SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de diciembre de 2020

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Constructora MPM SA contra la resolución de fojas 48, del tomo II, de fecha 19 de agosto de 2019, expedida por la Sala Civil Transitoria de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. Con fecha 29 de enero de 2018, la persona jurídica recurrente interpone demanda de amparo contra el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y la Unidad Ejecutora 003: Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), solicitando se deje sin efecto la Resolución 2713-2017-TCE-S4 que revocó la buena pro otorgada a su favor para la contratación de la ejecución de la obra “instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica (SNIP 276849)”, y se restituya la buena pro otorgada, ordenándose la suscripción del contrato respectivo y la no apertura de procedimiento administrativo sancionador en su contra. Alega la afectación a sus derechos constitucionales al debido procedimiento administrativo, a la libertad de empresa y a la libertad de contratar.

3. Esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia con claridad que lo cuestionado en el presente caso, son meros actos administrativos dictados por la OSCE, en el marco de sus competencias.

4. En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, que la vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” como la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.

5. En el caso concreto, desde una perspectiva objetiva tenemos que el proceso contencioso-administrativo cuenta con una estructura idónea para acoger la pretensión del demandante. Es decir, el proceso contencioso-administrativo constituye una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso propuesto, conforme al artículo 5.1 del DS 011-2019-JUS – TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que incluso cuenta con una estación probatoria lata que permita la actuación de los medios probatorios necesarios e idóneos para mejor resolver la causa.

6. Por otro lado, desde una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite por la vía ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño que podría ocurrir, dado que el proceso contencioso-administrativo cuenta con plazos céleres y adecuados a los derechos que se pretende resguardar, estando posibilitados, incluso, de hacer uso de las medidas cautelares pertinentes, que pudieran suspender los efectos del acto administrativo cuestionado, a fin de garantizar la eficacia de la ejecución de la sentencia, siempre que se cumplan con los requisitos correspondientes.

7. Asimismo, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y a las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y por los tratados internaciones de derechos humanos; por lo que no puede ser de recibo de este Tribunal Constitucional las alegaciones de la recurrente formuladas en su recurso de agravio constitucional.

8. Por ello, en atención a que la cuestión de derecho invocada contradice un precedente del Tribunal Constitucional, el recurso de agravio debe ser declarado improcedente.

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA