En Lima, a los diez días del mes de enero de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent; Díaz Valverde; Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular, adjunto, del Magistrado Aguirre Roca

Recurso extraordinario interpuesto por Eximport Distribuidores del Perú S.A. (EDIPESA), contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientas doce, su fecha treinta de mayo de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo incoada contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.º 1282-97-Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, y la no aplicación de la Resolución Sunad N.º 1577, por violación a su derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139º, inciso 3) de la Constitución Política del Perú; y en consecuencia, se ordene tramitar el procedimiento administrativo por la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, al ser la primera instancia administrativa, como aduana de despacho, conforme a los artículos 215º y siguientes del Decreto Supremo N.º 45-94-EF, concordante con los artículos 337º y 338º del Decreto Supremo N.º 58-92-EF.

La demandante señala que, por Cargo N.º 290, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, formulado por la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera, se ajustó el valor FOB declarado en la importación de grupos electrógenos de baja potencia. Mediante Resolución de Intendencia Nacional N.º 543, del veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, se declaró infundado el recurso de reclamación, y por Resolución N.º 1282-97 del Tribunal Fiscal, se declaró la nulidad de la resolución de intendencia nacional precitada, ordenándose la reliquidación del Cargo N.º 290, considerando el precio de lista de la Lista de Precios de la Empresa Coleman Powermate.

El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas propone la excepción de incompetencia, y señala que la demanda es improcedente, porque al haber concluido el proceso de reclamación, la supuesta violación se ha convertido en irreparable. Señala que a la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera le correspondía determinar el valor base de las mercancías, de conformidad con el método de valorización legalmente aprobado, conforme a los artículos 1º y 16º del Decreto Supremo N.º 45-94-EF y la Ley N.º 26020, Orgánica de la Superintendencia Nacional de Aduanas.

El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de Aduanas, al contestar la demanda, señala que el artículo 215º, inciso 2) del Decreto Supremo N.º 45-94-EF, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 722, establece como órganos de resolución, entre otros, la Superintendencia Nacional de Aduanas; y, los artículos 20º y 21º del mencionado decreto supremo faculta a la Administración Aduanera para la revisión y fiscalización posterior, dentro del plazo de cuatro años, contados desde la fecha de cancelación de las declaraciones. De acuerdo al artículo 9º literal k) del Decreto Supremo N.º 164-89-EF, el Superintendente Nacional de Aduanas puede delegar sus atribuciones de carácter funcional, administrativo y presupuestario; es así que, por Resolución de Superintendencia N.º 1577, se aprobó la delegación de facultades de gestión y resolución al Intendente Nacional de Fiscalización Aduanera.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundada la excepción de incompetencia, por considerar que la demandante acciona para procurar tutela a sus derechos constitucionales, e infundada la demanda, porque no se ha acreditado que las resoluciones cuestionadas en autos hayan vulnerado derechos constitucionales de la demandante.

La recurrida confirmó la apelada, por cuanto declaró infundada la excepción de incompetencia y la revocó, por cuando declaró infundada la demanda, declarándola improcedente, por considerar que la pretensión de la demandante debe ser analizada en otro proceso.

1. La excepción de incompetencia está referida a cuestionar uno de los presupuestos procesales como es el relativo a la competencia del juez, y no a realizar un cuestionamiento al tipo de proceso interpuesto por la demandante; en consecuencia, la excepción de incompetencia debe desestimarse, porque la demanda fue interpuesta ante juez competente, toda vez que, por Resolución Administrativa N.º 002-97-SC y S-CSJ, de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, publicada el veintiséis del mismo mes y año, se creó el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público con competencia en el Distrito Judicial de Lima, encargado del conocimiento y de la tramitación de las acciones de garantía.
2. La Resolución del Tribunal Fiscal N.º 1282-97, a fojas setenta y cinco del cuaderno del Tribunal Constitucional, fue expedida el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, y la demanda fue presentada el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho. El proceso de reclamación contra el Cargo N.º 290, realizado conforme a la Resolución Sunad N.º 1577, culminó con la expedición de la Resolución N.º 1282-97-Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal; en consecuencia, se ha producido la caducidad de la acción al haber transcurrido el plazo señalado en el artículo 37º de la Ley N.º 23506, de Hábeas Corpus y Amparo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

CONFIRMANDO la recurrida que confirmando en parte la apelada, declaró infundada la excepción de incompetencia e IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS

Mi discrepancia radica en que no estoy de acuerdo con el FUNDAMENTO 2. de esta sentencia. En efecto, habiéndose reducido el tiempo de atención en mesa de partes el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que en el caso era el último día del plazo de los sesenta (60) días disponibles para la interposición de esta garantía, estimo que el dos de enero de mil novecientos noventa y ocho (día hábil inmediato siguiente) debió habilitarse -por lo menos- un saldo de tiempo equivalente a aquél durante el cual la atención fue suspendida, considerándose válida y no caduca la presentación de la demanda dentro de ese lapso, de tal manera que no se vea recortado el derecho de defensa de la parte demandante. Consecuentemente, no habiendo operado, en mi criterio, la "caducidad" invocada como fundamento de la presente sentencia, estimo que el Tribunal debió pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

SR.