RAZÓN DE RELATORÍA

En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 20 de octubre de 2020, los magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón De Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera han emitido la siguiente sentencia, que declara FUNDADA la demanda de habeas data que dio origen al Expediente 02969-2017-PHD/TC. El magistrado Ramos Núñez, con voto en fecha posterior, coincidió con el sentido de la sentencia mencionada.

La magistrada Ledesma Narváez formuló un voto singular en el sentido de declarar improcedente el recurso de agravio constitucional.

La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad.

Flavio Reátegui Apaza

Secretario Relator

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, y Sardón de Taboada, y con el abocamiento de los magistrados Blume Fortini y Espinosa-Saldaña Barrera, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agrega el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez. Se deja constancia de que el magistrado Ramos Núñez votará en fecha posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Contacto Informático EIRL contra la resolución de fojas 177, de fecha 18 de abril de 2016, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que exoneró a la emplazada del pago de costos procesales.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 4 de octubre de 2013, Contacto Informático EIRL interpuso demanda de habeas data contra la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar solicitando que, en virtud de su derecho de acceso a la información pública, se le entregue copia del expediente del proceso de adquisición para la implementación del Print Center de la emplazada, que dio origen a la orden de compra 00000262, de fecha 10 de mayo de 2012, y en la cual la actora participó como postora.

Aduce que, pese a haberlo requerido mediante documento de fecha cierta, la emplazada no ha cumplido con brindarle la información de forma completa.

Contestación de la demanda

Con fecha 12 de mayo de 2015, la Municipalidad Provincial de Arequipa contestó la demanda y solicitó que se la declare infundada. Adujo que entregó a la actora toda la documentación que inicialmente le solicitó, puesto que lo requerido en la demanda difiere de lo expuesto en la solicitud de acceso a la información pública, de fecha 27 de julio de 2013.

Sentencia de primera instancia o grado

El Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante Sentencia 018-2015, de fecha 19 de agosto de 2015, declaró fundada la demanda y exoneró a la emplazada del pago de costas y costos procesales, en atención a lo establecido en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el artículo 413 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.

Recurso de apelación

La demandante apeló el extremo que exoneró a la emplazada del pago de costas y costos procesales.

Sentencia de segunda instancia o grado

La Sala Superior confirmó la sentencia de primera instancia o grado, en el extremo relativo a la exoneración del pago de costas y costos procesales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 413 del Código Procesal Civil.

Recurso de agravio constitucional

La demandante interpuso recurso de agravio constitucional respecto al extremo relativo a los costos procesales, solicitando el pago de estos. Dicho recurso fue rechazado por la Sala Superior, por lo que el demandante interpuso recurso de queja.

Auto del Tribunal Constitucional

Mediante auto de fecha 2 de agosto de 2016, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de queja, señalando que es competente para conocer vía recurso de agravio constitucional los extremos denegatorios del pago de costos procesales.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. De conformidad con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurrente dirige su recurso de agravio constitucional (RAC) contra la resolución de fojas 177 al desestimar su solicitud de pago de costos procesales. Así, este Tribunal Constitucional procederá a emitir pronunciamiento solo sobre dicho extremo.

Análisis del caso concreto

2. El artículo 56 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente sobre el particular:

Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.

En los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos.

En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.

3. Dicha disposición contiene una remisión normativa expresa en los artículos del Código Procesal Civil referidos al pago de costas y costos procesales. Así, en lo no previsto en el artículo bajo comentario, corresponde aplicar la sección pertinente del mencionado código adjetivo. Contrario sensu, en aquello que sí está previsto en el citado artículo, se regula por la norma contenida en este. Esto quiere decir que la regla en los procesos constitucionales es que, si se declara fundada la demanda, corresponde que se condene al demandado al pago de costas y costos procesales. Dicha regla tiene como excepción el caso en que el Estado sea demandado; en este supuesto, solo corresponde la condena al pago de costos procesales.

4. En el caso de autos, está acreditado que la sentencia constitucional (cfr. Sentencia 018-2015, de fecha 19 de agosto de 2015, a fojas 130) declaró fundada la demanda interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. Por lo tanto, tratándose de una sentencia estimatoria emitida en un proceso constitucional que tiene como demandada a una entidad estatal, corresponde condenar a esta al pago de los costos del proceso, pues concuerda con el supuesto regulado en el segundo párrafo del artículo 56 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. ORDENAR a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar el pago de costos procesales a favor de la recurrente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

PONENTE ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente voto con fecha posterior a fin de precisar el sentido de mi posición y expresar que coincido con declarar FUNDADA la demanda de hábeas data.

Lima, 12 de noviembre de 2020

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente caso considero que debe declararse IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, por los siguientes fundamentos:

1. El demandante interpuso recurso de agravio constitucional contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo que exoneró del pago de costos procesales a la parte demandada. Al respecto, considero que tal reclamación carece de especial transcendencia constitucional debido a que, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado.

2. Efectivamente, el recurrente inició un proceso de habeas data con la finalidad de que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar le otorgue copia del Expediente del proceso de adquisición para la implementación del Print Center de la emplazada, pretensión principal que fue declarada fundada en primera y segunda instancia, tutelándose así su derecho al acceso a la información pública.

3. Sobre la exoneración de costos procesales, se advierte que este no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado por la parte demandante, el cual fue amparado en sede judicial. Por lo cual, lo que en realidad pretendería es un reexamen de los fundamentos dados en la resolución cuestionada a efectos de que se condene al pago de costos, pretensión que no encuentra sustento directo en el contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho fundamental.

Queda claro, entonces, que la cuestión de Derecho contenida en el recurso planteado carece de especial trascendencia constitucional, por lo cual, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.

S.

LEDESMA NARVÁEZ