SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 11 de diciembre de 2020
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Francisco Ramos Tasayco contra la resolución de fojas 170, de fecha 12 de noviembre de 2019, expedida por la Sala Civil Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de autos.
FUNDAMENTOS
1.
En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC,
publicada en el diario oficial El Peruano
el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el fundamento 49, con
carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria,
dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos,
que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:
a)
Carezca de fundamentación la supuesta vulneración
que se invoque.
b)
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no
sea de especial trascendencia constitucional.
c)
La cuestión de Derecho invocada contradiga un
precedente del Tribunal Constitucional.
d)
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos
sustancialmente iguales.
2.
En
la sentencia emitida en el Expediente 04533-2013-PA/TC, publicada el 27 de
enero de 2015 en el portal web institucional, el Tribunal Constitucional
declaró improcedente la demanda de
amparo. Allí se deja establecido que la vía procesal idónea e igualmente
satisfactoria para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos
derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso
contencioso-administrativo. Este proceso, desde la perspectiva objetiva, posee
una estructura idónea para tutelar los derechos relativos al trabajo. Además, cuenta
con medidas cautelares orientadas a suspender los efectos del acto reclamado
mientras se resuelvan las controversias pendientes de absolución.
3.
El
presente caso es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria,
en el Expediente 04533-2013-PA/TC. En efecto, la presente controversia plantea que
la UGEL Chincha y la Institución Educativa Integrada 22268 procedan a
reincorporar al actor como personal de servicio del referido centro educativo y
se le pague las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta el demandante
que de manera arbitraria ha sido despedido porque el director de la entidad
demandada dispuso dejar sin efecto el acta mediante el cual había sido declarado
ganador de una plaza dentro de la institución educativa mencionada. Afirma que
han vulnerado sus derechos al trabajo, a la protección contra el despido
arbitrario, entre otros. Sin embargo, esta Sala hace notar que existe una vía
procesal igualmente satisfactoria que protege el derecho amenazado o vulnerado.
Aquello ocurre cuando, en casos como este, se encuentra acreditado en autos que
el recurrente estaría sujeto al régimen laboral público; y no se acreditó que
exista riesgo de que se produzca irreparabilidad o la
necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad
de las consecuencias.
4.
En
consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido
en la causal de rechazo prevista en el acápite d) del fundamento 49 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso d) del
artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta
razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de
agravio constitucional.
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincidiendo con
el sentido de lo resuelto por mis colegas, debo hacer algunas precisiones sobre
la aplicación de las causales del precedente “Vásquez Romero” y su interacción
con las causales de improcedencia del Código Procesal Constitucional, y, en especial
con lo dispuesto en el precedente “Elgo Ríos”:
1.
Uno de los temas que corresponde a este Tribunal ir
precisando en su jurisprudencia es el de la aplicación de la causal d) de la
sentencia interlocutoria denegatoria donde se recoge el supuesto de “casos sustancialmente
iguales”. Como he venido señalando en más de un fundamento de voto, esta causal
de rechazo implica una fuerte vinculación entre los hechos y las razones del
caso que se utiliza como referente y aquel al que se pretende aplicar las
mismas consecuencias jurídicas que al primero.
2.
Ahora bien, en los casos de Derecho laboral público que ha
venido resolviendo el Tribunal Constitucional, se ha instalado la práctica de
utilizar como caso referente la sentencia recaída en el Expediente
04533-2013-PA/TC, caso “Marcapura Aragón”. Sin
embargo, debo hacer notar que encuentro dos problemas si se insiste en una
aplicación sistemática de este criterio, ambos problemas de orden procesal.
3.
El primer problema viene por lo que se entiende por
“sustancialmente igual”. La sentencia “Marcapura
Aragón” da cuenta de una demanda de amparo interpuesta por un trabajador
(almacenero) de la Municipalidad Provincial de Cusco que busca ser
reincorporado. Bastan estos datos para condicionar el universo de casos a los
que se puede asimilar este referente. Y es que si nos encontramos ante
situaciones diferentes, el caso utilizado como referencia también debe cambiar.
No se puede utilizar “Marcapura Aragón” para
cualquier caso laboral público. Con ello, se corre el riesgo de que se
deslegitime la decisión tomada; y no solamente en este caso pues se estaría
asumiendo que con una mínima similitud es suficiente para que el Tribunal
declare la improcedencia.
4.
El segundo problema está referido a la propia solución de “Marcapura Aragón”. Y es que si se analiza dicha sentencia,
se podrá rápidamente evidenciar que se está ante una invocación de la
perspectiva objetiva de lo que luego vendría a ser el precedente “Elgo Rìos”. Es decir, se verifica
que existe un proceso con estructura idónea que sería el proceso contencioso
administrativo, con lo cual se resuelve que dicha vía es igualmente
satisfactoria al amparo.
5.
Sin embargo, se olvida que los criterios del precedente “Elgo Rìos” han sido pensados para
aplicarse caso a caso y no de forma estática. En otras palabras, cuando en “Marcapura Aragón” se dice que existe una vía igualmente
satisfactoria, ello es válido para ese caso en concreto, y no para todos los
casos. Al aplicarse la causal d) a “Marcapura
Aragón”, se genera un efecto petrificador en la
jurisprudencia que liberaría al juez del análisis caso a caso y lo obligaría a
aplicar una regla fija, referida a que el proceso contencioso administrativo
siempre, y para todos los casos, sería una vía igualmente satisfactoria. Eso es
desnaturalizar un precedente del Tribunal Constitucional, alternativa
absolutamente inadmisible. Un Tribunal como el nuestro no puede acordar algo,
sobre todo con carácter de precedente, para de inmediato desconocerlo.
Evidentemente, no puedo estar de acuerdo con ese erróneo razonamiento.
6.
Frente a este escenario, considero que la mejor forma de
tratar los casos de Derecho laboral
público en una sentencia interlocutoria es la de la propia causal c), que
permite al Tribunal hacer una aplicación directa del precedente “Elgo Ríos” para atender las particularidades de la
controversia que se presenta, en lugar de la aplicación indirecta por medio de
“Marcapura Aragón”. Ello sin perjuicio de utilizar la
causal d) cuando se trate verdaderamente de casos sustancialmente iguales, los
cuales no impliquen el análisis de la vía igualmente satisfactoria, o la causal
b) cuando se haga referencia a alguna de las otras causales de improcedencia
previstas en el Código Procesal Constitucional.
7.
Ahora bien, considero que en este caso en específico,
corresponde la emisión de una sentencia interlocutoria en aplicación de la
causal c) prevista en el fundamento 49 de la sentencia “Vásquez Romero”. Ello
porque no se ha considerado lo establecido por este Tribunal, con carácter de
precedente, en el caso “Elgo Ríos”.
8.
En el presente caso, tenemos que la recurrente solicita que
la UGEL Chincha y la Institución Educativa Integrada 22268 procedan a
reincorporar al actor como personal de servicio del referido centro educativo y
se le pague las remuneraciones dejadas de percibir.
9.
Ahora bien, corresponde analizar si lo planteado contraviene
lo previsto en la Sentencia 02383-2013-PA/TC, la cual estableció, con carácter
de precedente, que una vía ordinaria constituye una vía igualmente
satisfactoria al proceso de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de
manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la
estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a emitir pueda brindar
tutela adecuada; iii) que no existe riesgo de que se
produzca irreparabilidad; y iv)
que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del
derecho o de la gravedad de las consecuencias.
10.
En este caso, desde una perspectiva objetiva, tenemos que el
proceso contencioso administrativo, regulado por el Texto Único Ordenado de la
Ley 27584, cuenta con una estructura idónea para acoger la pretensión del
demandante y darle tutela adecuada. En efecto, el presente caso consiste en que
la UGEL Chincha y la Institución Educativa Integrada 22268 procedan a
reincorporar al actor como personal de servicio del referido centro educativo y
se le pague las remuneraciones dejadas de percibir. Así, tenemos que el proceso
contencioso administrativo ha sido diseñado de manera que permite ventilar
pretensiones como la planteada por el demandante en el presente caso, tal como
está previsto por el artículo 5.2 del Texto único Ordenado de la citada Ley.
11.
Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el
caso de autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad
del derecho en caso se transite la vía ordinaria. De igual manera, tampoco se
verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho
en cuestión o de la gravedad del daño que podría ocurrir.
12.
Por lo expuesto, corresponde que el presente recurso de
agravio constitucional sea declarado IMPROCEDENTE.
Ello porque en el caso concreto
existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso
administrativo.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA