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Pleno. Sentencia 1000/2020

EXP. N.° 00370-2020-PHC/TC

LIMA

CARLOS LUIS JANAMPA RUA, representado por ANÍBAL JAVIER ANCALLE RUIZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la participación del magistrado Blume Fortini por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aníbal Javier Ancalle Ruiz, abogado de don Carlos Luis Janampa Rua, contra la resolución de fojas 112, su fecha 19 de setiembre de 2019, expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in limine la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de abril de 2019, don Aníbal Javier Ancalle Ruiz interpone demanda de habeas corpus a favor de don Carlos Luis Janampa Rua (f. 48), y la dirige contra don Arturo Rolando Ayala Cuenca, juez del Juzgado Unipersonal y Penal Liquidador de Mala, y contra los magistrados integrantes de la Sala Penal de Apelaciones, en Adición Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete, señores Sanz Quiroz, García Huanca y Quispe Mejía. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, así como del principio de legalidad.

El recurrente solicita que se declare nulas: (i) la sentencia de fecha 13 de julio de 2016 (f. 17) mediante la cual don Carlos Luis Janampa Rua fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo (Expediente 408-2008); y, (ii) la sentencia de vista de fecha 20 de febrero de 2017 (f. 33) que confirmó la precitada condena (Expediente 00098-2016-71-0801-JR-PE-01); y que, en consecuencia, se declare prescrito el delito de homicidio culposo, concluido el proceso penal y se ordene la inmediata libertad del favorecido.

Don Aníbal Javier Ancalle Ruiz manifiesta que al favorecido se le imputó el delito de homicidio culposo, hecho ocurrido el 27 de abril del 2007, a horas

04:30, aproximadamente, cuando se encontraba manejando el ómnibus interprovincial con placa de rodaje UQ-3042, por la Panamericana Sur hacia la ciudad de Lima, y a la altura del kilómetro 64.000 colisionó con la parte posterior izquierda del vehículo remolcador de placa de rodaje ZI-5760, lo que originó un accidente de tránsito y el fallecimiento de cinco personas, quienes eran pasajeros del referido ómnibus. Al respecto, refiere que a la fecha de ocurrido los hechos y la expedición del auto de apertura de instrucción (f. 5) estaba vigente el artículo 111, segundo párrafo del Código Penal, conforme a la modificación establecida en la Ley 27753. Detalla que mediante Dictamen fiscal de 12 de enero de 2015 (f. 8) se formuló acusación fiscal contra el favorecido por el artículo 111, segundo párrafo del Código Penal; y mediante Dictamen de fecha 9 de diciembre de 2015 (f. 14) se reafirmó la referida acusación. Los precitados dictámenes tipificaron el delito materia de acusación en el párrafo segundo del artículo 111, del Código Penal, sin señalar expresamente la agravante imputada al favorecido ni determinar si se le aplicaba la modificación establecida por Ley 27753 o por Ley 29439.

El recurrente añade que conforme con el principio de legalidad, la tipificación efectuada en la acusación fiscal le corresponde la modificación establecida por Ley 29439, toda vez que esta estaba vigente a la fecha de la acusación. Alega que la Ley 29439 introdujo nuevas agravantes (drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas, sintéticas, etc.) y como consecuencia de dichas incorporaciones, manteniéndose la penalidad, se modificó la ubicación de las agravantes (inobservancia de reglas técnicas de transito y pluralidad de víctimas) en distintos párrafos; es así que, en la Ley 27753, las agravantes se encontraban en el segundo párrafo del artículo 111, del Código Penal; y con la Ley 29439, en el segundo y tercer párrafo del mismo artículo. Asevera que en los dictámenes fiscales solo se indicó que el delito materia de acusación era el establecido en el párrafo segundo del artículo 111, del Código Penal, sin señalar en forma expresa a cuál de las dos agravantes precitadas correspondía dicha tipificación, siendo que a la fecha de los precitados dictámenes ya se encontraba vigente la Ley 29439, por lo que correspondía que se aplique dicha ley.

Don Aníbal Javier Ancalle Ruiz alega que en la acusación fiscal no se solicitó que al favorecido se le imponga pena de inhabilitación, lo que es conforme con la Ley 29439, que ya no establece dicha pena, pero el juez lo condenó conforme con el segundo párrafo del artículo 111 del Código Penal, modificado por la Ley 27753, con las agravantes referidas a la inobservancia de reglas técnicas de tránsito y pluralidad de víctimas y le impuso pena de inhabilitación, con lo cual modificó la calificación jurídica realizada por el Ministerio Público y le impuso una pena que no fue solicitada por el fiscal.

El accionante señala que en la sentencia de vista se precisa que al favorecido le era aplicable el tercer párrafo artículo 111 del Código Penal, refiriéndose a la modificación establecida en la Ley 29439, pero en forma contradictoria confirmó la condena; y, declaró infundada la prescripción de la acción penal, sin considerar que la Ley 29439 establecía para el delito imputado una pena no menor de un año ni mayor de seis años; por lo que a la fecha de la condena, ya había operado la prescripción de la acción penal.

El procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escritos de fecha 13 de junio de 2019 (f. 85) y de fecha 15 de agosto de 2019 (f. 106) se apersona al proceso de habeas corpus y solicita el uso de la palabra.

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal Reos Libres de Lima, con fecha 2 de mayo de 2019 (f. 67) declara improcedente in límine la demanda, por considerar que la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y aplicó la Ley 27753 porque se encontraba vigente a la fecha de los hechos imputados al favorecido y fue invocada por el Ministerio Público en la denuncia de fecha 18 de diciembre de 2008, tipo penal que también fue considerado en la acusación fiscal de fecha 12 de enero de 2015 y reproducción de fecha 9 de diciembre de 2015. Agrega que en la apelación de la sentencia condenatoria no se realizó cuestionamiento alguno a la tipificación realizada; que la sentencia de vista no tipificó la conducta del favorecido conforme con la Ley 29439, pues si bien hace referencia al tercer párrafo del artículo 111 del Código Penal, en forma expresa indica “vigente al momento de la comisión del hecho”, por lo que se trata de un error material; y que la Sala superior demandada ya emitió pronunciamiento sobre la prescripción de la acción penal, siendo que la sanción prevista en la Ley 27753 y en la Ley 29439, es la misma; es decir, no mayor de ocho años, por lo que concluye que en realidad lo que se pretende cuestionar el criterio de los jueces demandados

La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada, por estimar que los hechos datan del 27 de abril de 2007, fecha en la que se encontraba vigente la Ley 27753, de fecha 9 de junio de 2002, y no la Ley 29439, de fecha 19 de noviembre de 2009, ley esta última que no es más beneficiosa para el favorecido, por lo que no cabe solicitar su aplicación; y que la denuncia fiscal se formalizó el 18 de diciembre de 2008 y el auto de apertura de instrucción se emitió el 22 de mayo de 2009, es decir, antes de la modificación de la Ley 29439. De otro lado, aduce que la omisión del Ministerio Público respecto a la aplicación de la pena inhabilitación, conforme con el principio de legalidad, no vincula al juez, puesto que este se encuentra facultado para aplicar la ley, por lo que al ser la inhabilitación parte de las consecuencias jurídicas del delito materia de acusación, el juez debe imponerla, lo que fue fundamentado en la sentencia condenatoria. Además, alega que la sentencia de segunda instancia encuadró los hechos en el tercer párrafo del artículo 111 del Código Penal, modificado por la Ley 29434, sin embargo, en dicha sentencia también se indicó que se refería a la ley vigente al momento de los hechos (Ley 27753); y si bien realizó el juicio de subsunción conforme con la Ley 29434, dicha ley regula el mismo supuesto de hecho e incluso la misma pena (de cuatro a ocho años de pena privativa de la libertad) que el delito por el cual el favorecido fue condenado; por consiguiente, no se ocasionó vulneración o puesta en peligro al derecho a la libertad individual del favorecido, más aún si la referida sentencia de vista confirmó en todos sus extremos la sentencia de primera instancia.

FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare nulas: (i) la sentencia de fecha 13 de julio de 2016, mediante la cual se condenó a don Carlos Luis Janampa Rua a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo (Expediente 408-2008); y, (ii) la sentencia de vista de fecha 20 de febrero de 2017, que confirmó la precitada condena (Expediente 00098-2016-71-0801-JR-PE-01); y que, en consecuencia, se declare prescrito el delito de homicidio culposo, concluido el proceso penal y se ordene la inmediata libertad del favorecido. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, así como del principio de legalidad.

Consideraciones preliminares

2. El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal Reos Libres de Lima declaró improcedente in límine la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, este Tribunal aprecia que los hechos denunciados tendrían relación con la afectación de los principios de legalidad y de congruencia. Por ello, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, además que en autos aparecen los elementos necesarios, este Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

Análisis del caso

3. El principio de legalidad penal se configura también como derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo y el Poder Judicial al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica (Sentencias 02758-2004-PHC/TC y 03644-2015-PHC/TC).

4. Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la justicia constitucional, frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales o supuestos no contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces penales y su eventual violación posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las libertades fundamentales (Expediente 01361-2019-PHC/TC).

5. Por ello, constituye una exigencia ineludible para el órgano jurisdiccional el que solo se pueda procesar y condenar en base a una ley anterior respecto de los hechos materia de investigación (lex praevia).

6. Esta proscripción de la retroactividad tiene su excepción en la aplicación retroactiva de la ley penal cuando esta resulta favorable al procesado, conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Constitución. El principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello sin duda constituye una excepción al principio de irretroactividad de la aplicación de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado no tiene interés (o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en la dignidad de la persona humana (Sentencia 09810-2006-PHC/TC).

7. El artículo 139, inciso 13, de la Constitución Política del Perú establece que la prescripción produce los efectos de cosa juzgada. Bajo este marco constitucional, el Código Penal, en sus artículos 80 al 83, reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Es decir, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.

8. Este Tribunal ha destacado que el principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal (tomando en cuenta lo precisado por el Ministerio Público, en virtud de su competencia postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe acotar que el juez se encuentra premunido de la facultad para poder apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio (Sentencias 02179-2006-PHC/TC y 00402-2006-PHC/TC).

9. Este Tribunal ha dejado sentado que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (Sentencia 00728-2008-PHC/TC).

10. En el caso de autos, de la denuncia fiscal de fecha 18 de diciembre de 2008 (f. 2) y del auto de apertura de instrucción de fecha 22 de mayo de 2009 (f. 5), se aprecia que al favorecido se le imputó el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo, previsto en el artículo 111, segundo párrafo del Código Penal, por el hecho ocurrido el 27 de abril de 2007. A dicha fecha se encontraba vigente el artículo 111 del Código Penal conforme a la modificación establecida por el artículo 1 de la Ley 27753, de fecha 9 de junio de 2002. Por consiguiente, no se vulneró el principio de legalidad.

11. En el Dictamen Fiscal de 12 de enero de 2015, numeral III. Análisis y Evaluación de los Hechos, segundo párrafo (f. 10), y en el numeral. –Tipificación del Delito materia de Investigación (f. 11) se expone lo siguiente:

“Que, el indicado día, el imputado se desplazaba a una velocidad no razonable ni prudente, para las circunstancias del lugar y momento, velocidad que ante la percepción del peligro no le permitió salvar el conflicto, demostrando con su accionar un exceso de confianza, sin haber adoptado sus medidas de seguridad y precaución denotando con ello la inobservancia y aplicación de los principios básicos de manejo a la defensiva, lo que generó el impedimento de controlar el vehículo para evitar el accidente o aminorar las circunstancias del mismo; conforme se aprecia de la conclusión del Informe Técnico N° 231-2007- DEPIAT-UlAT-PNP/G-1, corriente a fs. 119 al 122; aunado al hecho que fueron varios los agraviados; por lo que es de evidenciarse que el encausado ha violado el deber objetivo de cuidado que debía haber tenido al momento de estar conduciendo el vehículo de placa de rodaje UQ-3042, considerando la forma y circunstancia de la acción, siéndole que la producción del resultado le es imputable objetivamente y directa y conforme a los hechos que se narra ha inobservado así las reglas técnicas de tránsito establecidas en el Texto Único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito (Código de Tránsito) precisamente en lo que concierne a las reglas establecidas en el artículo 160, 161,

246.”

“Que de autos, se tiene, que los agraviados fueron víctima de un accidente de

tránsito, produciéndose su muerte (…)

1. El hecho ocurrió por un acto culposo, debido a la inobservancia de las reglas de tránsito.

2. Se causó las lesiones a los agraviados.

3. El hecho se produjo debido a la inobservancia de las reglas de tránsito, como es el Artículo 160, que prescribe que el conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente (…).”

12. Este Tribunal considera que cuando en el Dictamen fiscal de fecha 12 de enero de 2015, se formula acusación contra don Carlos Luis Janampa Rua por el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 111, segundo párrafo del Código Penal (f. 12), se refiere al artículo 111 del Código Penal, modificado por la Ley 27753. Además, que en el dictamen de fecha 9 de diciembre de 2015 (f. 14), se indica que se reproduce en extenso el dictamen de fecha 12 de enero de 2015, sin que se realice alguna modificación o aclaración al respecto. Por consiguiente, la sentencia condenatoria de fecha 13 de julio de 2016 no realizó modificación a la calificación jurídica postulada por la Fiscalía y que fue materia del proceso penal en contra del favorecido, al señalar en su numeral 4.9 (f. 28) que: “(...) subsumiéndose su conducta en el Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 111 primer párrafo (tipo base) y segundo párrafo (agravante) del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 27753 (…)”.

13. Respecto a que el juez demandado impuso pena de inhabilitación al favorecido, pese a que el fiscal en su acusación no solicitó su aplicación, se aprecia del fundamento 12, supra, que el delito materia de condena contemplaba una pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 incisos 4), 6) y 7) del Código Penal. Por consiguiente, en tanto la pena de inhabilitación se encontraba prevista como pena principal adicional a la pena privativa de la libertad, el juez podía aplicarla conforme lo fundamenta en el numeral 5.4 de la sentencia condenatoria (f. 30); así las cosas, a don Carlos Luis Janampa Rúa se le impuso pena de inhabilitación prevista en el artículo 36, inciso 7, del Código Penal (suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo) por el mismo período de la pena privativa de la libertad.

14. De otro lado, este Tribunal advierte que existe error material en el cuarto y noveno fundamento de la sentencia de vista, puesto que en el cuarto fundamento (f. 36) se hace referencia al delito de homicidio culposo, conforme al artículo 111; primer párrafo y concordante con el tercer párrafo del Código Penal, pero también se consigna “vigente al momento de la comisión del hecho”; y, en el tercer párrafo del noveno fundamento (f. 40), al pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal, también hace referencia al delito de homicidio culposo, contenido en el artículo 111 del Código Penal, concordante con el primer párrafo, tipo base y su agravante del tercer párrafo del mismo artículo, que estipula una pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años; pena que es la misma que la prevista en el artículo 111, segundo párrafo del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 27753.

15. Este Tribunal ha establecido que, en principio, es de aplicación la norma vigente al momento de la comisión de la infracción penal (principio de legalidad penal), y que aquellas normas que entraron en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción serán aplicables -mediante aplicación retroactiva- sólo si resultan más favorables para el procesado que las vigentes al momento de la comisión de la infracción (retroactividad benigna). Como consecuencia de ello, ante una sucesión de normas en el tiempo, será de aplicación la más favorable al procesado, lo que ha sido reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución (Sentencia 01955-2008-PHC/TC).

16. El artículo 111 del Código Penal conforme con la modificación establecida en el artículo 1 de la Ley 27753, preceptúa:

“El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36 incisos 4), 6) y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.

La pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de seis años.

17. El artículo 111 del Código Penal conforme con la modificación establecida en el artículo 1 de la Ley 29439, de fecha 19 de noviembre de 2009, estatuye:

La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho.

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25

gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en

general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.

18. De lo expuesto en los fundamentos 16 y 17, supra, tanto en el segundo párrafo del artículo 111 del Código Penal, conforme con la modificación prevista en el artículo 1 de la Ley 27753; y en el tercer párrafo del artículo

111 del Código Penal, conforme con la modificación establecida en el artículo 1 de la Ley 29439, establece que cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, por lo que la Ley 29439, no es más favorable al favorecido.

19. En cuanto a la alegada prescripción de la acción penal, el artículo 80 del Código Penal respecto al plazo ordinario de la prescripción de la acción establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la