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Los recurrentes sostienen que tenían libre ingreso y salida peatonal y vehicular de sus domicilios por el Malecón del río Chillón, pero don Heraclides Anaya Amado hace tres meses ha cerrado el acceso a dicho malecón y ha realizado construcciones (muro) frente a los portones de ingreso a sus propiedades y ha construido un pozo de agua. Además, ha abierto zanjas de metro y medio de ancho e incluso ha puesto rejas que les impide el tránsito vehicular y libre acceso a sus domicilios, puesto que ha cerrado los siete portones por las que cada una de sus propiedades tienen acceso, pues pretende adueñarse de la vía pública. Añaden que, en varias oportunidades, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha desalojado al demandado y lo ha multado al pretender apropiarse de un área intangible como lo es la faja marginal del río Chillón.

De fojas 88, 90, 92, 94, 96 y 98 de autos, obran las declaraciones indagatorias de los recurrentes en las que señalan, principalmente, que la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas compró el terreno y que cada uno tiene su terreno individualizado y cercado con ingreso independiente por su portón; y la parte del terreno que corresponde a la asociación también está individualizado y con un portón de ingreso. El demandado les ha cerrado el camino con fierros y delante de cada uno de los portones (siete) ha construido un muro de cemento y un pozo de agua, por lo que les es imposible ingresar a sus terrenos.

A fojas 224 de autos obra el Acta de Inspección realizada con fecha 10 de noviembre de 2017. Dicha acta se encuentra transcrita a fojas 232 de autos.

Don Heraclides Anaya Amado en su declaración indagatoria (f. 236), señala que cada parcela tiene su pase natural por lo que él no interfiere con el pase de nadie; que los recurrentes en realidad pretenden invadir su terreno que pertenece al distrito de Carabayllo y no al distrito de Puente Piedra, por lo que ha presentado diversas denuncias en su contra; y que por lo abusos cometidos en su contra ha cercado su terreno. Añade que los accionantes sí tienen acceso vehicular a sus propiedades porque la pista tiene más de cuatro metros de ancho y tienen tres puertas de ingreso a sus viviendas; una puerta grande aproximadamente de seis metros de alto y cuatro metros de ancho; otra de color verde con ventanilla y dos portones en la calle por

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donde ingresan los recurrentes a su local de la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas y que los recurrentes no viven en ese terreno.

Don Heraclides Anaya Amado al contestar la demanda (f. 362) indica que los recurrentes nunca han tenido ingreso y salida por el terreno que él tiene en posesión en el área adyacente a la ribera del río Chillón; que no ha entorpecido la circulación peatonal y vehicular de los recurrentes por el lado izquierdo de su terreno (parte de atrás); que la asociación tiene dos ingresos propios al terreno. Agrega que la asociación ha pretendido usar como su otro ingreso y salida, el área que él ocupa; que hace más de diecisiete años que entró en forma pacífica en posesión del terreno y cercó un área de trescientos metros de longitud. En dicho terreno ha construido tres habitaciones de material noble; tiene plantaciones de artículos de panllevar y de pasto para el ganado y también se dedicó a la crianza de aves de corral. El accionante también refiere que ante la Municipalidad de Puente Piedra ha realizado pagos sobre el predio en mención del mes de abril de 2013, de octubre de 2014 y agosto de 2015; y que el 29 de marzo de 2016 solicitó licencia de edificación ante dicha municipalidad.

De otro lado, el accionante refiere que con fecha 27 de agosto de 2017, sujetos de malvivir encabezados por don Jasinto Malvaceda Ramos, ingresaron a su terreno y lo amenazaron junto a su familia con armas de fuego; sobre estos hechos presentó denuncia, pero no ha sido atendido. Finalmente, refiere que su terreno pertenece a la Municipalidad Distrital de Carabayllo conforme al Certificado de Posesión 050-2016/GDUR/MDC, de fecha 31 de mayo de 2016, puesto que en el Informe 148-2016/JCLC-SCHU-GDUR-MDC, de fecha 31 de mayo de 2016, se indica que en el Acuerdo de Concejo 012-97-MDC, de fecha 16 de abril de 1997, se precisa que los predios denominados riberas del río Chillón, Santa Inés Baja ubicados en colindancia al terreno de la excooperativa Los gallinazos, se encuentran ubicados en la jurisdicción de Carabayllo; es así que la Asociación de Vivienda Santa Teresa exhacienda Los gallinazos le otorgó constancia de posesión dentro del distrito de Carabayllo con fecha 15 de noviembre de 2016.

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, con fecha 15 de enero de 2018 (f. 485) declaró infundada la demanda por considerar que si bien en la inspección judicial se verificó que el terreno de la asociación y de los recurrentes, cuyo frontis da al río

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Chillón existe una construcción de material noble sobre unos portones, (a excepción del caso de don Ario Erasmo Pantoja Trujillo, que no existe muro construido delante del portón de su terreno); empero, también se constató que don Jasinto Malvaceda Ramos tiene la llave del local de la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas, quien abrió la puerta y se pudo ingresar al terreno de propiedad de dicha Asociación, que también es de propiedad de los recurrentes; e, incluso, don Zenón Cadillo Ricaldes en su declaración indagatoria acepta que puede ingresar por otro camino. Por consiguiente, se concluye que los recurrentes como socios de la asociación sí pueden ingresar a sus terrenos por la puerta que da acceso al terreno de esta; y también se constató que pueden circular vehículos en dicha zona, por lo que no existe afectación alguna a la libertad de tránsito, y sobre el derecho de propiedad que alegan los accionantes, esta no es la vía idónea para determinar dicho derecho real. De otro lado, se señaló que se advierte un conflicto de límites territoriales, puesto que el demandado ha indicado que su terreno pertenece a Carabayllo y los recurrentes a Puente Piedra.

La Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2018 (f. 539), declaró nula la sentencia de fecha 15 de enero de 2018, por estimar que en la diligencia de inspección no se verificó si hay obstáculos en la vía pública; por consiguiente, dispuso que se realice una nueva inspección; y se oficie a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para verificar si el terreno corresponde a la vía pública.

A fojas 639 de autos obra el Acta de Inspección realizada con fecha 17 de octubre de 2018. Dicha acta se encuentra transcrita a fojas 644 de autos.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, con fecha 12 de diciembre de 2018 (f. 668) declaró infundada la demanda por considerar que de un lado, los recurrentes y el demandado se han denunciado mutuamente por el delito de usurpación; los recurrentes han denunciado al demandado ante la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, municipio al que alegan pertenece el predio, pero el demandado sostiene que su predio pertenece a Carabayllo, por lo que al parecer habría conflicto de límites; y, de otro lado, que conforme se acreditó en la primera inspección los accionantes sí pueden ingresar a sus terrenos por la

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parte de atrás de los mismos, inclusive pueden circular vehículos en dicha zona; y que existe un camino conforme con el plano de ubicación del predio. Además, que la vía constitucional no es la idónea para determinar la vulneración del derecho de propiedad que alegan los accionantes.

La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirmó la apelada por estimar que del acta de la segunda inspección se puede verificar que los portones del Lote 1-2 de la parcela Roma Baja A2, de la Unidad Catastral 11831, distrito de Puente Piedra, construidos con dirección al río Chillón, se encuentran inaccesibles porque frente a ellos se han construido muros de concreto y el lugar donde se sitúan estos muros es un terreno donde el demandado tiene plantaciones, incluso cría animales y tiene su vivienda familiar rústica; es decir, se encuentra en posesión de dicho inmueble haciendo uso de esta; pero de la primera constatación se verifica que los recurrentes pueden ingresar a sus terrenos por la puerta principal de la asociación y por la parte de atrás; sin embargo, mediante este proceso no puede obligarse al demandado a retirarse del terreno que ocupa para darle pase a los recurrentes, quienes no han acreditado la real necesidad de obtener ingreso por el lado que colinda con el río Chillón y si bien el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma GH.010, artículo 4, inciso g) señala que la ribera de los ríos constituye excepción para una zona a habilitarse de forma urbana, no se puede desconocer la posesión que viene ejerciendo el demandado sobre el predio colindante con la ribera del río Chillón.

FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se ordene la demolición de las construcciones (muros) realizadas por don Heraclides Anaya Amado en el frontis de la propiedad de don Jasinto Malvaceda Ramos, don Ario Erasmo Pantoja Trujillo, don Wilinton Ortiz Díaz, don Alipio Armando Leiva Herrera, don Lulio Fischer Cadillo Ricaldes y don Zenón Cadillo Ricaldes y de la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas ubicada en Lote 1-2 de la Parcela Roma Baja A-2, de la Unidad Catastral 11831, en el distrito de Puente Piedra. Se alega la vulneración de los derechos a la propiedad y al libre tránsito.

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Análisis del caso

2. La Constitución en su artículo 2, inciso 11, reconoce el derecho de todas las personas a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Esta disposición constitucional procura reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio, habida cuenta de que, en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga la facultad de ingreso hacia el territorio del Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o sea que suponga simplemente salida o egreso del país.

3. Este Tribunal ha señalado, respecto al derecho a la libertad de tránsito que la facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee (Sentencia 2876-2005-PHC/TC). Asimismo, ha enfatizado que el derecho al libre tránsito es un elemento conformante de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza público o de las vías privadas de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera física, o a través de la utilización de herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, etc.

4. En las Sentencias 00311-202-PHC/TC y 00605-2008-AA/TC, este Tribunal señaló que las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales, pero el derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos, pues se trata de un derecho conexo con la libertad individual, y por ende, íntimamente vinculado a la facultad locomotora, que es exclusiva de las personas naturales.

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5. En el presente caso, no cabe alegar vulneración del derecho a la libertad de tránsito de la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas, por ser una persona jurídica conforme con lo señalado en el fundamento 4 supra.

6. Cabe señalar que si bien en la Sentencia 00605-2008-AA/TC se consideró que procedía el análisis de la posible vulneración del derecho a la libertad de tránsito, cuando lo que debía determinarse era si el cuestionado impedimento afectaba o no el derecho de propiedad de la empresa recurrente. Sin embargo, también se indicó que el impedimento no es a la persona jurídica, en cuanto tal, sino a las personas que la conforman, las cuales, a efectos de realizar actos relacionados al uso, disfrute y disposición de la propiedad, por parte de la persona jurídica, requieren desplazarse por la mencionada avenida. De modo más preciso, esta necesidad de desplazamiento debe entenderse que se proyecta tanto con respecto a los miembros de la persona jurídica, esto es, a la base social que la ha constituido, como respecto a las personas que trabajan en dicha empresa y con las que aquella trabaja ‒clientes, personas interesadas, técnicos o profesionales‒ que deben realizar trabajos en la propiedad de la empresa.

7. De acuerdo con el acta de inspección judicial realizada el 10 de noviembre de 2017 (f. 232), don Jacinto Malvaceda, en su condición de presidente de la Asociación Cultural Santa Rosa de Acchas, tenía llave del portón verde de la asociación que permitió ingresar al terreno y la jueza verificó que sí hay ingreso de vehículos a ese local.

8. Este Tribunal considera que es perfectamente permisible que a través del proceso constitucional del habeas corpus se tutele la afectación del derecho a la libertad de tránsito de una persona cuando de manera inconstitucional se le impida el ingresar o salir de su domicilio (Sentencia 02645-2009-PHC/TC). En tal sentido, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera favorable en anteriores casos en los que se ha acreditado que la restricción es de tal magnitud que se obstaculiza totalmente el ingreso al domicilio del demandante, como el desplazarse libremente, entrar y salir sin impedimentos (Sentencia 05970-2005-PHC/TC). En dicho supuesto, se debe

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verificar si el recinto respecto del cual la persona reclama tutela es su domicilio, pues el ámbito de tutela de este derecho no puede extenderse a cualquier espacio físico respecto del cual la persona tenga su disposición (Sentencia 01949-2012-PHC/TC).

9. Los recurrentes alegan que no pueden ingresar y salir de sus domicilios; sin embargo, de sus declaraciones que obran a fojas 88, 90, 92, 94, 96 y 98 de autos, señalan otros lugares como sus domicilios y que sus terrenos ubicados en el Lote 1-2 de la Parcela Roma Baja A-2, Unidad Catastral 11831, en algunos casos, son utilizados como cocheras para camiones, taller, negocio de casas prefabricadas.

10. En consecuencia, respecto a lo señalado en los fundamentos 4 a 9 supra, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que lo sustentan exceden el ámbito de control constitucional que se puede efectuar a través del habeas corpus.

11. Por consiguiente, se analizará la alegada vulneración del derecho al libre tránsito de don Jasinto Malvaceda Ramos, don Ario Erasmo Pantoja Trujillo, don Wilinton Ortiz Díaz, don Alipio Armando Leiva Herrera, don Lulio Fischer Cadillo Ricaldes y don Zenón Cadillo Ricaldes, respecto a una vía pública.

12. Este Tribunal ha precisado también que debe entenderse como vía de tránsito público todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas; por lo que, en principio, no existe restricción o limitación a la locomoción de los individuos.

13. El artículo 74 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, determina como faja marginal a los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, necesaria para la protección o el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. En el Decreto Supremo 001-2010- AGA, Reglamento de la Ley 29338, artículo 113, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las

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riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua. El artículo 4 de la Resolución Jefatural 332-2016-ANA, Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, se establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA). En consecuencia, al ser las fajas marginales bienes de dominio público hidráulico no puede impedirse el libre tránsito sobre estas.

14. De los documentos que obran en autos, este Tribunal considera que la demanda debe ser estimada en parte por las siguientes consideraciones:

a) La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, mediante Oficio 062-2018-GDUMPPP, de fecha 14 de junio de 2018 (f. 590), luego de la inspección realizada con fecha 12 de junio de 2018, concluye que se ocupa parte de la vía denominada malecón Chillón aprobada con una sección vial denominada C-15-A59; es así que se verificó que se han ocupado áreas destinadas a la vía pública las que colindan con la propiedad del Lote 1-2 de la Parcela Roma Baja A-2, y se indica que el muro construido ha cerrado la puerta de acceso a la vía metropolitana.

b) Si bien el demandado alega que su predio pertenece al distrito de Carabayllo conforme con la Constancia de Posesión y el Certificado de Jurisdicción 050-2016/GDRU/MDC (ff. 580 y 581); sin embargo, este Tribunal aprecia que para la elaboración del informe contenido en el Oficio 062-2018-GDUMPPP, no solo se tomó en cuenta una ordenanza distrital de Puente Piedra, sino la Ordenanza 341, que aprueba el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima y su modificatoria la Ordenanza 1083, que aprueba la actualización del Sistema Vial Metropolitano correspondiente a los distritos de Carabayllo y Puente Piedra.

c) Por consiguiente, se deben retirar los muros que cierran el acceso a la vía metropolitana (malecón Chillón) de los

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terrenos de don Jasinto Malvaceda Ramos, don Wilinton Ortiz Díaz, don Alipio Armando Leiva Herrera, don Lulio Fischer Cadillo Ricaldes y don Zenón Cadillo Ricaldes.

d) Respecto a don Ario Erasmo Pantoja Trujillo, a fojas 491 de autos, se señala que en la diligencia de inspección de fecha el 10 de noviembre de 2017, la jueza verificó que no existe muro construido delante del portón de su terreno.

e) Mediante Oficio 081-2018/SGCSPU-GDU-MDPP (f. 649), la Municipalidad Distrital de Puente Piedra indica que se han identificado posesiones informales que en su totalidad se encuentran dentro de la faja marginal del río Chillón y del área proyectada en vía pública; empero, en dicho oficio no se identifica, específicamente, al predio del demandado dentro de la faja marginal del río Chillón.

f) Si bien, mediante Resolución de Subgerencia 026-2016- SGOPHU/GDUMDPP (f. 386) se declaró improcedente la solicitud de Edificación de un cerco perimétrico presentada por don Heraclides Anaya Amado, porque el área a intervenir se encontraba dentro de la faja marginal del río Chillón; y mediante Resolución de Subgerencia 050-2016-SGF-GSCF-MDPP (f. 392), corregida por Resolución 130-2016-GSCF-MDPP (f. 398), se dispuso como medida cautelar la demolición del cerco perimétrico; sin embargo, las precitadas resoluciones son de fecha 19 de abril, 20 de junio y 18 de agosto de 2016 y, en atención a que la dimensión de la faja marginal del río Chillón varía de acuerdo a la zona, no es posible determinar si el terreno del demandado, a la fecha, afectaría en todo o parte la faja marginal.

Efectos de la sentencia

15. Al haberse constatado la vulneración del libre tránsito de don Jasinto Malvaceda Ramos, don Wilinton Ortiz Díaz, don Alipio Armando Leiva Herrera, don Lulio Fischer Cadillo Ricaldes y don Zenón Cadillo Ricaldes, corresponde que se disponga la demolición del muro construido delante de los portones de sus terrenos en el Lote 1-2 de la Parcela Roma Baja A-2, distrito de

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Puente Piedra, que cierra su acceso a la vía metropolitana, según indica el Oficio 062-2018-GDUMPPP (f. 590).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus respecto de lo señalado en los fundamentos 4 a 10 supra.

2. Declarar FUNDADA en parte la demanda respecto a la alegada vulneración del derecho a la libertad de tránsito de don Jasinto Malvaceda Ramos, don Wilinton Ortiz Díaz, don Alipio Armando Leiva Herrera, don Lulio Fischer Cadillo Ricaldes y don Zenón Cadillo Ricaldes.

3. Ordenar la demolición del muro construido delante de los portones de los terrenos de los demandados conforme al fundamento 15 supra.

4. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la alegada afectación del derecho a la libertad de tránsito de don Ario Erasmo Pantoja Trujillo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

PONENTE MIRANDA CANALES