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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de febrero de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia; con la abstención aprobada del magistrado Sardón de Taboada en la sesión del Pleno del 11 de marzo de 2021. Asimismo, se agrega el voto singular del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. Sin la participación del magistrado Blume Fortini por encontrarse de licencia el día de la audiencia pública.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Lidercon Perú SAC contra la resolución de fojas 248, de fecha 2 de agosto de 2019, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de febrero de 2018 (f. 97), la empresa recurrente interpone demanda de amparo en contra de la Segunda Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 11 de setiembre de 2017 (f. 89), que revocó la Resolución 50, de fecha 23 de junio de 2016 (f. 80), y reformándola, declaró inejecutables la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas, cuyo cumplimientose dispuso en el proceso único de ejecución de laudo arbitral que promovió en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente 2547-2012), así como declaró nula la Resolución, 57, de fecha 29 de marzo de 2017 (f. 86), que ordenó expedir copias certificadas con el propósito de denunciar penalmente a los responsables del incumplimiento del mandato de la Resolución 50, y multó a la Municipalidad Metropolitana de Lima con diez unidades de referencia procesal. Denuncia la violación de sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la cosa juzgada.

Al respecto, refiere que la primera pretensión principal autónoma está referida a la adecuación del Contrato de Concesión de la Ejecución de la Infraestructura de las Plantas de Revisiones Técnicas y la Explotación del Servicio de Revisiones Técnicas Vehiculares para Lima Metropolitana a la Ley 29237 y su Reglamento. La segunda pretensión principal autónoma se refiere a la adopción de medidas que garanticen el pleno cumplimiento del Contrato de Concesión; así, indica que todos los vehículos inscritos en la Oficina Registral de Lima y Callao cuyos propietarios domicilien en la provincia de Lima, y todos los vehículos que circulen en la provincia de Lima, deberán pasar inspección técnica vehicular en las plantas de la sociedad concesionaria. Del mismo modo, refiere que los vehículos que requieran un certificado de habilitación municipal para transporte público urbano de Lima deberán contar con certificado de inspección técnica vehicular emitido por la sociedad concesionaria. Conforme a la sexta pretensión principal autónoma, la Municipalidad Metropolitana de Lima estaba obligada a suscribir una adenda con el objeto de modificar o eliminar determinados puntos del contrato de concesión. Por último, en virtud de la sétima pretensión principal autónoma, la Municipalidad Metropolitana de Lima estaba obligada a declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía 051-2008 para ejecutar correctamente el contrato de concesión en los términos de las Ordenanzas 506 y 694.

Alega que promovió un arbitraje en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Caso 1359-132-2007), que concluyó con el laudo de fecha 4 de noviembre de 2011 (f. 4), que declaró fundadas todas sus pretensiones, las mismas que estuvieron principalmente referidas a la cláusula de exclusividad del servicio de revisiones técnicas vehiculares contenida en el contrato de concesión; que el laudo fue impugnado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente 357-2011), pero su recurso de anulación fue declarado improcedente mediante Resolución 34, de fecha 15 de abril de 2013 (f. 52 vuelta); y que, pese a ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima se ha negado sistemáticamente a ejecutar el aludido laudo arbitral. En tal sentido, considera que la cuestionada Resolución 4, al declarar la inejecutabilidad de las pretensiones, contradice las resoluciones judiciales previas, tanto de primera como de segunda instancia, que ordenaron la ejecución. Agrega que dicha resolución judicial cuestiona el fondo del laudo arbitral, al sostener que este no consideró la Ley 29237, Ley del Sistema de Inspecciones Técnicas Vehiculares, sin advertir que dicho laudo es del año 2011, esto es, de cuando dicha ley ya se encontraba vigente y resolvió la incertidumbre jurídica en torno a la vigencia del contrato de concesión. Considera que la Sala Superior ha dejado sin efecto un laudo que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, al sostener que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha perdido competencia para suscribir, regular, modificar o adecuar todo tipo de contratos referidos al sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares, cuando esto es precisamente lo que ha ordenado el Tribunal Arbitral.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 15 de marzo de 2018 (f. 110), declara improcedente la demanda, por considerar que lo que se cuestiona es el criterio jurisdiccional de los jueces demandados.

A su turno, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 3, de fecha 2 de agosto de 2019 (f. 248), confirma la improcedencia de la demanda por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda de amparo de autos es que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 11 de setiembre de 2017 (f. 89), expedida por la Segunda Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictada en el proceso único de ejecución de laudo arbitral promovido por la recurrente Lidercon Perú SAC en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente 2547-2012), que (i) revocó la Resolución 50, de fecha 23 de junio de 2016 (f. 80), y reformándola, declaró inejecutables la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas; y, (ii) declaró nula la Resolución 57, de fecha 29 de marzo de 2017 (f. 86), que ordenó expedir copias certificadas con el propósito de denunciar penalmente a los responsables del incumplimiento del mandato de la Resolución 50, y multó a la ejecutada con diez unidades de referencia procesal.

2. Al respecto, este Tribunal advierte que, si bien la recurrente ha invocado también los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, los hechos narrados en su escrito de demanda se constriñen sustancial y exclusivamente al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, en su manifestación del derecho a que se respete una resolución judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. En efecto, todo su cuestionamiento a la Resolución 4 se sustenta en la supuesta irregularidad de esta al declarar la inejecutabilidad de la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas, pese a que estas derivan del laudo arbitral de fecha 4 de noviembre de 2011, la cual habría adquirido la condición de cosa juzgada tras haber sido impugnada infructuosamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3. De modo, pues, que será objeto del presente amparo determinar si la Resolución 4, de fecha 11 de setiembre de 2017, expedida por la Segunda Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha vulnerado el derecho fundamental a la cosa juzgada y si corresponde declarar su nulidad.

§2. Cuestión procesal previa

4. Conforme se advierte de los antecedentes, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la improcedencia in limine de la presente demanda de amparo y esta decisión fue confirmada por la Primera Sala Constitucional del mismo distrito judicial.

5. Este Tribunal, en su jurisprudencia, sin embargo, ha dejado claramente establecido que el rechazo liminar de la demanda de amparo es una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia; es decir, cuando de manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el Código Procesal Constitucional, que haga viable el rechazo de una demanda condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas constitucionales que merecen un pronunciamiento urgente sobre el fondo. Por el contrario, si existen elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación de la figura del rechazo liminar resultará improcedente.

6. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, los juzgadores de las instancias precedentes desestimaron liminarmente la demanda; sin embargo, este Tribunal discrepa de ambos razonamientos pues, por los hechos ahí descritos, entiende que estos sí se encuadran dentro del contenido constitucionalmente protegido prima facie del derecho a la cosa juzgada. En vista de ello, debe concluirse que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda a nivel de los juzgadores de las instancias previas.

7. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, este doble e indebido rechazo liminar calificaría como un vicio procesal que, a su vez, exigiría declarar nulas las resoluciones judiciales expedidas por el a quo y el ad quem, ordenándoles la admisión a trámite de la demanda de amparo. No obstante, es preciso recordar que este Tribunal ha sostenido que la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de economía, informalidad y en la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales (Cfr. Sentencia 04587-2004-PA, de fecha 29 de noviembre de 2005, fundamentos 15 a 19).

8. En lo que respecta al principio de economía procesal, este Tribunal ha establecido que, si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no solo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente; sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. Y en lo concerniente al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, este se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el solo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el logro de los fines de los procesos constitucionales, como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

9. En el presente caso, este Tribunal estima que el rechazo liminar de la demanda de amparo no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, como así lo demuestran las instrumentales que obran en autos. En efecto, en lo que se refiere al órgano judicial demandado, ha de recordarse que este Tribunal, tratándose de supuestos de amparo contra resoluciones judiciales, como ocurre en el caso de autos, ha estimado que, ante afectaciones formales y sustanciales al debido proceso, es posible condicionar la intervención de las partes, por lo que no se requiere de la participación del órgano judicial demandado, al tratarse de cuestiones de puro derecho (Cfr. Sentencia05580-2009-PA/TC, de fecha 9 de marzo de 2010, fundamento 4).

10. Queda demostrado, en el caso de autos, que la cuestión controvertida es una de puro derecho, pues la pretensión incoada se circunscribe a cuestionar una resolución judicial y, más específicamente, si esta contraviene o no la cosa juzgada. En tal sentido, para este Tribunal, la ausencia de los órganos judiciales emplazados en el proceso de autos no constituye razón suficiente para declarar la nulidad de todo lo actuado. Por lo mismo, y para tales efectos, es claro para este Tribunal no solo que la constatación en torno de la presunta vulneración requiere tan solo un juicio de puro derecho, sino que en autos existen suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento de fondo, de modo que resulta innecesario condenar al demandante a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un destino que ahora puede dilucidarse.

11. Por lo demás, no se ha generado indefensión para los jueces demandados al encontrarse debidamente representados por el procurador público del Poder Judicial, el cual se ha apersonado al presente proceso (f. 133 y 136) y se encuentra debidamente notificado con el concesorio de la apelación, la vista de la causa, el auto de vista y el concesorio del recurso de agravio constitucional (f. 128, 147, 373 y 384).

12. En consecuencia, este Tribunal se declara competente para resolver el fondo de la controversia.

§3. Análisis del caso

Sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada

13. Este Tribunal Constitucional ha destacado en forma reiterada que mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismo órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (Cfr. Sentencia 04587-2004-PA, fundamento 38).

14. Asimismo, este Tribunal Constitucional ha establecido que el respeto de la cosa juzgada impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho (Cfr. Sentencia 00818-2000-PA, fundamento 4).

15. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y constituye una dimensión del derecho a la cosa juzgada. Así, su reconocimiento se encuentra contenido en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, en el extremo en que dispone que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución”.

16. Esta dimensión específica del derecho a la cosa juzgada garantiza que lo decidido por el juez se cumpla, evitando así que los pronunciamientos de las autoridades jurisdiccionales se conviertan en simples declaraciones de intención, lo que pondría en cuestión la vigencia del ordenamiento jurídico, y que se cumpla en sus propios términos, esto es, que la forma de su cumplimiento se desprenda de lo expresamente mandado y no de una interpretación coyuntural del juez de ejecución.

17. En el presente caso, como ha quedado establecido, el amparo tiene como propósito que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 11 de setiembre de 2017, expedida por la Segunda Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso único de ejecución de laudo arbitral promovido por la recurrente Lidercon Perú SAC en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente 2547-2012), que (i) revocó la Resolución 50, de fecha 23 de junio de 2016, y reformándola, declaró inejecutables la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas; y, (ii) declaró nula la Resolución 57, de fecha 29 de marzo de 2017, que ordenó expedir copias certificadas con el propósito de denunciar penalmente a los responsables del incumplimiento del mandato de la Resolución 50, y multó a la ejecutada con diez unidades de referencia procesal.

18. Al respecto, el Tribunal Constitucional hace notar que la recurrente Lidercon Perú SAC promovió un proceso arbitral en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual concluyó con el laudo de fecha 4 de noviembre de 2011. Y en el proceso judicial de ejecución de laudo arbitral (Expediente 2547-2012),se discutió la ejecución de las siguientes pretensiones:

“PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima conjuntamente con la ejecutante adecuen el Contrato de Concesión de la Ejecución de la Infraestructura de las Plantas de Revisiones Técnicas y la Explotación del Servicio de Revisiones Técnicas Vehiculares para Lima Metropolitana a la ley N.º 29237 y su Reglamento, procediéndose a modificar y/o eliminar las cláusulas del mismo de acuerdo a los términos expuestos para tal fin, en la parte considerativa del presente laudo arbitral y teniendo en cuenta además, lo que se disponga en los puntos resolutivos del laudo.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con adoptar las medidas que garanticen el pleno cumplimiento del Contrato de Concesión celebrado entre las partes a que se refiere la disposición precedente y se proceda a la adopción de las siguientes medidas:

1. Que, todos los vehículos inscritos en la Oficina Registral de Lima y Callao cuyos propietarios tengan domicilio en la provincia de Lima, así como en todos los vehículos que circulen en la Provincia de Lima salvo lo dispuesto en el artículo 22º de la Ordenanza Nº 964, deberán cumplir con pasar inspección técnica vehicular en las plantas de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo con las normas vigentes, en la medida que las partes han convenido en realizar sus mayores esfuerzos para cooperar en la construcción de un sistema único y a nivel nacional de inspecciones técnicas vehiculares.

2. Los vehículos que requieran de un certificado de habilitación municipal para transporte público urbano de Lima, deberán contar con certificado de inspección técnica vehicular emitido por la Sociedad Concesionaria.

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima realice la compensación del monto de las facturas que HISTRON PERÚ S.A. abonó por cuenta de Lidercon Perú S.A.C. a DITRANSERVA S.A.C. según el siguiente detalle: factura Nº 0001-004826 por S/. 80,631.43, materiales y colocación de mezcla asfáltica correspondiente y factura Nº 001-004826 por S/. 32,753.23 por materiales y colocación de mezcla asfáltica en caliente de una pulgada e imprimación asfáltica correspondiente en calidad de mejoras efectuadas en la vía pública. En la compensación se incluirán los intereses legales por el retraso en el pago desde setiembre del dos mil siete hasta el día de abono del pago correspondiente.

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con cancelar a la ejecutante la suma de US $ 743,360.89 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta con 89/100 dólares americanos), ordenados en el sétimo punto resolutivo consistente en los siguientes puntos: i) La Municipalidad deberá devolver el monto total de la carta fianza ejecutada a Lidercon, dentro de los quince días siguientes a la emisión del presente laudo arbitral ascendente a US $ 666,666.66 y; ii) La Municipalidad entregará a Lidercon el monto de los gastos financieros cobrados y los intereses no percibidos por concepto de depósito de contracautela, debidamente liquidados según el tipo de depósito originalmente pactado con el Banco de Crédito del Perú, conforme a la liquidación que se adjunta a la presente demanda, intereses pactados que se devengarán hasta el momento de su cancelación.

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima de conformidad con el octavo punto resolutivo del laudo arbitral: suscriba la adenda respectiva a fin de realizar las modificaciones pertinentes al contrato de concesión de acuerdo a lo indicado en la parte resolutiva del laudo arbitral de fecha cuatro de noviembre de 2011, en mérito a la adenda que se adjunta a la presente demanda y que describe literalmente las disposiciones contenidas en la parte considerativa C.3 del laudo arbitral (páginas 70 a 75) en base a la siguiente disposición:

1. Modifíquese los numerales 1.3.32 y 15.3.4

2. Modifíquese la cláusula 7.2 “Bienes de la Concesión” y numeral 7.2.1

3. Modifíquese el texto del numeral 7.2.5 de la Cláusula Sétima.

4. Déjese sin efecto en su totalidad el numeral 7.6 de la Cláusula Sétima.

5. Elimínese el numeral 8.3 de la Cláusula Octava.

6. Modifíquese el numeral 9.8.1

7. Adiciónese el numeral 13.10 a la Cláusula Décimo Tercera.

8. Modifíquese el literal a) del numeral 9.11 de la Cláusula Novena del contrato, atendiendo a lo establecido en la parte considerativa pertinente.

9. Modifíquese el numeral 8.2

10. Elimínese el literal b) del numeral 9.11 de la Cláusula Novena.

11. Elimínese los literales a), b) y c) del numeral 9.12 de la Cláusula Novena y en su lugar insértese el presente numeral 9.12.1

12. Modifíquese el segundo y elimínese el tercer párrafo del numeral 20.2 de la Cláusula Vigésima del contrato de concesión.

13. Elimínese el numeral 21.2 del contrato de concesión.

14. Modifíquese el numeral 21.2 del contrato de concesión.

15. Elimínese el literal a), c) y e) del numeral 21.3.1 del contrato de concesión.

16. Modifíquese el numeral 21.4.2 del contrato de concesión.

17. Elimínese el numeral 21.4.3 del contrato de concesión.

SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima de conformidad con el vigésimo tercer punto resolutivo del laudo arbitral declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.º 051-2008; y restablezca la situación al punto anterior a dictarse dictarse la Resolución de Alcaldía N.º 051-2008, lo que implica realizar todos los actos necesarios para la correcta ejecución del contrato de concesión en los términos expresados en las Ordenanzas N.º 506 y 694.

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA:

Que, de conformidad con el vigésimo sexto punto resolutivo del laudo arbitral, se ordene a la Municipalidad Metropolitana de Lima que cumpla con cancelar a la ejecutante la suma de S/. 18,500.00 (Dieciocho mil quinientos y 00/100 nuevos soles) que corresponden al 50% de los gastos incurridos por Lidercon en el caso arbitral N.º 1359-132-2007 y 1398-030-2008 y que no han sido asumidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a la liquidación efectuada por el Secretario General del Centro de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, haciéndose extensivo el pago de intereses legales que se devenguen hasta el momento de efectuarse el pago respectivo.” (sic)

19. De la revisión de la cuestionada Resolución 4, se advierte que la Sala Superior demandada declaró inejecutables la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas, en atención de los siguientes fundamentos:

“TERCERO.- Al respecto, sobre la ejecución judicial de laudos arbitrales, el artículo 68° del Decreto Legislativo N.° 1071 - Decreto Legislativo que norma el arbitraje, establece lo siguiente:

Artículo 68.- Ejecución judicial.

1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente acompañando copia de éste y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral;

2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada;

3. La parte ejecutada sólo podrá oponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66. (…)”

[Énfasis nuestro]

Asimismo, la Décima Disposición Complementaria del decreto legislativo en mención señala lo siguiente:

DÉCIMA. Prevalencia.

Las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil.

De donde se desprende que en la ejecución judicial de laudos arbitrales se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, el que respecto a la ejecución de las obligaciones de hacer dispone lo siguiente:

Artículo 706.- Procedencia

Si el título ejecutivo contiene una obligación de hacer, el proceso se tramita conforme a lo dispuesto en las disposiciones generales, con las modificaciones del presente Subcapítulo.

En la demanda se indicará el valor aproximado que representa el cumplimiento de la obligación; así como la persona que, en caso de negativa del ejecutado y cuando la naturaleza de la prestación lo permita, se encargue de cumplirla.

Artículo 707.- Mandato Ejecutivo.-

El mandato ejecutivo contiene la intimación al ejecutado para que cumpla con la prestación dentro del plazo fijado por el Juez, atendiendo a la naturaleza de la obligación, bajo apercibimiento de ser realizada por el tercero que el Juez determine, si así fue demandada.

En caso de incumplimiento, se hará efectivo el apercibimiento.

Artículo 709.- Obligación de Formalizar

Cuando el título contenga obligación de formalizar un documento, el Juez mandará que el ejecutado cumpla su obligación dentro del plazo de tres días.

Vencido el plazo sin que se formule contradicción o resuelta ésta declarándose infundada, el Juez ordenará al ejecutado cumpla con el mandato ejecutivo, bajo apercibimiento de hacerlo en su nombre.

[Énfasis nuestro]

CUARTO.- De una interpretación razonable de las normas transcritas fluye que no todas las obligaciones de hacer pueden ser objeto de un proceso de ejecución que tiene como fin último que el juez, en el estadio de ejecución forzosa, despliegue la fuerza coercitiva de la que está investido para que la prestación sea cumplida por el emplazado o por un tercero.

Así existirán obligaciones de hacer que por su naturaleza son inherentes a la persona obligada (intuitupersonae), solo pueden ser cumplidas por dicha persona y no podrá establecerse el apercibimiento que tercera persona cumpla o realice la obligación.

Al respecto es menester citar las siguientes normas del Código Civil:

Artículo 1149.- [ejecución de la prestación por terceros]

La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del pacto o de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus cualidades personales.

Artículo 1222.- [pago realizado por tercero]

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan.

(...)

[Énfasis nuestro]

Como se expresa en las normas citadas, la regla es que una obligación de hacer puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, pero que existen obligaciones que por pacto o porque su especial naturaleza no pueden ser ejecutadas por tercera persona. Osterlin Parodi Y Castillo Freyre1 expresan al respecto:

"(2) Si la naturaleza de la obligación lo impide.

Este es el supuesto de las típicas prestaciones intuitupersonae, vale decir, de aquellas cuyo cumplimiento sólo puede ser efectuado por la persona del deudor, sobre la base de la naturaleza de la prestación. (...)"” (sic)

20. Ahora bien, aun cuando el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, como dimensión del derecho a la cosa juzgada, garantiza que lo decidido por el juez sea cumplido y lo sea en sus propios términos; este derecho no impide que un órgano jurisdiccional en el proceso autónomo de ejecución de laudo arbitral (artículo 68 del Decreto Legislativo 1071) califique la viabilidad de determinadas obligaciones derivadas de aquel.

21. En efecto, el artículo 68, inciso 2, del Decreto Legislativo 1071, establece que:

Artículo 68.- Ejecución judicial.

(…)

2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

(…)

22. Como se puede apreciar, la norma transcrita establece que el mandato de ejecución se imparte bajo apercibimiento de ejecución forzada; sin embargo, no contempla la eventualidad de que la ejecución forzada no sea posible, como ocurre en el caso de la ejecución de obligaciones personalísimas, esto es, aquellas en las que no se puede autorizar judicialmente a un tercero que sustituya la conducta debida por el ejecutado o la ejecute el propio juez de ejecución.

23. En el proceso subyacente, el órgano jurisdiccional demandado ha verificado la concurrencia de dos circunstancias: por un lado, la renuencia del ejecutado a cumplir sus obligaciones y, por otro, la naturaleza personalísima de las obligaciones incumplidas. En efecto, según se desprende de lo anotado en el fundamento 19, supra, la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas objeto de ejecución judicial constituyen obligaciones de hacer, es decir, prestaciones; sin embargo, para que estas sean realizadas en los términos del laudo arbitral, el deudor u obligado, este es, la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a su cualidad personal, no puede ser sustituido por otro.

24. En este contexto, ante el incumplimiento de la parte ejecutada no cabe desplegar actividad coactiva y forzosa, pues esta no será idónea para la satisfacción del interés del ejecutante, sino declarar directamente su inejecutabilidad, tal como ocurrió en el proceso subyacente.

25. Asimismo, cabe resaltar que este razonamiento en torno a la inejecutabilidad de obligación de hacer personalísimas no ha sido ajeno al desarrollo del proceso subyacente y, por tanto, tampoco a la ahora recurrente. Así, en la misma resolución judicial cuestionada, la Sala Superior demandada se ha referido a la cuarta pretensión principal autónoma, cuya controversia, por estas mismas razones, se sustrajo del ámbito jurisdiccional.

“QUINTO.- En la Resolución N.° 05 de fecha 26 de junio de 2016 emitida por esta Sala Superior, se señaló como un caso de obligación de hacer que por su naturaleza no podía ser ejecutada por tercera persona, una de los extremos resolutivos del laudo sub materia referido a la Cuarta Pretensión Autónoma respecto del cual se declaró la sustracción de la materia.

Este punto resolutivo del laudo consistía en “Solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima que se desista del proceso contencioso administrativo sobre lo resuelto por el INDECOPI con relación a la Ordenanza N.° 694”. Si se dictará mandato ejecutivo ordenando que el ejecutado se desista del proceso judicial mencionado y el demandado requerido no cumpliera con el mandato, ¿Cómo se ejecutaría forzadamente dicha obligación? No parece razonable o arreglado a derecho que tercera persona, en este caso el juez de la causa, se sustituya en la persona del ejecutado y mediante resolución y oficio correspondiente, se dirija al juez que conoce de la demanda contenciosa administrativa y se desista de dicha demanda en nombre del ejecutado. Así el extremo resolutivo mencionado –analizado a guisa de ejemplo– debería ser declarado inejecutable.

Del análisis del artículo 707 del Código Procesal Civil, se establece que en las obligaciones de hacer, la intimación al ejecutado para que cumpla con la prestación, podrá ser dictada bajo apercibimiento de ser realizada por tercera persona, si la naturaleza de la obligación lo permite.

Por otro lado, el Artículo 709° del código mencionado –artículo invocado por el ejecutante para solicitar que el juez se sustituya en la persona de la Municipalidad ejecutada en caso de renuencia– se pone en el único supuesto en el que el juez, puede realizar un acto debido en nombre del ejecutado, cuando se trata de una obligación de formalizar un documento, que contiene un contrato u otro acto jurídico ya existente, respecto del cual el juez no puede agregarle o quitarle nada, tan solo formalizarlo en sus propios términos. Respecto de esta norma, la autora Marianella Ledesma expresa lo siguiente:

1. El presente artículo regula la condena a escriturar. La sentencia que condena al otorgamiento de escritura pública contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere con suscribirla dentro del plazo fijado, tres días, el juez la suscribirá por él. Para una mejor eficacia del derecho que se exige formalizar, se recomienda recurrir a la anotación de la demanda, para noticiar la pretensión en debate erga omnes y evitar la alegación de la buena fe por parte de un tercero adquiriente.

Por otro lado, el apercibimiento que contiene el mandato ejecutivo de hacerlo el juez en nombre del ejecutado, no debe haber sido explícitamente requerido en el escrito de la demanda, pues ello constituye una alternativa implícitamente contenida en toda pretensión que persigue el cumplimiento de una obligación de hacer y que el juez tiene el deber de advertir en el mandato ejecutivo. Inclusive, la

petición puede formularse con posterioridad a la demanda y el apercibimiento ha decretarse también puede operar en el periodo de ejecución de la sentencia, como expresión del poder de executio de la jurisdicción.

Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que el juez no está facultado para suscribir la escritura pública que contiene un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ya que este cebe ser celebrado por las partes bajo la formalidad que señala el artículo 1098 del CC. "La hipoteca se constituye por escritura púbica, salvo disposición diferente de la ley". Como se aprecia, aquí la forma es un elemento constitutivo del acto, y como tal, no puede ser suplida dicha formalidad, por la intervención del juez.

(...)

[Subrayado nuestro].” (Sic).

26. Así las cosas, debe quedar claro que aun cuando no se advierte una vulneración del derecho fundamental invocado, esta sentencia no debe interpretarse en un sentido que reste eficacia práctica a los pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentran revestidos de la autoridad de la cosa juzgada, sobre todo, aquellos que reconocen obligaciones, más específicamente a las obligaciones de hacer con carácter personalísimo, ni validar en todos los casos la renuencia de la parte ejecutada, pues una interpretación en ese sentido desnaturalizaría la función jurisdiccional al consentir que la judicatura ordinaria claudique en su deber de garantizar la efectividad de sus propias decisiones y, con ello, la realidad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

PONENTE LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Con el debido respeto, me aparto de lo planteado por mis colegas en mérito a las razones que a continuación expongo:

1. La presente controversia es un proceso de amparo contra una resolución judicial. Al respecto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que “la resolución de controversias surgidas de la interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial”, también lo es que la judicatura constitucional excepcionalmente puede controlar “que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no vulnere manifiestamente el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental” (Sentencia 3179-2004-AA, f. j. 21).

2. Dicho control constitucional debe contar con algunas pautas que hagan racional y previsible el análisis. En torno a ello, el Tribunal Constitucional ha indicado en anteriores ocasiones que a través de los procesos de amparo contra resoluciones judiciales la judicatura constitucional se encuentra habilitada para conocer de eventuales trasgresiones de derechos fundamentales ocurridas en procesos judiciales ordinarios si se han producido (1) vicios de proceso o de procedimiento o (2) vicios de motivación o razonamiento.

3. Con respecto a los (1) vicios de proceso y procedimiento, el amparo contra procesos judiciales puede proceder frente a supuestos de (1.1) afectación de derechos que conforman la tutela procesal efectiva (derechos constitucionales procesales tales como plazo razonable, presunción de inocencia, acceso a la justicia y a los recursos impugnatorios, juez legal predeterminado, ejecución de resoluciones, etc.); así como por (1.2) defectos de trámite que inciden en los derechos del debido proceso (v. gr: problemas de notificación, o de contabilización de plazos, que incidan en el derecho de defensa, incumplimiento de requisitos formales para que exista una sentencia válida, etc.). Se trata de supuestos en los que la afectación se produce con ocasión de una acción o una omisión proveniente de un órgano jurisdiccional, y que no necesariamente está contenida en una resolución judicial, como sí ocurre con los vicios de motivación.

4. En relación con los (2) vicios de motivación o razonamiento (cfr. Sentencia 00728-2008-HC, f. j. 7, Resolución 03943-2006-AA, f. j. 4; Sentencia 6712-2005-HC, f. j. 10, entre otras), este órgano colegiado ha señalado que solo le compete controlar vicios de motivación o de razonamiento, mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, en caso de (2.1) defectos de motivación, (2.2) insuficiencia en la motivación o (2.3) motivación constitucionalmente deficitaria.

(2.1) En relación con los defectos en la motivación, estos pueden ser problemas de motivación interna, es decir, cuando la solución del caso no se deduce de las premisas normativas o fácticas contenidas en la resolución, o cuando la resolución analizada carece de alguna de estas premisas necesarias para resolver; o de motivación externa, esto es, cuando se han utilizado indebida o injustificadamente premisas normativas (por ejemplo, si se aplican disposiciones que ya no se encuentran vigentes o que nunca formaron parte del ordenamiento jurídico) o fácticas (por ejemplo, la resolución se sustenta en hechos no probados o en pruebas prohibidas) (vide Sentencia 00728-2008-HC, f. j. 7, b y c).

Ahora bien, con respecto a los problemas de motivación externa, vale la pena precisar que, tal como se afirma en copiosa y uniforme jurisprudencia de este Alto Tribunal, la judicatura constitucional no puede avocarse, so pretexto de revisar un asunto relacionado con las premisas normativas o fácticas, a conocer de asuntos de carácter puramente ordinario o legal (por ejemplo: esclareciendo cuál es la interpretación legal pertinente o más idónea para el caso ordinario, en qué sentido deben valorarse las pruebas o cuál es la calificación jurídica adecuada que correspondería con base en la ley); no obstante ello, no pierde competencia para pronunciarse respecto de aspectos que tienen relevancia constitucional. Entre estos supuestos en los que la judicatura constitucional se encuentra habilitada para pronunciarse respecto de la motivación externa encontramos, a modo de ejemplo, la existencia de errores o déficits de derecho fundamental (tal como se explicará en 2.3), así como frente a infracciones de otros contenidos de carácter constitucional, como es el caso de, por ejemplo, cuestionamientos a resoluciones por haber infringido la Constitución en tanto “fuente de fuentes” del ordenamiento jurídico, de cuestionamientos cuando en el ámbito jurisdiccional ordinario se haya ejercido el control difuso, o cuando se alegue la aplicación o interpretación indebida de principios constitucionales o garantías institucionales, entre otras posibilidades. De este modo, a la vez que, conforme al criterio de corrección funcional se respetan los fueros propios de la judicatura ordinaria, el Tribunal no admite la existencia de zonas exentas de control constitucional dentro de aquello que sí es de su competencia.

(2.2) Respecto a la insuficiencia en la motivación (motivación inexistente, aparente, insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede referirse, por ejemplo, a supuestos en los que las resoluciones analizadas carecen de una fundamentación mínima y solo se pretende cumplir formalmente con el deber de motivar; cuando se presenta una justificación que tiene apariencia de correcta o suficiente, pero que incurre en vicios de razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente para justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en los que se necesita de una motivación cualificada y esta no existe en la resolución); cuando lo resuelto no tiene relación alguna con lo contenido en el expediente o lo señalado por las partes; o cuando incurre en graves defectos o irregularidades contrarios al Derecho, entre otros supuestos (cfr. Sentencias 00728-2008-HC, f. j. 7, a, d, e y f; y 0009-2008-PA, entre algunas).

(2.3) Sobre la motivación constitucionalmente deficitaria, esta hace referencia a trasgresiones al orden jurídico-constitucional contenidas en sentencias o autos emitidos por la jurisdicción ordinaria, frente a la eventual trasgresión cualquiera de los derechos fundamentales protegidos por el amparo, ante supuestos de: (1) errores de exclusión de derecho fundamental, es decir, si no se tuvo en cuenta un derecho que debió considerarse; (2) errores en la delimitación del derecho fundamental, pues al derecho se le atribuyó un contenido mayor o menor al que constitucionalmente le correspondía, y (3) errores en la aplicación del principio de proporcionalidad, si la judicatura ordinaria realizó una mala ponderación al evaluar la intervención en un derecho fundamental o al analizar un conflicto entre derechos (cfr. Resoluciones 00649-2013-AA y 02126-2013-AA, entre otras). Supuestos análogos a estos son los casos en los que existan déficits o errores respecto de otros bienes constitucionales, como pueden ser los principios o las garantías institucionales, o en relación con el ejercicio del control difuso, todas estas cuestiones de carácter manifiestamente constitucional, en las que la judicatura constitucional resulta naturalmente competente para abocarse a tales materias.

5. Así considerado, en el presente caso se aprecia que nos encontramos ante un déficit o error de exclusión iusfundamental, pues se alega que la judicatura ordinaria al momento de resolver su demanda no tomó en cuenta su derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, en la medida en que, mediante la Resolución 4, y de manera irregular, se habría declarado la inejecutabilidad de la primera, segunda, sexta y sétima pretensiones principales autónomas, pese a que estas derivan del laudo arbitral de fecha 4 de noviembre de 2011, la cual habría adquirido la condición de cosa juzgada tras haber sido impugnada infructuosamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6. Sin embargo, y más allá de estas alegaciones, lo cierto es que, del estudio de los actuados, no fluye que se haya acreditado mínimamente la vulneración denunciada, lo cual exigiría un pronunciamiento sobre el contenido de la pretensión alegada. Por el contrario, los cuestionamientos del actor, en realidad, solo hacen alusión a la impugnación de decisiones adversas dirigida a un reexamen de las resoluciones judiciales.

Por lo anotado, y con base en las consideraciones expresadas, considero que la presente demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA