SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 18 de diciembre de 2020
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Corporación Aceros Arequipa SA contra la resolución de fojas 235, de fecha 3 de julio de 2019, expedida por la Sala Civil Descentralizada Permanente de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos.
FUNDAMENTOS
1.
En
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial
El Peruano el 29 de agosto de 2014,
este Tribunal estableció en el fundamento 49, con carácter de precedente, que
se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite,
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están
contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, los cuales se presentan cuando:
a)
Carezca
de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b)
La
cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional.
c)
La
cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d)
Se
haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2.
En
el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o,
finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela
de especial urgencia.
3.
Expresado
de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una
futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de
relevancia constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho
fundamental involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en
la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera
urgente el derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u
objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento
de fondo.
4.
La demandante
solicita que se declare nula la Resolución 15, de fecha 14 de noviembre de 2018
(f. 111), expedida por la Sala Civil Descentralizada Permanente de Pisco de la
Corte Superior de Justicia de Ica que, al declarar la nulidad de la sentencia
contenida en la Resolución 11, de fecha 27 de agosto de 2018, así como de todo
lo actuado hasta la etapa de la audiencia de juzgamiento realizada el 26 de
enero de 2016, ordenó que se convoque la realización de una nueva audiencia de
juzgamiento donde se admita formalmente la pretensión de reposición solicitada
por don Pablo Antonio Salhuana Arrazaba
en el proceso sobre desnaturalización de contrato de trabajo.
5.
En
líneas generales, la empresa recurrente alega que la resolución cuestionada
vulnera sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido
proceso, por haber realizado una indebida conclusión de lo dispuesto en la
Casación Laboral 11341-2016 ICA, emitida por la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, que señaló que la reposición no fue objeto del proceso; así como por
haber resuelto en contra de lo establecido en los artículos 428 y 438, inciso 2
del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto, en la sentencia de primera
instancia no se emitió pronunciamiento respecto de la reposición laboral de don
Pablo Antonio Salhuana Arrazaba,
también lo es que este no la solicitó oportunamente (antes de la notificación
de su demanda), sino que pretendió introducirla en la audiencia de juzgamiento.
6.
Ahora bien, esta Sala del Tribunal Constitucional observa que, en
realidad, el objeto de la
reclamación constitucional es utilizar al amparo como un artilugio
procesal con el objeto de prolongar el debate ya resuelto por la judicatura
ordinaria en el ámbito de sus competencias, en la medida que busca se disponga
la emisión de un pronunciamiento judicial en sentido diferente, lo que resulta
manifiestamente improcedente. En efecto, no se
aprecia de la resolución cuyo efecto se pretende enervar que exista un
manifiesto agravio a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, muy por el contrario, esta se encuentra debidamente
motivada, desde que expresa las razones de hecho y los fundamentos de derecho
que sustentan la decisión adoptada.
7.
Así
las cosas, la cuestión de si las razones expuestas son correctas o no desde el
punto de vista de la ley aplicable no es un tópico sobre el cual nos
corresponda detenernos pues, como tantas veces hemos sostenido, la
determinación, interpretación y aplicación de la ley son asuntos que
corresponde analizar y decidir a los órganos de la jurisdicción ordinaria, a no
ser que, en cualquiera de estas actividades, se hayan lesionado derechos
fundamentales, que no es el caso.
8.
En consecuencia, y de lo expuesto
en los fundamentos 2 a 7 supra, se
verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de
rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en
el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar,
sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
