SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de diciembre de 2020

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Zenobio Tolentino Felipe contra la resolución de fojas 61, de fecha 7 de agosto de 2018, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.

4. En el presente caso, el recurrente solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales expedidas en el proceso de reposición por nulidad de despido que promoviera contra la empresa Aris Industrial SA (Expediente 19210-2012):

— Resolución de fecha 9 de diciembre de 2015, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 17), que revocó la sentencia de fecha 31 de diciembre de 2014 (f. 2); y, reformándola, declaró infundada su demanda; y,

— Casación Laboral 5512-2016 Lima, de fecha 21 de octubre de 2016, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (f. 25), que declaró improcedente su recurso de casación, al incumplir los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 56 de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo; y, además, por pretender cuestionar lo establecido por las instancias de mérito, lo cual resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso presentado.

5. En cuanto a la resolución de segunda instancia o grado, el recurrente aduce que se han inaplicado los literales a) y c) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, para denegar su pretensión de reposición, a pesar de cumplir con los requisitos para ser repuesto en el cargo de operador de acabado I con todos los derechos inherentes a dicho cargo.

6. Ahora bien, en lo relacionado a la Casación Laboral 5512-2016 Lima, cuestiona que la Sala suprema demandada haya desestimado su recurso por considerar que la infracción normativa invocada no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley 26636, modificada por la Ley 27021. Por consiguiente, considera que han violado sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales.

7. No obstante lo alegado por el actor, esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que lo realmente solicitado es el reexamen de lo resuelto por los jueces demandados, lo que resulta manifiestamente improcedente, debido a que tal cuestionamiento no incide de manera directa y concreta en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales invocados. Y es que lo que puntualmente cuestiona es, por un lado, la apreciación fáctica y jurídica realizada por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima al denegar su demanda y, por otro lado, la apreciación jurídica realizada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República al declarar la improcedencia de la casación presentada; sin embargo, las resoluciones cuestionadas se encuentran suficientemente motivadas.

8. A mayor abundamiento, cabe precisar que así el recurrente disienta de lo argumentado en tales resoluciones judiciales, eso no significa que no exista justificación o que, a la luz de los hechos del caso, sea aparente, incongruente, insuficiente o que incurra en vicios de motivación interna o externa. Por consiguiente, no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo, máxime si el recurso de agravio constitucional no puntualiza en qué medida el recurrente ha padecido un agravio iusfundamental.

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. En tal sentido, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA