe recordar que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado (Cfr. Expediente 01230-2002-HC/TC, sentencia de 20 de junio de 2002, fundamento 11). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables.
7. Así las cosas, dado que no se cuestiona un supuesto vicio de motivación en el que pudiera estar incursa la sentencia casatoria objetada, sino que se pretende su reexamen, la demanda de amparo de autos incurre en la causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y la pretensión no tienen relación con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
8.
En
consecuencia, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la
causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia
emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde
declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y la participación de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, convocados para dirimir la discordia suscitada por los votos singulares de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, y con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
PONENTE SARDÓN DE TABOADA
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido con el sentido de lo resuelto por mis
colegas, pero considero necesario señalar lo siguiente:
1. Nuestra responsabilidad como
jueces constitucionales del Tribunal Constitucional peruano incluye
pronunciarse con resoluciones comprensibles, y a la vez, rigurosas
técnicamente. Si no se toma en cuenta ello, el Tribunal Constitucional falta a
su responsabilidad institucional de concretización de la Constitución, pues debe
hacerse entender a cabalidad en la compresión del ordenamiento jurídico
conforme a los principios, valores y demás preceptos de esta misma
Constitución.
2. En ese sentido, en la
sentencia se utiliza la noción de “contenido esencial” para hacer referencia a
una porción de cada derecho fundamental que “merece protección a través del
proceso de amparo”, a diferencia de otros ámbitos que, si bien forman parte del
derecho, no están incluidos su “contenido esencial” y, por ende, no merecerían
tutela a través del proceso de amparo, por tratarse de contenidos tienen origen
más bien en la ley (los llamados contenido “no esencial” o “adicional”).
3. Al respecto, conviene además
tener presente que en la jurisprudencia de este Tribunal se encuentra que la
expresión “contenido esencial” se ha usado de distinto modo. En especial, ha
sido entendida como límite infranqueable, determinado ab initio, para el legislador de los derechos fundamentales; como
un contenido iusfundamental que solo puede hallarse
tras realizar un examen de proporcionalidad; o como aquel contenido iusfundamental protegido directamente por la Constitución
que permite la procedencia del amparo, entre otros usos.
4. En lo que concierne al uso que
se le da en esta sentencia, dicha comprensión ha requerido que este órgano
colegiado establezca “listas” de contenidos iusfundamentales,
a través de las cuales el Tribunal instituye cuáles ámbitos del derecho
considera como parte del contenido esencial y cuáles quedan fuera. Esta
operación, qué duda cabe, es sumamente discrecional, y por ello, corre el
riesgo de devenir en arbitraria, máxime si nos encontramos ante derechos de
configuración legal como el derecho a la pensión. Además de ello, su
consecuencia es que se presentan casos en lo que algunos contenidos, los cuales
realmente forman parte del derecho, y por ende merecerían protección a través
del amparo, han quedado excluidos de esta posibilidad de tutela urgente pues no
fueron incluidos en la decisión del Tribunal Constitucional. Esto ha pasado,
por ejemplo, con respecto de algunas personas de edad avanzada, a quienes este
Tribunal ha tutelado su derecho a acceder a una pensión, pese a no encontrarse
dentro de los supuestos considerados como “contenido esencial” del derecho a la
pensión. Por el contrario, sigue excluyendo de tutela aquellos casos en los que
se demanda acceder a pensiones mayores de 415 nuevos soles, a pesar de que el “mínimo
vital” que en su momento justificó establecer la mencionada cifra, ha variado
notoriamente.
5. Al respecto, y como hemos
explicado en otras oportunidades, consideramos que esta noción de “contenido
esencial” suele generar confusión y no aporta mucho más que la noción de
“contenido de los derechos”, a secas. Téngase presente que, finalmente, la
expresión utilizada por el Código Procesal Constitucional es la de “contenido
constitucionalmente protegido” de los derechos.
6. En este sentido, consideramos
que casos como el presente podrían analizarse a partir del análisis sobre la relevancia constitucional del caso, fórmula
establecida en la STC 02988-2013-AA, tomando en consideración reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Allí se recordó que tanto el
artículo 5, inciso 1, como el artículo 38 del Código Procesal Constitucional
prescriben la improcedencia de la demanda si esta no está dirigida a la defensa
de ámbitos protegidos por derechos constitucionales. Con más detalle, se indicó
que su determinación requiere, básicamente 1 :
(1) Verificar que existe una norma de derecho constitucional
pertinente para el caso (es decir, una interpretación válida de disposiciones
que reconocen derechos constitucionales). Esto exige encontrar, primero, una
disposición (enunciado normativo) que reconozca el derecho fundamental
invocado, que puede ubicarse tanto en la Constitución, como en los tratados de
derechos humanos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o en la
jurisprudencia supranacional vinculante para el Estado peruano. Seguidamente,
será necesario establecer las normas (interpretaciones, significados) que se
desprendan válidamente de las disposiciones que reconocen derechos, de tal
forma que pueda reconocerse qué protege realmente el derecho invocado.
Ahora
bien, esto de ninguna forma descarta la posibilidad de que se tutelen derechos
constitucionales no reconocidos de modo expreso (derechos implícitos o no
enumerados); sin embargo, en tal caso será necesario vincular
interpretativamente el derecho invocado en la demanda con lo dispuesto en la
cláusula constitucional que reconoce los derechos fundamentales no enumerados
(artículo 3 de la Constitución 2).
Asimismo,
de lo anterior no se desprende que los derechos constitucionales de desarrollo
legal queden desprotegidos; al respecto, debe tenerse en cuenta que, en
general, los derechos constitucionales siempre son desarrollados, concretados o
actualizados por los jueces y el poder político (legislativo y administrativo),
sin que ello contradiga o disminuya su naturaleza iusfundamental.
Solo en caso que la legislación de desarrollo rebalse el ámbito
constitucionalmente protegido de un derecho, que se trate de derechos de origen
legal, o si el contenido del derecho merece protección en otra vía (lo que
corresponderá ser analizado a partir de otra causal de improcedencia) se
declarará improcedente la demanda 3.
(2)
Constatar que el demandante se beneficie de la posición jurídica amparada por
la norma iusfundamental encontrada. Es decir, luego
de analizado el ámbito protegido del derecho, debe determinarse si lo alegado
en la demanda (en la pretensión, en los hechos descritos) son subsumibles en el
ámbito normativo del derecho, describiéndose a estos efectos quién es el
titular del derecho (sujeto activo), el obligado (sujeto pasivo) y la concreta
obligación iusfundamental. En otras palabras, es
necesario acreditar la titularidad del derecho, más aun, la existencia de una
“relación jurídica de derecho fundamental” 4.
(3)
Finalmente, debe verificarse que la afectación o restricción cuestionada incida
en el ámbito protegido por el derecho invocado, cuando menos de modo preliminar
o prima facie, es decir, sin
necesidad de ingresar a analizar el fondo del caso. En efecto, a través de esta
causal de improcedencia no se trata de demostrar la existencia de una
intervención justificada o ilegítima (lo que solo se conocerá con certeza al
finalizar el proceso constitucional), sino de descartar que estemos ante un
caso de “afectación aparente”, en la medida que la lesión o amenaza, si bien
perturba de alguna forma intereses del actor, finalmente no incide en ningún
contenido constitucionalmente relevante.
7. Además de ello, debe tenerse
en cuenta que en algunos casos excepcionales este análisis de relevancia iusfundamental puede ser insuficiente; por ejemplo: cuando
la Constitución prevé excepciones al ejercicio del referido derecho; cuando la
interpretación que se hace de la disposición que reconoce el derecho es
irrazonable o absurda; cuando la demanda reivindica un contenido
manifiestamente ilícito y tal ilicitud no es puesta en duda; cuando la
titularidad del derecho requiere, de modo necesario, condiciones adicionales de
aplicación; cuando se busca tutelar un ámbito aparentemente protegido, pero que
el Tribunal Constitucional ha excluido expresamente en su jurisprudencia de
observancia obligatoria, entre situaciones que casuísticamente puedan
presentarse. En este supuesto, atendiendo al caso concreto, será necesario
tener en cuenta consideraciones adicionales al examen de tres pasos señalado supra, para determinar si lo alegado
hace referencia al contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado, y con ello resolver la procedencia de la demanda.
8. Consideramos que a partir de
este análisis puede determinarse, de manera ordenada y con coherencia
conceptual, si la afectación o la amenaza alegada en una demanda incide
realmente en el contenido protegido por el derecho fundamental invocado y, en
ese sentido, si prima facie merece
tutela a través de un proceso constitucional; prescindiéndose, pues, de
nociones equívocas como la de “contenido esencial”.
9. Esto, desde luego, sin
perjuicio de que casos auténticamente referidos al contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales que se invocan
finalmente puedan ser declarados improcedentes, en atención a las otras
causales de improcedencia contenidas también en el Código Procesal
Constitucional.
10. Asimismo, conviene hacer presente que en
el ordenamiento jurídico peruano la tutela procesal efectiva incluye al debido
proceso en sus diversas manifestaciones (y entre ellas, a la motivación de
resoluciones judiciales).
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con la potestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencia de mi colega magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente que disiento del precedente vinculante establecido en la STC 0987-2014-PA/TC, SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a continuación expongo:
El Tribunal
Constitucional como corte de revisión o fallo y no de casación
1. La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional en instancia de fallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia constitucional, dispuso la creación de un órgano ad hoc, independiente del Poder Judicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia plena de los derechos fundamentales.
2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías Constitucionales era un órgano de control de la Constitución, que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional para conocer, en vía de casación, de los habeas corpus y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no constituía una instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los derechos reconocidos en la Constitución.
3. En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus artículos 42 al 46, que dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha aplicado en forma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la tramitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos, procedimiento que, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales mencionados.
4. El modelo de tutela ante amenazas y vulneración de derechos fue seriamente modificado en la Constitución de 1993. En primer lugar, se amplían los mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo califica erróneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en
materia de procesos constitucionales de la libertad, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.
5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional "conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento". Esta disposición constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fundamentales, exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1), y "la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación", consagrada en el artículo 139, inciso 3.
6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países, en los cuales el acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la vía del certiorari (Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por un órgano supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que está en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se debe abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al peticionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado análisis de lo que se pretende, de lo que se invoca.
7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más efectivo medio de defensa de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la arbitrariedad.
El derecho a ser oído como
manifestación de la democratización de los Procesos Constitucionales de la
libertad
8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal Constitucional, desde su creación, es respetuosa, como corresponde, del derecho de defensa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se determinen sus derechos, intereses y obligaciones.
9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y oral, los argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que debe regir en todo proceso constitucional.
10. Sobre la intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías.
11. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses, que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría excluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los argumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada caso que resuelve.
12. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de defensa "obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo" 5, y que "para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables" 6.
Naturaleza Procesal del Recurso
de Agravio Constitucional
13. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.
14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la libertad la denominada "sentencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su verdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para "revisar" ni mucho menos "recalificar" el recurso de agravio constitucional.
15. De conformidad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del RAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega como un agravio que le causa indefensión.
16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su aplicación fórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos, requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a saber, identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo, convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría afectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en su manifestación de ser oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su respectiva demanda.
17. Por lo demás, mutatis mutandis, el precedente vinculante contenido en la STC 0987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (STC 02877-2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa, vías paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y cierto, etc.).
18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio constitucional.
19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y definitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial; especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al justiciable solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos.
20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una defensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o envilecida sin la protección judicial auténtica".
S.
FERRERO COSTA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI
Discrepo, muy
respetuosamente, de la decisión contenida en la resolución de mayoría.
Considero que si se opta por dictar en el presente proceso una sentencia
interlocutoria denegatoria, invocando el precedente vinculante contenido en la
STC Nº 00987-2014-PA/TC (conocido como precedente Vásquez Romero) y éste fuera
aplicable, no corresponde declarar improcedente el recurso de agravio
constitucional, sino entrar al fondo del asunto y evaluar la pretensión
contenida en la demanda, a los efectos de determinar si la misma se encuentra
dentro de los supuestos consagrados en dicho precedente.
Las razones que sustentan mi
posición son las siguientes:
Marco constitucional y legal para acceder al Tribunal
Constitucional como última y definitiva instancia constitucional en la
jurisdicción nacional.
1. La Constitución Política del Perú ha
consagrado, en el inciso 2) de su artículo 202º, que el Tribunal Constitucional
conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias
dictadas por el Poder Judicial en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas
data y cumplimiento; habilitando de tal forma al demandante a acceder al máximo
órgano de la justicia constitucional, sin más condición que éste se halle ante
una resolución denegatoria de segundo grado.
2. Complementando
tal propósito habilitador de acceso al Tribunal Constitucional, el Código
Procesal Constitucional en su artículo 18° reguló el recurso de agravio
constitucional a favor del demandante, como el instrumento procedimental idóneo
para impugnar la resolución denegatoria a su pretensión dictada en segundo
grado por el Poder Judicial, sea que éste haya declarado improcedente la
demanda o que haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para su concesión
y procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se interponga
dentro del plazo de diez días de notificada.
3. Ratificando
esa línea habilitadora de acceso al Tribunal Constitucional, el mismo código
adjetivo constitucional introdujo en su artículo 19° el recurso de queja por
denegatoria de recurso de agravio constitucional, el cual permite al demandante
cuestionar ante el propio Tribunal Constitucional aquella resolución dictada
por el Poder Judicial que haya denegado o rechazado tal medio impugnatorio, a
fin que el Tribunal Constitucional haga una revisión de la declaración de
improcedencia cuestionada, en la línea de brindar una mayor garantía al
justiciable y, eventualmente, rectificar la decisión a favor del demandante, si
se detecta que la denegatoria careció de fundamento.
4. Por
tanto, dentro de la lógica de la justicia finalista, amparista y antiformalista que
informa el acceso al Tribunal Constitucional, así como las instituciones
procesales reguladas por el Código Procesal Constitucional, no cabe establecer
requisitos de procedencia adicionales a los dos señalados y, menos aún,
sostener que al Tribunal Constitucional le compete determinar la procedencia
del recurso de agravio constitucional, salvo el caso de su intervención
residual vía queja por denegatoria del mismo para procurar su concesión.
5. Es
decir, la concesión y, por tanto la calificación de la procedencia del recurso
de agravio constitucional, es una competencia del Poder Judicial, ejercida a
través de las Salas de sus Cortes Superiores encargadas de conocer en segundo
grado los procesos que nos ocupan, cuando hayan dictado resoluciones
denegatorias a la pretensión del demandante, por ser improcedente o infundada
la demanda, según el caso, que permite acceder al Tribunal Constitucional, a
los efectos que, como última y definitiva instancia (como instancia de grado)
defina la controversia.
6. Por tanto, una vez abierta la puerta de acceso
al Tribunal Constitucional vía la concesión del recurso de agravio
constitucional, lo cual significa acceder a una instancia de grado, que,
además, es última y definitiva en la jurisdicción nacional, no cabe que el
Tribunal Constitucional califique la procedencia o improcedencia del citado
recurso, por cuanto aquél viene ya calificado y concedido por la segunda
instancia judicial; el Tribunal Constitucional no tiene competencia para entrar
a dicha calificación y, si lo hiciera, estaría volviendo a calificar en
perjuicio del justiciable demandante un recurso ya calificado y concedido; a
contracorriente de la lógica finalista, amparista y antiformalista antes
referida, y violando su derecho de acceso a la justicia constitucional
especializada en instancia final y definitiva en la jurisdicción interna. Más
aún, si la expedición de la sentencia interlocutoria denegatoria se produce sin
vista de la causa.
Descargar
sin desamparar, desguarnecer ni abdicar. La correcta interpretación del
precedente Vásquez Romero.
7. En armonía con lo dicho hasta aquí, cualquier
intento de descarga que asuma el Tribunal Constitucional si observa que existen
causas manifiestamente improcedentes o infundadas, que debieron merecer una
descalificación desde un inicio, por no darse los supuestos elementales que
habilitan la generación de un proceso constitucional, no pasa por descalificar
el recurso de agravio constitucional ya concedido, sino por emitir un
pronunciamiento desestimatorio, que indique con toda precisión la razón que
lleva a tal decisión; máxime si los supuestos a los que se refiere el
fundamento 49º de la STC Nº 0987-2014-PA/TC, no son, dentro del contexto
descrito, instrumentos de rechazo de plano del recurso de agravio
constitucional, que, como tales, justifiquen su improcedencia, sino situaciones
que, de presentarse, originan una sentencia interlocutoria denegatoria por
carecer de sustento la pretensión contenida en la demanda, lo cual implica
necesariamente entrar al examen del fondo del asunto.
8. Además, cualquier intento de descarga procesal no debe olvidar
que cada caso es peculiar y merece un análisis propio, prolijo y detenido, para
arribar a una decisión debidamente motivada y justa, ajena a facilismos y
apresuramientos. Es una exigencia de cumplimiento ineludible en la excelsa
función de administrar la justicia constitucional que tiene el Tribunal
Constitucional, como garante final de la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución, y como última y
definitiva instancia en los procesos de la llamada jurisdicción de la libertad.
Lo contrario colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad.
9. Por lo demás, considero pertinente precisar que las causales
de rechazo que contempla el precedente contenido en la STC Nº 00987-2014-PA/TC* solo deben ser entendidas con un criterio eminentemente
restrictivo. Esto es, como referidas única y exclusivamente a los cuatro
supuestos que allí se consignan y siempre que aparezcan en forma indiscutible e
indubitable. No así con un criterio de aplicación extensiva y, menos aún, a
otros supuestos de desestimación de la pretensión.
El
exceso incurrido y mi apartamiento de la forma de aplicación y extensión del
precedente Vásquez Romero.
10. En este contexto, resulta un notable exceso pretender, como ya
viene ocurriendo en una buena cantidad de casos, que la totalidad de causales
de improcedencia de los procesos constitucionales previstas en el Código
Procesal Constitucional (Cfr. artículos 4º, 5º y 70º, entre otros), sean
subsumidas dentro de los supuestos establecidos en el citado precedente, pues
éste último, lo enfatizo, fue concebido
para casos muy excepcionales en los que no hubiese duda alguna sobre su
encuadramiento en tales supuestos: para casos de notoria, indudable y grotesca
improcedencia, que habilitaban la desestimación de la pretensión sin más
trámite, de manera excepcional. No fue concebido con una finalidad laxa, amplia
y genérica, ni habilitadora de otras situaciones; máxime si la decisión se
emitiría sin más trámite. Se trató de una figura de aplicación excepcional. No
de aplicación general. Y, lo aclaro, ese fue el motivo por el que acompañé la
propuesta, que lamentablemente viene siendo desnaturalizada, como lo he
explicado precedentemente.
11. Las consideraciones descritas me llevan a sostener que,
adicionalmente a mi discrepancia por el uso equivocado que se viene haciendo de
la llamada sentencia interlocutoria denegatoria, tampoco puedo asumir como
razonable y conforme a Derecho su aplicación indiscriminada, extensiva y
generalizada a toda causal de improcedencia o de rechazo contemplada en el
Código Procesal Constitucional, omitiendo el trámite de vista de la causa y sin
oír a las partes. Ello lesiona el derecho de defensa, el derecho al debido
proceso y el derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros, que están
reconocidos en el artículo 139, incisos 14 y 3 de la Constitución,
respectivamente, en los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y en el artículo 4 del mismo Código Procesal Constitucional; derechos
que el Tribunal Constitucional ha desarrollado con amplitud en numerosas
sentencias dictadas antes del precedente Vásquez Romero, como el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y sus parámetros de medición.
12. Frente a estas dos situaciones, la desnaturalización de la
aplicación del precedente Vásquez Romero y su indebida extensión a todas las
causales de improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional, he
llegado a la firme convicción que debo dejar constancia de mi apartamiento de
tales formas de entender y aplicar dicho precedente.
El
sentido de mi voto.
Voto a favor de que el
Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, convoque a audiencia
para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y
admita nuevas pruebas si éstas se presentan, así como conozca y amerite las
argumentaciones que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto
irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que
agota la jurisdicción interna, dejando aclarado que al no haberse emitido
pronunciamiento sobre la pretensión, no puedo opinar por ahora sobre el fondo
de la controversia, ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes
aludidos derechos de la parte demandante, se limita a declarar improcedente el
recurso de agravio constitucional.
S.
BLUME FORTINI
1 Con matices, cfr. STC Exp.
N° 00665-2007-PA/TC, f. j. 5.a y b, STC Exp. N° 06218-2007-HC/TC, f. j.
10.
2 Constitución Política del Perú
“Artículo 3.-
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga
o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo,
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.”
3 Cfr.
STC Exp. N°
03227-2007-PA/TC, f. j. 3; RTC Exp. N° 9096-2006-PA/TC, f. j. 2.
4 Cfr., mutatis
mutandis, RTC Exp. N°
01581-2010-PHD/TC, f. j. 6, STC Exp. N° 01417-2005-AA/TC, f. j. 25-27.
5 Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre
de 2009, párrafo 29.
6 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 146.
*Carencia de fundamentación en la vulneración que se invoque, ausencia de trascendencia constitucional en la cuestión de derecho planteada, contradicción a un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional y existencia de casos desestimatorios sustancialmente iguales.