EXP. N.° 00053-2009-PC/TC

LA LIBERTAD

ÁNGEL ARCE ÁLVAREZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 6 de febrero de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la parte demandante pretende que la emplazada, dé cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley N.º 17262 y en la Décima Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N.º19990 y se le otorgue el pago de la bonificación complementaria del 20% de la remuneración de referencia S/.1,622.85, y el pago de los devengados e intereses que le corresponde de acuerdo a Ley.

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso constitucional.

3. Que, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

4. Que, en el presente caso, el mandato cuyo cumplimiento se requiere está sujeto a controversia compleja, toda vez que de la resolución administrativa que se pretende ejecutar se advierte que dicha bonificación ya se encuentra incluida  en el monto de la pensión, no siendo posible recurrir a esta vía para resolver controversias de esta naturaleza.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.                       

SS.

LANDA ARROYO

CALLE HAYEN

ETO CRUZ