El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Javier Alva Orlandini, saliendo al paso de algunas publicaciones, aclaró que el Órgano que preside no ha dispuesto que el Estado se obligue a aceptar las «perniciosas» condiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional y son aprobados por el Congreso, antes de su ratificación por el Presidente de la República.
Alva Orlandini, señaló categóricamente que el TC no ha dejado abierta ninguna puerta para la liberación condicional de los terroristas, ni tampoco ha dispuesto condiciones especiales en los establecimientos penitenciarios, como el uso de celulares o visitas íntimas.
El presidente del TC recordó que la Tercera Disposición Final, del Código Penal de l991, elaborado precisamente por la Comisión que el mismo presidió, dispone que continúan vigentes las disposiciones legales que restringen los beneficios procesales y de ejecución penal respecto a los agentes de delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Asimismo, el Código de Ejecución Penal, también promulgado en l991, no concede beneficios penitenciarios a los agentes de tales delitos.
Finalmente, Alva Orlandini, sostuvo que el TC ha resuelto todos los procesos de inconstitucionalidad y, de hábeas corpus con estricta sujeción a las normas constitucionales y no ha exigido se elabore ningún proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Recordó que el TC no actúa de oficio, sino que resuelve en última y definitiva instancia, las acciones de garantías constitucionales que llegan a esta instancia en recurso extraordinario y que fueron resueltas en forma desfavorable para el demandante.
Lima, 21 de agosto del 2003