EXP. N.° 966-2001-AC/TC
LA LIBERTAD
BLANCA IRIS PILCO DEZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por doña Blanca Iris Pilco Deza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 97, su fecha 18 de julio de 2001, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone acción de cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que se dé cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.º 1270-96-MPT, de fecha 22 de agosto de 1996, mediante la cual se otorga al personal de la municipalidad la bonificación por movilidad ascendente a la suma de sesenta nuevos soles con cincuenta y nueve céntimos (S/. 60.59) mensuales, beneficio que alcanza a la demandante en virtud de la Ley N.º 23495, artículo 5°, y el Decreto Supremo N.° 015-83-PCM, artículo 8°; por lo que solicita que se incorpore a su pensión el importe mencionado con el reintegro correspondiente que no ha sido pagado en su condición de cesante y beneficiaria. Expresa que, mediante la Resolución de Alcaldía N.º 1270-96-MPT, se convino en otorgar a los empleados permanentes y, extensivamente, a los pensionistas la bonificación por movilidad mencionada; sin embargo, no se ha cumplido con abonar dicha bonificación desde enero de 1996 hasta la actualidad.
El demandado contesta aduciendo que, mediante la Resolución de Alcaldía N.º 266-96-MPT, de fecha 05 de marzo de 1996, a fin de evitar la distorsión de la estructura de remuneraciones expresada en las planillas de remuneraciones y pensiones que se podía generar por el uso de conceptos inadecuados, como es el caso del concepto racionamiento y movilidad, cuyo total se venía pagando en cinco rubros; se resolvió reestructurar las planillas de remuneraciones y pensiones sin alterar ni modificar en modo alguno el monto total de sus haberes o pensiones que se viene pagando por concepto de refrigerio y movilidad ascendente a sesenta nuevos soles con cincuenta y nueve céntimos (S/.60.59) por mes. Por consiguiente, no se han lesionado los intereses de la demandante ni se ha recortado su pensión definitiva nivelable, sino, por el contrario, se ha procedido a su saneamiento adecuándola al contexto conceptual del sistema único de remuneraciones de los trabajadores del sector público.
El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas cincuenta y ocho, con fecha veintitrés de enero de dos mil uno, declaró fundada la demanda considerando principalmente que la emplazada no ha dado cumplimiento a sus propias resoluciones a partir de la Resolución N.° 1270-96-MPT, en razón de que no viene abonando la aludida bonificación sobre la base de su exigibilidad desde enero de mil novecientos noventa y seis; se evidencia, además, que existe un traslado de parte del monto correspondiente al rubro de remuneración de costo de vida al rubro de movilidad y refrigerio, por lo que se ha acreditado la conducta omisiva de la autoridad demandada.
La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 1270-96-MPT, en su artículo 2°, no establece de modo claro el derecho reclamado y cuyo cumplimiento exige la demandante, debiendo en todo caso remitirse a la vía ordinaria para suscitarse el debate probatorio de la pretensión, más aún si se viene solicitando un derecho pensionario no adquirido.
FUNDAMENTOS
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,
FALLA
REVOCANDO en parte la recurrida, en el extremo que declaró improcedente el pago de la bonificación por movilidad y refrigerio y reformándola declara que carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto, al haberse producido la sustracción de la materia; y la CONFIRMA en lo demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
SS
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA