PLENO
JURISDICCIONAL
006-2006-PC/TC
DEL PLENO
JURISDICCIONAL DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
De 12 de
febrero de 2007
Poder Ejecutivo (demandante) c. Poder Judicial
(demandado)
Demanda de conflicto de
competencias
interpuesta por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo),
representado por la Procuradora Pública Ad
Hoc a cargo de los procesos judiciales relacionados con la explotación de
casinos de juego y máquinas tragamonedas, contra el Poder Judicial.
Magistrados
firmantes:
LANDA ARROYO
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
GARCÍA TOMA
VERGARA
GOTELLI
LIMA
PODER EJECUTIVO
En Lima, a los 13 días del mes de febrero de 2007, el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de
los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la
siguiente sentencia con el fundamento del Magistrado Bardelli Lartirigoyen.
Demanda de conflicto de
competencias
interpuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, representado por
la Procuradora Pública Ad Hoc a cargo
de los procesos judiciales relacionados con la explotación de casinos de juego
y máquinas tragamonedas, contra el Poder Judicial.
1.
Demanda
Con
fecha 13 de octubre de 2006, Patricia del Carmen Velasco Sáenz, Procuradora
Pública Ad Hoc a cargo de la
representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en los procesos
judiciales relacionados con casinos de juego y máquinas tragamonedas, interpone
demanda de conflicto de competencias contra el Poder Judicial por considerar
que, en sede judicial, se vienen afectando las esferas de competencia del Poder
Ejecutivo; concretamente, el artículo 118º, incisos 1 y 9 de la Constitución;
así como el artículo 121º y 128º de la Constitución[1].
En consecuencia solicita: (1) que se determine si el Poder Judicial tiene la
facultad de declarar inaplicables normas legales que regulan la actividad de
juegos de casinos y máquinas tragamonedas, cuya constitucionalidad ha sido
ratificada por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos; (2)
que se declare la nulidad de lo siguiente:
-
Resoluciones
judiciales recaídas en procesos de amparo que declaran inaplicable el Decreto
Supremo N.° 04-94-MITINCI modificado por el Decreto Supremo 04-97-MITINCI, y
las resoluciones judiciales recaídas en procesos de cumplimiento que ordenan al
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales (MITINCI) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
abstenerse de restringir o modificar la situación de las empresas que se
dedican a la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
-
Sentencias
recaídas en procesos de amparo que declaran inaplicable el texto de la Ley N.º
27153 con anterioridad a la publicación de la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional, recaída en el Expediente N.º 0009-2001-AI/TC.
-
Sentencias
recaídas en procesos de amparo que declaran inaplicable el texto de la Ley N.º
27153 con posterioridad a la publicación de la sentencia emitida del Tribunal
Constitucional, recaída en el Expediente N.º 0009-2001-AI/TC.
-
Sentencias
recaídas en procesos de amparo que declaran inaplicable la Ley 27796, norma que
modificó la Ley N.º 27153.
-
Todos
aquellos supuestos que, sin haber sido contemplados en esta relación, originen
conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR).
Fundamentos
de la demanda: La demandante alega:
-
Que,
después de la promulgación de la legislación que regula la actividad de juegos
de casino y máquinas tragamonedas, ciertos grupos empresariales recurrieron al
Poder Judicial con el objeto de sustraerse de los alcances de dicha regulación,
principalmente mediante la interposición de procesos constitucionales de
amparo.
-
Que,
al respecto, pueden identificarse dos escenarios; el primero de ellos está
determinado por la vigencia de la Ley N.º 27153 y la declaración de
inconstitucionalidad de sus artículos 38º y 39º, así como de su primera y
segunda disposiciones transitorias, estando las demás disposiciones de la Ley
conformes a la Constitución. El segundo tiene lugar desde la vigencia del texto
que modifica la Ley N.º 27153 –Ley N.º 27796– y se caracteriza por la reiterada
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en procesos de amparo, la
misma que se orienta a convalidar el régimen tributario y administrativo de las
normas que regulan la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas
(Expedientes. N.º 4227-2005-PA/TC, N.º 9165-2005-PA/TC, N.º 1882-2004-AA/TC,
N.º 0681-2004-AA/TC, N.º 1594-2004-AA/TC, entre otros).
-
Que,
en consecuencia, pese a que las normas que regulan la actividad de juegos de
casino y máquinas tragamonedas son constitucionales, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo se ha visto imposibilitado de ejecutarlas debido a que un
importante número de operadores de dicha actividad cuenta con sentencias
favorables emitidas por el Poder Judicial, que pese a ser contrarias a los
criterios emitidos por el Tribunal Constitucional, han adquirido la calidad de
cosa juzgada.
-
Que
la Ley N.° 27153 –modificada por la Ley N.° 27796–, Ley de Juegos de Casino y
Máquinas Tragamonedas, confiere a la Dirección Nacional de Turismo facultades
para autorizar, fiscalizar, supervisar, evaluar y sancionar actividades
vinculadas a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Ello,
en virtud de que dicha actividad económica se permite excepcionalmente, como
parte de la actividad turística en nuestro país; siendo el MINCETUR el sector
competente para llevar a cabo funciones de administración, fiscalización y
sanción en dicha materia.
-
Y
que, no obstante, el Poder Judicial viene otorgando licencias de funcionamiento
a través de sus sentencias, pese a que ello implica dejar sin efecto normas
convalidadas por el Tribunal Constitucional e, incluso, han implementado plazos
de adecuación distintos a los que la ley confiere. A ello se suma que algunos
funcionarios del Poder Ejecutivo han sido denunciados por operadores
informales, bajo el argumento de que cuentan con sentencias favorables; sin
embargo, dichas sentencias fueron emitidas sobre la base de normas que en la
actualidad han perdido vigencia y nuestro ordenamiento no contempla la
aplicación ultractiva de las normas.
2.
Contestación de la demanda
Con fecha 30 de enero de 2007, el Presidente del Poder Judicial se
apersona al proceso, contesta la demanda y solicita que sea desestimada, por
los siguientes fundamentos:
-
Que, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, el Código Procesal Constitucional y las sentencias emitidas por
el propio Tribunal Constitucional, en el presente caso no se configura un
supuesto de conflicto de competencias, pues de la revisión de la demanda se
desprende que lo que se pretende en este proceso es que se lleve a cabo una
nueva revisión de sentencias judiciales que han adquirido la calidad de cosa
juzgada y que son, por tanto, inmodificables, irrevisables y de obligatorio
cumplimiento.
-
Que dichas resoluciones fueron emitidas en el
marco de procesos judiciales en los cuales el MINCETUR pudo ejercer plenamente
su derecho de defensa; y, en todo caso, aun en el supuesto de que algunos
jueces hubiesen fallado en un sentido distinto a lo establecido en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ello configuraría un error de
juzgamiento, pasible de ser cuestionado a través de los medios impugnatorios
regulados en cada tipo de proceso y no mediante un proceso competencial.
-
Que no se ha arrogado indebidamente facultades;
por el contrario, el Poder Judicial se ha limitado a ejercer legítimamente el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales de controlar jurídicamente los
actos de gobierno (artículos 148° y 200°, inciso 2 de la Constitución), sin
pretender, en ningún momento, asumir la facultad de otorgar licencias de
funcionamiento, puesto que resulta evidente que dicha atribución le corresponde
al Poder Ejecutivo en ejercicio de su potestad administrativa.
-
Que el MINCETUR atribuye al Poder Judicial
haberse arrogado competencias que al primero no le han sido atribuidas ni por
la Constitución ni por las leyes orgánicas que delimitan los ámbitos propios de
los poderes del Estado, sino por la Ley N.° 27153, norma que no forma parte del
bloque de constitucionalidad según los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional, con lo cual se incumple lo establecido por el artículo 109° del
Código Procesal Constitucional.
-
Y, finalmente, que la independencia de los
jueces en el ejercicio de su potestad jurisdiccional no sólo constituye una
garantía de los ciudadanos, sino también un derecho que la Constitución le
reconoce expresamente a cada magistrado (artículo 139°, inciso 2), derecho que
se pretende infringir mediante el proceso constitucional incoado.
III. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES
El
Tribunal Constitucional estima que, para la resolución de la presente
controversia, será necesario responder las siguientes cuestiones de relevancia
constitucional:
1)
¿El
ejercicio de la función jurisdiccional, por parte del Poder Judicial, puede
afectar las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado u órganos
constitucionales?
2)
¿Cuál
es la competencia o atribución del Poder Ejecutivo afectada ilegítimamente por
el Poder Judicial en ejercicio de la función jurisdiccional?
IV. FUNDAMENTOS
§1. Delimitación
del petitorio de la demanda
1.
Del
análisis de la demanda y de los demás actuados se aprecia que el demandante
pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la presunta
afectación de las atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Ejecutivo
por los artículos 118º, incisos 1 y 9, y 121º y 128º de la Constitución[2],
y, como consecuencia, (1) determine si el Poder Judicial tiene la facultad de
declarar inaplicables normas legales que regulan la actividad de juegos de
casinos y máquinas tragamonedas, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por
el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos; y (2) declare la
nulidad de las resoluciones judiciales dictadas que contravienen dichos
pronunciamientos.
2.
No obstante, antes de resolver la cuestión de fondo,
este Colegiado considera conveniente, en primer lugar, pronunciarse sobre las
excepciones propuestas por el demandado; y, en segundo lugar, realizar algunas
consideraciones de relevancia constitucional.
§2. Sobre las
excepciones propuestas por el demandado
3.
El
demandado, en la vista de la causa, ha propuesto las siguientes excepciones: 1)
de representación defectuosa y 2) de litispendencia.
Respecto a la primera, alega que
el demandante no ha cumplido con adjuntar el informe técnico legal que sustente
la procedencia de la demanda, tal como lo establece el artículo 1º del Decreto
Supremo 060-2006-PCM[3].
El Tribunal Constitucional no comparte este argumento, por cuanto el hecho de
que no se haya acompañado el informe técnico legal a la demanda no implica que
se haya incumplido con lo establecido en dicho dispositivo legal; por el
contrario, se aprecia claramente del Oficio N.º 424-2006-SCM-PR[4],
de fecha 3 de octubre de 2006, que, antes de interponer la presente demanda, se
han emitido los informes técnicos respectivos.
4.
Respecto
a la segunda, el demandado sostiene que existen, por lo menos, dos procesos
constitucionales de amparo pendientes de resolver en los cuales ambos poderes
del Estado son parte y por tanto con el mismo interés en el objeto respecto de la pretensión. Sobre
este argumento el Tribunal Constitucional tampoco aviene con el demandado. No
debe perderse de vista, como ya lo ha dicho este Colegiado[5]
que
si bien es cierto que el
Derecho Procesal Constitucional recurre, con frecuencia, a categorías e
instituciones primigeniamente elaboradas como parte de la Teoría General del
Proceso, es el Derecho Constitucional el que las configura y llena de contenido
constitucional. Esta posición, como es evidente, trasciende la mera cuestión de
opción académica o jurisprudencial; por el contrario, significa un
distanciamiento de aquellas posiciones positivistas del Derecho y del proceso
que han llevado a desnaturalizar la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales, al hacer depender la eficacia de estos a la aplicación de normas
procesales autónomas científicas y neutrales. De ahí que se haya señalado que
la estrechez de un instituto procesal es dinamitada por reflexiones puntuales y
objetivas, por parte del Tribunal Constitucional a efectos de la realización de
los fines de los procesos constitucionales: garantizar la supremacía jurídica
de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales
(artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
5.
Precisamente
sobre la base de esta especificidad del Derecho Procesal Constitucional es
pertinente precisar que el competencial es un proceso constitucional autónomo
respecto de otros procesos judiciales o constitucionales y, a diferencia del
proceso de amparo, está orientado predominantemente a la tutela del orden
constitucional objetivo, el cual se asienta en los principios de redistribución
territorial del poder –división vertical–
y en el de separación tanto de poderes como de órganos constitucionales –división horizontal–, sin que ello
implique omitir la presencia de la dimensión subjetiva. Condicionar la
resolución del presente proceso competencial a lo que se resuelva en los
procesos de amparo a los que hace referencia el demandado, implicaría que este
Colegiado abdique de su función de ser el órgano encargado del control constitucional,
según establece el artículo 201º de la Constitución y, en particular, de la
tutela de los fines de los procesos constitucionales previstos en el artículo
II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional
Dilucidadas estas cuestiones, el Tribunal
Constitucional ingresará al fondo de la controversia.
§3. Presupuestos
del proceso competencial
6.
En
sentencia anterior[6] el Tribunal
Constitucional ha señalado que, para que se verifique la presencia de un
conflicto de competencias o de atribuciones, debe concurrir un elemento
subjetivo y otro objetivo. Así, se ha señalado que el elemento subjetivo
implica que los
sujetos involucrados en el conflicto cuenten con legitimidad para obrar, siendo
estos los órganos constitucionales, poderes del Estado y gobiernos locales o
regionales por expresa disposición hoy del art. 109 del Código Procesal
Constitucional. Es decir, se trata de
un caso de legitimidad especial.
7.
Mientras
que, de acuerdo al elemento objetivo, la materia del conflicto debe tener una
dimensión constitucional, es decir, deberá tratarse de competencias o
atribuciones derivadas de la Carta Fundamental o, prima facie, de las leyes orgánicas respectivas, quedando, de este
modo, fuera de la competencia de este Tribunal cualquier conflicto de materia
administrativa o de otra índole, ya sea porque no existe coincidencia de
sujetos o porque se advierte falta de materia constitucional. Se reconoce, así,
una reserva de jurisdicción constitucional de los conflictos de competencia a
favor del Tribunal Constitucional.
8.
En
el caso de autos el elemento subjetivo se configura plenamente pues se trata de
dos Poderes del Estado cuya legitimación para actuar dentro de un proceso
competencial viene reconocida directamente por la Constitución (artículo 200º,
inciso 3) y por el artículo 109º del Código Procesal Constitucional, según el
cual
“(...) el Tribunal Constitucional
conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones
asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten
los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales,
los gobiernos regionales o municipales, y que opongan: (...) 3) A los poderes
del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a
éstos entre sí (...)”.
9.
En
lo que toca al elemento objetivo, el demandante señala que las atribuciones
afectadas por el Poder Judicial son las previstas en los artículos 118º,
incisos 1 y 9, y 121º y 128º de la Constitución. Frente a tal aserto, el demandado
estima que no existe un conflicto de naturaleza constitucional por dos razones:
1) porque es evidente que las atribuciones previstas a favor del Poder
Ejecutivo en las disposiciones constitucionales antes mencionadas no precisan
ser reconocidas a través de un proceso competencial; 2) porque el supuesto
conflicto se daría en virtud a una ley ordinaria y no a una de naturaleza
constitucional o ley orgánica.
10.
El
Tribunal Constitucional disiente de las afirmaciones del demandado. De primera
intención debe recalcarse que la jurisprudencia de este Colegiado distingue
entre conflicto constitucional de competencias y conflicto constitucional de
atribuciones. Así, mientras el primero está relacionado con el gobierno
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (de acuerdo con los
artículos 191°, 192° y 197° de la Constitución, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley de Bases de la
Descentralización), el segundo tiene que ver con las posibilidades jurídicas de
actuación que la Constitución y las normas que la desarrollan confieren a los
poderes del Estado y a los órganos constitucionales[7].
11.
La
comprobación de la presencia del elemento objetivo en el proceso competencial,
si bien tiene como punto de partida lo que las partes del proceso señalan, le
corresponde al Tribunal Constitucional dada su condición de instancia suprema y
única de resolución de los conflictos constitucionales de competencias y de
conflictos constitucionales de atribuciones. Por ello si bien el demandante
hace mención a las atribuciones del MINCETUR previstas en las Leyes 27153 y
27796, que regulan la explotación de los Juegos de Casino y Máquinas
tragamonedas, el Tribunal Constitucional aprecia que, en estricto, el conflicto
constitucional gira en torno a las atribuciones previstas en el artículo 118º,
incisos 1 y 9 de la Constitución.
§4. Atribuciones
constitucionales y ejercicio de la función jurisdiccional
12.
La determinación de los elementos objetivo y subjetivo en el presente
proceso competencial no significa, de por sí, que exista una afectación de las
atribuciones reconocidas al Poder Ejecutivo por el citado artículo 118°,
incisos 1 y 9 de la Constitución. Necesario es, primero, determinar, de manera
general, si el
ejercicio de la función jurisdiccional, por parte del Poder Judicial, puede
afectar las atribuciones de otros poderes del Estado u órganos
constitucionales; y, en el supuesto afirmativo, esclarecer si, en el presente
caso, el ejercicio de la función
jurisdiccional, por parte del Poder Judicial, afecta las atribuciones del Poder
Ejecutivo –más específicamente, del MINCETUR-.
13. En
cuanto a lo primero cabe señalar que la Constitución prevé que “[l]a potestad
de administrar justicia emana del Pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”
(artículo 138º de la Constitución). Esta disposición concuerda con lo
establecido en el artículo 45º de la Norma Suprema; y ello es así porque uno de
los principios fundantes de todo Estado Constitucional de Derecho es aquél
según el cual el poder del Estado emana del Pueblo, aunque es bueno siempre
reiterar que el ejercicio de ese poder se realiza dentro de las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
14. La
potestad de impartir justicia por el
Poder Judicial le ha sido asignada por
la Constitución, por la voluntad popular, aun cuando los jueces no sean
elegidos directamente por medio de sufragio directo –salvo los jueces de paz,
que son designados por elección popular (artículo 152º de la Constitución)–.
Sin embargo el ejercicio de dicha facultad requiere que se realice dentro de un
marco de observancia y plenario respeto de los derechos fundamentales, de los
principios y valores constitucionales y de las atribuciones de otros poderes u
órganos constitucionales del Estado.
15. Uno de esos principios constitucionales que el Poder Judicial debe respetar, como todo Poder del Estado y todo órgano constitucional, es el de separación del poder, reconocido en el artículo 43° de la Constitución. Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica, esto es, en el sentido que establece una separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el contrario, exige que se le conciba, por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado –checks and balances of powers– y, por otro, como coordinación y cooperación entre ellos. Esto explica el hecho de que si bien la Constitución establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (artículo 138º inciso 2), dimana de ella también la prescripción de que el Poder Judicial no ha de turbar, ilegítimamente, el ejercicio de las atribuciones de otros poderes del Estado.
16. En tal línea puede predicarse entonces que así como la atribución de ejercer la potestad legislativa está reservada al Poder Legislativo –motivo por el cual puede oponer su reserva de ley a los actos administrativos y resoluciones judiciales que la invadan–, por igual razón la jurisdicción judicial no puede sustituir a los actos administrativos y a los actos de gobierno del Poder Ejecutivo. Esto, como es evidente, no impide que el Poder Judicial ejerza su atribución constitucional de impartir justicia, lo que se configura también como una reserva jurisdiccional inmune a los actos políticos; esta indemnidad, no obstante, no ocurre frente a la jurisdicción constitucional, a tenor del artículo 202º, inciso 3 de la Constitución, pues ella es la encargada de examinar los conflictos de competencia y atribuciones, a fin de que no se produzcan superposiciones o menoscabos de las atribuciones constitucionales entre los poderes del Estado.
17. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha distinguido, hasta ahora, tres clases de conflictos de competencias. Mientras el conflicto constitucional positivo se produce cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se disputan, entre sí, una competencia o atribución constitucional, el conflicto constitucional negativo se da cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional.
18. Junto a ellos se ha advertido también el conflicto por omisión en cumplimiento de acto obligatorio, que se configura cuando un órgano omite llevar a cabo una actuación desconociendo las competencias o atribuciones constitucionales reconocidas a otro poder del Estado u órgano constitucional, a la par que las afecta. En éste no se trata, pues, de la disputa por titularizar o no una misma competencia o atribución, sino de la que se suscita cuando, sin reclamar competencia para sí, un órgano constitucional, por omitir un deber constitucional o de relevancia constitucional, afecta el debido ejercicio de las competencias o atribuciones constitucionales de otro[8].
19. Esta reseña no agota el catálogo de las formas en las que puede manifestarse un conflicto constitucional. En efecto, más allá de lo previsto en el artículo 110º del Código Procesal Constitucional,
en los conflictos de
atribuciones entre poderes del Estado, el recurrente puede aducir que sus
atribuciones son perturbadas por un acto o comportamiento que se considere
ilegítimo del demandado y que le ocasione un perjuicio, o bien por interferir
en su esfera de competencias, o por impedir ejercitar atribuciones propias, o
por obstaculizar la eficacia de sus actos, o turbar su independencia como poder
del Estado[9].
20. En este tipo de conflicto podemos encontrar que en el ejercicio de su
función jurisdiccional el Poder Judicial afecte las atribuciones que la
Constitución reconoce a otros poderes del Estado u órganos constitucionales.
Tal situación ha sido también prevista en la doctrina, precisándose que
serían competencia de la Corte aquellos conflictos relativos a
atribuciones jurisdiccionales, producidos cuando un poder del Estado considera
que un órgano jurisdiccional pretende definir una relación de la que se deriva
una lesión a su esfera de atribuciones. En ese sentido, estaría incluida no
sólo la casación y la magistratura ordinaria, sino también las jurisdicciones
especiales[10].
Sería así en el supuesto que el Poder Judicial pretendiese perturbar la
facultad del Congreso de la República de indagar, a través de las comisiones de
investigación o de cualquier otra comisión dotada de tal facultad, de acuerdo
con el artículo 97º y 139º inciso 2 de la Constitución, o también si
interfiriese en las atribuciones que la Constitución (artículo 118º) le
reconoce al Poder Ejecutivo.
21. En estos casos, es evidente que el conflicto de atribuciones no se
configura como una disputa por una competencia o
atribución entre poderes del Estado u órganos constitucionales –conflicto constitucional positivo–, como
una negativa a asumir competencias o atribuciones –conflicto constitucional negativo–, o como un conflicto por omisión en cumplimiento de
acto obligatorio; antes bien,
“el conflicto de
atribuciones entre poderes puede surgir también por el hecho de que un poder,
sin invadir la esfera de competencias de otro poder, por el modo ilegítimo en
que obra en la esfera de sus competencias, turbe su actividad y le impida
desarrollar, en todo o en parte, la actividad que le compete”[11].
22. Se
trata aquí de un tipo de conflicto que se ha venido a denominar como conflicto constitucional por menoscabo de
atribuciones constitucionales. Puede este clasificarse en: a) conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto; b) conflicto constitucional por menoscabo de interferencia; y, c) conflicto
constitucional por menoscabo de omisión.
En el conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto, cada órgano constitucional conoce perfectamente
cuál es su competencia. Sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o
prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que repercute
sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional.
En el conflicto constitucional por menoscabo de interferencia, las competencias de los órganos constitucionales
están enlazadas a tal punto que uno de ellos no puede ejercer la suya sino
tiene la cooperación o la actuación de la competencia que le pertenece al otro.
En el conflicto constitucional por menoscabo de omisión, uno de los órganos omite ejercer su competencia
produciéndose, como consecuencia de ello, una atrofia o imposibilidad de
ejercicio de la competencia del otro órgano constitucional, solo que, en este
caso, la omisión funcional no es condición indispensable para el ejercicio de
la competencia o atribución del otro órgano constitucional.
23. Es por ello, que el Tribunal Constitucional precisa, a través de la presente sentencia, que también cabe hablar, dentro de los tipos de conflictos de competencia y de atribuciones, de un conflicto constitucional por menoscabo, según el cual, junto a la configuración subjetiva se añade otra, objetiva, más amplia, que atañe no sólo a la titularidad o pertenencia de la competencia, sino al modo como, sustancial y procesalmente, ésta se ejerce. En tal supuesto, lo que es materia de controversia es el hecho de cómo una atribución -cuya titularidad no se discute- está siendo ejercitada; siempre que en la ilegítima modalidad del ejercicio pueda ser derivada, una lesión del ámbito de las atribuciones constitucionales ajenas, un impedimento o un menoscabo, tal como también lo reconoce la doctrina constitucional atinente[12].
§5. Análisis del caso concreto
24. Habiéndose determinado, en abstracto, la posibilidad de que el ejercicio
de la función jurisdiccional por parte del Poder Judicial genere un conflicto
constitucional por menoscabo de atribuciones, corresponde plantear la siguiente
cuestión: ¿el ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial, en el
presente caso, afecta las atribuciones del Poder Ejecutivo previstas en el
artículo 118º, inciso 1 y 9 de la Constitución?
25. Al
respecto, el demandante sostiene que el Poder Judicial, a través de sus
diferentes instancias, viene adoptando decisiones que afectan las esferas de
las competencias y atribuciones del Poder Ejecutivo, específicamente del
MINCETUR[13]. Por su
parte, el demandado afirma que no ha adoptado decisiones que lesionen las
atribuciones del MINCETUR, que su actuación ha sido la de dar solución a un
conflicto intersubjetivo suscitado en cada caso particular, donde el MINCETUR
salió desfavorecido, lo cual en modo alguno puede afectar sus competencias y
atribuciones[14].
26. A juicio del Tribunal Constitucional, en el presente caso se configura
un conflicto de atribuciones por
menoscabo, en el cual el Poder Judicial, a través del ejercicio de su
función jurisdiccional, ilegítimo, como habrá de verse, ha producido un
detrimento en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, tales como
la de cumplir y hacer cumplir las leyes (artículo 118º, inciso 1) y cumplir y
hacer cumplir las sentencias y resoluciones jurisdiccionales (artículo 118º,
inciso 9); ello mediante el pronunciamiento estimatorio de sendas demandas de
amparo y de cumplimiento, tal como consta en autos de fojas 27 a 302.
27. En el presente caso, dada la peculiar configuración de este tipo de
conflicto, no cabe recurrir al test de la
competencia, pues no está en juego la determinación de la titularidad de
atribuciones de un poder u órgano constitucional del Estado. En todo caso, el
principio de jerarquía (de las sentencias del Tribunal Constitucional con
respecto a las resoluciones del Poder Judicial en materia de los procesos
constitucionales) es el que se muestra como el más idóneo para determinar la
legitimidad de los actos jurisdiccionales que estarían menoscabando algunas de
las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
28. Esto, conviene enfatizar, no convierte al Tribunal Constitucional en
parte en el presente proceso constitucional, ni tampoco comporta la sustitución
de las facultades y deberes que, como parte legitimada, le corresponden al
Poder Ejecutivo. La consideración de las sentencias y de los precedentes
vinculantes como parámetro de legitimidad y validez constitucionales de las
resoluciones del Poder Judicial, por tanto, no compromete ni pone en cuestión
la imparcialidad e independencia de este Colegiado, ni tampoco su condición de
instancia única y suprema de resolución de los procesos de conflicto de
competencias o de atribuciones, tal como dispone el artículo 202º, inciso 3 de
la Constitución.
5.1. Afectación de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo de
cumplir y hacer cumplir las leyes
29. Es cierto, como ya se ha señalado supra, que la Constitución (artículo 138º) reconoce al Poder Judicial la atribución de ejercer la función jurisdiccional. Pero no se puede negar que dicho ejercicio, para que sea constitucionalmente legítimo, debe estar dentro del marco constitucional establecido. Dicho esto cabe precisar que el Congreso de la República había dictado la Ley 27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.
30. Esta Ley fue cuestionada en su conformidad con la Ley Fundamental a
través de una demanda de inconstitucionalidad[15].
El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda y, con ello, la
inconstitucionalidad de los artículos 38º, inciso 1, 39º, Primera y Segunda
Disposición Transitoria y, por conexidad, el artículo 1º de la Ley 27232,
refrendando la constitucionalidad de sus demás disposiciones. Esta sentencia,
posteriormente, mereció la intervención del legislador a través de la Ley
27796, a fin de proveerla de la conformidad reclamada.
31. El Tribunal Constitucional, en dicha sentencia, estableció un precedente vinculante[16], cuyo tenor es el siguiente:
al haberse confirmado la
constitucionalidad del artículo 17º, y la Tercera y Décima Disposiciones
Transitorias de la Ley N.º 27796; de la Tercera Disposición Complementaria y
Final del Decreto Supremo N.º 009-2002/MINCETUR; de la Primera, Segunda y
Tercera Disposiciones Finales de la Resolución de Superintendencia N.º 014-2003/SUNAT,
y de la Resolución de Superintendencia N.º 052-2003/SUNAT, en aplicación del
primer párrafo del artículo VI del Código Procesal Constitucional –que resulta
también de aplicación en aquellos casos en los que este Colegiado desestima la
solicitud de ejercer el control difuso contra norma, por no encontrar en ella
vicio alguno de inconstitucionalidad–, dichos preceptos resultan de plena
aplicación en todo tipo de procesos, quedando proscrita su inaplicación por
parte de los jueces en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de
las normas.
44. Ordena a todos los
poderes públicos y, en particular, a las Cortes Judiciales del país, bajo
responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por este Tribunal
en materia del impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas
tragamonedas.
32. Siendo así, al Poder Ejecutivo le corresponde ejercer su atribución
constitucional de hacer cumplir, efectivamente, la Ley 27153, modificada por la
Ley 27796. Es verdad que la Constitución ha establecido que todos tenemos el deber de respetar,
cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación
(artículo 38º), pero es igualmente cierto que la atribución constitucional de
hacer cumplir las leyes es una facultad que la Constitución le ha reservado de
manera exclusiva, pero no excluyente, al Poder Ejecutivo. Por lo que ningún
poder del Estado, órgano constitucional o particular puede afectar esta
atribución constitucional.
33. La potestad del Poder Ejecutivo de exigir el cumplimiento de la ley
antes mencionada es indiscutible, no sólo porque tal atribución le viene dada,
inequívocamente, por la Constitución, sino también porque la comentada es una
norma vinculada con aspectos tributarios cuyo ámbito de regulación desborda el
plano de mera legalidad y repercute en diversos aspectos fijados por el orden
constitucional, tales como la salud pública, la moral y la seguridad pública.
En efecto, la finalidad de la Ley 27153 (artículo 1º) es
“regular la explotación de los
juegos de casino y máquinas tragamonedas a fin de proteger a la ciudadanía de
posibles perjuicios o daños que afecten la moral, la salud y seguridad pública;
así como promover el turismo receptivo; y establecer el impuesto a los juegos
de casino y de máquinas tragamonedas”.
34. Esta atribución constitucional del Poder Ejecutivo se ve reforzada por
la propia Ley 27153, modificada por la Ley 27796, la cual prevé que su
cumplimiento se encarga (artículo 24º) a la Dirección Nacional de Turismo
–entidad adscrita al MINCETUR y, finalmente, al Poder Ejecutivo–, previsión que
se despliega en las facultades de autorizar, fiscalizar, supervisar e imponer
sanciones en el ámbito de la explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas. De ahí que la estimación, ilegítima, de las demandas de amparo y
de cumplimiento por parte del Poder Judicial, en el ejercicio de su función
jurisdiccional, comporta un menoscabo de la atribución del Poder Ejecutivo para
cumplir y hacer cumplir las leyes que la Constitución le reconoce.
5.2. La afectación de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo
de cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de los órganos
jurisdiccionales
35. En cuanto a la atribución constitucional de cumplir y hacer cumplir la
sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, en el Poder
Ejecutivo reposa la obligación de hacer cumplir la sentencia del Tribunal
Constitucional 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante establecido en la
sentencia 4227-2005-AA/TC, tal como expresamente lo prevé el artículo 118º,
inciso 9 de la Constitución. Sin embargo, esta atribución, al igual que la
prevista en el artículo 118º, inciso 1, se ha visto menguada por la
inconstitucional tutela de determinadas demandas de amparo y de cumplimiento
por parte de algunos jueces del Poder Judicial, en abierto desconocimiento de
la eficacia normativa de las sentencias constitucionales emitidas.
36. Así, respecto a la sentencia 009-2001-AI/TC, es de provecho resaltar que
si la Constitución reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de
control de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes (artículo
201º) y le ha reservado la posición de ser, en algunos procesos
constitucionales, instancia final de fallo y, en otros, instancia única
(artículo 202º), entonces sus sentencias no pueden ser desconocidas por los
demás poderes u órganos constitucionales del Estado e, incluso, por los
particulares.
37. Particularmente, las sentencias que recaen en los procesos de inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes, fuerza vinculante y calidad de cosa juzgada. Por ello, la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional prevalece sobre cualquier otra; es decir, se impone a la interpretación que puedan realizar otros poderes del Estado, órganos constitucionales e incluso los particulares, si se parte de la premisa jurídica de la pluralidad de intérpretes de la Constitución. Tal como lo ha establecido este Colegiado en resolución anterior,
la Constitución debe ser
interpretada desde una concepción pluralista, la cual debe proyectar sus
consecuencias en el derecho procesal constitucional. Una consecuencia de ello
es la apertura del proceso constitucional a la pluralidad de “partícipes” en la
interpretación del texto supra. La
apertura del proceso constitucional a una pluralidad de intérpretes de la
Constitución optimiza un enriquecimiento de los puntos de vista que el Tribunal
Constitucional, en cuanto supremo intérprete de la Constitución, ha de
considerar para examinar un proceso de inconstitucionalidad[17].
38.
De
otro lado, el control constitucional de las leyes, más allá del examen de
compatibilidad, formal o material, de una ley con la Constitución, cumple
también otras funciones trascendentales para un Estado constitucional de
Derecho. Particularmente es pertinente poner de relieve la función pacificadora y ordenadora del Tribunal Constitucional,
según la cual, las sentencias que éste expida y queden firmes, considerando su
posición de instancia única en el control abstracto de constitucionalidad, son
irrecurribles
en el orden jurídico
interno, de conformidad con el artículo 205º de la Constitución Política del
Perú y, en ese sentido, deben ser actuadas en sus propios términos por todos
los poderes públicos y, singularmente, por los órganos de la jurisdicción
ordinaria. Pero, al mismo tiempo, constituye cosa juzgada material,
impidiendo que la misma controversia constitucional pueda proponerse
nuevamente, poniéndose así en cuestión la función pacificadora de restablecer
el orden jurídico constitucional asignada a este Tribunal, al mismo tiempo que
los principios de seguridad y certeza jurídicas[18]
(subrayado agregado).
39. Debe puntualizarse, asimismo, que las sentencias de inconstitucionalidad de una norma legal emitidas por el Tribunal Constitucional tienen una triple identidad: fuerza de ley, cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos. La afirmación de que la sentencia de inconstitucionalidad de una ley, por su carácter de cosa juzgada, tiene efectos vinculantes u obligatorios para los poderes públicos, se deriva del carácter general que produce los efectos derogatorios de su sentencia. Ello se refrenda con la Constitución (artículo 204°), que señala que
«la sentencia del Tribunal
que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario
oficial. Al día siguiente de la publicación dicha norma queda sin efecto».
y con el artículo 82º del Código Procesal Constitucional, que dispone que
“Las sentencias del Tribunal
Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad (...) vinculan a todos los poderes públicos”.
40. Esto quiere decir que el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional genera consecuencias que van más allá de los efectos de la cosa juzgada formal, toda vez que su observancia es no sólo para las partes del proceso, sino también para los poderes y órganos constitucionales y para los casos futuros similares, debido a lo dispuesto en el fallo de la sentencia y también a sus fundamentos y consideraciones -ratio decidendi-. Ya en sentencia anterior, el Tribunal ha señalado que
las sentencias no sólo comprenden el fallo (o parte dispositiva), sino que lo más trascendente en un Tribunal que suele identificarse como “supremo intérprete de la Constitución” (art. 1.º de la LOTC), son precisamente las “interpretaciones” que se ubican en la parte de la justificación del fallo. Como se ha observado, dentro de la motivación hay que ubicar la denominada ratio decidendi -o “hilo lógico” del razonamiento de los jueces- , que comprende en los sistemas del common law tanto el principio de derecho como el hecho relevante considerado por el Juez (holding), como también las denominadas obiter dicta o razones subsidiarias. Son las razones decisivas para el caso las que vinculan, mas no las consideraciones tangenciales o de aggiornamento (obiter dicta)[19].
41. Es necesario precisar, por ello, que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional vinculan, en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, no sólo respecto al decisum o fallo de la sentencia sino también respecto a los argumentos -ratio decidendi- que constituyen su fundamentación[20]. Y es que, a diferencia de los obiter dicta -que pueden ser considerados como criterios auxiliares o complementarios-, la ratio decidendi constituye, finalmente, la plasmación o concreción de la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional y, dada su estrecha vinculación con el decisum, adquiere también, al igual que éste, fuerza vinculante para los tribunales y jueces ordinarios, tanto si se declara la inconstitucionalidad de la norma como si, por el fondo, se la desestima[21].
42. Es por ello que el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece que
(...) Los Jueces no pueden
dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un
proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces
interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos
según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional.
De igual modo, el artículo
VII precisa que
Las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional
resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y
de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta
del precedente.
43. Como consecuencia lógica de ello, los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional, bajo riesgo de vulnerar no sólo los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, inherente a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un efecto funesto: la subversión del ordenamiento constitucional en su totalidad, por la introducción de elementos de anarquía en las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
44. Es importante enfatizar que, frente a la fuerza vinculante de las sentencias dictadas dentro del control abstracto de las normas, los jueces ordinarios no pueden recurrir a la autonomía (artículo 138° de la Constitución) y a la independencia (artículo 139°, inciso 2) que la Constitución les reconoce para desenlazarse de ella. Porque si bien es verdad que la Constitución reconoce al Poder Judicial autonomía e independencia, esto no significa que le haya conferido condición de autarquía. Autonomía no es autarquía[22]. Y es que, en un Estado Constitucional Democrático, los poderes constituidos no están por encima de la Constitución, sino que están sometidos a ella.
45. Por ello, cuando el Poder Judicial aduce autonomía e independencia para justificar su desvinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en realidad con ello no sólo está poniendo en cuestión tales ejecutorias, sino que también se está desligando de la Constitución misma, al ser aquellas, finalmente, una concreción de ésta. Es también importante recordar, respecto a la pretextada independencia, que, como toda atribución constitucional, está sujeta a límites o, lo que es lo mismo, no puede interpretarse en términos absolutos.
46. El juez ordinario no puede ampararse en su independencia para desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional, pues ello significaría, en último término, una vulneración de la propia Constitución. Ello pone en evidencia, además, los límites constitucionales de la facultad de ejercer el control difuso que reconoce el artículo 138º de la Constitución. En definitiva, uno de los límites del ejercicio del control difuso judicial lo constituyen las sentencias y los precedentes vinculantes de este Colegiado, pues tal como se ha señalado anteriormente
al momento de evaluar si les corresponde ejercer el poder-deber de aplicar el control difuso contra una determinada ley (artículo 138 de la Constitución), todos los jueces y magistrados del Poder Judicial, bajo las responsabilidades de ley, se encuentran en la obligación de observar las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional que tengan conexión manifiesta con el asunto (...)[23].
47. De ahí que sea necesario precisar que la incardinación de la independencia del juez, dentro del ordenamiento constitucional, exige entenderla, necesariamente, en conexión con otros principios y bienes que la Constitución tutela; su desconexión con la interpretación de la Constitución que haya realizado el Tribunal Constitucional, por tanto, resultaría claramente inadmisible y supondría una indudable violación de la supremacía jurídica constitucional. Y ello porque la calificación de última ratio de lo que es o no constitucional radica en el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución.
48. De otro lado, en cuanto al incumplimiento del precedente vinculante dictado en la sentencia 4227-2005-AA/TC, es menester indicar que también se ha afectado la atribución constitucional del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, tal como lo señala la Constitución en su artículo 118º, inciso 1. En este caso, la ilegitimidad constitucional de la estimación de las demandas de amparo y de cumplimiento por parte del Poder Judicial, en detrimento del Poder Ejecutivo, es aún más notoria.
49. En efecto, el Tribunal Constitucional, tal como lo señala en el propio precedente, ya había advertido que
en sede judicial se vienen
dictando sentencias –que han adquirido la calidad de firmes– en materia del
impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, que
infringen el segundo párrafo del artículo VI del Código Procesal Constitucional
y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica de este Tribunal, en virtud
de los cuales los jueces y tribunales tienen la obligación de interpretar y
aplicar las leyes y toda norma con rango de ley, y los reglamentos respectivos,
según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por este
Colegiado en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad[24]
(subrayado agregado).
50. Por eso mismo dispuso que tal sentencia,
constituye precedente vinculante. En consecuencia,
al haberse confirmado la constitucionalidad del artículo 17º, y la Tercera y
Décima Disposiciones Transitorias de la Ley N.º 27796; de la Tercera
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N.º 009-2002/MINCETUR;
de la Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Finales de la Resolución de
Superintendencia N.º 014-2003/SUNAT, y de la Resolución de Superintendencia N.º
052-2003/SUNAT, en aplicación del primer párrafo del artículo VI del Código
Procesal Constitucional –que resulta también de aplicación en aquellos casos en
los que este Colegiado desestima la solicitud de ejercer el control difuso
contra norma, por no encontrar en ella vicio alguno de inconstitucionalidad–,
dichos preceptos resultan de plena aplicación en todo tipo de procesos, quedando
proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del control
difuso de constitucionalidad de las normas. 44. Ordena a todos los
poderes públicos y, en particular, a las Cortes Judiciales del país, bajo
responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por este Tribunal
en materia del impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas
tragamonedas (subrayado agregado).
51. No se niega, como ya se señaló, que los jueces son independientes y autónomos en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero su actuación será constitucional sólo si respetan las relaciones entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales. Más aún, en las relaciones entre El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, en materia de procesos constitucionales, existe una relación de grado inferior de éste con respecto a aquél, por hecho de que el Tribunal Constitucional es instancia final de fallo ante las resoluciones denegatorias del Poder Judicial en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento (artículo 200º, inciso 2 de la Constitución) e instancia única en el proceso de inconstitucionalidad y en el proceso competencial.
52. Por eso mismo, si el constituyente, en nuestro ordenamiento, ha decidido consagrar al Tribunal Constitucional como guardián de los derechos fundamentales y órgano supremo “de control de la Constitución” (artículo 201º), entonces, si bien no es el único intérprete, a él le corresponde decir la última palabra de lo que es o no constitucional, y ningún poder u órgano constitucional puede contradecirlo o desvincularse de sus decisiones, sino a costa de poner en cuestión nuestro sistema de justicia constitucional y el sistema democrático mismo. De ahí que
(...) puesto que
prácticamente toda cuestión jurídico-constitucional puede ser planteada de
alguna manera al Tribunal Constitucional (...) su interpretación tiene, como
consecuencia de la fuerza vinculante de las sentencias del Tribunal
Constitucional para todos los órganos del estado,, tribunales y poderes
públicos (...) una importancia extraordinaria. Los Tribunales Constitucionales
deciden sobre el derecho constitucional de manera vinculante en última
instancia y por tanto con autoridad. Esto es diferente en estados sin justicia
constitucional. En estos la clarificación determinante de las normas
constitucionales es practicada por otros órganos constitucionales (Parlamento,
Jefe de Estado)[25].
Dado que en nuestro ordenamiento jurídico existe un sistema de justicia constitucional, un juez, si es leal a la Constitución y a la ley, jamás puede ir en contra de los valores democráticos y del respeto de la Constitución y de su interpretación.
53. El respeto por el precedente establecido en la sentencia 4227-2005-AA/TC del Tribunal Constitucional, en relación con el Poder Judicial, se concretó en la Resolución de Jefatura N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, de fecha 13 de marzo de 2006[26], en la cual se dispuso que:
todos los órganos
jurisdiccionales de la República, bajo responsabilidad funcional, den cabal
cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados por el Tribunal
Constitucional en sus sentencias dictadas en los Expedientes (...) N.º
4227-2005-AA/TC (...)
Aunque, poco después el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de un Comunicado de fecha 4 de abril de 2006, que por cierto no tiene carácter jurídico y carece de efectos legales, pretendió desconocer los efectos normativos de dicho precedente (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), recurriendo a una inconstitucional interpretación de la independencia jurisdiccional de los jueces del Poder Judicial (artículo 146º, inciso 1 de la Constitución).
54. Todo ello muestra que la estimación de las demandas de amparo y de las demandas de cumplimiento por parte Poder Judicial desconociendo los efectos normativos de las sentencias aludidas supra, menoscaba la atribución constitucional que la Constitución (artículo 118º, inciso 9) le reconoce al Poder Ejecutivo; en otros términos, se ha configurado una mengua en las atribuciones constitucionales del primero con respecto a las atribuciones constitucionales de este último, por lo que es necesario, ahora, que se determine, para el presente caso, los efectos de la sentencia atendiendo a la particularidad de este tipo de conflicto de atribuciones.
§6. Los efectos de la sentencia del presente
proceso competencial
55.
La
primera cuestión que se debe precisar es que, como se ha visto, el de autos no
es un conflicto de atribuciones constitucionales positivo, negativo o de
omisión en cumplimiento de acto obligatorio. Además de la vinculación a los
poderes públicos y efectos erga omnes,
para el primer caso, el Código Procesal Constitucional (artículo 113º) prevé
que la sentencia
(...) determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos (subrayado agregado).
56.
Para
el supuesto de los conflictos de competencias o atribuciones negativas, el
mismo dispositivo establece que
la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.
De lo cual se concluye que,
normalmente, la sentencia sobre el fondo que pone fin al proceso competencial
tiene como fin principal determinar la titularidad de las competencias o
atribuciones que correspondan a un determinado poder del Estado u órgano
constitucional, seguido, algunas veces, de la anulación de los actos viciados
de incompetencia que se hayan dictado.
57.
Sin
embargo, en el presente caso se configura un conflicto de atribuciones
constitucionales por menoscabo; por ende, es necesario que este Tribunal
determine los efectos de éste conflicto. La doctrina señala que
esta decisión va, en
principio, unida a la declaración sobre la competencia, de forma que si el
órgano que emanó el acto o disposición impugnados carecía de competencia, o
si aún teniéndola la ejerció de forma tal que lesionó la competencia de otro
órgano, el Tribunal Constitucional debe necesariamente declarar su nulidad[27]
(subrayado agregado).
58.
Es
evidente, entonces, que la sentencia en este caso no tiene como contenido
principal determinar la titularidad de las atribuciones del Poder Ejecutivo o
del Poder Judicial, pues ambos entes han actuado en el marco de sus
atribuciones constitucionales; antes bien, lo que hará será declarar la nulidad
de aquellos actos -en este caso jurisdiccionales- viciados de ilegitimidad
constitucional por haber sido dictados desconociendo las sentencias del Tribunal Constitucional
009-2001-AI/TC y el precedente vinculante establecido en la sentencia
4227-2005-AA/TC, y que causan un detrimento en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
En esta forma de decisión, los efectos de la sentencia trascienden a las partes
legitimadas en el proceso competencial.
59.
Más
aún, dichos actos jurisdiccionales se han dictado, como señala el demandante,
al margen de lo que prescrito por el artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial[28], el cual
establece que
“cuando los Magistrados
al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier
clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su
interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley,
resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son
elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si
no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en
las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa
recurso de casación. En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar
la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el
caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo
que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía,
rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin
perjuicio del proceso por acción popular”.
60.
Este
vicio de ilegitimidad se produce porque las sentencias del Tribunal
Constitucional no son sólo resoluciones que ponen fin a una controversia
constitucional, sino son también fuente de Derecho, tal como lo ha precisado
este Colegiado:
(...) así como el Congreso de la República cuando ejerce su función legislativa o la función contralora del Poder Ejecutivo, tiene primacía sobre los otros poderes u órganos constitucionales, de igual manera sólo el Tribunal Constitucional, en sede jurisdiccional, declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con rango de ley con efectos generales para todos, conforme al artículo 204.º de la Constitución, y resuelve los casos relativos a derechos constitucionales, confiriéndole el sistema jurídico una primacía a través del precedente de la jurisdicción constitucional
(...)
Consecuentemente, en nuestro
sistema jurídico la jurisprudencia también es fuente de derecho para la
solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la Constitución
y de la normatividad vigente[29].
61. Las sentencias del Tribunal Constitucional, por tanto, dado que constituyen la interpretación de la Constitución de su supremo intérprete, se estatuyen como fuente de Derecho y vinculan a todos los poderes del Estado[30]. Y ello es así porque
la norma fundante básica [la Constitución] es el
fundamento de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden
jurídico, constituye ella la unidad dentro de la multiplicidad de esas normas.
Esa unidad también se expresa diciendo que el orden jurídico es descrito en
enunciados jurídicos que no se contradicen[31].
62. Por ello, en la medida que las sentencias del Tribunal Constitucional son concreciones de la Constitución que se incorporan al sistema de fuentes, son parámetros jurídicos para evaluar la legitimidad constitucional de los actos legislativos, administrativos e, incluso, jurisdiccionales. Su omisión o desvinculación por parte de cualquier poder del Estado u órgano constitucional acarrea, prima facie, su nulidad. Ello es precisamente lo que determina, en el presente caso, la ilegitimidad de las resoluciones estimatorias de amparo y de cumplimiento expedidas por el Poder Judicial; lo que finalmente causa un detrimento en las atribuciones del Poder Ejecutivo ya aludidas supra.
63.
Por
ende, en aplicación del artículo 113º del Código Procesal Constitucional, el
cual establece que junto a la determinación de las competencias o atribuciones
controvertidas, el Tribunal Constitucional anula las disposiciones o actos
viciados de incompetencia, debe declararse la nulidad de todas aquellas
resoluciones judiciales que han estimado sendas demandas de amparo o de
cumplimiento con desconocimiento de las sentencias 009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC y que el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 118º, inciso 9, tenía la atribución
constitucional de cumplir y hacerlas cumplir.
§7. Sobre las solicitudes presentadas por la Cámara de Operadores de
Máquinas de Juego Tragamonedas y otros
64.
La
Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas, con fecha 2 de
noviembre de 2006, Sun Inversiones S.A.C., con fecha 16 de noviembre de 2006,
así como Los Faraones S.A.C., Import & Export Golden S.A.C., Exactum Game
S.A.C., Abraxsa S.A.C., Sagitario S.A.C., El AZ Ganador S.A.C., Apex
Corporation S.A.C., de fecha 2 de noviembre de 2006, presentaron solicitudes a
fin de que el Tribunal Constitucional permita su intervención en este proceso.
65.
Debe
precisarse al respecto que, si bien el proceso competencial, como todo proceso
constitucional, tiene una dimensión subjetiva y otra objetiva, es evidente que,
principalmente, está vinculado a la garantía del orden objetivo constitucional;
además, el Tribunal Constitucional resuelve, en este tipo de conflictos de
atribuciones por menoscabo, más que por lo que puedan argumentar las partes o
los que quisieran intervenir en el proceso, por el contraste del acto o
disposición con el conjunto del ordenamiento constitucional.
66.
Debe
puntualizarse que en el proceso competencial se resuelven las controversias
jurídicas de los sujetos legitimados por la Constitución (artículo 202º, inciso
3) y el Código Procesal Constitucional (artículo 109º). Ciertamente, sus
efectos -como todo acto legislativo, judicial o administrativo- pueden incidir,
directa o indirectamente, sobre la esfera jurídica de terceros, pero no puede
decirse que de ahí se derive, necesariamente, una afectación del derecho al
debido proceso; más aún si se considera que los derechos fundamentales no son
absolutos, sino susceptibles de afectaciones legítimas por parte del Estado.
67.
No
obstante ello, mediante decreto de fecha 1 de enero de 2007, este Tribunal ha
dispuesto que se tenga en consideración, en lo que sea constitucionalmente
relevante, para la resolución de la presente controversia constitucional, las
apreciaciones de los solicitantes. Siendo ello así, de los escritos presentados
se puede extraer que la cuestión esencial que se plantea es que se estaría
afectando, en caso se declare fundada la demanda interpuesta por el Poder
Ejecutivo, la garantía de la cosa juzgada reconocida por el artículo 139º,
inciso 2 de la Constitución[32].
§8. Sobre la cosa juzgada constitucional
68.
El
Tribunal Constitucional no comparte este argumento de los solicitantes. En
efecto, para
que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso
constitucional, adquiera la calidad de cosa
juzgada, no basta con que estén presentes sus elementos formal y material;
tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo, tal como
prevé el artículo 6º del Código Procesal Constitucional. Al efecto conviene
recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la
Constitución (artículo 201º), y que, en determinados procesos constitucionales
-hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento-, es instancia final de
fallo (artículo 202º, inciso 2 de la Constitución) de las resoluciones del
Poder Judicial; en otros –proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial–
es instancia única (artículo 202º inciso 1); de ahí que sea el supremo
intérprete de la Constitución (artículo 1º de la LOTC).
69.
Por
eso mismo, porque su interpretación es suprema, el Código Procesal
Constitucional ha reconocido la potestad jurisdiccional de este Tribunal para
establecer doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y para
fijar precedentes vinculantes con efectos normativos (artículo VII del Título
Preliminar); los que, en tanto se integran en el sistema de fuentes de nuestro
sistema jurídico, constituyen parámetros de validez y legitimidad
constitucionales de las sentencias y resoluciones que dicten los demás órganos
jurisdiccionales. Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso
judicial ordinario o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre
el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o
sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa
juzgada.
70.
Ello
es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º,
inciso 2, es la cosa juzgada
constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia
sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden
objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos
fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el
Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de
los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los
artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede
garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las
decisiones jurisdiccionales.
71.
Bajo
estas consideraciones, es evidente que en el presente caso las resoluciones
judiciales que se dictaron contraviniendo la interpretación jurídica de este
Colegiado y los efectos normativos de la sentencia 009-2001-AI/TC y del precedente vinculante sentado a
través de la sentencia 4227-2005-AA/TC, nunca adquirieron la calidad de cosa
juzgada constitucional y, por ende, no puede afirmarse que su nulidad
constituya una afectación de la garantía de la cosa juzgada y del derecho
fundamental al debido proceso, ambos principios reconocidos en el artículo
138º, incisos 2 y 3 de la Constitución, respectivamente. Y es que de la
relación que existe entre la Constitución y el proceso se deriva que éste no
puede ser concebido como un instrumento de resolución de conflictos aséptico y
neutral de cara la realización de determinados valores constitucionales, pues
esta es una práctica propia del positivismo y relativismo procesalista; antes
bien, debe entenderse como un instrumento jurídico comprometido con la realización
de valores democráticos y con el respeto pleno de la Constitución y de los
derechos fundamentales.
§9. Sobre la Ley N.º 28945
72. Con fecha 24 de
diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N.º 28945, Ley de Reordenamiento y
Formalización de la Actividad de
Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas; el artículo 2º de la
Ley mencionada establece que
“También podrán acogerse al procedimiento de
reordenamiento y formalización previsto en el presente artículo, las empresas
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, vienen explotando
salas de juego de máquinas tragamonedas con Autorización Expresa otorgada por
la Dirección Nacional de Turismo en cumplimiento de un mandato judicial.
Igualmente, las empresas que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, han venido explotando salas de juego de
máquinas tragamonedas en virtud de acuerdos privados celebrados con titulares
de sentencias o resoluciones judiciales que restringieron el ejercicio de las
facultades de autorización, fiscalización y sanción de la Dirección Nacional de
Turismo”.
73.
Sobre esto es necesario reiterar que
el ocio que promueve a través el Estado mediante la
cultura, recreación y el deporte es distinto al que tolera mediante la
explotación de los juegos de apuesta que pueden generar adicción –ludopatía–
con efectos económicos y sociales perjudiciales para el jugador y su familia,
lo cual resulta incompatible con la preservación y defensa de otros bienes y
principios constitucionales y, en particular, con la protección de la moralidad
y seguridad públicas[33].
74. En ese sentido, si
bien tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han considerado
necesario dictar una normativa que permita la formalización y regularización de
las empresas que se dedican a la explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas, el Tribunal Constitucional estima que, en ningún caso, las
resoluciones judiciales antes mencionadas pueden dar lugar a la exoneración o
incumplimiento de los requisitos legales establecidos para dicha actividad. En
todo caso, es legítimo que la autoridad correspondiente exija el pleno
acatamiento de tales requisitos y, en los casos que corresponda, que aplique
las sanciones administrativas y medidas correctivas previstas en las leyes
correspondientes.
75. Sin perjuicio de
ello, el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que, de acuerdo con
el artículo 47º de la Constitución, la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos, los que deben actuar con la
responsabilidad y diligencia debida a fin de resguardar el cabal cumplimiento
del orden público constitucional. Del mismo modo, recomienda que el Poder
Ejecutivo, en general, y la procuraduría pública del MINCETUR, en particular,
realicen todos los actos necesarios que coadyuven al cumplimiento efectivo del
mandato constitucional reconocido en el artículo 118º, incisos 1 y 9 de la
Constitución.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
1.
Declarar
FUNDADA la demanda interpuesta por
el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, en cuanto menoscaba las
atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Ejecutivo en el artículo
118º, incisos 1 y 9 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, NULAS las siguientes resoluciones
judiciales:
-
La
resolución de fecha 24 de enero de 2003, emitida por el Primer Juzgado Mixto de
Yauli-La Oroya, en el proceso de declaración de certidumbre (Exp. N.° 066-2002)
seguido por Sociedad Exportadora Santa Isabel S.A.C.,
Harumi Company S.A.C., Sun Nippon Company S.A.C., Pacific Entertainments
S.A.C., Famh E.I.R.L, Inversiones CMM S.A.C. y MCM Recreativos S.A.C., contra
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Dicha resolución fue confirmada por la Primera
Sala Mixta de Junín, mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2004, y fue
elevada en casación, siendo declarada improcedente por la Sala Civil Suprema
mediante resolución de fecha 9 de agosto de 2005; por conceder, a favor de las
empresas demandantes, plazos irrazonables y manifiestamente excesivos de
adecuación a la Ley 27153 (entre 15 y 20 años); apartándose de lo dispuesto por
el Tribunal Constitucional en la sentencia 009-2001-AI/TC, en el extremo en que
este Tribunal se pronunció sobre la necesidad de establecer un plazo razonable de adecuación, acorde
con el principio de proporcionalidad (fundamento 17).
-
La resolución de fecha 18 de junio de 2006, emitida por Juzgado
Especializado en lo Civil de Tarapoto, en el proceso de amparo (Exp. N.°
125-2004) seguido por Vaclau S.A.C. contra el Ministerio de Comercio Exterior y
de Turismo; por otorgar el plazo de adecuación a que se refiere el fundamento
17 de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional, a una empresa
que carece de autorización expresa.
-
La
resolución de fecha 7 de enero de 2005, emitida por el Primer Juzgado Mixto de
Yauli-La Oroya, en el proceso de amparo (Exp. N.° 179-2004) seguido por Nevada Entretenimientos S.A.C., Juegos Recreativos Huascarán S.A.C.,
Inversiones Las Siete Tinajas S.A.C., Tourist Entretenimientos S.A.C., Alpamayo
Inversiones S.A.C., Entretenimientos del Centro S.A.C., Oroya Turística S.A.C., Sierra Machines S.A.C.,
contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Dicha resolución fue
confirmada por la Segunda Sala Mixta de Junín, mediante resolución de fecha 26
de mayo de 2005; por contradecir los fundamento 3, 4 y 8, entre otros, de la
sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 4 de febrero de 2005, emitida por el Juzgado
Civil de Cajamarca, en el proceso de amparo (Exp. N.° 804-2004) seguido por la
Empresa Raymi & Games S.A.C., contra el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo. Dicha resolución fue confirmada por la Segunda Sala Civil de
Cajamarca, mediante sentencia de fecha 6 de julio de 2005; por contradecir los
fundamentos 4 y 9 de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 13 de mayo de 2005, emitida por el Segundo
Juzgado Civil de Maynas, en el proceso de amparo (Exp. N.° 018-2004) seguido por Inversiones Malok S.A.C., Driza
Holding S.A.C., Corporación Kodra S.A.C., contra el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo. Dicha resolución fue confirmada por la Sala Civil de Maynas,
mediante sentencia de fecha 27 de junio de 2005; por contradecir lo dispuesto
en el fundamento 2 de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional,
esto es, que los requisitos previstos en la Ley 27153 no afectan el derecho a
la libre iniciativa privada ni el principio de igualdad.
-
La resolución de fecha 9 de diciembre de 2005, emitida por el Primer
Juzgado Mixto de Yauli-La Oroya, en el proceso de amparo (Exp. N.° 149-2005)
seguido por J.W. Corporation S.A.C., JD General Investment S.A., Merchant
Investment Corporation, Red One S.A.C., contra el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; por contradecir los fundamentos 2, 4 y 8 de la sentencia
009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 30 de enero de 2006, emitida por el Primer
Juzgado Mixto de Yauli-La Oroya, en el proceso de amparo (Exp. N.° 180-2005)
seguido por Inversiones Andean del Centro S.A.C., Slots Zeta Games S.A.C.,
Slots Omega Investments S.A.C., Recreativos Slots del Pacífico S.A.C., La
Máquina de la Suerte Investment S.A.C., Juego y Aventura Real S.A.C.,
Inversiones Palacio del Juego S.A.C., International Juegos Huari S.A.C., Gaming
Services Investment, Corporation Machines & Entertainment S.A.C., contra el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por contradecir los fundamentos 2, 4
y 5 de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 19 de
noviembre de 2004, emitida por el Juzgado Mixto de Casma, en el proceso
de amparo (Exp. N.° 364-2004) seguido por Z & Z Interset S.A., contra el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Dicha resolución fue confirmada por
la Sala Civil de Chimbote, mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2005;
por disponer aplicar el plazo de adecuación a que se refiere el fundamento 17
de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional, a una empresa que
carece de autorización expresa.
-
La resolución de fecha 31 de agosto de 2005, emitida por el Primer
Juzgado Mixto de Yauli-La Oroya, en el proceso de amparo (Exp. N.° 097-2005)
seguido por Camacho Games S.R.L., Saltadistas de la Suerte S.A.C., Machines Los
Antes Slots S.A.C., Juegos Slots Multinacionales S.A.C., Sun Inversiones
S.A.C., Metropolis Games S.A.C., Andean Slots S.A.C., Diversiones JR. S.A.C.,
Mak’s International S.R.L. y Mundo Electrónico S.A.C., contra el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo; por contradecir los fundamentos 2, 4, 5 y 9 de la
sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 22 de agosto de 2005, emitida por el Juzgado
Mixto de Yanahuanca-Cerro de Pasco, en el proceso de amparo (Exp. N.° 014-2005)
seguido por Mex Lim S.R.L. e Inversiones Vizcarra S.A.C., contra el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo; por contradecir el fundamento 2 de la sentencia
009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
-
La resolución de fecha 2 de setiembre de 2005, emitida por el Segundo
Juzgado Mixto de Cutervo, en el proceso de amparo (Exp. N.° 043-2005) seguido
por Estrella de la Suerte S.A.C., Inversiones Balora S.A.C., Inversiones
Bambamarca S.A.C. y Juegos y Diversiones Las Tullpas S.A.C., contra el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por contradecir los fundamentos 4 y
9 de la sentencia 009-2001-AI/TC del Tribunal Constitucional.
- La resolución de fecha 19 de mayo de 2006, emitida por el Segundo Juzgado Civil de Cajamarca, en el proceso de amparo (Exp. N.° 275-2006) seguido por la Empresa Los Faraones S.A.C. y Willians Gaming S.A.C. contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por contradecir el fundamento 9 de la sentencia 009-2001-AI/TC y el FJ 40 de la sentencia 4227-2005-AA/TC del Tribunal Constitucional.
-
Además de todas aquellas otras resoluciones judiciales que hayan sido
dictadas contraviniendo la sentencia 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante
establecido en la sentencia 4227-2005-AA/TC por el Tribunal Constitucional.
2.
Declarar sin efecto, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la
República se pronuncie en virtud del artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y considerando la sentencia 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante
establecido en la sentencia 4227-2005-AA/TC por el Tribunal Constitucional, las
siguientes resoluciones judiciales:
-
La resolución de fecha 12 de setiembre de 1997, emitida por el Primer
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público, en el proceso
de amparo (Exp. N.° 408-1997) seguido por Compañía Hotelera Lima S.A., Compañía
Hotelera Talara S.A., Consorcio de Inversiones Santa Fe S.A., Corporación
Aventura S.A., Crystal Palace S.A., Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A.,
Empresa de Entretenimiento Grupo Andina S.A., Fantasy Club del Perú S.A.,
Flamingo Games S.A., Inversiones Las Vegas S.A., Inversiones Hobby S.A.,
Inversiones Yeniva S.A., La Silueta S.A., Machine Games S.A., Poker S.R.L.,
Promotora El Dorado S.R.L, Suttner & Visher S.A., The Palace Fortune S.A.,
Tourist Invesment S.A. y Xanthus S.A., contra el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
-
La
resolución de fecha 22 de mayo de 1998, emitida por el Primer Juzgado
Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público, en el proceso de
cumplimiento (Exp. N.° 1265-1997) seguido por Corporación
de Inversiones Santa Fe S.A., La Silueta S.A., Textilco S.A., Diversiones y
Entretenimiento del Perú S.A., Fantasy Club del Perú S.A., y Empresa de Entretenimiento Grupo Andina
S.A., contra el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo.
-
La
resolución de fecha 21 de setiembre de 2001, emitida por el Segundo Juzgado
Civil de Andahuaylas, en el proceso de amparo (Exp. N.° 0302-2001) seguido por
el Consorcio de Inversiones Cathay S.A., Recreativos
Fargo S.A., Balshem Gaming S.A. y Zlata Actividades Recreativas S.A., contra el
Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo.
-
La resolución de fecha 2 de julio de 2004, emitida por el Sexagésimo
Tercer Juzgado Civil de Lima, en el proceso de amparo (Exp. N.° 2153-2004)
seguido por Inversiones KNN S.A. contra el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo. Dicha resolución fue confirmada por la Quinta Sala Civil de Lima,
mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2004.
-
La resolución de fecha 17 de enero de 2005, emitida por el Juzgado Mixto de Tingo María, en el
proceso de amparo (Exp. N.° 174-2004) seguida por Siglo XXI S.A.C., contra el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Dicha resolución fue confirmada por
la Sala Civil de Huánuco, mediante sentencia de fecha 9 de agosto de 2005.
-
La
resolución de fecha 24 de febrero de 2005, emitida por el Primer Juzgado Mixto
de Moquegua, en el proceso de amparo (Exp. N.° 060-2005) seguido por Magic
Center S.C.R.L. contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
-
La
resolución de fecha 4 de noviembre de 2005, emitida por el Segundo Juzgado Civil de Cajamarca, en el proceso de amparo
(Exp. N.° 585-2005) seguido por Apex Corporation S.A.C. y 9 Reynas S.A.C.,
contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
3.
Poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial para que proceda de conformidad con la Resolución de Jefatura
N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2006.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
ALVA
ORLANDINI
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
GARCÍA
TOMA
VERGARA
GOTELLI
MESÍA
RAMÍREZ
00006-2006-PCC/TC
Si bien coincido con la mayoría de los argumentos en
que se sostiene la demanda me es preciso añadir lo siguiente:
Considero que la facultad otorgada al Tribunal
Constitucional para declarar los efectos de su sentencia en el proceso
competencial y con ello anular las resoluciones emitidas a partir de un viciado
ejercicio de la competencia a que se refiere el artículo 113 del Código
Procesal Constitucional, debe
efectuarse mediante un estricto test que aprecie las consecuencias de dicha
anulación, mas aún si el efecto de la sentencia recaerá sobre resoluciones
judiciales emitidas por una entidad a la que la Constitución le ha conferido el
deber de impartir justicia, como lo es el Poder Judicial.
Por otro lado no es sólo la doctrina la que debe
procurar elementos para apreciar la necesidad de corregir algún eventual
ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial que menoscaban las
atribuciones de otros órganos constitucionales (en el caso el Poder Ejecutivo)
sino también debe tenerse en cuenta la imbricación entre la Constitución y la
ley con la realidad en la cual se desenvuelven y de la cual el Poder Judicial,
el Poder Ejecutivo y el propio Tribunal Constitucional no pueden situarse al
margen.
En el caso que nos ocupa el artículo 138 de la Constitución Política otorga al Poder Judicial el ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en el inciso 13) del artículo 139, sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional, la Constitución establece la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada; por otro lado nuestra Carta Magna establece que le corresponde al Poder Ejecutivo, específicamente al Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las sentencias de los órganos jurisdiccionales (incisos 1 y 9 del artículo 118 de la Constitución); y el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y ejerce tal atribución mediante la resolución de las causas que se someten a su conocimiento.
No cabe duda que el reparto de competencias
establecido por la Constitución no puede conspirar contra el orden
constitucional y provocar, en vez de la armonía y el balance de poderes una
situación de conflicto permanente y lagunas exentas de control que desautoricen
al Estado como componente esencial de la democracia. Es en este sentido que
conforme a una lectura de unidad de la Constitución, se impone como menester
conjugar las diversas atribuciones otorgadas a los órganos constitucionales; y,
en ello, qué duda cabe es el propio Tribunal Constitucional quien tiene que
definir el ámbito de sus propias competencias y atribuciones.
Este Tribunal, por ello, debe destacar su labor de pacificación, pues le compete solucionar controversias mediante decisiones cuyos efectos deben ser modulados de acuerdo a cada caso; y su labor de ordenación, en la medida que sus decisiones tienen una eficacia de ordenación general con efecto vinculante; en este sentido es que este Colegiado, sin transgredir las competencias que le atribuye por la Constitución y desarrolladas por el Código Procesal Constitucional y por su Ley Orgánica, debe procurar la solución de los conflictos y propugnar el adecuado balance de los poderes de manera que sus precedentes y sus juicios de constitucionalidad encuentren real eficacia, lo que, sin duda, contribuirá a que la participación de los demás poderes del Estado en el ordenamiento social se realice sin el sometimiento absoluto de un poder respecto de otro, todo ello en la búsqueda de la paz social. Por ello, soy de la opinión que se deben efectuar las modificaciones constitucionales y legales dirigidas a consolidar el stare decisis y la cosa juzgada constitucional lo que permitirá que el Tribunal Constitucional sea efectivamente competente para conocer en consulta del ejercicio del control difuso llevado a cabo por el Poder Judicial en los procesos constitucionales; es en esta línea que, a partir de una lectura de unidad de la Constitución, este Colegiado ha optado por declarar, en primer lugar, nulas las sentencias dictadas en abierta contravención de las sentencias del Tribunal Constitucional (0009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC) siendo estos precedentes de obligatorio cumplimiento por lo que, aunque puedan generar controversia los fundamentos esgrimidos en el punto 8 de la sentencia de autos, estos tienen eficacia tanto vertical como horizontal y es este sentido que los reitero, del mismo modo en que debieron ser de observancia por los jueces del poder judicial; y en segundo lugar ha dejado en manos de la Corte Suprema la decisión final y responsable sobre aquellas causas resueltas antes del dictado de las sentencias aludidas
SR.
[1] Fojas 14 del expediente.
[2] Fojas 14
de la demanda.
[3] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de setiembre de 2006.
[4] Fojas 25 del expediente.
[5] STC 4903-2005-PHC/TC (fundamento 3)
[6] STC 0013-2003-CC/TC (fundamento 10).
[7] STC 0013-2003-CC/TC (fundamento 10).
[8] STC 0005-2005-CC/TC (fundamento 23).
[9] Trujillo Rincón, María. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Madrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1995. p. 156.
[10] Trujillo
Rincón, María. Op. cit. p. 162.
[11] Gómez
Montoro, Ángel. El conflicto entre
órganos constitucionales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1992. p. 148.
[12] “A questa configurazione soggettiva se ne è tuttavia aggiunta una oggettiva, più amplia, riguardante non la spettanza della competenza ma il modo di esercizio (sostanziale o procedurale) di essa. In tal caso, ciò che é controverso é come un potere –della cui titolaritá non si discute– viene esercitato, sempre che dall’illegittima modalità di esercizio possa essere derivata una lesione dell’ambito delle altrui attribuzioni costituzionali, un impedimento, una menomazione (...)”. Zagrebelsky, Gustavo. La giustizia costituzionale. Bologna: Il Mulino, Nuova edizione, 1988. p. 339.
[13] Fojas 1 del expediente.
[14] Fojas 650 del expediente.
[15] STC 009-2001-AI/TC.
[16] STC 4227-2005-AA/TC (fundamentos 43 y 44).
[17] RTC 0025-2005-AI/TC y 0026-2005-AI/TC (fundamento 23).
[18] STC 0003-2005-AI/TC (fundamento 3).
[19] Por todos, STC 4119-2005-PA/TC (fundamento 12); también STC 0024-2003/AI/TC.
[20] STC 6167-2005-PHC/TC (fundamento 2)
[21] STC 0012-2005-PI/TC (fundamento 4).
[22] STC 0002-2005-PI/TC (fundamento 36).
[23] STC 0019-2005-AI/TC (fundamento 66)
[24] STC 4227-2005-AA/TC (fundamento 42 ).
[25] Stern, Klaus. Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987. p. 289.
[26] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2006.
[27] Gómez
Montoro, Ángel. Op. cit. p. 449.
[28] Escrito del demandante de fecha 9 de febrero de 2007.
[29] STC 0047-2005-PI/TC (fundamentos 33-34).
[30] STC 3741-2004-AA/TC (fundamento 42).
[31] Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. México D.F. UNAM, traducción de segunda edición en alemán por Roberto J. Vernengo, 1982. p. 214.
[32] Fojas 313, 403 y 769.
[33] STC 4227-2005-AA/TC (fundamento 40).